TERCERA REPÚBLICA

La Tercera República está llegando

Hace 87 años de la Segunda República y en Público, como siempre, reivindicamos sus valores, muy alejados de la dictadura autoritaria de Franco, pero también lejos del pacto de privilegios de la Transición y del sistema político e institucional blindado que parió ese pacto y que se ha resistido a ser renovado. Al menos, hasta ahora.

La monarquía restaurada por el dictador fascista en la figura del rey Juan Carlos y apuntalada en la Constitución Española de 1978 sin referéndum previo (hurtado a los españoles, según Adolfo Suárez, por los malos pronósticos para la Corona) ha envejecido mal y muy rápido en el último lustro, pese a los intentos de insuflarle oxígeno desde esa red de protección que la ha mantenido siempre y que detallamos en los textos de este especial de Público: 14 de abril / Una monarquía a la deriva.

Adolfo Suárez

A falta de medidores de opinión oficiales —el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha suprimido en las encuestas sus preguntas sobre la monarquía desde abril de 2014 cuando aún reinaba Juan Carlos—, este periódico ha decidido poner luz sobre la situación de una institución tocada por la descomposición que afecta a todo el sistema: corrupción en el seno de la (ex) Familia Real, nula credibilidad en el mensaje público, autoritarismo frente a la diversidad ideológica, falta de transparencia y empatía y muchos, muchos privilegios injustificables en una democracia del siglo XXI.

La diversidad ideológica, la disidencia y la crítica generalizada a nuestro sistema se han admitido con simpatía y campechanía siempre que fueran minoritarias, molestaran poco a quienes trabajaban por apuntalar un Estado a medida y pudieran ser domadas sin poner en riesgo los privilegios pactados en una transición dirigida por un rey nombrado por Franco y un presidente de Gobierno franquista elegido por este rey.

Juan Carlos de Borbón y Francisco Franco

El punto de inflexión en España en este momento es que la disidencia controlada ha pasado a ser disidencia mayoritaria, como el independentismo en el Parlament de Catalunya, los pensionistas en la calle o las feministas en todas partes. Todos éstos —y más— son síntomas de la misma descomposición del sistema que tiene en la monarquía su núcleo aglutinador.

Si la monarquía se cae, su sistema se viene abajo. Por eso abdicó Juan Carlos y por eso reina Felipe VI. Por eso la red de protección de la Corona ha intentado hacerse más tupida, con leyes que se vuelven contra la justicia y actúan en lugar de la política, protegiendo al sistema y protegiendo al rey. Pero esa red no es suficiente cuando los/as ciudadanos/as dicen “Basta” de desigualdades, privilegios e injusticia, y medios de comunicación como Público les dan voz y denuncian su situación frente a los privilegios del sistema.

Felipe VI

La monarquía fue la primera piedra del sistema postdictadura en España, el eslabón principal con el fascismo, y es posible que sea la última en caer (al fin y al cabo, al rey lo ató directamente el dictador para que el rey atase la Constitución y todo lo demás). Pero, tal y como reflejamos en este especial, la monarquía la hacen los monárquicos y lo que pulula en torno a los reyes no es nada de eso, sino un sistema de intereses políticos y económicos, muy corrompidos ya y de los que hoy enseñamos el rostro sin pixelar. Tan antipático.

FUENTE: publico.es
Ana Pardo de Vera 
13/04/2018


Acabemos con los privilegios monárquicos. 

Si todos somos iguales ante la ley, 
seámoslo también ante todo lo demás, familia incluida.

¡ORGANÍCENSE!

Citizen Plof

TIRO AL OBRERO

Citizen Plof

ANATOMÍA DEL DESPILFARRO

La viabilidad de las pensiones y del Estado de Bienestar están amenazadas por la falta de control, la opacidad en la gestión y la fiebre privatizadora.

Desde hace al menos veinte años, la viabilidad del sistema público de pensiones es cuestionada por nuestros gobernantes y cada cierto tiempo entra en la agenda política, siendo debatida con profusión de datos en los principales medios de comunicación. Según los políticos que apoyan un sistema económico neoliberal cada vez más extendido en Occidente, que defienden la idea de un Estado más pequeño en el cual la empresa privada tendrá un peso cada vez mayor y un poder más omnímodo, entre los principales problemas para el mantenimiento de las pensiones está un hecho incuestionable: que la tasa de natalidad de las naciones avanzadas permanece estancada desde finales del siglo XX, lo cual hace que menos personas laboralmente activas trabajen para más personas que ya no trabajan y que cada vez van a vivir más tiempo como dependientes del Estado de Bienestar. La premisa de la pirámide invertida es cierta, pero no es una verdad absoluta porque los partidarios del sistema neoliberal mienten cuando nos dicen que el único modo de financiar las pensiones públicas es mediante las cotizaciones de los trabajadores en activo. Esto es una falacia, porque los Estados disponen de otros ingresos diferentes de las aportaciones directas de los trabajadores. En nuestro país, las pensiones se financian, básicamente, mediante esas aportaciones, pero en otros países se sufragan también a través de los impuestos o de otros ingresos.

Fraude fiscal y economía sumergida:

En el caso de España, Gestha, la organización que agrupa a técnicos e inspectores de Hacienda, declara que el 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas. Gestha calcula que la suma del dinero que pierde el Estado anualmente asciende a 88.000 millones, 59.000 millones en impuestos y 29.000 en cotizaciones a la Seguridad Social. Jesús Barcelona, coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, señala que el Estado no reconoce estas cifras pese a que están avaladas por estudios de varias universidades y por la propia Comisión Europea. Las cifras de Gestha son claras: el fraude fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%. Si España consiguiese reducir el fraude a niveles europeos podría ingresar 38.000 millones de euros adicionales al año, lo que supondría cuatro veces más que la cantidad recaudada si se aumentase el impuesto del IVA en dos puntos. La diferencia entre los 88.000 millones de fraude fiscal estimado y los 38.000 millones que el Estado podría recuperar se establece porque ningún país del mundo es capaz de detectar la totalidad del fraude que se produce en su territorio. 

El 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas

La importancia de estas cantidades está determinada por el presupuesto anual que el Estado español dedica al pago de pensiones, una cifra que ascendió a 139.647 millones de euros en 2017. Los últimos datos completos del déficit público de los que disponemos son los de 2016, año en que el déficit alcanzó el 4,51%, es decir, 50.401 millones de euros. El año 2017 se cerró con una cifra estimada del 3,1%. Informes de la Unión Europea cifran en algo más de 12.000 millones de euros los recortes llevados a cabo en gasto sanitario en nuestro país entre 2009 y 2016. En cuanto al gasto público dedicado a Educación de las diferentes administraciones en España, la cifra alcanzaba en 2015 (último ejercicio del cual se tienen datos completos) los 43.979 millones de euros. De los 28 países que conforman la Unión Europea, España ocupa el puesto 23º en cuanto al porcentaje de dinero público destinado a la Educación, con un 4,1% del PIB, muy lejos del 7% de Dinamarca; el 6,5% de Suecia; el 6,4% de Bélgica; o el 6,2% de Finlandia. También estamos lejos de la media europea de gasto en Educación por habitante, que se sitúa en 1.405,38 euros; en este sentido, nuestro país ocupa el puesto 17º de la Unión, con 957,68 euros per cápita. Los recortes en Educación entre 2009 y 2013 fueron de 9.000 millones de euros. Los efectos de estos recortes han sido devastadores: un informe de Comisiones Obreras estima que entre 2012 y 2017 la enseñanza pública perdió 22.531 profesores. Se produjo un incremento de 20.791 personas en el personal interino, así como un envejecimiento de las plantillas, un incremento del número de alumnos por clase y una pérdida para los alumnos de horas de biblioteca, de tutorías y de atención a los alumnos con necesidades especiales. También se han producido recortes en las becas destinadas a la compra de libros de texto y en las ayudas de comedor. Comparemos todas estas cifras de recortes con las cantidades que España puede recaudar anualmente si mejora sus procedimientos a la hora de perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida.

El fraude fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%

Entre las principales dificultades a la hora de afrontar el problema del fraude fiscal está la insuficiente dotación de medios humanos, puesto que en los países de nuestro entorno se destinan entre cuatro y cinco veces más recursos económicos y más personal para detectar el fraude. La organización del trabajo dentro de la Agencia Tributaria también es determinante ya que, aunque el 72% del fraude lo cometen las grandes empresas o las mayores fortunas, cuatro de cada cinco trabajadores de Hacienda de nuestro país que trabajan en la lucha contra el fraude se dedican a investigar a ciudadanos con recursos menores y a empresas pequeñas. El porcentaje entre los técnicos de la Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude respecto a la población está en 1 empleado por cada 1.928 ciudadanos, mientras que la media de la OCDE se sitúa en 1 empleado por cada 900 ciudadanos (1 por cada 860 en Francia; 1 por cada 729 en Alemania; y 1 por cada 551 en Luxemburgo). La falta de inversión también explica la poca eficacia de la Hacienda pública en la lucha contra los defraudadores: tan solo el 30% del personal de la Agencia Tributaria se dedica a la inspección, en contraste con el 42% de la media de la Unión Europea. De resultas de estos datos, los inspectores sólo consiguen detectar el 10% del dinero defraudado. Buena parte del fraude prescribe porque los expedientes iniciados no finalizan a tiempo. Las cantidades que el Estado podría obtener con una inversión más eficiente en la lucha contra el fraude son estimadas, pero se consideran bastante realistas porque los países de nuestro entorno tienen niveles de impuestos similares, lo que significa que, si bien no habría un incremento espectacular de las cantidades conseguidas a corto plazo, sí serían importantes a medio y largo plazo.

FUENTE: ctxt.es
Eduardo Luis Junquera Cubiles

18/04/2018

PREGUNTRAS CAPCIOSAS

Si la mujer violada por "La Manada"

hubiera sido una jueza...

 ¿la sentencia habría sido la misma?

¿Y si el violado hubiera sido un juez?

Miguel Ángel G. Yanes 

FUENTE: Amontonador urgente de palabras
http://miguelangelgyanes.blogspot.com.es

TAL CUAL

Citizen Plof

EL DÍA QUE UN TRIBUNAL NOS VIOLÓ A TOD@S

El día de hoy pasará a la historia como el día en que un tribunal, en concreto, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, nos violó a tod@s. Y digo violar porque nos ha jodido a todas las personas con un mínimo de sensatez y lo han hecho a pesar de que hemos ofrecido resistencia. Mucha resistencia. Y la que nos queda.

Ni acatamos ni respetamos la sentencia en el juicio de La Manada. Los magistrados Ricardo González, José Francisco Cobo y Raquel Fernandino nos han declarado la guerra. La paciencia tiene un límite y hoy se ha rebasado. La sentencia reclama violencia y violencia es lo que tendrán. Ya no habrá lazos violetas, ni más minutos de silencio, ni concentraciones en las puertas de los ayuntamientos. Lo que que hoy nos ha pedido esa mal llamada justicia son hostias como panes. Y las habrá, vaya si las habrá. Ya veremos cómo, dónde… pero las habrá.

Ilustración de los 3 magistrados

Cuando un@ ve cómo la justicia no nos protege, cómo miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado violan a las mujeres y esos mismos cuerpos no se echan a la calles despreciándolos, ni se grita “a por ellos” y vuelven a hacer gala de ese corporativismo que me produce náuseas hasta ahogarme en bilis, ¿qué queda?

Nada justifica la violencia. ¿Nada? Al carajo, esa sentencia dice todo lo contrario. Esa sentencia reclama violencia por parte de la víctima para que consideren que sexo no consentido en inferioridad numérica es una violación. Si esos cinco indeseables rodearon aquel día a la joven, hoy quienes nos rodean con su sentencia son estos magistrados de la Audiencia de Navarra, así que toca resistir, toca recurrir a la fuerza, porque es una violación de facto.

Si yo fuera hoy cualquiera de los tres magistrados me preguntaría cuánto tiempo va a tardar alguien en acercarse a mí, por la noche, cuando el sol haya caído, a pedirme la hora fuera de un “contexto de violencia y/o intimidación”… entendiendo como tal, lo que ellos han entendido en su sentencia. Del mismo modo, si me pongo en el lugar de los absueltos por el delito de violación, no sé qué temería más, si entrar en prisión o salir al primero de mis permisos… porque los contextos sin violencia ni intimidación están a la vuelta de la esquina…

Ya está bien de ver cómo se mata a las mujeres por el hecho de ser mujeres, son violadas y no hacemos nada. Ya está bien. Hoy todas y todos deberíamos salir a la calle y comenzar a dar la primera hostia a la sentencia de la Audiencia de Navarra. La primera de muchas. Hoy me siento desprotegido por la justicia y si yo me siento así, no puedo ni acercarme a cómo se sienten las mujeres. Hoy siento, precisamente por eso, que se acabaron las denuncias y las órdenes de alejamiento, que ante una nueva agresión es mejor tirar por la calle de en medio y rodearse de un buen puñado de amigas y amigos que corroboren cualquier coartada. No van a faltar. Ya hemos dado demasiadas oportunidades a la justicia y hoy ha sido el límite.

Ese es el recado que hoy nos han enviado los magistrados Ricardo González, José Francisco Cobo y Raquel Fernandino. Alto y  claro. Y lo hemos recibido. Vaya si lo hemos recibido.

FUENTE: publico.es
David Bollero
26/04/2018 
 

CAPACIDAD DE SÍNTESIS

La profesora pide a sus alumnos que escriban un cuento 

lo más breve y conciso posible que contemple los siguientes temas:

SEXO

MONARQUÍA

RELIGIÓN

Y MISTERIO

Respuesta de uno de los alumnos:

¡SE FOLLARON A LA REINA!... ¡DIOS MÍO! ¿QUIÉN HABRÁ SIDO?

Amigos: 

Eso se llama capacidad de síntesis. 

Yo le habría puesto un 10.

OLORES

Hay olores harto desagradables que ofenden nuestra pituitaria: el olor a heces es uno de ellos; por eso, cuando alguien remueve la hediondez de las cloacas del Estado, y sus densos efluvios, emanando hacia la superficie se mezclan con los vómitos radiofónicos o periodísticos de determinados espécimenes "cuasi" humanos, la peste es de tal magnitud que resulta irrespirable. 

Eso es lo que está ocurriendo continuamente en este jodido y puñetero "pís". Los ciudadanos nos estamos asfixiando con tanto olor a podredumbre y mierda.

Citizen Plof

TRAICIONES BORBÓNICAS

Las tres traiciones históricas de los Borbones

Fernando VII - Juan Carlos I - Alfonso XIII

La familia de Felipe VI llegó a la Corona de España en 1701 aunque no logró sentar su reinado hasta el fin de la Guerra de Sucesión. En estos tres siglos han sido mucho habitual su alianza con los sectores más retrógrados de la sociedad. Aquí, tres ejemplos.

Contaba el escritor Diego Medrano en una entrevista con Público, a raíz de su obra Historia golfa de las monarquías hispánicas, que no ha habido ningún Borbón listo en la historia de España. Medrano argumentaba que ninguno de la larga dinastía de Borbones que ha reinado en España puede ser considerado un “intelectual”. “Los borbones son cuartelarios. Tienen cultura de cuartel, de militar”, afirmaba el autor.

Quizá por ese espíritu cuartelario que describe Medrano, los Borbones se han aliado a lo largo de la historia de España con las fuerzas más conservadoras del territorio: los poderes que apostaron por impedir la caída del Antiguo Régimen, reprimir el liberalismo, el movimiento obrero y la evolución democrática del Estado.

La gran excepción a esta trayectoria fue el discurso que Juan Carlos I dirigió al país aquel 23-F, un episodio, sin embargo, sobre el que cada vez hay más dudas y menos certezas.

Los artífices del golpe: Antonio Tejero, Juan  Carlos I de Borbón y Alfonso Armada

La  llegada de los Borbones a España estuvo rodeada de una cruenta Guerra de Sucesión que llevó al territorio hispánico una guerra de las principales potencias europeas.

El conflicto terminó con la Corona en manos de Felipe V a costa de ceder una parte importante de los territorios europeos, e inmediatamente después se puso en marcha un proceso centralizador, al más puro estilo francés, a través de los diferentes decretos de Nueva Planta. Este tema, sin embargo, bien merece un artículo diferente a este.

El presente texto trata de explicar de manera sucinta tres de las grandes traiciones de los Borbones a la democracia y a los derechos de los ciudadanos españoles.

1. Fernando VII y la traición a la Constitución de 1812

Fernando VII, firmando la derogación de la Constitución de 1812 / Archivo Histórico Municipal de Valencia

La Guerra de Independencia española comenzó tras la invasión de las tropas francesas en 1808. En la defensa de Madrid por parte del pueblo está basada una buena parte de la mitología del nacionalismo español.

Se comenta menos, no obstante, la torpeza, por decirlo de un modo suave, de los reyes Carlos IV y Fernando VII, que acudieron a Francia a una reunión con Napoleón en Bayona y terminaron cediendo la Corona al emperador francés, que se la otorgó a su hermano José Bonaparte.

La resistencia quedó en manos de clases populares, notables locales y el bajo clero. Comenzaba así una Guerra de Independencia que se desarrollaba mientras, tal y como escribió Napoleón, Fernando VII le carteaba felicitándole por cada logro militar y solicitándole una esposa de su elección. Un rey, como se puede apreciar, muy comprometido con la lucha de su pueblo.

Así, en ausencia del monarca, se convocaron las conocidas como Cortes de Cádiz, que redactaron la Constitución de 1812, también conocida como La Pepa, uno de los textos constitucionales más avanzados de la Europa del momento, si no el que más, que fue acompañado de un buen número de decretos que intentaban sacar a España del Antiguo Régimen en el que permanecía anclado.

José Bonaparte

Con la victoria militar ante el invasor francés, Fernando VII regresó a España en 1814 como el deseado. Sin embargo, el monarca nunca tuvo intención de acatar la legalidad constitucional.

El rey, tras un pronunciamiento militar, declaró que tanto la Constitución, como las cortes y sus decretos, quedaban sin ningún valor ni efecto. “Mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución, ni a decreto alguno de las Cortes…, sino el de declarar sin efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo, y sin obligación en mis pueblos y súbditos de cualquier clase y condición a cumplirlos ni guardarlos”, rezaba el decreto promulgado por Fernando VII.

Acto seguido, comenzó una etapa de seis años en la que desaparecieron la prensa libre, las diputaciones y los ayuntamientos constitucionales. También se cerraron universidades. Se restableció la organización gremial y se devolvieron las propiedades confiscadas a la Iglesia. El Antiguo Régimen había vuelto.

2. Alfonso XIII, el desastre de Annual y su apuesta por Primo de Rivera

El rey Alfonso XIII y el general Miguel Primo de Rivera.

La mañana del 22 de julio de 1921 el Ejército español sufrió una de las derrotas más duras de su historia. En la hondonada de Annual, las tropas coloniales españolas fueron derrotadas y masacradas por las milicias rifeñas de Mohamed Ben Abdelkrin Al Khattabi. 

Se calcula que murieron cerca de 20.000 soldados  en una operación militar nefasta que sacudió a toda la Península. Se inició una investigación parlamentaria que, pese a ser torpedeada desde varias esferas, consiguió avanzar.

Las conclusiones señalaron al monarca y a altos jefes militares de su confianza como responsables. Para el rey Alfonso XIII estaba claro: había que evitar como fuese que ese informe se leyera en las Cortes.

En julio de 1923, Alfonso XIII había dicho a Joaquín Salvatella (ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes) que “una dictadura era inevitable e imprescindible”.

Miguel Primo de Rivera

Escribe Carlos Rojas, autor de Los Borbones destronados, que en septiembre de 1923 mandos militares de confianza del rey le informaron de la deseada conspiración militar que entregaría el poder dictatorial a Miguel Primo de Rivera, entonces capitán general de Catalunya, donde se había dado a conocer por su feroz represión del movimiento obrero. El golpe, de hecho, estaba preparado para el 14 de septiembre, pero la presión del rey al general Sanjurjo lo adelantó al día 13 de septiembre.

Tras el golpe, el Gobierno pidió al rey que destituyera a los militares sublevados, pero el monarca, muy al contrario, nombró a Primo de Rivera como presidente del Gobierno. Se suspendió la Constitución, se disolvieron los ayuntamientos, se prohibieron partidos políticos, se crearon los somatenes como milicias urbanas para reprimir al movimiento obrero y se declaró el estado de guerra.

Apenas dos meses después de este golpe de Estado, el rey Alfonso XIII viajó a Italia junto a Primo de Rivera, donde se entrevistaron con el dictador Benito Mussolini y el rey Victor Manuel III. Allí, el monarca español le dijo al taliano que ya tenía a “su Mussolini”.

3. El apoyo a Franco: de 1936 a 1975

Alfonso XIII

Los monárquicos conspiraron contra la II República desde el mismo día de su proclamación. Y eso que Alfonso XIII tuvo que huir del territorio porque ni el golpista Sanjurjo ni la Guardia Civil estaban dispuestos a apoyarle más.

Por una parte, Alfonso XIII donó un millón de pesetas a la causa franquista. Por otro lado, está el trabajo de los diputados monárquicos para conseguir aviones de guerra, que documentó el historiador Ángel Viñas.

El 1 de julio de 1936, 17 días antes de que se perpetrara el golpe de Estado militar contra la democracia republicana, diputados monárquicos negociaron con la Italia de Mussolini la compra de 40 aviones que, evidentemente, tenían como fin matar españoles. La investigación del historiador Ángel Viñas mostró los documentos que probaron la compra. Parece difícil imaginar que esta operación se realizara de espaldas al monarca depuesto Alfonso XIII, que vivía a caballo entre Suiza y el país transalpino.

Sin embargo, a finales de 1937 Franco ya le hizo saber a Alfonso XIII que difícilmente volvería a reinar en España debido a sus errores anteriores. El monarca llegaría a escribir que se sentía traicionado por el general.

Francisco Franco

En 1941 Alfonso XIII abdicó sus derechos dinásticos en su hijo Juan, quien en 1936, con apenas 23 años, entró en España para luchar junto a los golpistas. Nada más llegar se atavió con el mono azul y la boina roja carlista. El general Mola, sin embargo, lo mandó fuera del país. Pero Juan estaba entregado a la causa y lo volvería a intentar. Esta vez, el padre de Juan Carlos I escribió directamente a Franco (el 7 de diciembre de 1937) para pedirle participar como marinero en el Crucero Baleares. También fue rechazado.

Una vez finalizada la Guerra Civil, Alfonso XIII  envió un telegrama al generalísimo para ponerse a su disposición:  “A sus órdenes, como siempre, para cooperar en lo que de mí dependa a esta difícil tarea, seguro de que triunfará y de que llevará a España hasta el final por el camino de la gloria y de la grandeza que todos anhelamos”.

Sin embargo, Franco no designó a un Borbón como su sucesor hasta 1969. Fue a Juan Carlos y con este nombramiento daba sentido a la Ley de Sucesión de 1947 por la que España se constituyó reino sin rey, figura a la que se aproximaba Franco como jefe de Estado. La dinastía de los Borbones, no dudó (tampoco en esta ocasión) en aliarse con un sanguinario dictador como Franco que había llegado al poder tras provocar una de las mayores tragedias humanas del siglo XX. De hecho, Juan Carlos hablaba de la Guerra Civil como “crisis de 1936”.

“El general Franco es, verdaderamente, una figura decisiva, histórica y políticamente, para España. Él es uno de los que nos sacó y resolvió nuestra crisis de 1936. Después de esto jugó un papel político para sacarnos de la II Guerra Mundial. Y, por esto, durante los últimos 30 años, él ha sentado las bases para el desarrollo de hoy en día, tal y como usted puede constatar. Para mí [Franco] es un ejemplo viviente, día a día, por su desempeño patriótico al servicio de España y, por esto, yo tengo un gran afecto y admiración”, decía Juan Carlos en 1970 a una televisión suiza.

Juan Carlos de Borbón en los años 70

FUENTE: publico.es
Alejandro Torrús

13/04/2018
Una puntualización por parte de este ciudadano: 

El discurso que dio Juan Carlos I al pueblo español tras el intento involucionista de aquel fatídico 23 de febrero de 1981, tuvo lugar ya en la madrugada del día 24. De hecho, el teniente coronel Antonio Tejero Molina, al mando de una unidad de la Guardia Civil, toma el Congreso a las 18,23 h., mientras que la aparición del monarca en televisión no se produce hasta la 01,20 h. (¡7 horas más tarde!) cuando ya estaba claro que el golpe no iba a prosperar.

Eso si que es nadar y guardar bien la ropa.

HEMOS PERDIDO LA CONEXIÓN

Citizen Plof

PROTECCIÓN JUDICIAL

De cómo Espejel protegió a Billy el Niño

La presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional liberó al torturador e impidió su extradición, a la que luego se opuso también el PSOE

Antonio González Pacheco, alias "Billy El Niño"

Se llama Antonio González Pacheco (Aldea del Cano, Cáceres, 1946). Se apoda Billy El Niño y es un conocido torturador que gozaba aplicando sus tormentos en la Dirección General de Seguridad franquista. Los relatos de sus víctimas son sobrecogedores y de dominio público. Con la Transición se convirtió en inspector del Cuerpo Superior de Policía y en 1977, Rodolfo Martín Villa le concedió la Medalla al Mérito Policial.

Martín Villa fue presidente de Endesa antes de que José María Aznar lo pusiera al frente de la gestión del Prestige (2003), antes de que Jesús de Polanco lo nombrara presidente de Sogecable (2004), antes de que Luis de Guindos lo designara consejero del Sareb, el Banco malo (2012).

Pero antes, mucho antes de todos esos democráticos nombramientos, fue uno de los responsables de la Matanza del 3 de marzo (1976) en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores y más de 150 resultaron heridos. O sea, responsable de la mayor carnicería de la Transición.

Rodolfo Martín Villa

Pero eso fue antes de tanto nombramiento. De hecho, un año antes de condecorar al sanguinario torturador conocido como Billy El Niño.

Y todo lo anterior contribuye a entender el papel de la recién nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción García Espejel –'Concha', amiga de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP–, su responsabilidad en el hecho de que el torturador siga en la calle con todos sus derechos intactos, protegido además.

Los autos de Espejel

Mª Dolores de Cospedal imponiéndole la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafor 

a Concpeción Espejel en febrero de 2014.

El 18 de septiembre de 2013, la jueza argentina María Servini de Cubría dictó orden de busca y captura, a través de Interpol, contra cuatro torturadores franquistas: Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño; José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal, y contra el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, por torturas y crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.

Concepción García Espejel presidió el tribunal de la Audiencia Nacional que no solo consideró que no se trataba exactamente de torturas, sino que, si había algún delito, ya había prescrito. Además, dictó un auto previo prohibiendo a los medios de comunicación fotografiar el rostro del “reclamado” y suspendió las medidas cautelares ordenadas por el juez Pablo Ruz: retirada del pasaporte, obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y de facilitar un teléfono de contacto en el que estar permanentemente localizable.

Para prohibir la fotografía o grabación de Billy El Niño, el tribunal de Espejel argumentaba que era “esencial destacar que el reclamado ha mostrado su oposición clara y contundente a que su imagen sea grabada en la vista y posteriormente reproducida por los medios de comunicación”. Se sumaban a la petición del torturador la defensa y el Ministerio Fiscal. Asimismo, el Tribunal presidido por Espejel argumentaba que entre los derechos de Billy El Niño, “cuyo conflicto con el de información habrá de resolverse en cada caso concreto conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad y ponderación, se encuentra el derecho a la propia imagen”.

La jueza argentina María Servini de Cubría

Finalizaba el auto: “Atendidas la ausencia de consentimiento del afectado y las razones invocadas por su defensa, en aras a salvaguardar su integridad física, se autoriza exclusivamente un barrido posterior desde el fondo de la Sala”. O sea, el cogote.

De nada sirvió que las asociaciones de víctimas denunciaran dicha decisión. El 10 de abril de 2014, la hoy presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prohibió a los medios de comunicación difundir cualquier imagen del torturador.

Veinte días después, el 30 de abril de 2014, Espejel presidió el tribunal que tenía que conceder o no la extradición de Billy El Niño a Argentina “para ser juzgado por delitos de torturas constitutivas de delito de lesa humanidad”. Se denegó la extradición, para empezar, “al estar prescritos los hechos conforme a la legislación española del delito por el que se le reclama”.

Billy El Niño, debidamente camuflado

Pero, además, añadía: “No todo delito de tortura es, per se, delito de lesa humanidad, porque tales delitos conllevan necesariamente como presupuesto inexcusable que los mismos ‘se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil’, lo que no se aprecia en el caso”.

Y, finalmente, el tribunal presidido por Espejel ofrecía una singular clasificación de las torturas sobre la que basaba la negativa de extradición del torturador: “Algunas de las denuncias narran detenciones por motivos políticos, por manifestarse las víctimas contra hechos cometidos por la dictadura franquista en cuanto tal, y otras, por el contrario, son víctimas ajenas a la reivindicación política, tratándose de torturas perpetradas tras detenciones verificadas en una manifestación contra la carestía de la vida; otras, finalmente, en relación con personas a las que se consideraba próximas a organizaciones terroristas”. No se indicaba cuál de ellas, si es que había alguna, era considerada delito por el tribunal. 

El papel del PSOE

Además de la extradición de los agentes torturadores, la jueza Servini, en el marco de la llamada Querella Argentina, solicitaba a España la de tres ministros franquistas: Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, acusados de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Franco.

En aquel momento, exactamente el 29 de abril de 2015, el PSOE se unió al ministro Rafael Catalá y rechazó la extradición. Entre otros argumentos de difícil defensa, el diputado socialista José Ignacio Sánchez Amor declaró en el Congreso de los Diputados que “en una democracia, los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos dado”.

La decisión del PSOE no sorprendió a las asociaciones pro derechos humanos ni a las víctimas. Sólo cuatro meses antes, todos los damnificados habían celebrado en el Congreso un acto por los Derechos Humanos para pedir a la Cámara que colaborara con la Querella Argentina. El 10 de diciembre de 2014, ante dicha delegación, el 90% de los diputados decidió no acudir a la Cámara. Exactamente los pertenecientes a PP, PSOE, UPyD y CiU.

La amplia variedad de la derecha española

Los torturadores y asesinos de la dictadura franquista jamás han sido juzgados, ya que se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977.Dicha estratagema, una ley de punto final encubierta, consiguió dejar impunes todos los delitos del franquismo.

En diciembre de 2016, Podemos presentó una Proposición no de Ley para que se modificara la Ley de Amnistía y se añadiera un artículo estableciendo que no se aplicaría en los casos “de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad”. La coalición morada se amparaba en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que España suscribió en abril de 1977. De hecho, el relator especial de la ONU del Consejo de Derechos Humanos, Pablo De Greiff, ya había instado al Gobierno español a dejar sin efecto la Ley de Amnistía, y denunciado su uso como herramienta política. El 20 de diciembre de 2016, el PSOE, junto con PP y Ciudadanos, vetaron dicha modificación.

Decenas de denuncias

Billy El Niño hace 40 años

Esta semana, decenas de víctimas de los suplicios de Billy el Niño acudirán a los tribunales españoles a denunciar al torturador franquista. Consideran que se trata de crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto deben ser juzgados. Además, opinan que, mientras no se condene a los torturadores de la dictadura, no estará completa la Transición.

Teniendo en cuenta la premiada trayectoria política y empresarial de Rodolfo Martín Villa, uno de los reclamados por la jueza Servini por crímenes contra la Humanidad, se hace difícil contemplar la posibilidad de éxito de su empeño. Más, considerando que han pasado solo dos años desde que el PSOE se unió al rechazo de su extradición, algo que al PP se le suponía.

Si además se observa que la presidenta del tribunal que lo dejó en libertad es la misma que acaba de ser nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el retrato que arrojan las mayorías políticas de este país es la cara de la cruz de dichas víctimas.

Concepción Espejel

FUENTE: ctxt.es

Cristina Fallarás

Madrid - 21/06/2017

Este ciudadano es tan primo, que creía que los delitos de lesa humanidad no prescribían nunca. Pero claro:

"¡Spain is different!"

 ¿Verdad, Antonio?

 

ABREVANDO

Citizen Plof

LA MONARQUÍA ESPAÑOLA Y LOS IMPUESTOS

La ley que evitó al Rey pagar impuestos por la herencia de su padre

La normativa vigente en 1993 y la agonía de don Juan permitieron a Don Juan Carlos ahorrarse una importante cantidad de dinero.

Don Juan de Borbón y su hijo Juan Carlos

El galimatías legislativo que conformaba la normativa fiscal de 1993 en Navarra esconde la clave del impuesto de sucesiones al que el Rey tuvo que hacer frente para cobrar la herencia de su padre, don Juan de Borbón y Battemberg. El resultado es sencillo: el Rey no estuvo obligado a pagar peseta alguna por la herencia de su padre.

Según fuentes de la Hacienda Navarra durante aquel año 1993 el impuesto de sucesiones estaba exento del pago para aquellos contribuyentes que habían vivido dentro de la comunidad autónoma durante, al menos, los 6 meses antes de morir. Para ser más precisos, la Ley habla de "183 días naturales" antes del deceso.
 
En cualquier caso, el "Convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, suscrito el 31 de julio de 1990 (Ley 28/1990, de 26 de diciembre)" y sus posteriores modificaciones establecían en 1993 que se tendrían en cuenta, para contar esos 183 días, las salidas efectivas de la comunidad autónoma de Navarra de las que se tuviera constancia.
             

A este respecto, es público que don Juan salió de la Comunidad Foral en varias ocasiones durante la primera fase de su ingreso en la Clínica Universitaria de Navarra. Así queda recogido en diferentes documentos, como la biografía escrita por José García Abad, Don Juan, Náufrago de su destino, editado por La esfera de los libros.

La Navidad y el nombramiento de don Juan como capitán general de la Armada, provocaron que el padre del Rey viajara hasta Madrid. En cualquier caso, su estancia se alargó durante 192 días desde el 16 de septiembre de 1992 hasta el 1 de abril de 1993, día de su fallecimiento, incluidos los 24 días que pasó inconsciente en la clínica, como atestiguan las crónicas de la época.

24 días inconsciente

Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona

Pese a que no pasan de meros "rumores", hay voces que apuntan a que el equipo médico mantuvo artificialmente vivo a don Juan durante sus últimos días. LD ha intentado contrastar esta información en los archivos de la Clínica Universitaria de Navarra, donde el departamento de Comunicación ha confirmado que el historial clínico de don Juan es privado y, por lo tanto, secreto.

Tampoco pudo facilitar los partes médicos emitidos entonces a los medios de comunicación ya que "en aquella época se imprimían los escritos y se les pasaba a los medios en mano", por lo que, "generalmente no se guardaba registro de los mismos". Así pues, se limitan a negar dichos rumores recordando que el médico que atendió a don Juan, Rafael García Tapia –fallecido hace dos años-, aseguró que no se habían empleado métodos técnicos para mantener vivo al padre del monarca.

Sea como fuere, la estancia de 192 días del padre del Rey en la Clínica Universitariua de Navarra eximían a don Juan Carlos I del pago del impuesto de sucesiones. Tanto es así que, tal y como han publicado algunos medios de comunicación, fuentes de la Agencia Tributaria han asegurado que el monarca estaba "obligado a tributar" en Navarra, donde finalmente quedaba exento de pago alguno por dicho concepto.

Clínica Universitaria de Navarra

Actos Jurídicos Documentados

En cualquier caso, las mismas fuentes de la Hacienda de Navarra confirmaban a Libertad Digital que en aquel 1993 el impuesto de sucesiones en Navarra estaba exento, pero los contribuyentes tenían que tributar por otro impuesto: "Actos Jurídicos Documentados", que estaba grabado con el 0,8% del total del importe al que ascendía la herencia.

En cualquier caso, la redacción del artículo 191, 1), f), de las normas del impuesto sobre sucesiones y donaciones (Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 10 de abril de 1970), conforme a la modificación establecida mediante la "Ley Foral 3/1990, de 3 de abril, BON nº 42/6.4.90, artículo 2º," decía: "A los solos efectos de este apartado este último requisito se entenderá cumplido cuando el causante en las herencias" –en este caso el padre del Rey- "o el sujeto pasivo de la obligación" – en este caso el Rey- "sean vecinos de Navarra o figuren domiciliados en ella".

Escudo de Navarra

Lo que este párrafo y su compleja redacción quieren decir es que será de obligado cumplimiento la satisfacción del 0,8% sobre el total de la herencia en concepto de "Actos Jurídicos Documentados" para aquellos contribuyentes que tengan la vecindad navarra o que tengan su domicilio registrado en dicha comunidad, cosa que no sucedía ni con don Juan ni con el Rey.

No deja de ser llamativo que para poder acogerse a al tributación Navarra de sucesiones bastara con acreditar la estancia de al menos 183 días naturales antes de la muerte en la Comunidad Foral y que para tributar por Actos Jurídicos Documentados se tuviera la obligación de tener la vecindad o "figurase" el domicilio en Navarra.

Es decir, que todo el galimatías legislativo favorecía al Rey para que no tuviera que tributar por el impuesto de sucesiones ni por los 375 millones de pesetas que recibió de las cuentas en Suiza de su padre, ni por el resto de conceptos de bienes muebles e inmuebles que le dejó en herencia don Juan.

En cualquier caso, como ya se ha señalado anteriormente aún no se ha confirmado si el Rey tributó sucesiones en Madrid o lo hizo acogiéndose al régimen fiscal navarro ya que ni la Casa Real, ni la Agencia Tributaria han dado transparencia sobre la declaración del Impuesto de Sucesiones del Rey o sus hermanas, las infantas Pilar y Margarita.

FUENTE: libertaddigital.com

Luis F. Quintero

13/04/2013

¡Eeeeh!... ¡¡¡Viva La Pepa!!!