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10/7/18

40 ANIVERSARIO DE UNA MASACRE

Los policías de la Masacre de Sanfermines acumulan 40 años de absoluta impunidad


El 8 de julio de 1978, las Fuerzas de Seguridad del Estado, con Martín Villa como ministro de Interior, dispararon contra una multitud en la Plaza de Toros de Pamplona. Hubo un joven asesinado y 150 heridos. Los datos de lo ocurrido siguen siendo escondidos por el Estado.


Las balas mataron la fiesta. Los sueños se tiñeron de color sangre y la vida de Germán Rodríguez, un joven de 27 años, se apagó para siempre. La culpa fue de los disparos policiales

Este domingo, la alegría sanferminera hará una pausa para recordar, entre silencio y dolor, los terribles hechos de aquel 8 de julio de 1978, cuando un salvaje operativo de “los grises” acabó con la vida de Germán e hirió a una multitud temblorosa y confusa. Quienes estuvieron allí aún tienen grabadas las escenas del espanto. Son los recuerdos de la muerte.

“Recuerdo la sensación de pánico, el ruido de las sirenas, las luces de las furgonas que iban de una calle para otra, los policías bajándose y disparando a quien tuvieran delante…”. Sabino Cuadra, un militante abertzale que con el paso de los años llegaría a ser diputado de la coalición independentista Amaiur, tiene literalmente grabadas en su cabeza las imágenes de aquel día, que se mezclan con otro dato anecdótico. “Aquella tarde -rememora- era la primera vez en mi vida que iba a los toros”.


El reloj marcaba las 20.45. Cuando la corrida había terminado, unas 50 personas bajaron al ruedo y desplegaron una pancarta en la que se pedía la libertad de las personas encarceladas por motivaciones políticas. “Amnistía total. Presoak kalera (los presos a la calle). San Fermín sin presos”, se leía. Este mensaje desató la furia de unos cuarenta policías que entraron a la plaza y empezaron a cargar contra todo lo que se movía. Al frente de ellos estaba Miguel Rubio, comisario jefe de Pamplona.

Entonces sonaron los primeros disparos. Pero habría más. Muchos más. De hecho, se contabilizaron hasta 150 tiros de revólver contra la muchedumbre. En las calles de la capital navarra también hubo ráfagas de ametralladoras Z-70.

Uno de esos proyectiles dio en la cabeza de Germán Rodríguez, que murió en el acto. Otra persona fue alcanzada en una axila, pero sobrevivió. Había heridos por todas partes. Sanfermines, los alegres Sanfermines, eran ya un reguero de sangre.

Germán Rodríguez
Germán Rodríguez

“Preparad las bocachas y tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar”, había sido la orden dada por un mando policial desde la comisaría. “Ese es el señor que mató a Germán”, subraya Cuadra, quien destaca que “al margen del asesino material, están los asesinos políticos: el que dio las órdenes de disparar a matar y Martín Villa, que encubrió todo aquello”. En efecto, el brutal operativo policial no mereció ni la más mínima investigación. Sus responsables, a pesar de que hubo una persona muerta a causa de los disparos, siguieron en los cuerpos policiales como si nada hubiera ocurrido.

Lo que esconde el Estado

Coincidiendo con el 40 aniversario de aquella masacre, varias y varios pamploneses han formado la comisión Sanfermines 78 Gogoan, nacida con el espíritu de buscar lo que hasta ahora no se ha encontrado: justicia. A pocas horas del homenaje que se realizará este domingo frente al ayuntamiento de la capital navarra.

Monumento en memoria de Germán Rodríguez

Sabino Cuadra, uno de los componentes más conocidos de esta plataforma, valora los pasos positivos que se dieron a lo largo de los últimos meses en las instituciones navarras para tratar de hacer justicia. Entre otras cosas, destaca la autorización del ayuntamiento de Pamplona para instalar una escultura que rememora estos hechos y que ha sido sufragada mediante aportaciones populares. También pone en valor el apoyo del consistorio a la Comisión de la Verdad, creada a finales del año pasado para tratar de romper la impunidad que históricamente ha rodeado este caso.

Sin embargo, el muro levantado en 1978 sigue resultando difícil de quebrar. “Hay aspectos esenciales que siguen cerrados por la negativa del gobierno español a esclarecer todo aquello”, afirma Cuadra. Por ejemplo, la Comisión de Interior del Congreso –con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos- se negó en mayo pasado a desclasificar los documentos relacionados con la masacre. Esa solicitud había sido respaldada previamente por el Parlamento de Navarra, pero no sirvió de nada: en Madrid volvió a chocar con la misma pared.

El caso ha llegado ahora al Parlamento Europeo, donde la Comisión de Peticiones deberá valorar la denuncia presentada por Sanfermines 1978 Gogoan respecto a la imposibilidad de acceder a los documentos relacionados con estos hechos. En ese contexto, Cuadra advierte que la desclasificación de los archivos es muy importante, ya que “en su día hubo un boicot manifiesto del ministerio de Interior –dirigido por Martín Villa-, que se negó facilitar a los jueces los materiales que les fueron solicitados”. “Frente a ese boicot de Interior, hubo una condescendencia por parte de la judicatura, que miró para otro lado”, subraya. Cuarenta años después, la justicia sigue igual de lejos.

Rodolfo Martín Villa, apodado "La porra de la Transición"

FUENTE: publico.es
Danilo Albín
08/07/2018

Fermín, hermano de Germán Rodríguez. ha afirmado que el objetivo de aquella terrible carga policial era "dar un escarmientoo ejemplar a la ciudad de Pamplona, primero por su combatividad obrera y segundo porque, en el proceso identitario de aquellos tiempos, Navarra se estaba inclinando demasiado hacia la unión con el País Vasco. La Derecha temía que eso pudiera ocurrir y se decidió dar un puñetazo encima de la mesa".

"Muerto Franco no acabó la rabia", ha destacado Rodríguez, quien ha asegurado que "el franquismo no era Franco, sino todo el aparato que la derecha había montado después de la guerra, todo un aparato militar, judicial, policial. Cuando murió Franco, el aparato quedó y siguió funcionando".

Fermín Rodríguez

Citizen Plof

25/4/18

PROTECCIÓN JUDICIAL

De cómo Espejel protegió a Billy el Niño


La presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional liberó al torturador e impidió su extradición, a la que luego se opuso también el PSOE

Antonio González Pacheco, alias "Billy El Niño"

Se llama Antonio González Pacheco (Aldea del Cano, Cáceres, 1946). Se apoda Billy El Niño y es un conocido torturador que gozaba aplicando sus tormentos en la Dirección General de Seguridad franquista. Los relatos de sus víctimas son sobrecogedores y de dominio público. Con la Transición se convirtió en inspector del Cuerpo Superior de Policía y en 1977, Rodolfo Martín Villa le concedió la Medalla al Mérito Policial.

Martín Villa fue presidente de Endesa antes de que José María Aznar lo pusiera al frente de la gestión del Prestige (2003), antes de que Jesús de Polanco lo nombrara presidente de Sogecable (2004), antes de que Luis de Guindos lo designara consejero del Sareb, el Banco malo (2012).

Pero antes, mucho antes de todos esos democráticos nombramientos, fue uno de los responsables de la Matanza del 3 de marzo (1976) en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores y más de 150 resultaron heridos. O sea, responsable de la mayor carnicería de la Transición.

Rodolfo Martín Villa

Pero eso fue antes de tanto nombramiento. De hecho, un año antes de condecorar al sanguinario torturador conocido como Billy El Niño.

Y todo lo anterior contribuye a entender el papel de la recién nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción García Espejel –'Concha', amiga de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP–, su responsabilidad en el hecho de que el torturador siga en la calle con todos sus derechos intactos, protegido además.

Los autos de Espejel

Mª Dolores de Cospedal imponiéndole la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafor 
a Concpeción Espejel en febrero de 2014.

El 18 de septiembre de 2013, la jueza argentina María Servini de Cubría dictó orden de busca y captura, a través de Interpol, contra cuatro torturadores franquistas: Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño; José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal, y contra el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, por torturas y crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.

Concepción García Espejel presidió el tribunal de la Audiencia Nacional que no solo consideró que no se trataba exactamente de torturas, sino que, si había algún delito, ya había prescrito. Además, dictó un auto previo prohibiendo a los medios de comunicación fotografiar el rostro del “reclamado” y suspendió las medidas cautelares ordenadas por el juez Pablo Ruz: retirada del pasaporte, obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y de facilitar un teléfono de contacto en el que estar permanentemente localizable.

Para prohibir la fotografía o grabación de Billy El Niño, el tribunal de Espejel argumentaba que era “esencial destacar que el reclamado ha mostrado su oposición clara y contundente a que su imagen sea grabada en la vista y posteriormente reproducida por los medios de comunicación”. Se sumaban a la petición del torturador la defensa y el Ministerio Fiscal. Asimismo, el Tribunal presidido por Espejel argumentaba que entre los derechos de Billy El Niño, “cuyo conflicto con el de información habrá de resolverse en cada caso concreto conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad y ponderación, se encuentra el derecho a la propia imagen”.

La jueza argentina María Servini de Cubría

Finalizaba el auto: “Atendidas la ausencia de consentimiento del afectado y las razones invocadas por su defensa, en aras a salvaguardar su integridad física, se autoriza exclusivamente un barrido posterior desde el fondo de la Sala”. O sea, el cogote.

De nada sirvió que las asociaciones de víctimas denunciaran dicha decisión. El 10 de abril de 2014, la hoy presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prohibió a los medios de comunicación difundir cualquier imagen del torturador.

Veinte días después, el 30 de abril de 2014, Espejel presidió el tribunal que tenía que conceder o no la extradición de Billy El Niño a Argentina “para ser juzgado por delitos de torturas constitutivas de delito de lesa humanidad”. Se denegó la extradición, para empezar, “al estar prescritos los hechos conforme a la legislación española del delito por el que se le reclama”.

Billy El Niño, debidamente camuflado

Pero, además, añadía: “No todo delito de tortura es, per se, delito de lesa humanidad, porque tales delitos conllevan necesariamente como presupuesto inexcusable que los mismos ‘se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil’, lo que no se aprecia en el caso”.

Y, finalmente, el tribunal presidido por Espejel ofrecía una singular clasificación de las torturas sobre la que basaba la negativa de extradición del torturador: “Algunas de las denuncias narran detenciones por motivos políticos, por manifestarse las víctimas contra hechos cometidos por la dictadura franquista en cuanto tal, y otras, por el contrario, son víctimas ajenas a la reivindicación política, tratándose de torturas perpetradas tras detenciones verificadas en una manifestación contra la carestía de la vida; otras, finalmente, en relación con personas a las que se consideraba próximas a organizaciones terroristas”. No se indicaba cuál de ellas, si es que había alguna, era considerada delito por el tribunal. 

El papel del PSOE



Además de la extradición de los agentes torturadores, la jueza Servini, en el marco de la llamada Querella Argentina, solicitaba a España la de tres ministros franquistas: Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, acusados de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Franco.

En aquel momento, exactamente el 29 de abril de 2015, el PSOE se unió al ministro Rafael Catalá y rechazó la extradición. Entre otros argumentos de difícil defensa, el diputado socialista José Ignacio Sánchez Amor declaró en el Congreso de los Diputados que “en una democracia, los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos dado”.

La decisión del PSOE no sorprendió a las asociaciones pro derechos humanos ni a las víctimas. Sólo cuatro meses antes, todos los damnificados habían celebrado en el Congreso un acto por los Derechos Humanos para pedir a la Cámara que colaborara con la Querella Argentina. El 10 de diciembre de 2014, ante dicha delegación, el 90% de los diputados decidió no acudir a la Cámara. Exactamente los pertenecientes a PP, PSOE, UPyD y CiU.

La amplia variedad de la derecha española

Los torturadores y asesinos de la dictadura franquista jamás han sido juzgados, ya que se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977.Dicha estratagema, una ley de punto final encubierta, consiguió dejar impunes todos los delitos del franquismo.

En diciembre de 2016, Podemos presentó una Proposición no de Ley para que se modificara la Ley de Amnistía y se añadiera un artículo estableciendo que no se aplicaría en los casos “de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad”. La coalición morada se amparaba en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que España suscribió en abril de 1977. De hecho, el relator especial de la ONU del Consejo de Derechos Humanos, Pablo De Greiff, ya había instado al Gobierno español a dejar sin efecto la Ley de Amnistía, y denunciado su uso como herramienta política. El 20 de diciembre de 2016, el PSOE, junto con PP y Ciudadanos, vetaron dicha modificación.

Decenas de denuncias

Billy El Niño hace 40 años

Esta semana, decenas de víctimas de los suplicios de Billy el Niño acudirán a los tribunales españoles a denunciar al torturador franquista. Consideran que se trata de crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto deben ser juzgados. Además, opinan que, mientras no se condene a los torturadores de la dictadura, no estará completa la Transición.

Teniendo en cuenta la premiada trayectoria política y empresarial de Rodolfo Martín Villa, uno de los reclamados por la jueza Servini por crímenes contra la Humanidad, se hace difícil contemplar la posibilidad de éxito de su empeño. Más, considerando que han pasado solo dos años desde que el PSOE se unió al rechazo de su extradición, algo que al PP se le suponía.

Si además se observa que la presidenta del tribunal que lo dejó en libertad es la misma que acaba de ser nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el retrato que arrojan las mayorías políticas de este país es la cara de la cruz de dichas víctimas.

Concepción Espejel
FUENTE: ctxt.es
Cristina Fallarás
Madrid - 21/06/2017


Este ciudadano es tan primo, que creía que los delitos de lesa humanidad no prescribían nunca. Pero claro:



"¡Spain is different!"



 ¿Verdad, Antonio?
 

23/1/18

CASO SCALA

La guinda de la guerra sucia posfranquista contra el anarquismo


Se cumplen cuarenta años del incendio que puso en marcha el caso Scala, un tortuoso proceso judicial contra varios jóvenes anarquistas durante los años convulsos de la Transición.  Se abrió la cacería contra el movimiento libertario mientras los acusados señalaban las incongruencias de la versión oficial y apuntaban a la mano negra de los servicios secretos.

Los bomberos de Barcelona sofocando el fuego en la sala de fiestas Scala, en enero de 1978.

En aquellos primeros días de 1978, los nuevos consensos de la Transición habían alcanzado una solidez inesperada. Hacía apenas dos años de la muerte de Francisco Franco y España ya había olvidado la inquietud sucesoria, había celebrado elecciones a Cortes y se encaminaba hacia el refrendo popular de una flamante carta magna. Por un lado, los altos mandos franquistas se vistieron de demócratas en una vertiginosa operación de camuflaje. En el otro extremo, el Partido Comunista de España, que acababa de conocer la legalidad en abril, reclamaba en julio un gobierno de concentración junto a formaciones como UCD y Alianza Popular.

No hubo gobierno unitario pero en octubre se firmaron los Pactos de la Moncloa, que garantizaban al presidente Suárez una paz romana entre partidos y anticipaban la fotografía del gran pacto constitucional. La CNT no solo arruinaba aquel consenso expres, sino que sobre todo, promovía huelgas, convocaba mítines multitudinarios y ejercía un influjo inconveniente sobre las secciones catalanas de CCOO y UGT.


El 15 de enero de 1978, alrededor de quince mil personas se manifiestan en Barcelona convocadas por la CNT para protestar contra los Pactos de la Moncloa. La marcha recorre la Avenida del Paral·lel (por entonces Marqués del Duero) y se disuelve a la una de la tarde en la Plaza de España. A la una y cuarto comienza a arder la sala Scala.

Inaugurado en 1973, aquel local de los hermanos Antonio y Ramón Riba ofrecía un restaurante con espectáculos de revista y un espacio festivo donde se divertía la gente bien de Barcelona. Los periódicos sostienen, en un primer momento, que cinco jóvenes han arrojado cócteles molotov contra la fachada y el fuego ha derrumbado las siete plantas del edificio. Cuatro trabajadores de la sala mueren en el incendio. Se llaman Ramón Egea, Juan López, Diego Montoro y Bernabé Bravo.

Los bomberos de Barcelona sofocando el fuego en la sala de fiestas Scala, en enero de 1978.
Los bomberos de Barcelona sofocando el fuego en La Scala, en enero de 1978.

El 18 de enero, la prensa anuncia nueve arrestos. La Dirección General de Seguridad asegura haber neutralizado un comando terrorista vinculado a la CNT, la FAI y las Juventudes Libertarias. Serían, dicen los periódicos, una célula de vocación insurrecional, el brazo armado del sindicalismo anarquista. La Policía atribuye el incendio a tres afiliados de la CNT. Son Xavier Cañadas, Arturo Palma y José Cuevas.

Nada más conocerse las detenciones, la CNT difunde sus primeras inquietudes. Es absurdo pensar, dice Enrique Marcos, que la CNT haya incendiado un local cuya mayoría de trabajadores están afiliados a la CNT.

Recorte de prensa sobre el incendio en la sala de fiesta Scala, de Barcelona
Recorte de prensa sobre el incendio en la sala de fiesta Scala, de Barcelona

En diciembre de 1980 se celebra el juicio contra seis militantes anarquistas. La Fiscalía reclama un total de 309 años. Para entonces, un juez ya ha ordenado la liberación de María Teresa Fabres, que ha permanecido dos años encarcelada sin que se haya demostrado su relación con los hechos. Los acusados denuncian haber firmado sus declaraciones bajo tortura y dos médicos enumeran las lesiones que advirtieron en dos de los detenidos.

Por otra parte, los abogados recriminan que los restos de la sala Scala hayan sido derribados sin orden judicial y que se les haya vetado el acceso a la zona. La ausencia de un peritaje independiente alimenta las hipótesis de la defensa, que señala a un confidente policial llamado Joaquín Gambín, alias El Grillo.


Joaquín Gambín Hernández, alias "El Grillo"

El confidente rondaba la cincuentena y lo llamaban "el viejo anarquista" a pesar de que no se le conocía ninguna trayectoria en el entorno anarquista. En enero de 1977, la policía lo detiene en Murcia en una redada contra la FAI en la que se intervienen dos maletas con armas y explosivos.

En su libro Caso Scala: terrorismo de Estado y algo más, Xavier Cañadas sostiene que aquel arsenal había sido un cebo policial para incriminar a la FAI, y al mismo tiempo, una atajo para infiltrar a Gambín en el movimiento libertario de Barcelona. El incendio de la sala Scala supuso, según Cañadas, la guinda de la guerra sucia posfranquista contra el anarquismo.
Portada del libro 'Caso Scala: terrorismo de Estado', de Xavier Cañadas

Gambín, que había instigado a los acusados a portar cócteles molotov durante la manifestación, se esfuma una vez comienza a arder la sala Scala. En marzo de 1979, aprovecha la muerte de su tío (también llamado Joaquín Gambín) para hacer creer que es él quien ha muerto y desembarazarse así de cualquier posible represalia anarquista. En octubre de 1979 es detenido en Elche por un delito de estafa y encarcelado en Murcia. A pesar de que la Policía de Elche conoce la orden de busca y captura que pende sobre él a causa del caso Scala, es puesto en libertad en febrero de 1980.

En pleno juicio, el diario El País confirma que Gambín lleva una vida apacible en Murcia y que la policía conoce su domicilio. En diciembre de 1981, la policía lo detiene en Valencia después de un tiroteo. Estaba cerrando una operación de compraventa de armas. En diciembre 1983, en medio de la presión mediática y las sospechas de amaño policial, el caso Scala vive un segundo juicio, esta vez contra Gambín.

Manifestación en Barcelona por las detenciones y el juicio por el incendio de la sala de fiestas Scala.


Joaquín Gambín confiesa haber trabajado para el servicio de información. Es el policía de Murcia José Gregorio López, quien lo habría reclutado para infiltrarse en el movimiento anarquista de Barcelona.

Gambín señala además a José María Escudero, hombre de confianza del comisario Roberto Conesa, y le acusa de haber organizado un montaje en la sala Scala. Escudero, curtido en el placaje contra la disidencia política durante el franquismo y la Transición, permanecerá como alto mando policial incluso bajo la presidencia de Felipe González.

 
Roberto Conesa Escudero* (1917 - 1994)
Antiguo jefe de la Brigada Político-Social y posteriormente,
encargado de la lucha antiterrorista contra ETA y  GRAPO

En el juicio contra los seis anarquistas, el juez condena a 17 años de prisión a Xavier Cañadas, Arturo Palma y José Cuevas. A Luis Muñoz y María Rosa López les impone penas menores y absuelve a María del Pilar Álvarez. En la segunda parte del juicio, Joaquín Gambín obtiene una condena de siete años de prisión menor por la elaboración de seis cócteles molotov.

Ninguna de las dos sentencias involucran al Estado ni toman en consideración las protestas de la CNT, que apuntaba al ministro Rodolfo Martín Villa.

Rodolfo Martín Villa

Cuarenta años después, es inevitable recuperar algunas incertidumbres. La duda de que unos cócteles molotov pudieran desatar un incendio de tamañas dimensiones. Los testimonios de que el edificio había comenzado a arder por el extremo opuesto a la fachada atacada. La noticia de que los bomberos habían hallado material militar inflamable dentro de la sala. La inmediata localización y detención de los sospechosos gracias a una delación.

Cuarenta años después, en definitiva, desconocemos el verdadero protagonismo del Estado en una operación que acarreó la muerte de cuatro trabajadores, el encarcelamiento de varios jóvenes activistas y una campaña feroz de desprestigio contra el pujante movimiento anarquista.



(*) Sinónimo del policía "caza-rojos", Roberto Conesa fue durante muchos años un personaje temible para los grupos políticos de oposición al régimen franquista, siendo uno de los más destacados protagonistas de la represión policial. Desde la Brigada Político-Social había actuado con dureza contra intelectuales de izquierda y obreros del PCE y de CC OO. Muchos de ellos aún recuerdan los terribles interrogatorios a los que los sometió Conesa, que recibió diversas denuncias por malos tratos y torturas. Fue un especialista en la infiltración y en la captación de confidentes en partidos políticos de la oposición. También trabajó en Santo Domingo con la policía del dictador Leónidas Trujillo. Conesa se hizo famoso para el gran público cuando en 1977 dirigió la liberación de Oriol y Villaescusa, secuestrados por los GRAPO. Conesa era jefe superior, de Policía de Valencia cuando fue repescado por Rodolfo Martín Villa, entonces titular de Interior, para aclarar aquellos secuestros.
Wikipedia - La enciclopedia libre

FUENTE: publico.es
Jonathan Martínez
Madrid - 14/01/2018

El Estado tiene una verdadera mina con el movimiento anarquista para echarle la culpa de todos sus marrones y salir impune. 

Recuerden que CNT fue la única organización político-sindical que no firmó los Pactos de La Moncloa, entre cuyos funestos acuerdos se hallaba el despido libre. 

¡Doblada! ¿O no?



29/6/17

ANORMALIDAD DEMOCRÁTICA EN EL REINO DE ESPAÑA

“Que el rey dé un discurso sobre democracia es como cuando el cura te habla de sexo en el cursillo prematrimonial”


Kim Jong-un

*

"Dejadme pasar, que voy a por la chaqueta de pana, 
¡se va a enterar el coletas ese lo que es ser de izquierdas!"


Anacleto Panceto

*
 
Felipe González ha ido hoy al Congreso.
¿Alguien sabe si ya hay zona azul 

para atracar el yate en el Manzanares?


La Merkel


*

¿Medallita al fachita?... ¿"ti"?


Guille

FUENTE: publico.es/tremending
28/06/2017