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9/10/18

"A CAPIROTA"

La lavandera gallega que se enfrentó sola a la manada fascista


La localidad pontevedresa de Marín conmemora el asesinato de Carmen Pesqueira Domínguez, una madre soltera de 29 años que murió torturada, apaleada y tiroteada a manos de un grupo de falangistas con quienes se encaró cuando apaleaban a un hombre en agosto del 36

Carmen Pesqueira Domínguez

Si lo que le pasó a Carmen hace 82 años hubiera sucedido hoy, este país se habría levantado entero para exigir castigo para la manada de criminales que la asesinaron. Ni un sólo líder político se atrevería a no honrarla públicamente para reconocer en su valentía un ejemplo de dignidad democrática. Ninguna institución, ningún partido, ningún medio de comunicación, habrían dejado de catalogar su muerte como una execrable muestra de la peor violencia machista.

Pero sucede que a Carmen, trabajadora de un pequeño pueblo de la costa gallega, la mataron en agosto de 1936 pocas semanas después del levantamiento militar. Y Sus asesinos eran falangistas.

Por eso su historia, de algún modo, sigue manchada. Porque todavía hay quien ampara crímenes como el suyo negando su recuerdo, en la absurda creencia de que las víctimas de la injusticia están obligadas a confundir perdón con olvido, desmemoria con reconciliación.

La Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín (Pontevedra) homenajeó ayer a Carmen Pesqueira Domínguez, a quien todo el mundo en su pueblo conocía como "A Capirota". Murió el 18 de agosto de 1936 a manos de una banda de falangistas a quienes tuvo la osadía de enfrentarse, ella sola, cuando estaban dándole una paliza a un pobre hombre.


Esa misma noche la secuestraron, la vejaron, la torturaron, la apalearon y la mataron a tiros. Al día siguiente, pasearon su cadáver por el pueblo y por otras localidades cercanas, hasta dejarlo abandonado en la calle como macabra advertencia de lo que podría sucederles a quienes, como ella, se atrevieran a cuestionar la barbarie que acababa de llegar a España.

Galicia fue uno de los primeros territorios que cayó en manos de los golpistas. Y en las primeras semanas posteriores al 18 de julio se sucedieron centenares de asesinatos, secuestros, violaciones, detenciones ilegales y juicios sumarísimos. Se paseaba y se asesinaba no sólo a políticos y políticas, funcionarios y funcionarias, sindicalistas, líderes agrarios, escritores y escritoras, intelectuales, médicos, jueces y juezas, maestras... A cualquier persona que se hubiera significado a favor de la República, del Frente Popular o, sencillamente, de la democracia, los derechos de los trabajadores y la justicia social. Y no sólo a ellos.

También a quien osara no bajar la voz y la mirada ante el fascismo, o a quien lo desafiara negándose a alzar la mano y cantar el Cara al sol. Sus cadáveres aparecían cada mañana en las cunetas, en las playas, en los pozos, en las minas... Por las noches sonaban tiros de gracia en los montes, en los caminos y junto a las tapias de los cementerios.

En ese contexto de guerra y de violencia atroz, en el que el bando franquista emprendió un plan sistemático para aterrorizar a la población, la reacción de Carmen ante la manada fascista tiene un mérito inusual. Porque todos sabían que no esconderse del terror podía costarte la vida. Más aún si eras mujer y, como ella, estabas sola.



Carmen había nacido en una humilde familia de pescadores que no pudo proporcionarle más formación que la que la llevó a ser costurera y lavandera de ropa ajena. Solía lavar para los religiosos de un priorato cercano y para las familias pudientes de Marín. Con eso se ganaba la vida y mantenía a su hijo, quien por entonces tenía cuatro años. Era madre soltera. Otro estigma para una mujer en aquella Galicia que se volvería negra a partir del verano del 36.

A Carmen no se le conocía filiación política. Algunas fuentes aseguran que tenía un punto contestatario y que simpatizaba con quienes defendían los derechos de los humildes. Pero nadie lo ha probado y no existen registros ni documentos que certifiquen su pertenencia a organización política o sindical alguna.

Tampoco su trabajo de lavandera se desarrollaba en un sector donde se hubiera conformado un movimiento asociativo pujante con mujeres proletarias, como sí existía en la industria conservera, en los puertos, en la pesca y en la actividad agraria y campesina.

Carmen solía ir a lavar la ropa junto a otras compañeras a un lavadero bajo un puente al que se llegaba andando por la rúa da Ponte, una avenida que aún hoy sigue existiendo en Marín. Dejaba allí la ropa a secar al sol de verano, y volvía a recogerla más tarde. Cuando fue a hacerlo aquel día, se topó con un grupo de falangistas que apaleaban a un hombre en mitad de la calle, que se había quedado desierta ante la atemorizadora presencia de la manada. Entre ellos estaba Bruno Schweiger, el capitán Bruno, jefe de la Centuria de Zapadores de Falange en Marín y uno de los más temidos líderes de la represión en la comarca.



Los falangistas la secuestraron esa misma noche. Se la llevaron al Pozo da Revolta, en el lugar de Bagüí, en la parroquia de Mogor, donde la violaron, la torturaron y la molieron a golpes. Allí dejaron su cadáver, tiroteado.

Volvieron a la mañana siguiente. La muerte de Carmen tenía que ser el ejemplo de lo que les sucedería a quienes se atrevieran a desafiarles. Más aún si era mujer, y trabajadora, y madre, y soltera. Así que montaron su cuerpo en una camioneta y lo exhibieron por los pueblos cercanos. Al final lo abandonaron en una calle de Bueu, a doce kilómetros.

En el registro civil de esa localidad certificaron su defunción, pero quien redactó el documento ni siquiera se atrevió a constatar que había muerto a tiros. El certificado saldó la causa del deceso con un escueto resumen: “Herida en el corazón”. El paso del tiempo ha convertido la frase en poética metáfora de las secuelas del franquismo en Galicia, y en España.

Desde hace diez años, un monumento recuerda en el Pozo da Revolta a todos los represaliados de la zona que, como Carmen, fueron paseados, ejecutados, secuestrados, torturados, encarcelados o sancionados por la manada.

Monumento a los represaliados del franquismo en el Pozo da Revolta
Monumento a los represaliados del franquismo en el Pozo da Revolta

La Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de la localidad los homenajea cada 18 de agosto, todos los años. Daniel Pereira Figueroa, Dolores Cea Montenegro, Dolores Macías González, José Barreiro Núñez, Elsa Omil Torres, Armando Iglesias Pérez, Adelina Otero Martínez, Ramona Otero Martínez, Eugenio Dopazo Calviño, Antonio Blanco Solla, Ramón Fondevila Martínez, Santiago Ramos Ramos, Elena Prol Peña, Manuel Sayar Orellano, Bernardino de la Torre Fernández...

Marineros, pescadores, agricultoras, canteros, albañiles, obreras, maestras de escuela... Según el proyecto Nomes e Voces, que en el 2006 unió a las tres universidades gallegas con el Gobierno de la Xunta del PSOE y el BNG para investigar la represión franquista en Galicia, 156 vecinos de Marín la sufrieron en los primeros años de la guerra. En toda Galicia se contabilizan cerca de 15.000 víctimas.

En mayo pasado, el Ayuntamiento de Marín, que gobierna María Ramallo, del PP, aprobó una moción iniciada por el Bloque Nacionalista Galego para dar el nombre de Carmen Pesqueira a una céntrica plaza de la localidad, junto a la calle de A Roda, en el antiguo camino al puerto y a unos centenares de metros de donde ella se enfrentó a la jauría

82 años después de su muerte, descubrieron una pequeña placa que demuestra que las heridas que acabaron con su vida y con las de miles de personas de bien como ella sólo cicatrizan cuando el pueblo unido le deja bien claro a la manada que no olvidará nunca el dolor que produjeron.

He aquí a algunos de los verdugos del franquismo en Galicia

FUENTE: publico.es

25/4/18

PROTECCIÓN JUDICIAL

De cómo Espejel protegió a Billy el Niño


La presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional liberó al torturador e impidió su extradición, a la que luego se opuso también el PSOE

Antonio González Pacheco, alias "Billy El Niño"

Se llama Antonio González Pacheco (Aldea del Cano, Cáceres, 1946). Se apoda Billy El Niño y es un conocido torturador que gozaba aplicando sus tormentos en la Dirección General de Seguridad franquista. Los relatos de sus víctimas son sobrecogedores y de dominio público. Con la Transición se convirtió en inspector del Cuerpo Superior de Policía y en 1977, Rodolfo Martín Villa le concedió la Medalla al Mérito Policial.

Martín Villa fue presidente de Endesa antes de que José María Aznar lo pusiera al frente de la gestión del Prestige (2003), antes de que Jesús de Polanco lo nombrara presidente de Sogecable (2004), antes de que Luis de Guindos lo designara consejero del Sareb, el Banco malo (2012).

Pero antes, mucho antes de todos esos democráticos nombramientos, fue uno de los responsables de la Matanza del 3 de marzo (1976) en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores y más de 150 resultaron heridos. O sea, responsable de la mayor carnicería de la Transición.

Rodolfo Martín Villa

Pero eso fue antes de tanto nombramiento. De hecho, un año antes de condecorar al sanguinario torturador conocido como Billy El Niño.

Y todo lo anterior contribuye a entender el papel de la recién nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción García Espejel –'Concha', amiga de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP–, su responsabilidad en el hecho de que el torturador siga en la calle con todos sus derechos intactos, protegido además.

Los autos de Espejel

Mª Dolores de Cospedal imponiéndole la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafor 
a Concpeción Espejel en febrero de 2014.

El 18 de septiembre de 2013, la jueza argentina María Servini de Cubría dictó orden de busca y captura, a través de Interpol, contra cuatro torturadores franquistas: Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño; José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal, y contra el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, por torturas y crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura.

Concepción García Espejel presidió el tribunal de la Audiencia Nacional que no solo consideró que no se trataba exactamente de torturas, sino que, si había algún delito, ya había prescrito. Además, dictó un auto previo prohibiendo a los medios de comunicación fotografiar el rostro del “reclamado” y suspendió las medidas cautelares ordenadas por el juez Pablo Ruz: retirada del pasaporte, obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y de facilitar un teléfono de contacto en el que estar permanentemente localizable.

Para prohibir la fotografía o grabación de Billy El Niño, el tribunal de Espejel argumentaba que era “esencial destacar que el reclamado ha mostrado su oposición clara y contundente a que su imagen sea grabada en la vista y posteriormente reproducida por los medios de comunicación”. Se sumaban a la petición del torturador la defensa y el Ministerio Fiscal. Asimismo, el Tribunal presidido por Espejel argumentaba que entre los derechos de Billy El Niño, “cuyo conflicto con el de información habrá de resolverse en cada caso concreto conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad y ponderación, se encuentra el derecho a la propia imagen”.

La jueza argentina María Servini de Cubría

Finalizaba el auto: “Atendidas la ausencia de consentimiento del afectado y las razones invocadas por su defensa, en aras a salvaguardar su integridad física, se autoriza exclusivamente un barrido posterior desde el fondo de la Sala”. O sea, el cogote.

De nada sirvió que las asociaciones de víctimas denunciaran dicha decisión. El 10 de abril de 2014, la hoy presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prohibió a los medios de comunicación difundir cualquier imagen del torturador.

Veinte días después, el 30 de abril de 2014, Espejel presidió el tribunal que tenía que conceder o no la extradición de Billy El Niño a Argentina “para ser juzgado por delitos de torturas constitutivas de delito de lesa humanidad”. Se denegó la extradición, para empezar, “al estar prescritos los hechos conforme a la legislación española del delito por el que se le reclama”.

Billy El Niño, debidamente camuflado

Pero, además, añadía: “No todo delito de tortura es, per se, delito de lesa humanidad, porque tales delitos conllevan necesariamente como presupuesto inexcusable que los mismos ‘se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil’, lo que no se aprecia en el caso”.

Y, finalmente, el tribunal presidido por Espejel ofrecía una singular clasificación de las torturas sobre la que basaba la negativa de extradición del torturador: “Algunas de las denuncias narran detenciones por motivos políticos, por manifestarse las víctimas contra hechos cometidos por la dictadura franquista en cuanto tal, y otras, por el contrario, son víctimas ajenas a la reivindicación política, tratándose de torturas perpetradas tras detenciones verificadas en una manifestación contra la carestía de la vida; otras, finalmente, en relación con personas a las que se consideraba próximas a organizaciones terroristas”. No se indicaba cuál de ellas, si es que había alguna, era considerada delito por el tribunal. 

El papel del PSOE



Además de la extradición de los agentes torturadores, la jueza Servini, en el marco de la llamada Querella Argentina, solicitaba a España la de tres ministros franquistas: Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, acusados de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Franco.

En aquel momento, exactamente el 29 de abril de 2015, el PSOE se unió al ministro Rafael Catalá y rechazó la extradición. Entre otros argumentos de difícil defensa, el diputado socialista José Ignacio Sánchez Amor declaró en el Congreso de los Diputados que “en una democracia, los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos dado”.

La decisión del PSOE no sorprendió a las asociaciones pro derechos humanos ni a las víctimas. Sólo cuatro meses antes, todos los damnificados habían celebrado en el Congreso un acto por los Derechos Humanos para pedir a la Cámara que colaborara con la Querella Argentina. El 10 de diciembre de 2014, ante dicha delegación, el 90% de los diputados decidió no acudir a la Cámara. Exactamente los pertenecientes a PP, PSOE, UPyD y CiU.

La amplia variedad de la derecha española

Los torturadores y asesinos de la dictadura franquista jamás han sido juzgados, ya que se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977.Dicha estratagema, una ley de punto final encubierta, consiguió dejar impunes todos los delitos del franquismo.

En diciembre de 2016, Podemos presentó una Proposición no de Ley para que se modificara la Ley de Amnistía y se añadiera un artículo estableciendo que no se aplicaría en los casos “de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad”. La coalición morada se amparaba en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que España suscribió en abril de 1977. De hecho, el relator especial de la ONU del Consejo de Derechos Humanos, Pablo De Greiff, ya había instado al Gobierno español a dejar sin efecto la Ley de Amnistía, y denunciado su uso como herramienta política. El 20 de diciembre de 2016, el PSOE, junto con PP y Ciudadanos, vetaron dicha modificación.

Decenas de denuncias

Billy El Niño hace 40 años

Esta semana, decenas de víctimas de los suplicios de Billy el Niño acudirán a los tribunales españoles a denunciar al torturador franquista. Consideran que se trata de crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto deben ser juzgados. Además, opinan que, mientras no se condene a los torturadores de la dictadura, no estará completa la Transición.

Teniendo en cuenta la premiada trayectoria política y empresarial de Rodolfo Martín Villa, uno de los reclamados por la jueza Servini por crímenes contra la Humanidad, se hace difícil contemplar la posibilidad de éxito de su empeño. Más, considerando que han pasado solo dos años desde que el PSOE se unió al rechazo de su extradición, algo que al PP se le suponía.

Si además se observa que la presidenta del tribunal que lo dejó en libertad es la misma que acaba de ser nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el retrato que arrojan las mayorías políticas de este país es la cara de la cruz de dichas víctimas.

Concepción Espejel
FUENTE: ctxt.es
Cristina Fallarás
Madrid - 21/06/2017


Este ciudadano es tan primo, que creía que los delitos de lesa humanidad no prescribían nunca. Pero claro:



"¡Spain is different!"



 ¿Verdad, Antonio?