BOTELLA AND FRIENDS

La exalcaldesa Ana Botella y siete cargos de su equipo, condenados a pagar 23 millones por la venta de pisos públicos a fondos buitre

El Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa, a sus concejales y al máximo responsable de la EMVS por el daño causado a las arcas públicas al vender las viviendas por debajo del precio de mercado. Los condenados ya han anunciado que interpondrán un recurso.

Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y encargada de la venta de viviendas sociales a los fondos buitre/EFE

El Tribunal de Cuentas ha condenado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete miembros de su gobierno a pagar casi 23 millones de euros por la venta de 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado en 2013, en plena crisis económica.

Concretamente, Ana Botella y su equipo vendieron 1860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, más otros 89 elementos no vinculados a los fondos bruite por 128,5 millones, cuando podría haber ingresado más de 151 millones, según el Tribunal de Cuentas, tal y como ha avanzado la Cadena Ser.

El organismo público declara responsables contables directos de la venta a la exalcaldesa Ana Botella y a todos los concejales del equipo de gobierno en aquel entonces que además formaban parte de la Junta de la EMVS: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral. Junto a ellos, ha sido condenado el que fuera máximo responsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo: Fermín Oslé.

 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Fermin Oslé, José Enrique Nuñez, Dolores Navarro, Pedro Corral, 

Paz González, Diego Sanjuanbenito y Concepción Dancausa

Todos ellos deberán asumir el pago solidario de casi 23 millones de euros para restituir el daño patrimonial causado al Ayuntamiento de Madrid.

El Tribunal de Cuentas considera que la venta de estas viviendas se realizó por debajo del precio de mercado y culpa a los citados responsables políticos de "incurrir en una negligencia grave" al "no impedir" el "perjuicio en el patrimonio público".  "La enajenación se hizo por un precio inferior al valor mínimo posible que cabía atribuir a los inmuebles vendidos, lo que supuso un quebranto en el patrimonio público" dice el informe, que habla además, de "falta de transparencia" y "opacidad" en toda la operación.

El informe da por hecho, por ejemplo, que el fondo Blackstone tuvo información privilegiada y que el Gobierno de Botella pagó dos millones de euros a una empresa sin que se haya probado su participación en la compraventa.

Asimismo, denuncia que el Ayuntamiento no abriese un procedimiento con publicidad para que hubiera más ofertas y que no realizara una tasación fiable de los inmuebles que vendió. De hecho, el procedimiento de venta duró apenas 14 días.

La condena, según informa eldiario.es, también da por hecho además que “la empresa municipal de la vivienda en Madrid no entró en una mala situación financiera por la crisis económica sino por su mala gestión” y recuerda que tanto la Intervención municipal como la Dirección General del Sector Público del Ayuntamiento ofrecieron “soluciones alternativas a la enajenación de las viviendas”.

Los acusados recurrirán

Fuentes de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento consultadas por Europa Press han avanzado que recurrirán una sentencia que no comparten.

Según dicen, esta Junta no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas a que se refiere la decisión del Tribunal de Cuentas, sino que únicamente, en su condición de Junta General de Accionistas de la citada mercantil, ratificó el plan de viabilidad que el Consejo de Administración de la EMVS había aprobado un recurso.

Incumple varios artículos de la Ley

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en 2016 ya denunció que la venta de estas viviendas públicas se hizo "sin atenerse a las referidas instrucciones internas de contratación ni elaborar un pliego de condiciones de venta, ni hacer el estudio o informes de necesidad y viabilidad técnica y jurídica de la operación ni fijar con carácter previo al proceso de publicación de la venta el valor de las promociones a enajenar".

El organismo madrileño concluía que la venta incumplió la normativa interna y  varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), así como los criterios de "racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos".

El Ayuntamiento estudia volver a pedir la nulidad

Sede central del ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid estudia la apertura de un nuevo proceso judicial para pedir la nulidad de la venta de viviendas públicas en 2013 a la vista de la sentencia en la que el Tribunal de Cuentas condena a la exalcaldesa Ana Botella y seis ediles más a pagar 22,7 millones por esta enajenación.

La alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha explicado en rueda de prensa que sería la segunda vez que se inicia este proceso, pues el anterior tuvo que archivarse porque un informe del Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, vinculante, se posicionó en contra, y espera que esta posición cambie a la vista del fallo.

Además, el Ejecutivo de Manuela Carmena se plantea recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas pues considera que perjuicio al erario es mayor al cifrado por el fallo, en 27,5 millones de euros, aunque celebra que el Tribunal considere que la forma en la que se enajenaron las viviendas fue ilegal al no contar con publicidad y hacerse por debajo del valor contable y el precio de mercado.

FUENTE: publico.es

Madrid - 28/12/2018
Ciudadanos: Solo recordarles que ese "fondo buitre" denominado Blackstone (Piedra negra) es un banco de inversión estadounidense, fundado en 1985 por Peter G. Peterson y Stephen A. Schwarzman, ambos provenientes de otro famoso banco de inversión llamado Lehman Brothers. 

Por otro lado, la condena a "Botella and friends" no soluciona en nada la situación de los inquilinos, que continúan en manos de Blackstone.

ANATOMÍA DEL DESPILFARRO

La viabilidad de las pensiones y del Estado de Bienestar están amenazadas por la falta de control, la opacidad en la gestión y la fiebre privatizadora.

Desde hace al menos veinte años, la viabilidad del sistema público de pensiones es cuestionada por nuestros gobernantes y cada cierto tiempo entra en la agenda política, siendo debatida con profusión de datos en los principales medios de comunicación. Según los políticos que apoyan un sistema económico neoliberal cada vez más extendido en Occidente, que defienden la idea de un Estado más pequeño en el cual la empresa privada tendrá un peso cada vez mayor y un poder más omnímodo, entre los principales problemas para el mantenimiento de las pensiones está un hecho incuestionable: que la tasa de natalidad de las naciones avanzadas permanece estancada desde finales del siglo XX, lo cual hace que menos personas laboralmente activas trabajen para más personas que ya no trabajan y que cada vez van a vivir más tiempo como dependientes del Estado de Bienestar. La premisa de la pirámide invertida es cierta, pero no es una verdad absoluta porque los partidarios del sistema neoliberal mienten cuando nos dicen que el único modo de financiar las pensiones públicas es mediante las cotizaciones de los trabajadores en activo. Esto es una falacia, porque los Estados disponen de otros ingresos diferentes de las aportaciones directas de los trabajadores. En nuestro país, las pensiones se financian, básicamente, mediante esas aportaciones, pero en otros países se sufragan también a través de los impuestos o de otros ingresos.

Fraude fiscal y economía sumergida:

En el caso de España, Gestha, la organización que agrupa a técnicos e inspectores de Hacienda, declara que el 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas. Gestha calcula que la suma del dinero que pierde el Estado anualmente asciende a 88.000 millones, 59.000 millones en impuestos y 29.000 en cotizaciones a la Seguridad Social. Jesús Barcelona, coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, señala que el Estado no reconoce estas cifras pese a que están avaladas por estudios de varias universidades y por la propia Comisión Europea. Las cifras de Gestha son claras: el fraude fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%. Si España consiguiese reducir el fraude a niveles europeos podría ingresar 38.000 millones de euros adicionales al año, lo que supondría cuatro veces más que la cantidad recaudada si se aumentase el impuesto del IVA en dos puntos. La diferencia entre los 88.000 millones de fraude fiscal estimado y los 38.000 millones que el Estado podría recuperar se establece porque ningún país del mundo es capaz de detectar la totalidad del fraude que se produce en su territorio. 

El 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas

La importancia de estas cantidades está determinada por el presupuesto anual que el Estado español dedica al pago de pensiones, una cifra que ascendió a 139.647 millones de euros en 2017. Los últimos datos completos del déficit público de los que disponemos son los de 2016, año en que el déficit alcanzó el 4,51%, es decir, 50.401 millones de euros. El año 2017 se cerró con una cifra estimada del 3,1%. Informes de la Unión Europea cifran en algo más de 12.000 millones de euros los recortes llevados a cabo en gasto sanitario en nuestro país entre 2009 y 2016. En cuanto al gasto público dedicado a Educación de las diferentes administraciones en España, la cifra alcanzaba en 2015 (último ejercicio del cual se tienen datos completos) los 43.979 millones de euros. De los 28 países que conforman la Unión Europea, España ocupa el puesto 23º en cuanto al porcentaje de dinero público destinado a la Educación, con un 4,1% del PIB, muy lejos del 7% de Dinamarca; el 6,5% de Suecia; el 6,4% de Bélgica; o el 6,2% de Finlandia. También estamos lejos de la media europea de gasto en Educación por habitante, que se sitúa en 1.405,38 euros; en este sentido, nuestro país ocupa el puesto 17º de la Unión, con 957,68 euros per cápita. Los recortes en Educación entre 2009 y 2013 fueron de 9.000 millones de euros. Los efectos de estos recortes han sido devastadores: un informe de Comisiones Obreras estima que entre 2012 y 2017 la enseñanza pública perdió 22.531 profesores. Se produjo un incremento de 20.791 personas en el personal interino, así como un envejecimiento de las plantillas, un incremento del número de alumnos por clase y una pérdida para los alumnos de horas de biblioteca, de tutorías y de atención a los alumnos con necesidades especiales. También se han producido recortes en las becas destinadas a la compra de libros de texto y en las ayudas de comedor. Comparemos todas estas cifras de recortes con las cantidades que España puede recaudar anualmente si mejora sus procedimientos a la hora de perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida.

El fraude fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%

Entre las principales dificultades a la hora de afrontar el problema del fraude fiscal está la insuficiente dotación de medios humanos, puesto que en los países de nuestro entorno se destinan entre cuatro y cinco veces más recursos económicos y más personal para detectar el fraude. La organización del trabajo dentro de la Agencia Tributaria también es determinante ya que, aunque el 72% del fraude lo cometen las grandes empresas o las mayores fortunas, cuatro de cada cinco trabajadores de Hacienda de nuestro país que trabajan en la lucha contra el fraude se dedican a investigar a ciudadanos con recursos menores y a empresas pequeñas. El porcentaje entre los técnicos de la Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude respecto a la población está en 1 empleado por cada 1.928 ciudadanos, mientras que la media de la OCDE se sitúa en 1 empleado por cada 900 ciudadanos (1 por cada 860 en Francia; 1 por cada 729 en Alemania; y 1 por cada 551 en Luxemburgo). La falta de inversión también explica la poca eficacia de la Hacienda pública en la lucha contra los defraudadores: tan solo el 30% del personal de la Agencia Tributaria se dedica a la inspección, en contraste con el 42% de la media de la Unión Europea. De resultas de estos datos, los inspectores sólo consiguen detectar el 10% del dinero defraudado. Buena parte del fraude prescribe porque los expedientes iniciados no finalizan a tiempo. Las cantidades que el Estado podría obtener con una inversión más eficiente en la lucha contra el fraude son estimadas, pero se consideran bastante realistas porque los países de nuestro entorno tienen niveles de impuestos similares, lo que significa que, si bien no habría un incremento espectacular de las cantidades conseguidas a corto plazo, sí serían importantes a medio y largo plazo.

FUENTE: ctxt.es
Eduardo Luis Junquera Cubiles

18/04/2018

EL MONTO TOTAL DEL RESCATE BANCARIO

Para que tampoco olviden a cuánto ascendió (más o menos) el total del "Rescate Bancario" y cual fue la mentira gubernativa, aquí les adjunto un interesante artículo publicado por el diario El Salto, donde explican, a las claras, cómo ha gestionado el gobierno de España este peliagudo asunto, y cómo afecta a nuestros esquilmados bolsillos.

Citizen Plof

A nadie le costará recordar frases del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o del ministro de Economía, Luis de Guindos, negando que el rescate a las cajas y la banca fuera a costar un céntimo a los contribuyentes. Pues bien, lo que iba a salir gratis, de momento, ha costado 54.353 millones, 861 euros a cada ciudadano del Estado español.

Esos son los cálculos que maneja el Banco de España (BdE), que el mes pasado actualizó sus datos. Tras la publicación de estas cifras, Rajoy afirmó que “la alternativa habría sido la quiebra”, lo que habría supuesto “ausencia de crédito” y que los depositantes “habrían perdido ahorros”. Aunque en ningún momento habló de pérdidas, Rajoy admitió que, cuando se venda la banca saneada, podrán recuperarse “algunos” de lo recursos empleados en su recapitalización.

La actualización del BdE da cuenta, no solo del dinero inyectado, sino de lo ya recuperado y lo que estima recuperar. Se da por perdido ¡¡¡el 75%!!!  de las ayudas públicas recibidas por la banca.

En el repaso de las cantidades que recibieron las 14 entidades financieras socorridas desde 2009 suele diferenciarse entre lo aportado por dos instituciones, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Esta diferenciación responde al distinto origen de los capitales que las conforman. La primera se nutre fundamentalmente con capital público, mientras que el FGD está constituido por dinero que aporta la propia banca, es decir, con capital privado.

Una cuantía por determinar

De momento, el BdE cifra el rescate bancario en un total de 62.754 millones de euros, cifra de la que, eso sí, resta el importe ya recuperado más lo que estima recuperar con la futura venta de Bankia. El total de dinero público invertido en el rescate, entre inyecciones de capital, avales y garantías, suma 54.353 millones, según este organismo.

A día de hoy el Estado solo ha sido capaz de recuperar un 7% del mismo. En el escenario más optimista, el BdE espera recuperar un total de 14.275 millones. La futura venta de Bankia, fusionada recientemente con Banco Mare Nostrum, es la clave que determinará cuánto se recupera finalmente. 

Desde que comenzaron las ayudas a la banca escuchamos una sopa de cifras de la que es difícil sacar algo en claro. Los propios organismos oficiales publican cifras diferentes sin explicar claramente la razón de la desigualdad. En este sentido, el Tribunal de Cuentas aseguró en enero que, hasta 2015, el rescate había costado 122.122 millones de euros, cantidad muy distinta a los 62.754 millones que maneja el BdE. La diferencia estriba en que el primero incluye la totalidad de avales concedidos por el FROB en el proceso de reestructuración.

Gran parte de estos los otorga el Estado a los bancos que han comprado entidades con problemas, normalmente por un euro. Pero, según el consultor y analista financiero Alejandro Inurrieta, “los avales hay que computarlos porque tienen un coste financiero y de oportunidad. Técnicamente es un dinero que el Estado no podría gastar, que tendría que tener comprometido para el caso de que hubiera que ejecutarlo”.

Los rescates que no se cuentan. Al margen del baile de cifras publicado hasta ahora, lo cierto es que gran parte del rescate bancario nunca ha estado reflejado en las estadísticas oficiales. Tanto el Gobierno como la UE y el BCE han participado en el salvamento de un sector que disfrutó de unos beneficios récord en los años de bonanza e incurrió en “prácticas abusivas y de riesgo sistémico”.

Al estallar la crisis, mientras que en otros países, como Estados Unidos o Alemania, se inyectaban ingentes cantidades de dinero público a la banca, en España las ayudas públicas no se produjeron. Esto parecía una ventaja, y así lo vendieron políticos y supervisores, quienes aseguraban que el sistema bancario español estaba en mejores condiciones que el resto al no haber comercializado hipotecas subprime.

Pero uno de los motivos por los que se retrasó el empleo de dinero público es que el rescate comenzó por otra parte: por los pequeños ahorradores que habían sido engañados con las preferentes. “En España, el primer rescate a la banca recayó sobre las espaldas de los depositantes”, señala el periodista Andreu Missé en su libro La gran estafa de las preferentes. Gracias a ellas las entidades españolas pudieron aguantar un tiempo extra, hasta que llegó la segunda ola de la crisis. 

El segundo rescate silencioso tiene un nombre menos conocido: los activos fiscales diferidos (DTA), un instrumento contable gracias al cual la banca puede apuntarse como activo un dinero que en realidad se ha dedicado a otros fines. Hacienda daba esta posibilidad si el banco en cuestión aseguraba que tendría beneficios para reponerlo en el plazo de pocos años, pero en el transcurso de la crisis, la UE consideró que podían ser una forma de ayuda de Estado encubierta y decidió restringir su uso.

En ese momento el Gobierno emitió un real decreto para que 30.000 millones de estos activos DTA fueran garantizados por el Estado y no tuvieran que reconocerse pérdidas en los libros contables de los bancos. Para el analista Inurrieta, esta legislación “favorece claramente a la banca al permitirle tener unos balances más saneados y mantener la estabilidad de su acción”.

Desgraciadamente no ha sido el único caso de regulación favorable, como atestigua el caso de las cláusulas suelo, “otro ejemplo de regulación sesgada hacia el que provee el crédito, en detrimento del consumidor”, afirma. 

Unidos a estos rescates encubiertos, en los últimos meses hemos asistido a la quiebra del Banco Popular y al aumento de dudas sobre la solvencia de Liberbank y Unicaja. Se trata de los últimos coletazos de la crisis del sistema financiero español, que puede seguir generando costes. De hecho, tras la quiebra de Banco Popular, el Santander ha ejecutado 500 millones de las garantías de los activos fiscales que han salido directamente de las arcas del Estado.

Comparaciones odiosas

Pero no todos los países han perdido en sus rescates. Lo cierto es que, de las grandes economías europeas, España tiene el dudoso honor de ser la que más dinero público ha perdido en el mismo.

En 2013, la Casa Blanca publicó un informe con los resultados de las ayudas públicas. Se había recuperado hasta el último céntimo prestado, tanto inyecciones de capital como el programa de compra de activos tóxicos. Además, se habían cobrado 88.500 millones de dólares en intereses, ingresando un total de 700.000 millones.

En Europa, España es el país que más dinero lleva perdido, un 4,3% de su PIB. Esta tasa es la mayor de las grandes economías europeas, seguida de la alemana con un 1,3%. Mientras, el rescate británico, que alcanzó los 23.000 millones de libras, se recuperó por completo y con intereses. El rescate de 10.000 millones de euros de Holanda a ING se recuperó también con intereses. La otra gran economía europea, Francia, incluso ha ganado dinero con el rescate.

FUENTE: elsaltodiario.com
23/10/2017

DELITO Y GESTIÓN

Citizen Plof