La viabilidad de las pensiones y del Estado de Bienestar están
amenazadas por la falta de control, la opacidad en la gestión y la
fiebre privatizadora.
Desde hace al menos veinte años, la viabilidad del sistema
público de pensiones es cuestionada por nuestros gobernantes y cada
cierto tiempo entra en la agenda política, siendo debatida con profusión
de datos en los principales medios de comunicación. Según los políticos
que apoyan un sistema económico neoliberal cada vez más extendido en
Occidente, que defienden la idea de un Estado más pequeño en el cual la
empresa privada tendrá un peso cada vez mayor y un poder más omnímodo,
entre los principales problemas para el mantenimiento de las pensiones
está un hecho incuestionable: que la tasa de natalidad de las naciones
avanzadas permanece estancada desde finales del siglo XX, lo cual hace
que menos personas laboralmente activas trabajen para más personas que
ya no trabajan y que cada vez van a vivir más tiempo como dependientes
del Estado de Bienestar. La premisa de la pirámide invertida es cierta,
pero no es una verdad absoluta porque los partidarios del sistema
neoliberal mienten cuando nos dicen que el único modo de financiar las
pensiones públicas es mediante las cotizaciones de los trabajadores en
activo. Esto es una falacia, porque los Estados disponen de otros
ingresos diferentes de las aportaciones directas de los trabajadores. En
nuestro país, las pensiones se financian, básicamente, mediante esas
aportaciones, pero en otros países se sufragan también a través de los
impuestos o de otros ingresos.
Fraude fiscal y economía sumergida:
En el caso de España, Gestha, la organización que agrupa a
técnicos e inspectores de Hacienda, declara que el 72% del fraude
fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes
empresas y las grandes fortunas. Gestha calcula que la suma del dinero
que pierde el Estado anualmente asciende a 88.000 millones, 59.000
millones en impuestos y 29.000 en cotizaciones a la Seguridad Social.
Jesús Barcelona, coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos del
Ministerio de Hacienda, señala que el Estado no reconoce estas cifras
pese a que están avaladas por estudios de varias universidades y por la
propia Comisión Europea. Las cifras de Gestha son claras: el fraude
fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es
del 13%. Si España consiguiese reducir el fraude a niveles europeos
podría ingresar 38.000 millones de euros adicionales al año, lo que
supondría cuatro veces más que la cantidad recaudada si se aumentase el
impuesto del IVA en dos puntos. La diferencia entre los 88.000 millones
de fraude fiscal estimado y los 38.000 millones que el Estado podría
recuperar se establece porque ningún país del mundo es capaz de detectar
la totalidad del fraude que se produce en su territorio.
El 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas
La importancia de estas cantidades está determinada por el
presupuesto anual que el Estado español dedica al pago de pensiones,
una cifra que ascendió a 139.647 millones de euros en 2017. Los últimos
datos completos del déficit público de los que disponemos son los de
2016, año en que el déficit alcanzó el 4,51%, es decir, 50.401 millones
de euros. El año 2017 se cerró con una cifra estimada del 3,1%. Informes
de la Unión Europea cifran en algo más de 12.000 millones de euros los
recortes llevados a cabo en gasto sanitario en nuestro país entre 2009 y
2016. En cuanto al gasto público dedicado a Educación de las diferentes
administraciones en España, la cifra alcanzaba en 2015 (último
ejercicio del cual se tienen datos completos) los 43.979 millones de
euros. De los 28 países que conforman la Unión Europea, España ocupa el
puesto 23º en cuanto al porcentaje de dinero público destinado a la
Educación, con un 4,1% del PIB, muy lejos del 7% de Dinamarca; el 6,5%
de Suecia; el 6,4% de Bélgica; o el 6,2% de Finlandia. También estamos
lejos de la media europea de gasto en Educación por habitante, que se
sitúa en 1.405,38 euros; en este sentido, nuestro país ocupa el puesto
17º de la Unión, con 957,68 euros per cápita. Los recortes en Educación
entre 2009 y 2013 fueron de 9.000 millones de euros. Los efectos de
estos recortes han sido devastadores: un informe de Comisiones Obreras
estima que entre 2012 y 2017 la enseñanza pública perdió 22.531
profesores. Se produjo un incremento de 20.791 personas en el personal
interino, así como un envejecimiento de las plantillas, un incremento
del número de alumnos por clase y una pérdida para los alumnos de horas
de biblioteca, de tutorías y de atención a los alumnos con necesidades
especiales. También se han producido recortes en las becas destinadas a
la compra de libros de texto y en las ayudas de comedor. Comparemos
todas estas cifras de recortes con las cantidades que España puede
recaudar anualmente si mejora sus procedimientos a la hora de perseguir
el fraude fiscal y la economía sumergida.
El fraude fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%
Entre las principales dificultades a la hora de afrontar
el problema del fraude fiscal está la insuficiente dotación de medios
humanos, puesto que en los países de nuestro entorno se destinan entre
cuatro y cinco veces más recursos económicos y más personal para
detectar el fraude. La organización del trabajo dentro de la Agencia
Tributaria también es determinante ya que, aunque el 72% del fraude lo
cometen las grandes empresas o las mayores fortunas, cuatro de cada
cinco trabajadores de Hacienda de nuestro país que trabajan en la lucha
contra el fraude se dedican a investigar a ciudadanos con recursos
menores y a empresas pequeñas. El porcentaje entre los técnicos de la
Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude respecto a la
población está en 1 empleado por cada 1.928 ciudadanos, mientras que la
media de la OCDE se sitúa en 1 empleado por cada 900 ciudadanos (1 por
cada 860 en Francia; 1 por cada 729 en Alemania; y 1 por cada 551 en
Luxemburgo). La falta de inversión también explica la poca eficacia de
la Hacienda pública en la lucha contra los defraudadores: tan solo el
30% del personal de la Agencia Tributaria se dedica a la inspección, en
contraste con el 42% de la media de la Unión Europea. De resultas de
estos datos, los inspectores sólo consiguen detectar el 10% del dinero
defraudado. Buena parte del fraude prescribe porque los expedientes
iniciados no finalizan a tiempo. Las cantidades que el Estado podría
obtener con una inversión más eficiente en la lucha contra el fraude son
estimadas, pero se consideran bastante realistas porque los países de
nuestro entorno tienen niveles de impuestos similares, lo que significa
que, si bien no habría un incremento espectacular de las cantidades
conseguidas a corto plazo, sí serían importantes a medio y largo plazo.
FUENTE: ctxt.es
Eduardo Luis Junquera Cubiles
Eduardo Luis Junquera Cubiles
18/04/2018
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