LA CULPA ES DE RUFIÁN

 El diputado de ERC Gabriel Rufián, en el Pleno del Congreso, cuando fue expulsado

por Ana Pastor, presidenta de la Cámara - REUTERS/Susana Vera

La culpa de todo es de Rufián. Ese tipejo tuitero, este indeseable golpista indepe, que no tiene puta idea de política, que ha arruinado la economía del país, la convivencia entre españoles y el decoro entre parlamentarios.

Hasta que llegó Rufián todo andaba bien. En España no había golpistas, los políticos no tenían actitudes chulescas, ni despóticas, ni decían palabras gruesas. En España nadie mentía.

Además, Rufián tiene la insolencia de clamar esas mentiras a viva voz en el mismísimo Parlamento. 

Tiene la desfachatez de abrir los brazos en cruz y gritar que este país es una vergüenza.

Ana Pastor

¡A la puta calle! Bien hecho, señora Pastor, usted que viene de una familia y un entorno de demócratas ejemplares, sabe bien lo que hay que hacer.

Porque no se pueden permitir estas deslealtades dentro del hemiciclo, no debemos tolerar que insinúe tales calumnias y falsedades en la cara del resto de honrados diputados.

Es inaceptable que Rufián diga, por ejemplo, que en el Parlamento español manda el Ibex.

No se puede permitir que siga acusando al PP de haberse financiado ilegalmente, de haber robado, engañado y chantajeado a todos los españoles durante cuarenta años.

Los dueños del Ibex.35

También es falso que el PSOE sea su amiguete de trastadas. Que entre los dos partidos se hayan repartido todos los poderes del estado bajo el amparo de la corona, financiándose ilegalmente, repartiéndose concesiones a dedo, rompiendo ordenadores, quemando pruebas cuando hacía falta, jugando sucio, traficando con jueces y usando puertas giratorias para seguir ostentando el poder en España.

Si le permitimos estas barbaridades, puede acabar diciendo que todos los parlamentarios mienten. Acabará diciendo que el rey es un ladrón, acabará diciendo que el PSOE montó su propio grupo terrorista, que el partido popular está repleto de criminales.

Acabará diciendo que partidos tan demócratas como Ciudadanos y Vox son unos fachas. Con lo fácil y respetuoso que sería llamarles ultraderechistas a los fachas.

Acabará diciendo que en este país los banqueros y las grandes empresas que dan esos servicios a los que todos tenemos derecho especulan, malgastan, desvían fondos y arruinan deliberadamente a los españoles con la complicidad de diputados, senadores, caciques, alcaldes y ediles, sin ningún tipo de remordimiento, solo por enriquecerse y comprarse otro chalet y otro yate donde follarse a más putas (cuanto más jóvenes mejor).

Acabará diciendo que las fuerzas de seguridad del estado están repletas de altos mandos que adoran a Franco. Es más, acabará diciendo que Franco puso al rey en el trono, y que los hijos y nietos de sus ministros montaron los partidos que, aún hoy, manejan el cotarro. Acabará hasta cometiendo herejía contra la santa Iglesia Católica española.

Este niñato maleducado no puede llamarles franquistas solo porque no condenan el franquismo. Es intolerable. Hay que echarlo a la puta calle. El resto de diputados y senadores tienen derecho a trabajar por España como hasta ahora. Con amor, mucho trabajo, sacrificio y dedicación, con buenas maneras y buenas palabras. Con orgullo y satisfacción.

Así no hay manera de trabajar por España, con un tío tocando los cojones en el escaño de al lado y comportándose como un machista, escupiendo a sus compañeros de hemiciclo, convirtiéndolo todo en un reallity show de mal gusto. Esto no se había visto jamás.

Es un loco, ve fantasmas, está poseído por el demonio, nada de lo que dice es cierto. No se puede permitir que confunda a los españoles hablándoles sobre políticos mafiosos y corruptos. Rufián tiene visiones propias de un demente.

Se le tiene que expulsar de la política porque si sigue así, acabará engañando a esos pobres ciudadanos, incultos, adoctrinados y descerebrados, que se creen todo lo que dice en la tele y en el Twiter.

Acabará arrastrando a las gentes en su locura paranoica y maleducada. Y, Esto, sus señorías, no puede ser.

- ¡Se sienten, coño, y escuchen con atención!:

– Mire usted…¡Los políticos somos buena gente!

FUENTE: publico.es
Dominio público
Albert Pla
23/11/2018

Conocía la faceta musical de Albert Pla, pero nunca antes había leído nada escrito por él. Les prometo que, desde hoy, voy a ser un incondicional suyo.

BERNARDO CAAL

Líder maya encarcelado por protestar contra un proyecto hidroeléctrico

“Florentino Pérez nos ha robado el río y nos sumerge en la pobreza”

Bernardo Caal

En la misérrima cárcel de Cobán, cabecera administrativa del departamento guatemalteco de Alta Verapaz, el líder indígena Bernardo Caal cumple desde la semana pasada los 7 años de prisión a los que ha sido condenado por un tribunal local.

Caal, detenido en enero por desafiar los planes de construcción de dos de los proyectos hidroeléctricos más descomunales de todo Centroamérica, ha sido acusado de retención ilegal, robo e instigación a delinquir a los trabajadores de una de las empresas que levantan las centrales. Pero la inquietud por la falta de garantías en este juicio, y de otros con cargos similares, es palpable.

Comunidades indígenas y organizaciones civiles internacionales tratan ahora de impugnar un proceso plagado de irregularidades. No les resultará sencillo porque la justicia en Guatemala es un espejismo pese al propósito de enmienda que se promulgó en los Acuerdos de Paz que en 1996 pusieron fin al genocidio maya instigado por las oligarquías locales. Poco ha cambiado la cosa en estos 22 años.

El actual régimen presidido por el humorista Jimmy Morales, una caricatura bufa de Beppe Grillo revestida con el racismo evangelista de Jair Bolsonaro, sigue entregando los inmensos recursos naturales que el país guarda en el subsuelo a empresas mineras, madereras o eléctricas que reparten prebendas para garantizarse fidelidades en todas las estructuras del Estado.

Jimmy Morales

Sólo entre enero y julio de este año se verificaron 137 agresiones y 21 asesinatos de líderes indígenas que protestaban contra la depredación industrial en uno de los parajes más bellos de la Tierra pero hasta ahora nadie ha pagado por ello. Una de las empresas que se reparten el botín guatemalteco es Cobra, empresa subsidiaria de ACS de Florentino Pérez.

Cobra participa en la construcción del megacomplejo hidroeléctrico Renace, seis represas en cascada sobre el río Cahabón con túneles de conducción del agua que cruzan el departamento de Alta Verapaz amenazando el ecosistema de la región y la vida de una población que, a pesar de la prosperidad que les prometieron, subsiste con dos euros al día y casi sin luz eléctrica en sus humildes hogares.

Florentino Pérez

Bernardo Caal se rebeló contra todo esto. Fue detenido y enviado a la cárcel de Cobán, una ratonera inmunda empaquetada con alambre de espino donde 387 presos se hacinan bajo un sol inmisericorde.

Visitarle no resulta difícil si uno acompaña a su letrado y le surte de algo de comida. La fruta es un producto de lujo dentro de los muros de un presidio sin forma ni orden, muy parecido a una perrera. Los reclusos, algunos semidesnudos, conforman un tráfago bullicioso de narcotraficantes, maras, violadores, ladrones y asesinos. Pero los adjetivos habría que reservarlos para otros paisajes y otras miradas que transmitan algo más de compasión. Porque la prisión de Cobán tiene toda la pinta de ser una subasta para la supervivencia.

El ambiente está tan cargado de una crueldad que deja al visitante helado, sin voz, con la mente atónita aunque la memoria no cese de grabar. Son poco más de las 11 de la mañana y un policía llama a voz en grito a Bernardo Caal para que salga al patio del módulo donde se encuentra recluido. Tiene visita. La entrevista se realiza cuatro días antes de conocerse la sentencia –7 años y cuatro meses de cárcel– a la vista de los vigilantes y bajo el escrutinio indisimulado del resto de los presos. La luz es dura, el calor intenso. Caal de pie en el patio, agarra con sus manos los barrotes y habla pausado.

¿Quién es Bernardo Caal?

Estoy casado, tengo dos hijos de 10 y 12 años. Soy maestro de primaria e impartía clases a niños y niñas en la escuela de Cahabón y líder comunitario maya que’chí, defensor del río Cahabón en Alta Verapaz. Soy un preso político por denunciar el secuestro de los ríos que hacen las grandes corporaciones, por declarar que los están matando. Y  lo voy a seguir haciendo, denunciando lo que acontece al pueblo Q’eqchí, el saqueo de nuestro territorio.

Usted está encarcelado desde enero, ¿de qué le acusan?

De retención ilegal, robo e instigación a delinquir pero yo lo único que he propuesto a las autoridades es realizar una consulta sobre la hidroeléctrica, algo que Guatemala aceptó al ratificar el artículo 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. El artículo 6 lo dice claramente: “Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Pero el gobierno de Jimmy Morales lo incumple.

¿Cree que Guatemala está en manos de las grandes corporaciones?

Es que nunca lo perdieron. Los preparativos de este despojo que estamos sufriendo comenzó antes de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. La minería, los madereros, las eléctricas. Las grandes transnacionales llegan aquí a explotar los recursos naturales y no dejan ni un 1% de los beneficios que obtienen. Los acuerdos del 96 sólo sirvieron para legalizar el continuismo de la dictadura porque las mismas familias siguen acaparando tierras, recanalizando ríos y talando bosques enteros.  Y ahora conforman alianzas con "empresas como Cobra cuyo propietario es el empresario español Florentino Pérez. Pero maneja mucho poder. ¿Quién soy yo para enfrentarlo? Un hombre chiquito al que lo único que le queda es contar lo que este señor está haciendo en Guatemala y que se conozca en España.

¿Tiene esperanza de que termine imponiéndose la justicia?

No tengo esperanza, la verdad, porque me enfrento a un monstruo. La imagen que las autoridades tratan de crear sobre mí es la de un criminal. La semana pasada me dijo el juez en la audiencia que "él es el Estado". El mismo Estado que está otorgando las licencias que empresas como la de Florentino Pérez y otras utilizan para quitarnos nuestros recursos y sumergirnos en la pobreza.

¿Hay miedo a la protesta?

Por supuesto que hay miedo. Mi caso es el ejemplo de lo que le espera a quien proteste: O la cárcel o la muerte. Porque aquí se mata a líderes comunitarios que tratan de organizar a sus pueblos, que se informan y que buscan la mejor solución para unas comunidades cuya organización es anterior a la llegada de los españoles.

Y, ¿cuál es la solución en estas circunstancias?

Para nosotros los ríos son sagrados. Está en el Popol Vuh, el libro del consejo del pueblo Q’eqchí y cuya parte mitológica se desarrolla precisamente en el río Cahabón, el mismo río que ahora nos quiere robar Florentino Pérez. Eso supone la destrucción de nuestra cultura y nuestra historia. Imagine que lo hiciera en el río Nilo o en el Jordan. ¿Cómo cree que reaccionarían Egipto e Israel? ¿Piensa que le permitirían apropiarse de sus ríos sagrados? Seguro que no. Para mi pueblo es una etapa muy dolorosa.

¿Hay presiones para que capitulen?

Sí. A mí me quitaron la plaza de maestro cuando propuse la consulta sobre la hidroeléctrica. Como eso no me intimidó me llevaron a la cárcel. Como castigo y para silenciarme. Quieren que salga muerto de aquí, acabado completamente, pero tengo fuerza. Me queda el respaldo del pueblo Q’eqchí. Tengo muy claro que es más valioso el río Cahabón que lo que yo pueda estar sufriendo en la cárcel.

¿Teme por su vida?

Ya estoy en prisión. ¿Qué más miedo puedo tener? ¿Qué me maten aquí dentro? No, he perdido el miedo a la muerte. Me dedico a leer. Escribo cartas para que las lean en el exterior, a veces, hago un poco de ejercicio. Alguna vez viene a verme alguna organización de derechos humanos, toman apuntes y se van. No tengo más contacto con el mundo exterior. Pero sigo convencido de que sólo una alianza internacional por la solidaridad salvará a nuestros pueblos de la codicia del neoliberalismo.

FUENTE: ctxt.es
Gorka Castillo
15/11/2018

ESPAÑOLES, EL FRANQUISMO NO HA MUERTO (AÚN)

Una combinación de vectores sociales, económicos y políticos agita las estructuras de poder consolidadas tras cuarenta años de dictadura y normalizadas en las cuatro décadas siguientes de postfranquismo

El dictador Francisco Franco y el entonces príncipe de Asturias y hoy rey emérito Juan Carlos de Borbón, en un acto celebrado 59 días antes de la muerte del primero.

¿Lo que ha hecho el franquismo en los 40 años transcurridos desde que el 20 de noviembre de 1975 muriera el dictador ha sido agonizar o persistir? La pregunta es más sencilla que la respuesta, que aún lo es menos si se escarba en una realidad con paradojas como que quien ocupara cargos en el Ministerio de Hacienda durante la dictadura presida hoy la Comisión Mixta de Seguridad Nacional  Congreso-Senado.

Eso es algo que convierte al exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, uno de los tres diputados de 1977 que siguen en cargos públicos tras dejar Soledad Becerril el Defensor del Pueblo, en un símbolo (algo “representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición”), o quizás en un síntoma (“señal o indicio de que algo está sucediendo o va a suceder”), de ese periodo histórico conocido como la Transición, cuyo nacimiento nunca se ubicó, aunque sí están documentados los vínculos con la Administración franquista del grueso de sus protagonistas, y cuyo final, cuatro décadas después, sigue sin tener fecha.

No obstante, comienzan a acumularse indicios de la eventual proximidad de ese cierre. Entre otros, que nueve grupos parlamentarios se unan para legislar el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo modificando la Ley de Amnistía o que el Congreso abra la puerta a declarar nulos los juicios políticos de la dictadura. O, también, que tres instituciones como el Congreso, el Parlamento gallego y el Ayuntamiento de Santiago, en este caso por vía judicial, reclamen a la familia del dictador que devuelva las dos estatuas de la catedral compostelana sustraídas en los años 60, apenas una década después de que las adquiriera el consistorio.

“Muchas grandes empresas vienen del franquismo”

“Para poder pasar página primero hemos de escribirla y de leerla”, dice la politóloga y profesora de la universidad de Zaragoza Cistina Monge, que señala cómo el cambio de régimen no afectó a las estructuras económicas ni a sus centros de poder, ni tampoco a piezas clave del aparato de la Administración. “La correlación de fuerzas y el momento histórico no daban para más, y muchos asuntos, como la estructura territorial del país, el tratamiento de las víctimas de la guerra o el diseño de un Estado de bienestar con patrones europeos, no se resolvieron”, anota. 

Ocurrió algo similar con las estructuras económicas. “Muchas de las grandes empresas del Íbex 35 vienen del franquismo, y en algunos casos de los tiempos del general Primo de Rivera”, explica el sociólogo Rubén Juste, quien recuerda cómo “la mayoría de las grandes constructoras se fundan a principios de los años 40, con la expansión de la obra pública después de la guerra”. De hecho, de las que integran el índice bursátil selectivo sólo ACS es posterior a la dictadura, aunque en su origen figura Ocisa (1942), mientras Acciona es el resultado de la fusión de Entrecanales (1928), Cubiertas (1918) y MZOV (1862).

Sin embargo, en ambos ámbitos, el social y el económico se están dando algunos procesos de cambio en esas estructuras enraizadas en el franquismo que la Transición perpetuó y cuyo inicio sitúan los expertos, respectivamente, entre 2007 y 2011 y en 2010.

“Las nuevas élites”

“Debemos llegar a un consenso sobre que esa primera transición se cierre en un momento determinado, que podría ser 1982, con la victoria electoral del PSOE –explica Monge–. Pero esa transición dejó cosas sin resolver a las que se añadieron otras, en una situación que se puso de manifiesto a partir de 2007 y con el 15-M, se inició en 2011 la segunda transición”. Ahora, añade, “estamos echando un pulso con ese establishment, mientras, con una izquierda en retroceso, la derecha cree que cedió mucho entonces y quiere recuperar una parte, como se ve en la tendencia recentralizadora en el modelo territorial”.

En el apartado económico, explica Juste, “las grandes familias del Franquismo siguen al frente de las empresas hasta que en 2010 sus miembros comienzan a ser reemplazados por inversores y gestores”. El cambio de tendencia se debe a la irrupción de los fondos de inversión internacionales con la crisis de las cajas de ahorro, las cuales, cuando comienza el proceso de fusión y bancarización consecuencia de su crisis generalizada, dejan de financiar a las antiguas constructoras procedentes del Franquismo tras haber apoyado su la expansión internacional como gestoras de servicios públicos.

A esa etapa, en la que los nuevos financiadores comienzan a imponer condiciones y controles desconocidos en la época de las cajas, le sucede otra de futuro incierto en la que el declive de algunas  empresas, con la salida del Íbex 35 de OHL y de Abengoa (cuyo segundo acreedor es el Estado por los préstamos de CajaMadrid) como episodios destacados, convive con la pujanza en el mundo de los fondos de inversión de una nueva élite, en la que suenan apellidos cercanos al poder desde hace décadas como Aznar (Haya Real Estate es una de las principales inmobiliarias del país), Aguirre (competencia desde Aguirre Newman) o, incluso, Primo de Rivera, con intereses en firmas financieras y medios de comunicación.

“Ausencia de un relato común”

Coronel Amadeo Martínez Inglés

Con todo, y pese a la persistencia de conexiones normalizadas y legales con el régimen franquista como la continuidad en el cargo de nueve alcaldes que recibieron la vara antes de la muerte del dictador, la vigencia de decenas de leyes promulgadas durante la dictadura o la transmisión de una corona asignada por Franco y asumida por la Constitución, cada vez son más las iniciativas de desconexión y de revisión con aquella época, por un lado, así como, por otro, las de reivindicación de quienes la sufrieron, en muchos casos a costa de su libertad o con la vida como precio.

Entre ellas destacan las iniciativas para exhumar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos, recuperar los cuerpos de las víctimas de la guerra y de la dictadura y rehabilitar a los represaliados, o las que ponen en cuestión asuntos como las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica.

Aunque hay más flecos abiertos para superar la huella del franquismo: la utilización partidista de símbolos como la bandera estatal, los complejos sobre la propia denominación del Estado y la carencia, todavía, de un relato histórico de amplia aceptación sobre qué ocurrió en los cuarenta años de dictadura y en las cuatro décadas que le siguieron.

FUENTE: publico.es
Eduardo Bayona
Zaragoza - 20/11/2017

Si tuviera que ponerle un título a la actual situación del país, lo tengo bastante claro:

"Franquismo con estrambote"

¿QUIÉN SE ESCONDE DETRÁS DE ALBERT RIVERA?

¿Lo saben?... ¿No?

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¿Y detrás de José María Aznar?... ¿Tampoco?

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Pues los dueños de España...

¡Huy! perdonen el lapsus, quería decir del IBEX-35.

Y es que, con el actual sistema, a los ricos les va de superlujo 

y no están dispuestos a ceder un ápice.

Citizen Plof

ANATOMÍA DEL DESPILFARRO

La viabilidad de las pensiones y del Estado de Bienestar están amenazadas por la falta de control, la opacidad en la gestión y la fiebre privatizadora.

Desde hace al menos veinte años, la viabilidad del sistema público de pensiones es cuestionada por nuestros gobernantes y cada cierto tiempo entra en la agenda política, siendo debatida con profusión de datos en los principales medios de comunicación. Según los políticos que apoyan un sistema económico neoliberal cada vez más extendido en Occidente, que defienden la idea de un Estado más pequeño en el cual la empresa privada tendrá un peso cada vez mayor y un poder más omnímodo, entre los principales problemas para el mantenimiento de las pensiones está un hecho incuestionable: que la tasa de natalidad de las naciones avanzadas permanece estancada desde finales del siglo XX, lo cual hace que menos personas laboralmente activas trabajen para más personas que ya no trabajan y que cada vez van a vivir más tiempo como dependientes del Estado de Bienestar. La premisa de la pirámide invertida es cierta, pero no es una verdad absoluta porque los partidarios del sistema neoliberal mienten cuando nos dicen que el único modo de financiar las pensiones públicas es mediante las cotizaciones de los trabajadores en activo. Esto es una falacia, porque los Estados disponen de otros ingresos diferentes de las aportaciones directas de los trabajadores. En nuestro país, las pensiones se financian, básicamente, mediante esas aportaciones, pero en otros países se sufragan también a través de los impuestos o de otros ingresos.

Fraude fiscal y economía sumergida:

En el caso de España, Gestha, la organización que agrupa a técnicos e inspectores de Hacienda, declara que el 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas. Gestha calcula que la suma del dinero que pierde el Estado anualmente asciende a 88.000 millones, 59.000 millones en impuestos y 29.000 en cotizaciones a la Seguridad Social. Jesús Barcelona, coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, señala que el Estado no reconoce estas cifras pese a que están avaladas por estudios de varias universidades y por la propia Comisión Europea. Las cifras de Gestha son claras: el fraude fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%. Si España consiguiese reducir el fraude a niveles europeos podría ingresar 38.000 millones de euros adicionales al año, lo que supondría cuatro veces más que la cantidad recaudada si se aumentase el impuesto del IVA en dos puntos. La diferencia entre los 88.000 millones de fraude fiscal estimado y los 38.000 millones que el Estado podría recuperar se establece porque ningún país del mundo es capaz de detectar la totalidad del fraude que se produce en su territorio. 

El 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas

La importancia de estas cantidades está determinada por el presupuesto anual que el Estado español dedica al pago de pensiones, una cifra que ascendió a 139.647 millones de euros en 2017. Los últimos datos completos del déficit público de los que disponemos son los de 2016, año en que el déficit alcanzó el 4,51%, es decir, 50.401 millones de euros. El año 2017 se cerró con una cifra estimada del 3,1%. Informes de la Unión Europea cifran en algo más de 12.000 millones de euros los recortes llevados a cabo en gasto sanitario en nuestro país entre 2009 y 2016. En cuanto al gasto público dedicado a Educación de las diferentes administraciones en España, la cifra alcanzaba en 2015 (último ejercicio del cual se tienen datos completos) los 43.979 millones de euros. De los 28 países que conforman la Unión Europea, España ocupa el puesto 23º en cuanto al porcentaje de dinero público destinado a la Educación, con un 4,1% del PIB, muy lejos del 7% de Dinamarca; el 6,5% de Suecia; el 6,4% de Bélgica; o el 6,2% de Finlandia. También estamos lejos de la media europea de gasto en Educación por habitante, que se sitúa en 1.405,38 euros; en este sentido, nuestro país ocupa el puesto 17º de la Unión, con 957,68 euros per cápita. Los recortes en Educación entre 2009 y 2013 fueron de 9.000 millones de euros. Los efectos de estos recortes han sido devastadores: un informe de Comisiones Obreras estima que entre 2012 y 2017 la enseñanza pública perdió 22.531 profesores. Se produjo un incremento de 20.791 personas en el personal interino, así como un envejecimiento de las plantillas, un incremento del número de alumnos por clase y una pérdida para los alumnos de horas de biblioteca, de tutorías y de atención a los alumnos con necesidades especiales. También se han producido recortes en las becas destinadas a la compra de libros de texto y en las ayudas de comedor. Comparemos todas estas cifras de recortes con las cantidades que España puede recaudar anualmente si mejora sus procedimientos a la hora de perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida.

El fraude fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%

Entre las principales dificultades a la hora de afrontar el problema del fraude fiscal está la insuficiente dotación de medios humanos, puesto que en los países de nuestro entorno se destinan entre cuatro y cinco veces más recursos económicos y más personal para detectar el fraude. La organización del trabajo dentro de la Agencia Tributaria también es determinante ya que, aunque el 72% del fraude lo cometen las grandes empresas o las mayores fortunas, cuatro de cada cinco trabajadores de Hacienda de nuestro país que trabajan en la lucha contra el fraude se dedican a investigar a ciudadanos con recursos menores y a empresas pequeñas. El porcentaje entre los técnicos de la Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude respecto a la población está en 1 empleado por cada 1.928 ciudadanos, mientras que la media de la OCDE se sitúa en 1 empleado por cada 900 ciudadanos (1 por cada 860 en Francia; 1 por cada 729 en Alemania; y 1 por cada 551 en Luxemburgo). La falta de inversión también explica la poca eficacia de la Hacienda pública en la lucha contra los defraudadores: tan solo el 30% del personal de la Agencia Tributaria se dedica a la inspección, en contraste con el 42% de la media de la Unión Europea. De resultas de estos datos, los inspectores sólo consiguen detectar el 10% del dinero defraudado. Buena parte del fraude prescribe porque los expedientes iniciados no finalizan a tiempo. Las cantidades que el Estado podría obtener con una inversión más eficiente en la lucha contra el fraude son estimadas, pero se consideran bastante realistas porque los países de nuestro entorno tienen niveles de impuestos similares, lo que significa que, si bien no habría un incremento espectacular de las cantidades conseguidas a corto plazo, sí serían importantes a medio y largo plazo.

FUENTE: ctxt.es
Eduardo Luis Junquera Cubiles

18/04/2018

EMPRESAS EN UN MUNDO GLOBAL; ¿SIN CONTROL?

Fueron 197, como mínimo. 197 activistas ambientales que el pasado año perdieron la vida en la defensa de su territorio, como poco. Las cifras son de la organización Global Witness y aunque parecen muchos seguramente serán muchos más. Desde una conocida organización guatemalteca, UDEFEGUA, hablan de 55 asesinatos sólo en su país de defensores de derechos, así que no salen las cuentas. Oficialmente, casi nunca se llega a saber quién les mata, quién les amenaza, quién les acosa…. Pero la inmensa mayoría se oponían a grandes proyectos de no menos grandes empresas.

Destrucción de la cuenca del río Cahabón (Guatemala)

Luego están los que pierden la libertad. Como el líder maya q´qechí Bernardo Caal Xol, en prisión por defender el río Cahabón, también en Guatemala, concretamente en Alta Verapaz, la región más pobre del país y botín codiciado de compañías con mega-proyectos hidroeléctricos. En uno de ellos está implicada una empresa española, el Grupo Cobra (ACS), un caso de vulneración de derechos de los pueblos indígenas que desveló Alianza por la Solidaridad y al que no dan repuesta. Bernardo cogió la bandera de esa lucha, como también lo había hecho contra la hidroeléctrica OXEC en el mismo río, y lo hizo pese al acoso mediático, a la criminalización, a las falsas denuncias… Hoy está entre rejas.

Bernardo Caal Xol, encarcelado

Lo mismo ocurre en Perú, en Brasil, en Colombia. En Buenaventura (Colombia), el pasado 27 de enero fue asesinado a tiros Temístocles Machado, otro héroe que aquí nunca apareció en las noticias. Don Temis, como era conocido este líder afro y comunitario, llevaba años luchando en la defensa de unos barrios levantados por desplazados del conflicto, gentes que huyeron de las balas desde selva adentro hasta orillas del Pacífico. Don Temis luchaba, entre otras batallas, por unos recuperar terrenos de los que se apropió la empresa que amplía el puerto de Buenaventura, TCBuen, cuyo socio mayoritario es la compañía catalana TCB.

Temístocles Machado, asesinado el 27 de enero de 2018

Cada vez son más las empresas que explotan la RSC (Responsabilidad Social Corporativa), que tan bien les viene como política de márketing, pero a la vez son más los casos de persecución a las comunidades en las que implantan sus negocios. En el caso de España, sin embargo, apenas hay ningún mecanismo oficial o legal que permita denunciar a empresas españolas que vulneran los derechos humanos y ambientales fuera de la UE, apenas hay salidas para quienes a miles de kilómetros se enfrentan a ellas. En sus países acaban entre rejas. Fuera de sus fronteras, no hay más salida que la protesta.

Esquema de la Responsabilidad Social Corporativa

En estados como Francia, Suiza e incluso Panamá se han aprobado leyes de “debida diligencia” para obligar a cumplir con esos derechos humanos y ambientales allá donde sea que una compañía nacional expanda su negocio. Aquí no, tienen las manos muy libres. En España, tras muchos dimes y diretes, en junio de 2017, siguiendo el compromiso adquirido en la OCDE años antes, por fin se aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas en cuyo texto se habla más de lo que los primeros significan para la reputación y la buena competitividad de las segundas que de las vulneraciones que pueden producirse y sus impactos. Además, este plan, al igual que la RSC, no es obligatorio, como ni siquiera lo son los Principios Rectores sobre este asunto que Naciones Unidas aprobó en 2011. Por más que Ecuador y Sudáfrica hayan tratado de que hubiera un tratado internacional que fuera vinculante, no ha habido forma. Hasta ahora, la economía del bien común es una quimera que queda bien en algunos discursos, mientras los ‘Bernardo’ son encarcelados, mientras otros ‘Don Temis’ y ‘Berta Cáceres’ acaban asesinados.

Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016

El otro compromiso con la OCDE adoptado por España fue la creación de un Punto Nacional de Contacto en el que poder denunciar a las empresas que incumplen con los derechos. Ese punto se creó dentro del Ministerio de Economía, en lugar del Parlamento, como reclamaron algunas ONG. Basta hacer una rápida búsqueda para comprobar su escasa actividad: en su web sólo figura el caso de una denuncia contra Prosegur (http://www.comercio.es/es-ES/inversiones-exteriores/punto-nacional-contacto-lineas-directrices/Paginas/punto-nacional-de-contacto-espanol.aspx ) en todo 2017 y fue desestimada.

Pero, como señalaba, en Naciones Unidas el panorama no es mejor. El Global Compact es el mecanismo que, en teoría, vigila que si se cumplen los 10 principios rectores que las empresas deberían seguir a rajatabla, eso si también voluntariamente. Pues bien, en realidad su secretaría no investiga posibles denuncias, sino que se limita a pedir a la empresa que conteste sobre las reclamaciones, sin entrar a valorar la respuesta ni el propio caso denunciado. Tampoco hay sanciones. Aún recuerdo la reunión, en 2003, en la que se presentó en España esta ‘bien intencionada’ iniciativa de la ONU. Allí estaban todas las grandes multinacionales españolas, muchas de las cuales desde entonces han salido en las noticias porque no les importa subcontratar empresas que contaminan, emplear menores, desplazar poblaciones o secar ríos allá donde la población no tiene como defenderse.

Es más, hoy si alguien de estas comunidades quisiera denunciar fuera de su país –dentro ya vemos lo que pasa- a una empresa española que está destrozando su tierra, sus bosques, sus cauces… le quedaría únicamente la inalcanzable Audiencia Nacional. Ni eso, pues posiblemente los jueces adujeran que no son españoles y el ‘presunto’ delito se comete fuera de nuestro territorio.

Llegados a este punto, es el momento de exigir instrumentos jurídicamente vinculantes a nivel internacional, como el que se está tratando de elaborar en el marco del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, pero que no acaba de llegar. Y, por supuesto, crear mecanismos para un mayor control a nuestras empresas allá donde estén, una responsabilidad con el medio ambiente y las personas que vaya más allá del ‘voluntarismo’ y una legislación que permita sancionarlas cuando no cumplan con algo tan básico como es el disfrute de las comunidades de sus recursos naturales y la obligación de que sean consultadas al respecto. Mientras no sea así, esos líderes anónimos de los rincones de este planeta seguirán luchando solos contra Goliats sin ninguna posible defensa.

Las grandes multinacionales que controlan el mundo

FUENTE: publico.es

Ecologismo de Emergencia

Rosa M. Tristán
25/02/ 2018

Los humanos tenemos un gravísimo problema que me recuerda la historia del rey Midas: 

"Todo lo queremos convertir en dinero" 

Quizás, cuando lleguemos a las últimas consecuencia de esta avaricia desmedida, vengamos a caer en la cuenta de que el dinero no se come; pero ya será tarde.
 

ESPAÑOLES, EL FRANQUISMO NO HA MUERTO (AÚN)

Una combinación de vectores sociales, económicos y políticos agita las estructuras de poder consolidadas tras cuarenta años de dictadura y normalizadas en las cuatro décadas siguientes de postfranquismo

Francisco Franco y el entonces príncipe de Asturias y hoy rey emérito Juan Carlos de Borbón, 

en un acto celebrado 59 días antes de la muerte del primero.

¿Lo que ha hecho el franquismo en los 40 años transcurridos desde que el 20 de noviembre de 1975 muriera el dictador ha sido agonizar o persistir? La pregunta es más sencilla que la respuesta, que aún lo es menos si se escarba en una realidad con paradojas como que quien ocupara cargos en el Ministerio de Hacienda durante la dictadura presida hoy la Comisión Mixta de Seguridad Nacional  Congreso-Senado.

Eso es algo que convierte al exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, uno de los tres diputados de 1977 que siguen en cargos públicos tras dejar Soledad Becerril el Defensor del Pueblo, en un símbolo (algo “representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición”), o quizás en un síntoma (“señal o indicio de que algo está sucediendo o va a suceder”), de ese periodo histórico conocido como la Transición, cuyo nacimiento nunca se ubicó, aunque sí están documentados los vínculos con la Administración franquista del grueso de sus protagonistas, y cuyo final, cuatro décadas después, sigue sin tener fecha.

José Manuel García-Margallo

No obstante, comienzan a acumularse indicios de la eventual proximidad de ese cierre. Entre otros, que nueve grupos parlamentarios se unan para legislar el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo modificando la Ley de Amnistía o que el Congreso abra la puerta a declarar nulos los juicios políticos de la dictadura. O, también, que tres instituciones como el Congreso, el Parlamento gallego y el Ayuntamiento de Santiago, en este caso por vía judicial, reclamen a la familia del dictador que devuelva las dos estatuas de la catedral compostelana sustraídas en los años 60, apenas una década después de que las adquiriera el consistorio.

“Muchas grandes empresas vienen del franquismo”

Cristina Monge

“Para poder pasar página primero hemos de escribirla y de leerla”, dice la politóloga y profesora de la universidad de Zaragoza Cristina Monge, que señala cómo el cambio de régimen no afectó a las estructuras económicas ni a sus centros de poder, ni tampoco a piezas clave del aparato de la Administración.

“La correlación de fuerzas y el momento histórico no daban para más, y muchos asuntos, como la estructura territorial del país, el tratamiento de las víctimas de la guerra o el diseño de un Estado de bienestar con patrones europeos, no se resolvieron”, anota. 

Principal índice bursátil de referencia de la bolsa española, elaborado por Bolsas y Mercados Españoles (BME),
formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE)

Ocurrió algo similar con las estructuras económicas. “Muchas de las grandes empresas del Íbex 35 vienen del franquismo”, explica el sociólogo Rubén Juste, quien recuerda cómo “la mayoría de las grandes constructoras se fundan a principios de los años 40, con la expansión de la obra pública después de la guerra”. De hecho, de las que integran el índice bursátil selectivo sólo ACS es posterior a la dictadura, aunque en su origen figura Ocisa (1942), mientras Acciona es el resultado de la fusión de Entrecanales (1928), Cubiertas (1918) y MZOV (1862).

Las nuevas élites

“Debemos llegar a un consenso sobre que esa primera transición se cierre en un momento determinado, que podría ser 1982, con la victoria electoral del PSOE –explica Monge–. Pero esa transición dejó cosas sin resolver a las que se añadieron otras, en una situación que se puso de manifiesto a partir de 2007 y con el 15-M, que inició en 2011 la segunda transición”.

Ahora, añade, “estamos echando un pulso con ese establishment, mientras, con una izquierda en retroceso, la derecha cree que cedió mucho entonces y quiere recuperar una parte, como se ve en la tendencia recentralizadora en el modelo territorial”.

En el apartado económico, explica Juste, “las grandes familias del Franquismo siguen al frente de las empresas hasta que en 2010 sus miembros comienzan a ser reemplazados por inversores y gestores”. 

El cambio de tendencia se debe a la irrupción de los fondos de inversión internacionales con la crisis de las cajas de ahorro, las cuales, cuando comienza el proceso de fusión y bancarización consecuencia de su crisis generalizada, dejan de financiar a las antiguas constructoras procedentes del Franquismo tras haber apoyado su la expansión internacional como gestoras de servicios públicos.

A esa etapa, en la que los nuevos financiadores comienzan a imponer condiciones y controles desconocidos en la época de las cajas, le sucede otra de futuro incierto en la que el declive de algunas de esas empresas, con la salida del Íbex 35 de OHL y de Abengoa (cuyo segundo acreedor es el Estado por los préstamos de CajaMadrid) como episodios destacados, convive con la pujanza en el mundo de los fondos de inversión de una nueva élite, en la que suenan apellidos cercanos al poder desde hace décadas como Aznar (Haya Real Estate es una de las principales inmobiliarias del país), Aguirre (competencia desde Aguirre Newman) o, incluso, Primo de Rivera, con intereses en firmas financieras y medios de comunicación.

Ausencia de un relato común

Francisco Franco Bahamonde

Con todo, y pese a la persistencia de conexiones normalizadas y legales con el régimen franquista como la continuidad en el cargo de nueve alcaldes que recibieron la vara antes de la muerte del dictador, la vigencia de decenas de leyes promulgadas durante la dictadura o la transmisión de una corona asignada por Franco y asumida por la Constitución, cada vez son más las iniciativas de desconexión y de revisión con aquella época, por un lado, así como, por otro, las de reivindicación de quienes la sufrieron, en muchos casos a costa de su libertad o con la vida como precio.

Entre ellas destacan las iniciativas para exhumar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos, recuperar los cuerpos de las víctimas de la guerra y de la dictadura y rehabilitar a los represaliados, o las que ponen en cuestión asuntos como las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica.

Aunque hay más flecos abiertos para superar la huella del franquismo: la utilización partidista de símbolos como la bandera estatal, los complejos sobre la propia denominación del Estado y la carencia, todavía, de un relato histórico de amplia aceptación sobre qué ocurrió en los cuarenta años de dictadora y en las cuatro décadas que le siguieron.

FUENTE: publico.es 
Eduardo Bayona 
Zaragoza - 20/11/2017