ANATOMÍA DEL DESPILFARRO

La viabilidad de las pensiones y del Estado de Bienestar están amenazadas por la falta de control, la opacidad en la gestión y la fiebre privatizadora.

Desde hace al menos veinte años, la viabilidad del sistema público de pensiones es cuestionada por nuestros gobernantes y cada cierto tiempo entra en la agenda política, siendo debatida con profusión de datos en los principales medios de comunicación. Según los políticos que apoyan un sistema económico neoliberal cada vez más extendido en Occidente, que defienden la idea de un Estado más pequeño en el cual la empresa privada tendrá un peso cada vez mayor y un poder más omnímodo, entre los principales problemas para el mantenimiento de las pensiones está un hecho incuestionable: que la tasa de natalidad de las naciones avanzadas permanece estancada desde finales del siglo XX, lo cual hace que menos personas laboralmente activas trabajen para más personas que ya no trabajan y que cada vez van a vivir más tiempo como dependientes del Estado de Bienestar. La premisa de la pirámide invertida es cierta, pero no es una verdad absoluta porque los partidarios del sistema neoliberal mienten cuando nos dicen que el único modo de financiar las pensiones públicas es mediante las cotizaciones de los trabajadores en activo. Esto es una falacia, porque los Estados disponen de otros ingresos diferentes de las aportaciones directas de los trabajadores. En nuestro país, las pensiones se financian, básicamente, mediante esas aportaciones, pero en otros países se sufragan también a través de los impuestos o de otros ingresos.

Fraude fiscal y economía sumergida:

En el caso de España, Gestha, la organización que agrupa a técnicos e inspectores de Hacienda, declara que el 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas. Gestha calcula que la suma del dinero que pierde el Estado anualmente asciende a 88.000 millones, 59.000 millones en impuestos y 29.000 en cotizaciones a la Seguridad Social. Jesús Barcelona, coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, señala que el Estado no reconoce estas cifras pese a que están avaladas por estudios de varias universidades y por la propia Comisión Europea. Las cifras de Gestha son claras: el fraude fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%. Si España consiguiese reducir el fraude a niveles europeos podría ingresar 38.000 millones de euros adicionales al año, lo que supondría cuatro veces más que la cantidad recaudada si se aumentase el impuesto del IVA en dos puntos. La diferencia entre los 88.000 millones de fraude fiscal estimado y los 38.000 millones que el Estado podría recuperar se establece porque ningún país del mundo es capaz de detectar la totalidad del fraude que se produce en su territorio. 

El 72% del fraude fiscal que se produce en nuestro país lo llevan a cabo las grandes empresas y las grandes fortunas

La importancia de estas cantidades está determinada por el presupuesto anual que el Estado español dedica al pago de pensiones, una cifra que ascendió a 139.647 millones de euros en 2017. Los últimos datos completos del déficit público de los que disponemos son los de 2016, año en que el déficit alcanzó el 4,51%, es decir, 50.401 millones de euros. El año 2017 se cerró con una cifra estimada del 3,1%. Informes de la Unión Europea cifran en algo más de 12.000 millones de euros los recortes llevados a cabo en gasto sanitario en nuestro país entre 2009 y 2016. En cuanto al gasto público dedicado a Educación de las diferentes administraciones en España, la cifra alcanzaba en 2015 (último ejercicio del cual se tienen datos completos) los 43.979 millones de euros. De los 28 países que conforman la Unión Europea, España ocupa el puesto 23º en cuanto al porcentaje de dinero público destinado a la Educación, con un 4,1% del PIB, muy lejos del 7% de Dinamarca; el 6,5% de Suecia; el 6,4% de Bélgica; o el 6,2% de Finlandia. También estamos lejos de la media europea de gasto en Educación por habitante, que se sitúa en 1.405,38 euros; en este sentido, nuestro país ocupa el puesto 17º de la Unión, con 957,68 euros per cápita. Los recortes en Educación entre 2009 y 2013 fueron de 9.000 millones de euros. Los efectos de estos recortes han sido devastadores: un informe de Comisiones Obreras estima que entre 2012 y 2017 la enseñanza pública perdió 22.531 profesores. Se produjo un incremento de 20.791 personas en el personal interino, así como un envejecimiento de las plantillas, un incremento del número de alumnos por clase y una pérdida para los alumnos de horas de biblioteca, de tutorías y de atención a los alumnos con necesidades especiales. También se han producido recortes en las becas destinadas a la compra de libros de texto y en las ayudas de comedor. Comparemos todas estas cifras de recortes con las cantidades que España puede recaudar anualmente si mejora sus procedimientos a la hora de perseguir el fraude fiscal y la economía sumergida.

El fraude fiscal en España se sitúa en torno al 23%, cuando la media europea es del 13%

Entre las principales dificultades a la hora de afrontar el problema del fraude fiscal está la insuficiente dotación de medios humanos, puesto que en los países de nuestro entorno se destinan entre cuatro y cinco veces más recursos económicos y más personal para detectar el fraude. La organización del trabajo dentro de la Agencia Tributaria también es determinante ya que, aunque el 72% del fraude lo cometen las grandes empresas o las mayores fortunas, cuatro de cada cinco trabajadores de Hacienda de nuestro país que trabajan en la lucha contra el fraude se dedican a investigar a ciudadanos con recursos menores y a empresas pequeñas. El porcentaje entre los técnicos de la Agencia Tributaria dedicados a la lucha contra el fraude respecto a la población está en 1 empleado por cada 1.928 ciudadanos, mientras que la media de la OCDE se sitúa en 1 empleado por cada 900 ciudadanos (1 por cada 860 en Francia; 1 por cada 729 en Alemania; y 1 por cada 551 en Luxemburgo). La falta de inversión también explica la poca eficacia de la Hacienda pública en la lucha contra los defraudadores: tan solo el 30% del personal de la Agencia Tributaria se dedica a la inspección, en contraste con el 42% de la media de la Unión Europea. De resultas de estos datos, los inspectores sólo consiguen detectar el 10% del dinero defraudado. Buena parte del fraude prescribe porque los expedientes iniciados no finalizan a tiempo. Las cantidades que el Estado podría obtener con una inversión más eficiente en la lucha contra el fraude son estimadas, pero se consideran bastante realistas porque los países de nuestro entorno tienen niveles de impuestos similares, lo que significa que, si bien no habría un incremento espectacular de las cantidades conseguidas a corto plazo, sí serían importantes a medio y largo plazo.

FUENTE: ctxt.es
Eduardo Luis Junquera Cubiles

18/04/2018

NO HAY CAMBIO POSIBLE...

No hay cambio posible sin debilitar a las grandes empresas y fortunas

Grandes empresas y fortunas, estos son los actores más importantes de una economía crecientemente globalizada, los que determinan las reglas del juego y los que cosechan los mayores beneficios.

Según la Conferencia de Naciones Unidas y el Desarrollo (UNCTAD) las 100 empresas transnacionales (ET) más importantes tenían en 2015 activos valorados en cerca de 13 billones de dólares, una cantidad superior al Producto Interior Bruto (PIB) de los países que forman parte de la Unión Económica y Monetaria, superaba en un 159% el de toda Latinoamérica y el Caribe, en un 789% el del África Subsahariana, en un 973% el de la economía española y en un 3174% el del conjunto de los países de ingreso bajo, según la clasificación utilizada por el Banco Mundial. Si las comparaciones se hacen teniendo en cuenta las diez ET más importantes, atendiendo al volumen de activos que manejan (Royal Dutch Shell, General Electric, Total, British Petroleum, Exxon Mobil, Chevron, Volkswagen, Vodafone y Apple) las asimetrías son asimismo muy destacadas. Este selecto grupo de grandes corporaciones atesora activos por valor de 3,3 billones de dólares, lo que equivale al 28% del PIB de la zona euro y al 63% del de Latinoamérica y el Caribe, el 108% del contabilizado en el África Subsahariana, el 272% del de España y el 731% del registrado en los países de ingreso bajo.

 

Las grandes empresas no sólo lo son por su tamaño, medido por el volumen de activos que controlan y por las exportaciones que realizan. También tienen conexiones accionariales, entre sí y con otras muchas firmas, creando una tupida malla de intereses y relaciones, revelando un panorama corporativo mucho más concentrado que el reflejado por las estadísticas oficiales.

La tendencia a la concentración empresarial –empresas cada vez más grandes para competir con éxito en los mercados, doméstico y global- y también a la formación de alianzas y grupos de presión que refuerzan el poder oligopólico de las grandes corporaciones forman parte del adn del capitalismo. La crisis económica, lejos de atenuar este proceso concentrador, lo ha impulsado, con el aumento de las fusiones y adquisiciones empresariales, la mercantilización de los espacios públicos y el debilitamiento de la capacidad reguladora de los estados nacionales. El capitalismo que emerge de la crisis es más corporativo y oligárquico.El Credit Suisse (Research Institute, 15 de octubre de 2015) aporta información regular sobre la distribución mundial de la riqueza. Dada la carencia de la datos fiables y contrastados –ante la capacidad que tienen los poderosos para ocultar una parte de su riqueza e ingresos- y la falta de interés mostrada por los gobiernos y las agencias internacionales al respecto, la información aportada por esta institución es del máximo interés.

 

Encontramos en este ámbito un panorama similar al referido a las ET (en realidad, forman parte del mismo proceso, la concentración empresarial y la de la riqueza se retroalimentan). Según el Credit Suisse, en Europa, algo más de 10 millones de personas, el 1,7% de la población adulta, acumulaban una riqueza superior a un millón de dólares. En el estado español gozaban de la misma situación de privilegio 360 mil personas, el 1% de los adultos.

Centrando nuestra atención en los mega ricos, los que concentran una riqueza superior a los mil millones de dólares, el Credit Suisse contabiliza en 2015 a 439 adultos; si se amplía el abanico a todos aquellos cuya riqueza se sitúa entre los 500 y los mil millones habría que añadir otros 696. En nuestro país, 21 personas se encuentran en el tramo superior, más de mil millones, y 33 en el siguiente.

1.574 grandes fortunas de un total de de 7.400.000.000 de habitantes

Nada de esto es relevante para la economía estándar, que permanece instalada en un relato donde los actores son los países y donde el libre juego de la oferta y la demanda, alimentado por una supuesta mano invisible, se configuran como el motor de la economía. Un capitalismo sustentado en la competencia perfecta, donde ninguna empresa puede operar, de manera duradera, con beneficios extraordinarios, y donde no influyen en los procesos de toma de decisiones, en la operativa de los mercados y en la gestión de los asuntos públicos las enormes y crecientes diferencias en la distribución de la renta y riqueza.

Este es el discurso de los poderosos, que oculta, deliberadamente, la existencia de las “manos visibles” de los mercados, que son las de las grandes corporaciones y fortunas, con el inestimable apoyo de las redes y medios de comunicación (intoxicación, más bien) que controlan y, sin el menor pudor, ponen a su servicio. No solo condicionan de manera decisiva las agendas de los gobiernos, sino que han ocupado, en el sentido más literal del término, el espacio de la política y de lo público.

Sin debilitar su poder, ningún cambio es posible.

FUENTE: publico.es

EconNuestra

Fernando Luengo
08 oct 2016

EL MISMO ABONO

Por lo visto Leo Messi padecía igual síndrome que Cristina de Borbón:

¡No sabían nada de nada!

Y es que ambos, cuando miraban sus cuentas bancarias, y veían el dinero crecer y crecer sin medida y sin tino (como las setas en tiempo de humedad) aquello les resultaba lo más normal del mundo. Y es que lo achacaban al abono, el mismo abono que, por lo visto, empleaban Jorge Horacio Messi (Papá-Messi) e Iñaki Urdangarín (Marido-Cristina).

Pero aunque el abono utilizado haya sido el mismo, los conocimientos económicos de ambos no van en paralelo porque, a fin de cuentas, Messi es jugador de fútbol y su trabajo consiste en darle patadas al balón, así que no se le suponen especiales aptitudes en materia contable y fiscal, mientras que la Infanta de Borbón trabajó en una entidad bancaria. Y digo yo que algo aprendería ¿no?

De todas formas, desde mi óptica de ciudadano perjudicado, como el resto, por el continuo escaqueo de caudales e impuestos por parte de los ricos, no eximo de culpa a ninguno de los dos. Entiendo que es una franca tomadura de pelo a este pueblo de atoletados "paganinis", que aleguen ignorancia de haber cometido fraude.

Citizen Plof

 

LOS DOCUMENTOS SECRETOS QUE LA UE OCULTA AL PARLAMENTO EUROPEO

Los presidentes de la Comisión y del Eurogrupo crearon la trama de fraude fiscal masivo para las multinacionales

Juncker y Dijsselbloem ampararon personalmente a grandes corporaciones para ayudarles a evadir impuestos, perjudicando al resto de países de la UE en beneficio de Luxemburgo y Holanda, y luego bloquearon todos los intentos de la Comisión Europea por corregir ese sistema impositivo que defraudó miles de millones de euros a las arcas públicas

Jean-Claude Juncker y Jeroen Dijsselbloem - REUTERS

No sólo han mentido. Han ayudado a las multinacionales a defraudar masivamente a los contribuyentes de toda Europa. Su recompensa: son ahora el presidente de la Comisión Europea y el presidente del Eurogrupo. Es decir, mandan en los máximos organismos de la Unión Europea y forman parte de la Troika que impone condiciones draconianas a Grecia y otros países, gravemente perjudiciales para la ciudadanía, para obligarlos a pagar intereses desorbitados a las entidades financieras.

Son Jean-Claude Juncker y Jeroen Dijsselbloem, y eran los ministros de Finanzas de Luxemburgo y Holanda, respectivamente, cuando se creó el mayor entramado de fraude fiscal que haya conocido Europa, diseñado para permitir que las multinacionales y grandes corporaciones evadiesen impuestos a gran escala en perjuicio de los países miembros de la UE que ahora dirigen.

Además, durante más de 15 años bloquearon todos los intentos de la Comisión Europea por corregir ese sistema impositivo que defraudó miles de millones de euros a las arcas públicas... y hasta ahora mismo han logrado ocultar esos tejemanejes a la propia Eurocámara, cuyos parlamentarios siguen teniendo vetado el acceso a los documentos que demuestran la responsabilidad personal de esos dos políticos en este gigantesco saqueo de las Haciendas de sus socios.

Sólo se ha descubierto su implicación directa gracias a la filtración de los cientos de documentos que mantienen escondidos bajo siete llaves; igual que la existencia de la trama luxemburguesa de evasión fiscal en beneficio de más de 300 multinacionales sólo fue posible gracias a que un empleado de la auditora PWC copió y difundió cientos de esos pactos (tax rulings) inconfesables, levantando el escándalo conocido como LuxLeaks. Hoy, un año después de que se desvelase esa trama, el único que ha sido castigado es el que la denunció: el auditor Antoine Deltour.

Un Grupo de Código de Conducta con muy mal comportamiento

Lo que ahora se ha filtrado a dos de los medios de comunicación más prestigiosos de Europa (Der Spiegel y Le Monde) son las actas de las reuniones a puerta cerrada que celebraron durante años el Grupo de Código de Conducta (Business Taxation) y el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Impositivas, ambos pertenecientes a la Comisión Europea. El contenido de esas actas no sólo se les ha negado a los europarlamentarios que lo han solicitado, sino que se le sigue ocultando a la propia Comisión Especial TAXE creada precisamente para investigar las ramificaciones del LuxLeaks.

Ernest Urtasun, europarlamentario del Grupo Verde y miembro de esa comisión TAXE, subraya que "la publicación de esas informaciones, hasta ahora confidenciales y a las que los diputados europeos no hemos tenido acceso, constituye un importante vuelco en este asunto de las negociaciones secretas sobre fiscalidad. Estas nuevas revelaciones implican directamente a Juncker y Dijsselbloem, como titulares de Finanzas de sus países respectivos, por lo que ahora deben responder de esas artimañas ante el Parlamento Europeo".
  

Saludo afectuoso entre Juncker y Dijsselbloem

Porque lo que revela el contenido de esas actas es que los dos máximos responsables de la UE se dedicaron durante años a obstaculizar todos los intentos por desentrañar la trama de fraude fiscal masivo, gracias a la cual cientos de multinacionales pagaban impuestos bajísimos en Luxemburgo y Holanda por los beneficios que habían hecho en otros países de fiscalidad mucho más elevada. Ambos han negado haber estado implicados personalmente en esa maquinación, pero resulta que dichos documentos demuestran lo contrario, ya que el Grupo Código de Conducta –creado en 1998, pero cuya existencia no fue descubierta por la mayoría de los eurodiputados hasta 2014– trabajaba en total secretismo y estaba bajo el control directo de los ministros de Finanzas de los países miembros.

Tanto Juncker como Dijsselbloem ostentaban las carteras de Finanzas de sus gobiernos (Juncker era, además, primer ministro) cuando bloquearon repetidamente en ese Grupo Código de Conducta todos los intentos por corregir ese fraude fiscal masivo. Más aún, cuando (en marzo de 2013) Bélgica, Holanda y Luxemburgo obstaculizaron una vez más las iniciativas de otros países para acabar con ese entramado, Dijsselbloem ya había sido nombrado presidente del Eurogrupo, el organismo de ministros de Finanzas que coordina las políticas fiscales y financieras de los países que comparten la moneda común. 

Benelux (Be-Ne-Lux)

En esa ocasión, Holanda planteó –en aquella reunión secreta– una "reserva de naturaleza política" sin especificar para tumbar el plan británico y alemán, aprobado previamente por expertos fiscales de la OCDE, que hubiera acabado con la trama defraudadora. O sea, Dijsselbloem actuaba en secreto contra los intereses de los países miembros del Eurogrupo que él mismo presidía.

Por supuesto, el Grupo de Código de Conducta no llegó a tomar acción ninguna, durante casi dos décadas de reuniones continuas, para frenar el comportamiento fiscal claramente perjudicial para la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea que practicaban secretamente los dos actuales máximos cargos de la UE.

Por su parte, Juncker se defendió del escándalo LuxLeaks aduciendo que asumía la responsabilidad política como jefe del Gobierno, pero que él no diseñó la trama ni la conocía. A continuación, fue elegido presidente de la Comisión Europea (el cargo más importante de la UE) con los votos de la Gran Coalición (los grupos popular, socialista y liberal). Pero los documentos ahora desvelados prueban que sí estaba al corriente de todo el entramado, con lo que queda bien claro por qué ordenó ocultarlos a los propios eurodiputados.

Sven Giegold, veterano europarlamentario alemán de Los Verdes, trató de consultar esas actas de las reuniones y se encontró con que no sólo restringían su acceso a una sala cerrada y blindada en la que no le dejaron entrar ni el móvil, sino que los párrafos más importantes estaban tachados para hacerlo ilegibles. A la salida, le fue incautada la libreta donde había tomado notas, como si estuviese en una dictadura.
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​Asimismo, Juncker ha sido señalado como directamente implicado en las negociaciones con multinacionales por el exjefe de asuntos fiscales del gigante Amazon, Bob Comfort, quien mantuvo dos reuniones personales con el ahora presidente de la Comisión Europea y después reconoció en una entrevista con el diario luxemburgués Lëtzebuerger Land que su Gobierno se había comportado como un "socio de negocios" y que el entonces primer ministro había "ayudado a resolver problemas" a la multinacional.

Más aun: el propio Juncker alardeó en un discurso ante el Parlamento de Luxemburgo, en octubre de 2005: "Hemos construido a lo largo de años, de décadas, un entorno fiscal ventajoso" con el que su Gobierno logró atraer a multinacionales como Amazon y America On-Line (AOL). Un año antes, había admitido en una entrevista que el pacto alcanzado con AOL para que se trasladase a Luxemburgo "fue el resultado de más de 200 horas de negociaciones". 

Tanto era así que la consultora Ernst and Young empezó a recomendar a sus inversores, tanto norteamericanos como rusos, que hicieran negocios en Luxemburgo porque "sus funcionarios son accesibles" y "su equipo de Gobierno se implica en una relación muy estrecha con las compañías" multinacionales. Más claro, imposible.

Los documentos ahora filtrados prueban lo que las agencias de la Unión Europea han estado negando durante años: la existencia de una trama de fraude fiscal masivo del que se beneficiaron las grandes corporaciones fundamentalmente mediante dos mecanismos, los pactos directos (tax rulings) con el Ejecutivo las patentes falseadas (license box rules). Estas últimas eran descaradas: las multinacionales asignaban falsamente la propiedad de sus licencias, copyrights y patentes a sus filiales en Luxemburgo o La Haya –donde, por supuesto, no se habían desarrollado ni explotado– y transferían los beneficios obtenidos en otros países a esas empresas pantalla, para que pagaran tipos fiscales cercanos a cero aunque las ganancias fueran de miles de millones.

Una de las actas secretas que han salido a la luz expone ya en 2005 que "ciertos países miembros han regresado a prácticas de rulings potencialmente perjudiciales" para el resto de los miembros de la UE. Otras actas especifican claramente que se trata de "Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica" (17 de abril de 2012) y detallan las maniobras que esos tres gobiernos del Benelux acometen coordinadamente una y otra vez a lo largo de los años para obstaculizar cualquier intento de tirar de la manta.
  

El egoísmo y la avaricia de algunos dirigentes está hundiendo la Unión Europea.

Hasta que un frustradísimo alto funcionario alemán dirige a Berlín un cable, en marzo de 2013, en el que protesta de que no se estaba haciendo nada para frenar los "modelos impositivos dañinos" que "sobre todo se basan en las license box rules de Luxemburgo y Países Bajos". Pero de nada sirvió su denuncia porque esos dos países siguieron bloqueando cualquier medida correctiva.

"Estas revelaciones dejan claro lo que hemos sospechado durante mucho tiempo: los países más que se han beneficiado del dumping fiscal han trabajado activa y sistemáticamente para bloquear el progreso de la UE sobre las reformas fiscales encaminadas a abordar el problema", explica Urtasun a Público. "Juncker y Dijsselbloem, eran los responsables políticos en esta materia en Luxemburgo y Holanda respectivamente cuando sus gobiernos bloqueaban los avances en materia fiscal. Por lo tanto, deben asumir su responsabilidad es esencial que comparezcan ante el comité especial de investigación TAXE para explicar su relación con los comportamientos de sus gobiernos detallados en esta filtración".

"Aprovechándose de que las decisiones del Consejo deben tomarse por unanimidad en materia fiscal, han vetado cualquier progreso", subraya el eurodiputado español. "Eso les ha permitido mantener las lagunas en la legislación de la UE en virtud del cual las grandes corporaciones (como IKEA, Google, Amazon, Starbucks, Fiat y muchas otras) fueron capaces de evitar el pago de miles de millones de euros de sus impuestos a las haciendas nacionales".

Logos de Starbucks y Fiat

Urtasun recuerda que "España es uno de los ocho países que más dinero han perdido por las planificaciones fiscales agresivas, casi 5.000 millones de euros perdidos en 2012 según los cálculos de Tax Justice Network. La Comisión Europea también es responsable, y debería explicar por qué no intervino en su papel de guardiana de los Tratados de la UE".

"Además –concluye Urtasun–, estas fugas demuestran la importancia de un acceso completo a todos los documentos para poder completar el trabajo de la investigación del comité especial. Hasta ahora, la Comisión Europea y los gobiernos se han negado a cooperar. Estas revelaciones deberían hacerlos reconsiderar su posición y darnos a los miembros del comité de investigación acceso completo a los documentos pertinentes".

La danesa Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, ya ha identificado tax rulings ilegales de Luxemburgo con Fiat y con Amazon, de Holanda con Starbucks, y de Irlanda con Apple. Pero si el comité especial de investigación de la Eurocámara estudia las actas ahora filtradas, se podrá demostrar que los actuales presidentes de la UE capitanearon desde sus gobiernos la mayor operación de defraudación fiscal masiva jamás cometida en Europa.

Margrethe Vestager

No sorprende, pues, que Juncker haya intentado impedir que esos documentos salieran a la luz pública. Pero ahora ya no tiene más remedio que rendir cuentas... y son astronómicas.

FUENTE: publico.es

Carlos Enrique Bayo

Madrid - 12/11/2015

Esta trapisonda, que tanto ha perjudicado económicamente a España, me recuerda la charla que, allá por los años 80 (si no me falla la memoria) dio Fidel Castro en el Club Siglo XXI de Madrid, donde dijo no entender el el empeño del gobierno español (en aquel momento) por ser el vagón de cola de Europa, cuando podía crear un mercado con los países del norte de África y ser la locomotora.

HAY PARA RATO

Rodrigo Rato, detenido por alzamiento de bienes, fraude fiscal y blanqueo de capitales

La gestión que ha hecho el Gobierno tratando de explicar cuál fue el papel del presidente y sus ministros en la filtración de la investigación del patrimonio de Rodrigo Rato, su detención ante las cámaras y periodistas y puesta en libertad a las pocas horas, amenaza con crear una fractura entre el PP y el Ejecutivo y en el propio seno de éste.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha intentando desvincular por completo al Ejecutivo de Mariano Rajoy de todo el proceso -desde la filtración a la puesta en libertad de Rato antes de que se acabara el registro de su despacho- asegurando que "todos los que tienen una información sujeta al correspondiente deber de sigilo lo tienen que respetar". 

 El Ejecutivo de Mariano Rajoy

 

En el caso de Rato -y el resto de los más de 715 investigados por Hacienda tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012-, esta obligación de confidencialidad se hace extensiva a todos aquellos funcionarios que conozcan los datos. "Me gusta que la ley se respete -ha señalado Soraya Sáenz de Santamaría-, porque el Gobierno cumple con la ley, la confidencialidad y el respeto a las decisiones judiciales", ha concluido.

Con todo, la portavoz del Gobierno ha admitido que las filtraciones a los medios de comunicación ("receptores") "son habituales", aunque ha insistido en que el Ejecutivo garantiza la "confidencialidad" de los procesos; y la prueba es que ha proporcionado "los datos" y no "los nombres" de las más de 715 personas investigadas por la Agencia Tributaria tras acogerse a la amnistía fiscal y serles detectadas irregularidades fiscales. Sáenz de Santamaría no ha explicado, sin embargo, por qué se conoció el nombre de Rato y ninguno más.

"Injerencias"

La vicepresidenta ha querido ir más allá y preguntada sobre si partió del Gobierno la orden de detención del exvicepresidente y los registros de sus propiedades, la número dos del Ejecutivo aseguró que éste "ni autoriza ni desautoriza ninguna actuación de la Agencia Tributaria, la Fiscalía y los tribunales, hasta ahí podíamos llegar", remarcó insistiendo en que "la ley se aplica para todos y los gobiernos están para cumplirla y hacer que se cumpla, no para tomar decisiones que son injerencias".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicando el tamaño de algo.

La vicepresidenta, pues, aparte de tratar de eximir al presidente y a los ministros de toda responsabilidad en la inédita y confusa puesta en escena del 'caso Rato', no ha aclarado los muchos puntos oscuros que salpican este asunto que afecta a quien ha sido el mayor referente del PP, probablemente, tras Rajoy y José María Aznar. De hecho, por no aclarar, Sáenz de Santamaría ni siquiera sacó de dudas a los periodistas sobre si el jefe del Ejecutivo sabía que el exvicepresidente, excompañero y (ex)amigo iba a ser detenido. La portavoz del Gobierno se limitó a admitir que "no siempre se pueden controlar" las filtraciones que, según insistió una y otra vez, no proceden de la primera línea del Ejecutivo.

Dos minutos y medio

La polémica sobre la intervención de Sáenz de Santamaría el miércoles en el Congreso, pronunciando el denostado concepto de "amnistía fiscal" para responder a una pregunta del PSOE, también surgió en la rueda de prensa de hoy en La Moncloa. La vicepresidenta -que en ningún momento admitió haberse equivocado- aseguró que lo que ella intenta cuando responde a los grupos de la oposición "en dos minutos y medio", es que se le entienda. Y, según ella, lo que trataba de explicar sobre este proceso de 2012 es que, "llamémosle como le llamemos, ni se perdonan delitos ni se condona toda la deuda tributaria pendiente".

En comparación -se defendió en una detallada explicación-, la amnistía fiscal de los años 90 (una de las dos llevadas a cabo por el PSOE), se hizo de forma "oscura", mediante la compra de deuda pública, perdonando posibles delitos sobre el origen del dinero al no investigarlo y, encima, con el "pago por parte del Estado de los intereses" de la deuda adquirida. La amnistía, explicó, es el "olvido legal de los delitos", cosa que el Gobierno de Rajoy no ha hecho, según su número dos.

 

FUENTE: publico.es
Ana Pardo de Vera
24/04/2015

COMENTARIOS 

MICHAEL HARTMANN 
Una declaración que muestra al desnudo el carácter corrupto, cínico, hipócrita y mentiroso del PP que pretendía mantener en SECRETO el "Caso Rato". 

BENJAMINFERNANDEZ111 

Que si Rato, que si Gurtel, que sin Púnica. que si Bárcenas, que si Chaves, que si el cuento de nunca acabar porque, tanto PP como PSOE, andan metidos hasta las orejas en un inmenso lodazal de corrupción que salpica y mancha a la ciudadanía: paro, desahucios, sueldos de asco y miseria. Este bipartidismo tiene que desaparecer por el bien de las libertades, de la democracia y de la justicia social. (Salud).

EL PP IMPIDE LA COMPARESCENCIA DE HERVÉ FALCIANI

Hervé Falciani 

El PP se ha quedado solo este martes en el Congreso rechazando que el exinformático del HSBC, Hervé Falciani, informe al Parlamento del fraude fiscal y de su lista de españoles con cuentas en Suiza. 

En la Comisión de Hacienda, el socialista Pedro Saura ha dicho que el Congreso "no puede mirar para otro lado" y que debe investigar los mecanismos de evasión y ver cómo funcionan para poder legislar con conocimiento de causa. "La oposición sólo quiere enredar y hacer ruido político", ha dicho la portavoz 'popular', Ana Madrazo.

 Ana Mª Madrazo Díaz

Por eso el PSOE propuso en su día una subcomisión de estudio que fue desestimada por el PP y ahora reclamaba la comparecencia de Falciani y también la del secretario de Estado de Haciendo, Miguel Ferre. Izquierda Plural, por su parte, reclamó la presencia del ministro Cristóbal Montoro, pero el Gobierno prefirió ofrecer al director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.

Alberto Garzón, de IU, ha expresado su indignación por la negativa del PP a citar a Falciani, al que considera la persona que "ha conseguido demostrar la hipocresía del sistema político español y europeo, del sistema financiero y de los trucos fiscales, a veces corruptos a veces legales, que permiten que unos delincuentes de cuello blanco acaben produciendo recortes en sanidad, educación y servicios públicos".

 Alberto Garzón Espinosa

"Gracias, no a la justicia ni los gobiernos de PSOE y PP, sino a la filtración y al trabajo esforzado de periodistas internacionales y españoles, conocemos cómo muchas de estas personas, que son evasores fiscales, y que se dicen patriotas, usan mecanismos de ingeniería jurídica y fiscal para evadir impuestos y ahondar la crisis económica".

También el diputado de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha apoyado las tres comparecencias subrayando que la lista Falciani, aun siendo un caso del pasado, no se ha aclarado satisfactoriamente en España y "existe una sospecha muy fundada de trato de favor" porque a los que figuraban no se les abrió una investigación, que habría impedido la prescripción, sino que se les ofreció la regularización.

 

Álvaro Anchuelo Crego

Toni Picó, de CiU, ha respaldado las comparecencias "desde la transparencia que debe iluminar este tema" y "para resolver todas las dudas". "Es necesario dar luz a este asunto. si realmente se quiere actuar y dar una respuesta contundente a este tipo de cosas, y para ello serían oportunas las comparecencias", sostiene.

Pero el PP se ha cerrado en banda asegurando, por boca de Ana Madrazo, portavoz de Hacienda, que "a la oposición no le interesa en absoluto escuchar los avances en la lucha contra el fraude y los resultados históricos" que ofrece la Agencia Tributaria.

El debate ha provocado también un cruce de acusaciones entre PP y PSOE sobre la actuación de sus respectivos Gobiernos en relación con la llamada 'lista Falciani'. Según Ana Madrazo, el Ejecutivo socialista aún debe explicar por qué en 2010 se limitó a enviar una "amable carta" a los mencionados en la lista para regularizar su situación tributaria y en cambio no iniciaron procedimientos de inspección, lo que "libró a muchos presuntos defraudadores de la vía penal y redujo al mínimo las sanciones aplicables". "Todavía estamos esperando esas explicaciones", ha señalado la diputada del PP. 
 

Saura ha asegurado que, cuando la lista Falciani llegó a España, sólo se disponía de un mes para tomar decisiones y se siguieron recomendaciones técnicas de los servicios de inspección. Pero ha querido dejar claro que aquella exigencia del 52% más intereses y sanciones no puede compararse con la "repugnante amnistía fiscal" del PP en 2012, que supuso un "bonito regalo de sólo tener que pagar un 3% sin perseguir el origen del capital defraudado".

FUENTE: eldia.es

Europa Press

Madrid - 17/02/2015 

¿QUÉ PASA EN GRECIA (Y EN ESPAÑA)?

Las economías de la Eurozona que están teniendo mayores dificultades son las de los países referidos en la terminología anglosajona como PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España –Spain en inglés–). Todos ellos tienen en común haber sido gobernados, por un largo periodo de tiempo, por dictaduras de ultraderecha, impuestas a la población de aquellos países por golpes militares. La excepción es Irlanda, que no estuvo gobernada por una dictadura, sino por un partido ultraconservador, muy ligado a la Iglesia. Esta historia común en todos estos países –haber sido gobernados por fuerzas ultraconservadoras- explica que todos ellos tengan Estados muy pobres, con una escasa conciencia social y que sean muy poco redistributivos. Los datos hablan por sí solos.

Comencemos por la pobreza de sus Estados, que queda reflejada en el hecho de que en todos ellos los ingresos al Estado están muy por debajo del promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países más desarrollados económicamente de la UE. Mientras que los ingresos al Estado representaban en el promedio de la UE-15 el 44% del PIB al inicio de la crisis (en Suecia eran el 54%), en España eran el 34%, en Portugal el 39%, en Grecia el 37% y en Irlanda el 34%, todos ellos más bajos que el promedio. Un déficit semejante ocurría en el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos, porcentajes más bajos que en el promedio de la UE-15 (15%). En España era el 10%, en Grecia el 14% (debido a la enorme expansión de sus fuerzas armadas), en Portugal el 7% y en Irlanda el 12%.

Una causa común de esta pobreza del Estado es, en todos ellos, el enorme fraude fiscal procedente, en su mayoría, de las clases sociales más pudientes de la sociedad y de las grandes empresas que dominan la economía de cada uno de estos países. En Grecia estos grupos incluyen “las 50 familias que son las que mandan en el país” (ver “Syriza: Business and Rows to Shake Up Vested Interests”, Financial Times, 07.01.15, p. 3). Este fraude fiscal es bien conocido no solo en el país, sino también internacionalmente. En realidad, nada menos que la Presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Sra. Christine Lagarde, ha citado en varias ocasiones la existencia de una lista de más de 2.000 personas prominentes en la vida política, económica, financiera, mediática y cultural griega que tienen cuentas bancarias en Suiza (conocida en Grecia como la “lista Lagarde”). El Estado griego no ha hecho nada (repito, nada) para corregir esta situación.

La complicidad del Estado en el mantenimiento del fraude explica su inmovilismo hacia la corrección del mismo. El dominio de los sectores empresariales más poderosos del país sobre el Estado se traduce en este enorme fraude fiscal (como también ocurre en España), así como en la limitadísima capacidad redistributiva del Estado, siendo Grecia uno de los países (como ocurre también en España) donde hay mayor concentración de la riqueza y mayores desigualdades sociales, fenómenos que se han acentuado incluso más durante los años de crisis (como ha ocurrido también en España. Ver mi artículo “España, uno de los países más desiguales en el mundo desarrollado”, Público, 08.01.15). España y Grecia están entre los países de la UE-15 con Estados menos redistributivos.

Otro síntoma de este enorme poder de las clases y grupos dominantes es el maridaje y complicidad de estas clases y grupos empresariales con el Estado y con los mayores grupos mediáticos del país (como también ocurre en España). En realidad, una de las propuestas del partido Syriza es la de intentar romper con estos monopolios mediáticos, propuesta que, predeciblemente, ha originado una campaña contra Syriza por parte de tales medios, habiéndose presentado esta campaña como una “defensa de la libertad de expresión” libertad que hoy prácticamente no existe en Grecia. De hecho, hay una escasísima diversidad ideológica en los medios (como también ocurre en España).

Otro indicador que el Financial Times también señala (y que Syriza denuncia) es este maridaje entre el poder económico y el poder político, del que es una muestra la estrecha relación existente entre las constructoras, las inmobiliarias, la banca y el Estado, las cuales son una fuente constante de corrupción (como también ocurre en España), una relación basada en un clientelismo en el que el Estado está claramente instrumentalizado por intereses muy particulares que anteponen sus prioridades a las del interés general. El corresponsal del Financial Times en Atenas, en un interesante artículo, muestra las relaciones estrechas con el poder político de los grandes oligarcas empresariales en el país. (Kerin Hope “Syriza turns Greek oligarchs from taboo subject to economic priority”, Financial Times, 13.01.14)

Ni que decir tiene que estas características del Estado dificultan enormemente la eficiencia y competitividad de la economía griega. La evidencia de que esto es así es abrumadora. Y, sin embargo, el establishment europeo (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) y el gobierno alemán, que lidera la vida política, financiera y económica europea, no han dicho ni pío sobre esta situación, centrando sus exigencias en la necesidad de continuar con las medidas de austeridad del gasto público, y muy en particular del gasto público social, y también con las reformas estructurales que tienen como objetivo debilitar al mundo del trabajo para reducir los salarios y eliminar la protección social, todo ello bajo la retórica de mejorar la competitividad de la economía griega. ¡Y lo dicen sin siquiera sonrojarse! ¡Y lo mismo ocurre en España!

Una última nota. El establishment español se ha movilizado apoyando a los establishments financiero, económico, político y mediático griegos alertando del desastre que supondría para Grecia (y para España) la victoria de Syriza. En esa campaña de miedo se alcanzan niveles claramente hiperbólicos, que aparecen constantemente en los mayores medios de difusión. Un ejemplo de ello es el columnista en temas económicos de El País, conocido por su falta de rigor e incompetencia, el Sr. J. C. Díez, que en su último artículo sobre Grecia titulado “El avispero griego” (12.01.15) llega a afirmar que cada ciudadano español perderá 300€ si las supuestas quitas de deuda de Syriza se llevan a cabo. Tal personaje llega a esta conclusión presentando información errónea, manipulando la realidad hasta extremos inverosímiles (ver mi artículo “Las incompetencias de los gurús mediáticos: el economista J.C. Díez”, Público, 07.01.15). Y naturalmente tal señor continuará pontificando sobre temas económicos con enormes cajas de resonancia. Así es la España actual que, millones de ciudadanos, están deseando que pronto cambie.

FUENTE: publico.es
Dominio público - Opinión a fondo
Vicenç Navarro (Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra)
15/01/2015

SÓLO PAGAN A HACIENDA EL 17,7% DE SUS BENEFICIOS

Las grandes empresas son las más beneficiadas por las deducciones del Impuesto de Sociedades.

En tres años, la factura real de las empresas con el Fisco se ha reducido en 2,5 puntos.

  

De cada 100 euros que obtienen como beneficios, las empresas pagan a Hacienda apenas 18 euros. Las diversas bonificaciones y deducciones existentes en el Impuesto sobre Sociedades permiten que las compañías reduzcan notablemente su factura con Hacienda; una situación que beneficia especialmente a las compañías más grandes.

La última Memoria de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, con datos referidos al ejercicio de 2009, cifra en el 17,7% el tipo efectivo en el Impuesto Sobre Sociedades, esto es, lo que de verdad representa el pago a Hacienda sobre los resultados obtenidos,una vez aplicadas las deducciones, bonificaciones y desgravaciones. Este porcentaje contrasta con el 30% del gravamen general del impuesto (ó el 25% que soportan las pymes, entendiendo como tales las que facturan menos de 8 millones de euros).

La última reforma de este tributo (que entró en vigor en 2007) contemplaba una progresiva reducción y desaparición de las deducciones, pero eso no ha supuesto que las empresas hayan tenido que pagar más al fisco. Al contrario. Las estadísticas de Hacienda muestran que en los últimos años el tipo efectivo ha ido bajando acusadamente: en 2003, este ratio era del 24,4%, con el tipo general en el 35%; y en 2007, cuando se rebajó el gravamen al 30%, el tipo efectivo se situaba el 20,2%. En tres ejercicios, el porcentaje real de pago de impuestos de las empresas se ha reducido en 2,5 puntos porcentuales.

Recreación de un agujero negro...

¿Les recuerda algo?

Y cuanto mayor es la empresa, menos paga a Hacienda. Los datos de la Memoria de la Administración Tributaria muestran que las compañías con una facturación de más de 1.000 millones de ingresos tienen un tipo efectivo del 16,4% (más de un punto inferior de la media). Las grandes empresas, con departamentos fiscales internos y la ayuda de grandes despachos profesionales, suelen exprimir al máximo las posibilidades que les permite la ley del Impuesto (y en algunos casos, rozando lo permisible, según denuncian las asociaciones de inspectores fiscales y de técnicos de Hacienda). Las pymes apenas pueden exprimir las deducciones, y todas las empresas que facturan menos de 10 millones de euros soportan un tipo efectivo superior a la media. Las más pequeñas son las que, en términos relativos, acaban pagando más al fisco: las que facturan entre 50.000 y 250.000 euros tienen un tipo efectivo del 21,9%, y las que facturan menos de 50.000 euros, del 23,4%.

El ejercicio de 2009 fue el primero de la crisis que siguió a la quiebra de Lehman Brothers. Las grandes empresas españolas, las que forman parte del Ibex 35, tuvieron aquel año unos beneficios 42.000 millones, un 21% menos que en 2008 (luego, con la recuperación 2010, subieron a 49.000 millones). Pero esto no tiene mucho impacto en el tipo efectivo, que tiene que ver sobre todo con deducciones y desgravaciones por inversiones y otras actuaciones realizadas en ejercicios anteriores.

La crisis sí que produjo la desaparición de empresas, especialmente pymes. Los datos de la memoria de Hacienda señalan que en 2009 hubo 1,41 millones de declarantes del Impuesto sobre Sociedades; de éstos, 1,19 eran los que el impuesto denomina "de reducida dimensión", esto es, las empresas que facturan menos de 8 millones de euros. Eran 6.600 empresas menos que un año antes.


COMENTARIOS DE LOS LECTORES

txusbm:
Pues si tenemos encuenta como los beneficios los desvian y ocultan, deberian ser investigadas, que aqui siempre pagamos los asalariados para que unos (que luego son los mas patriotas) nos estafen. Por eso el PP se carga a los que investigan los fraudes.

michael hartamnn:
Si las empresas sólo pagan a Hacienda el 17,7% de sus beneficios... ¿dónde está el resto o sea más allá del 80%?

Si se investigara, llegarían a la conclusión de que los "capitales " están fondeados en paraísos fiscales, porque de otra forma, no se explica cómo hay en ellos el doble del PIB español, y cómo, los empresarios y la oligarquía en general, han llegado a apodererse de casi el 70% del PIB de este país, siendo como son, una ridícula minoría del 0,8% de la población, cuando hace 25 años sólo poseían un 6% del total. O sea, que en un cuarto de siglo han robado al estado español nada menos que un 64% de toda la riqueza (del Producto Interior Bruto). Ahí tenéis las causas de la "deuda" y de la quiebra del estado.

chief gall:
Y este puto indio, con un sueldo de 35.000 euros anuales, paga un 24%

Datos tomados de Público.es
P.G. MADRID 11/08/2012