Las economías de la Eurozona que están teniendo mayores dificultades
son las de los países referidos en la terminología anglosajona como PIGS
(Portugal, Irlanda, Grecia y España –Spain en inglés–). Todos ellos
tienen en común haber sido gobernados, por un largo periodo de tiempo,
por dictaduras de ultraderecha, impuestas a la población de aquellos
países por golpes militares. La excepción es Irlanda, que no estuvo
gobernada por una dictadura, sino por un partido ultraconservador, muy
ligado a la Iglesia. Esta historia común en todos estos países –haber
sido gobernados por fuerzas ultraconservadoras- explica que todos ellos
tengan Estados muy pobres, con una escasa conciencia social y que sean
muy poco redistributivos. Los datos hablan por sí solos.
Comencemos por la pobreza de sus Estados, que queda reflejada en el
hecho de que en todos ellos los ingresos al Estado están muy por debajo
del promedio de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de
países más desarrollados económicamente de la UE. Mientras que los
ingresos al Estado representaban en el promedio de la UE-15 el 44% del
PIB al inicio de la crisis (en Suecia eran el 54%), en España eran el
34%, en Portugal el 39%, en Grecia el 37% y en Irlanda el 34%, todos
ellos más bajos que el promedio. Un déficit semejante ocurría en el
porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios públicos,
porcentajes más bajos que en el promedio de la UE-15 (15%). En España
era el 10%, en Grecia el 14% (debido a la enorme expansión de sus
fuerzas armadas), en Portugal el 7% y en Irlanda el 12%.
Una causa común de esta pobreza del Estado es, en todos ellos, el
enorme fraude fiscal procedente, en su mayoría, de las clases sociales
más pudientes de la sociedad y de las grandes empresas que dominan la
economía de cada uno de estos países. En Grecia estos grupos incluyen
“las 50 familias que son las que mandan en el país” (ver “Syriza:
Business and Rows to Shake Up Vested Interests”, Financial Times,
07.01.15, p. 3). Este fraude fiscal es bien conocido no solo en el
país, sino también internacionalmente. En realidad, nada menos que la
Presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Sra. Christine
Lagarde, ha citado en varias ocasiones la existencia de una lista de más
de 2.000 personas prominentes en la vida política, económica,
financiera, mediática y cultural griega que tienen cuentas bancarias en
Suiza (conocida en Grecia como la “lista Lagarde”). El Estado griego no
ha hecho nada (repito, nada) para corregir esta situación.
La complicidad del Estado en el mantenimiento del fraude explica su inmovilismo hacia la corrección del mismo. El dominio de los sectores empresariales más poderosos del país sobre el Estado se traduce en este enorme fraude fiscal (como también ocurre en España), así como en la limitadísima capacidad redistributiva del Estado, siendo Grecia uno de los países (como ocurre también en España) donde hay mayor concentración de la riqueza y mayores desigualdades sociales, fenómenos que se han acentuado incluso más durante los años de crisis (como ha ocurrido también en España. Ver mi artículo “España, uno de los países más desiguales en el mundo desarrollado”, Público, 08.01.15). España y Grecia están entre los países de la UE-15 con Estados menos redistributivos.
Otro síntoma de este enorme poder de las clases y grupos dominantes es el maridaje y complicidad de estas clases y grupos empresariales con el Estado y con los mayores grupos mediáticos del país (como también ocurre en España). En realidad, una de las propuestas del partido Syriza es la de intentar romper con estos monopolios mediáticos, propuesta que, predeciblemente, ha originado una campaña contra Syriza por parte de tales medios, habiéndose presentado esta campaña como una “defensa de la libertad de expresión” libertad que hoy prácticamente no existe en Grecia. De hecho, hay una escasísima diversidad ideológica en los medios (como también ocurre en España).
Otro indicador que el Financial Times también señala (y que Syriza denuncia) es este maridaje entre el poder económico y el poder político, del que es una muestra la estrecha relación existente entre las constructoras, las inmobiliarias, la banca y el Estado, las cuales son una fuente constante de corrupción (como también ocurre en España), una relación basada en un clientelismo en el que el Estado está claramente instrumentalizado por intereses muy particulares que anteponen sus prioridades a las del interés general. El corresponsal del Financial Times en Atenas, en un interesante artículo, muestra las relaciones estrechas con el poder político de los grandes oligarcas empresariales en el país. (Kerin Hope “Syriza turns Greek oligarchs from taboo subject to economic priority”, Financial Times, 13.01.14)
Ni que decir tiene que estas características del Estado dificultan enormemente la eficiencia y competitividad de la economía griega. La evidencia de que esto es así es abrumadora. Y, sin embargo, el establishment europeo (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) y el gobierno alemán, que lidera la vida política, financiera y económica europea, no han dicho ni pío sobre esta situación, centrando sus exigencias en la necesidad de continuar con las medidas de austeridad del gasto público, y muy en particular del gasto público social, y también con las reformas estructurales que tienen como objetivo debilitar al mundo del trabajo para reducir los salarios y eliminar la protección social, todo ello bajo la retórica de mejorar la competitividad de la economía griega. ¡Y lo dicen sin siquiera sonrojarse! ¡Y lo mismo ocurre en España!
Una última nota. El establishment español se ha movilizado apoyando a
los establishments financiero, económico, político y mediático griegos
alertando del desastre que supondría para Grecia (y para España) la
victoria de Syriza. En esa campaña de miedo se alcanzan niveles
claramente hiperbólicos, que aparecen constantemente en los mayores
medios de difusión. Un ejemplo de ello es el columnista en temas
económicos de El País, conocido por su falta de rigor e
incompetencia, el Sr. J. C. Díez, que en su último artículo sobre Grecia
titulado “El avispero griego” (12.01.15) llega a afirmar que cada
ciudadano español perderá 300€ si las supuestas quitas de deuda de
Syriza se llevan a cabo. Tal personaje llega a esta conclusión
presentando información errónea, manipulando la realidad hasta extremos
inverosímiles (ver mi artículo “Las incompetencias de los gurús
mediáticos: el economista J.C. Díez”, Público, 07.01.15). Y
naturalmente tal señor continuará pontificando sobre temas económicos
con enormes cajas de resonancia. Así es la España actual que, millones de ciudadanos,
están deseando que pronto cambie.
La complicidad del Estado en el mantenimiento del fraude explica su inmovilismo hacia la corrección del mismo. El dominio de los sectores empresariales más poderosos del país sobre el Estado se traduce en este enorme fraude fiscal (como también ocurre en España), así como en la limitadísima capacidad redistributiva del Estado, siendo Grecia uno de los países (como ocurre también en España) donde hay mayor concentración de la riqueza y mayores desigualdades sociales, fenómenos que se han acentuado incluso más durante los años de crisis (como ha ocurrido también en España. Ver mi artículo “España, uno de los países más desiguales en el mundo desarrollado”, Público, 08.01.15). España y Grecia están entre los países de la UE-15 con Estados menos redistributivos.
Otro síntoma de este enorme poder de las clases y grupos dominantes es el maridaje y complicidad de estas clases y grupos empresariales con el Estado y con los mayores grupos mediáticos del país (como también ocurre en España). En realidad, una de las propuestas del partido Syriza es la de intentar romper con estos monopolios mediáticos, propuesta que, predeciblemente, ha originado una campaña contra Syriza por parte de tales medios, habiéndose presentado esta campaña como una “defensa de la libertad de expresión” libertad que hoy prácticamente no existe en Grecia. De hecho, hay una escasísima diversidad ideológica en los medios (como también ocurre en España).
Otro indicador que el Financial Times también señala (y que Syriza denuncia) es este maridaje entre el poder económico y el poder político, del que es una muestra la estrecha relación existente entre las constructoras, las inmobiliarias, la banca y el Estado, las cuales son una fuente constante de corrupción (como también ocurre en España), una relación basada en un clientelismo en el que el Estado está claramente instrumentalizado por intereses muy particulares que anteponen sus prioridades a las del interés general. El corresponsal del Financial Times en Atenas, en un interesante artículo, muestra las relaciones estrechas con el poder político de los grandes oligarcas empresariales en el país. (Kerin Hope “Syriza turns Greek oligarchs from taboo subject to economic priority”, Financial Times, 13.01.14)
Ni que decir tiene que estas características del Estado dificultan enormemente la eficiencia y competitividad de la economía griega. La evidencia de que esto es así es abrumadora. Y, sin embargo, el establishment europeo (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) y el gobierno alemán, que lidera la vida política, financiera y económica europea, no han dicho ni pío sobre esta situación, centrando sus exigencias en la necesidad de continuar con las medidas de austeridad del gasto público, y muy en particular del gasto público social, y también con las reformas estructurales que tienen como objetivo debilitar al mundo del trabajo para reducir los salarios y eliminar la protección social, todo ello bajo la retórica de mejorar la competitividad de la economía griega. ¡Y lo dicen sin siquiera sonrojarse! ¡Y lo mismo ocurre en España!
Dominio público - Opinión a fondo
Vicenç Navarro (Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra)
15/01/2015
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