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10/2/17

CONTINUAMOS EN LAS CLOACAS DEL ESTADO

De Malaya a Vitaldent: Villarejo ganó dinero con acusados de corrupción por la UDEF


La Unidad de Asuntos Internos puso en conocimiento de la Fiscalía las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales detectadas en el entramado del comisario, así como sus negocios con condenados o clientes imputados por la Justicia.

El comisario José Manuel Villarejo, el cerebro de la trama Malaya, Juan Antonio Roca, y el empresario Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokan'. EFE
El comisario José Manuel Villarejo, el cerebro de la trama Malaya, 
Juan Antonio Roca,  y el empresario Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokán'. EFE


Eugenio Pino

Hay muchos tipos de incompatibilidades, pero algunos son tan descarados que parece imposible que Interior no se diese cuenta durante tantos años.

El comisario José Manuel Villarejo Pérez siempre ha combinado su trabajo público y privado, lo que le ha reportado suculentos beneficios. Aunque su labor en la Comisaría General de Policía Judicial consistía en perseguir a presuntos blanqueadores de capitales y ponerlos en manos de los tribunales, el veterano policía no dudó en hacer negocios con algunos de estos investigados
 

Villarejo, el del traje claro y la corbata malva.

El más llamativo de todos esos negocios claramente incompatibles con su condición de agente de la Ley es el de la venta de terrenos al empresario cordobés Rafael Gómez Sanchéz, conocido como Sandokan poco después de estallar la Operación Malaya en la que estaba imputado el comprador y por la que fue condenado recientemente. Además, el propio Villarejo participaba en dicha operación colaborando con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, bajo las órdenes del comisario José Luis Olivera. 

Pero en el informe se detallan otras operaciones inconfesables, como la que hizo con José María Clemente Marcet, que estuvo imputado en la Operación Hidalgo, también relacionada con el lavado de dinero. Los investigadores también destacan que entre los clientes del Grupo CENYT (núcleo del imperio empresarial de Villarejo) también se encuentra la empresa Vitaldent, cuyos propietarios están en prisión preventiva por presuntos delitos económicos muy similares.


La Unidad de Asuntos Internos destaca sus transacciones con imputados y condenados por blanqueo de capitales.La Unidad de Asuntos Internos destaca sus transacciones con imputados y condenados por blanqueo de capitales.

Seis millones de plusvalía en cuatro días

Como hemos subrayado, en septiembre de 2006, cinco meses después de que se descargase el primer gran golpe contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, el comisario Villarejo entró a formar parte de una operación urbanística en Córdoba con uno de los principales imputados en la trama Malaya, Rafael Gómez Sánchez "Sandokán". 

El Grupo CENYT y LEXTOR (otra de las sociedades creadas por Villarejo con el dinero que trajo de Uruguay) aportaron dos parcelas a la Junta de Compensación del plan parcial Carretera de Palma, en la que también participaba "Sandokán" con la sociedad Arenal 2000 SL. El precio estipulado para las fincas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba era de 318.926,7 euros para una de ellas y de 457.344 para la otra, es decir, no iba a ganar ¡ni un millón de euros por ellas!


Rafael Gómez "Sandokán"

Sin embargo, Villarejo consiguió que pocos días después de esta aportación, el imputado en Malaya le pagara 2.404.048,42 euros por la primera y 4.207.084,74 euros por la segunda. Por tanto, apunta el informe, CENYT y LEXTOR "consiguen en cuatro días una plusvalía de 5.834.862,46 euros, lo que resulta difícil de justificar en ese momento, si se tiene en cuenta que el tiempo transcurrido es mínimo para suponer que se trata de una revalorización habitual en el mercado inmobiliario".

Los investigadores apuntan también que la operación se realizó casi en el mismo momento en que la UDEF detenía a Sandokán, en junio de 2006, dentro del marco de la Operación Malaya, por la que después sería condenado a seis meses de prisión por pagar al cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, 600.000 euros.


Juan Antonio Roca

Dos años después, Villarejo volvió a hacer un buen negocio con otro imputado en un escándalo de blanqueo de capitales. En este caso fue José María Clemente Marcet, con antecedentes por tráfico de drogas y operaciones financieras en Suiza e Islas Bermudas, e imputado en la Operación Hidalgo realizada por la UDEF en 2006. Marcet llegó a deber 1,2 millones de euros a dos sociedades pertenecientes al comisario, y la Policía apunta a que pudiera también tratarse de un negocio para lavar dinero.

Asimismo, el informe hace hincapié en que la empresa epicentro de la trama del comisario Villarejo, CENYT, tiene clientes procesados igualmente por delitos económicos y blanqueo de capitales que contrataron sus servicios precisamente cuando sospechaban que estaban siendo investigados por la UDEF. Entre ellos destaca, por ejemplo, Vitaldent, cuyos ejecutivos aún se encuentran en prisión preventiva.

La ruta del dinero negro, de Uruguay a Suiza


Los primeros indicios de blanqueo relacionados con Villarejo emanan directamente del bufete de abogados de Uruguay que le constituyó en 1989 las empresas Financiera Omerán y Financiera Uruplán, en las que aflora el dinero fundacional del imperio del comisario. Ese bufete Vignoli Laffitte & Lublinerman "ha sido relacionado con actividades favorecedoras del lavado de dinero", según el informe policial que esconde la Fiscalía de Madrid desde hace diez meses.

El bufete VL&L se ha visto envuelto desde 2001 en el escándalo que sacudió al expresidente argentino Carlos Medem, quien presuntamente entregó a Laffitte & Lublinerman 9.000 millones de dólares entre 1992 y 1999. 

En 2011, cuando se levantó el secreto bancario en Uruguay, desde ese despacho se realizaron envíos de dinero de cuentas opacas uruguayas y panameñas hacia Suiza, en lo que se denominó "la ruta del dinero K".


Los investigadores sospechan de que el entramado esconde al verdadero titular de las sociedades

También señala el informe de Asuntos Internos, fechado en abril de 2016 bajo el mando del comisario Francisco Migueláñez, que Villarejo utiliza "sociedades interpuestas que dificultan la identificación del verdadero titular". Es el caso de CPD Real State SL --creada en 2014 y cuyo principal accionista es CENYT-- constituida con casi un millón de euros de capital social y en la que desde 2015, cuando ya sabía que estaba siendo investigado en el caso del pequeño Nicolás, el comisario ha ido aportando inmuebles de los 92 que tiene repartidos por Madrid, Córdoba, la Costa del Sol y Sevilla.

Grandes ingresos en efectivo de origen desconocido

Detalle del informe en el que se ejemplifican los movimientos en efectivo de las empresas del comisario Villarejo.

Como muestra,  Asuntos Internos destaca que desde la constitución de Cenyt Salud (antes Premium Salud) entre 2010 y 2014 ingresó en efectivo 6.350.000 euros, desembolsados como ampliaciones de capital y sin que se pueda conocer el origen de ese dinero.

Algo parecido pasó con Cenyt Consultoría Organizacional, cuyos socios fundadores fueron CENYT, que aportó 403.560 euros en efectivo, y LEXTOR, que ingresó 177.840 euros. 

Sin duda, demasiado capital para el sueldo de un funcionario... garante de la Ley. 

José Manuel Villarejo Pérez, años ha.

FUENTE: publico.es
Patricia López
08/02/2017
 


¡¡¡Peste y mierda!!!

29/12/15

CASI UN MILLÓN DE EUROS

La Guardia Civil encuentra casi un millón de euros en casa de los suegros de Francisco Granados


Francisco Granados fue el hombre de confianza de Esperanza Aguirre

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron casi un millón de euros en metálico durante el registro que practicaron el 21 de diciembre en el domicilio de los suegros de Francisco Granados. Este es uno de los argumentos que ha utilizado el juez Eloy Velasco para denegar la libertad provisional al exdirigente del Partido Popular.

El dinero, según fuentes jurídicas, estaba en un maletín. El hecho de que los suegros de Granados no pudieran ofrecer una explicación coherente al objeto del hallazgo hizo que el juez les citara a declarar como imputados tres días después. Tras su declaración del día 21 de diciembre, el juez Velasco les imputa un delito de blanqueo de capitales. La esposa de Granados, Mª Nieves Alarcón, también está imputada en el caso de la Operación Púnica.

Mª Nieves Alarcón, esposa de Francisco Granados

Granados ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza el 31 de octubre del año pasado. El magistrado atribuye al exconsejero de Presidencia, Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y fraude.

“A lo largo de su carrera pública existen indicios de que habría beneficiado a David Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública y urbanismo, tomando parte en una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio”, afirmaba el juez en su auto.

 
 Francisco Granados y David Marjaliza

La Operación Púnica parte del descubrimiento de unas cuentas bancarias de Marjaliza y Granados en Suiza, información que las autoridades del país helvético pusieron en conocimiento de las españolas.

FUENTE: www.eldiario.es
Pedro Águeda
28/12/2015
 

26/4/15

HAY PARA RATO

Rodrigo Rato, detenido por alzamiento de bienes, fraude fiscal y blanqueo de capitales

La gestión que ha hecho el Gobierno tratando de explicar cuál fue el papel del presidente y sus ministros en la filtración de la investigación del patrimonio de Rodrigo Rato, su detención ante las cámaras y periodistas y puesta en libertad a las pocas horas, amenaza con crear una fractura entre el PP y el Ejecutivo y en el propio seno de éste.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha intentando desvincular por completo al Ejecutivo de Mariano Rajoy de todo el proceso -desde la filtración a la puesta en libertad de Rato antes de que se acabara el registro de su despacho- asegurando que "todos los que tienen una información sujeta al correspondiente deber de sigilo lo tienen que respetar". 

 El Ejecutivo de Mariano Rajoy
 
En el caso de Rato -y el resto de los más de 715 investigados por Hacienda tras acogerse a la amnistía fiscal de 2012-, esta obligación de confidencialidad se hace extensiva a todos aquellos funcionarios que conozcan los datos. "Me gusta que la ley se respete -ha señalado Soraya Sáenz de Santamaría-, porque el Gobierno cumple con la ley, la confidencialidad y el respeto a las decisiones judiciales", ha concluido.

Con todo, la portavoz del Gobierno ha admitido que las filtraciones a los medios de comunicación ("receptores") "son habituales", aunque ha insistido en que el Ejecutivo garantiza la "confidencialidad" de los procesos; y la prueba es que ha proporcionado "los datos" y no "los nombres" de las más de 715 personas investigadas por la Agencia Tributaria tras acogerse a la amnistía fiscal y serles detectadas irregularidades fiscales. Sáenz de Santamaría no ha explicado, sin embargo, por qué se conoció el nombre de Rato y ninguno más.


"Injerencias"

La vicepresidenta ha querido ir más allá y preguntada sobre si partió del Gobierno la orden de detención del exvicepresidente y los registros de sus propiedades, la número dos del Ejecutivo aseguró que éste "ni autoriza ni desautoriza ninguna actuación de la Agencia Tributaria, la Fiscalía y los tribunales, hasta ahí podíamos llegar", remarcó insistiendo en que "la ley se aplica para todos y los gobiernos están para cumplirla y hacer que se cumpla, no para tomar decisiones que son injerencias".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicando el tamaño de algo.

La vicepresidenta, pues, aparte de tratar de eximir al presidente y a los ministros de toda responsabilidad en la inédita y confusa puesta en escena del 'caso Rato', no ha aclarado los muchos puntos oscuros que salpican este asunto que afecta a quien ha sido el mayor referente del PP, probablemente, tras Rajoy y José María Aznar. De hecho, por no aclarar, Sáenz de Santamaría ni siquiera sacó de dudas a los periodistas sobre si el jefe del Ejecutivo sabía que el exvicepresidente, excompañero y (ex)amigo iba a ser detenido. La portavoz del Gobierno se limitó a admitir que "no siempre se pueden controlar" las filtraciones que, según insistió una y otra vez, no proceden de la primera línea del Ejecutivo.

Dos minutos y medio


La polémica sobre la intervención de Sáenz de Santamaría el miércoles en el Congreso, pronunciando el denostado concepto de "amnistía fiscal" para responder a una pregunta del PSOE, también surgió en la rueda de prensa de hoy en La Moncloa. La vicepresidenta -que en ningún momento admitió haberse equivocado- aseguró que lo que ella intenta cuando responde a los grupos de la oposición "en dos minutos y medio", es que se le entienda. Y, según ella, lo que trataba de explicar sobre este proceso de 2012 es que, "llamémosle como le llamemos, ni se perdonan delitos ni se condona toda la deuda tributaria pendiente".

En comparación -se defendió en una detallada explicación-, la amnistía fiscal de los años 90 (una de las dos llevadas a cabo por el PSOE), se hizo de forma "oscura", mediante la compra de deuda pública, perdonando posibles delitos sobre el origen del dinero al no investigarlo y, encima, con el "pago por parte del Estado de los intereses" de la deuda adquirida. La amnistía, explicó, es el "olvido legal de los delitos", cosa que el Gobierno de Rajoy no ha hecho, según su número dos.

 

FUENTE: publico.es
Ana Pardo de Vera
24/04/2015

COMENTARIOS

 
Una declaración que muestra al desnudo el carácter corrupto, cínico, hipócrita y mentiroso del PP que pretendía mantener en SECRETO el "Caso Rato".

 
Que si Rato, que si Gurtel, que sin Púnica. que si Bárcenas, que si Chaves, que si el cuento de nunca acabar porque, tanto PP como PSOE, andan metidos hasta las orejas en un inmenso lodazal de corrupción que salpica y mancha a la ciudadanía: paro, desahucios, sueldos de asco y miseria. Este bipartidismo tiene que desaparecer por el bien de las libertades, de la democracia y de la justicia social. (Salud).


24/10/14

JORDI PUJOL AND FAMILY

Cinco jueces acorralan a la familia Pujol y al Gobierno catalán 

Las causas abiertas investigan delitos fiscales, de cohecho y de blanqueo de capitales

Jordi Pujol, con su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos, de izq. a dcha: Mireia, Oriol (ojos cerrados), Marta, Josep (camisa azul), Oleguer (el más pequeño), Jordi (con corbata) y Pere. / EFE

La fortuna del matrimonio Pujol-Ferrusola y los negocios de tres de sus hijos (Jordi, Oriol y Oleguer) están bajo sospecha. La investigación judicial a la familia Pujol salpica de un modo y otro al Gobierno catalán de CiU en distintas causas abiertas en dos juzgados de la Audiencia Nacional y tres de Barcelona por delitos fiscales, de cohecho o de blanqueo de capitales.

Caso Palau

Palau de la Música Catalana

Pendiente de las últimas diligencias antes de abrir juicio oral, el juez instructor Josep María Pijuan sostiene que durante años la empresa Ferrovial logró contratos multimillonarios del Gobierno de CiU que presidía Jordi Pujol por los que pagó comisiones ilegales a Convergéncia. La sede central del partido fundado por Pujol está embargada por este proceso judicial. El juez sostiene que las supuestas mordidas se pagan a través del Palau de la Música, al que Ferrovial hacía generosas aportaciones camufladas como patrocinio. Dos ex tesoreros de CiU, los máximos responsables del Palau y ex directivos de Ferrovial están imputados.

Caso Jordi Pujol Ferrusola


La denuncia de María Victoria Álvarez, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, provocó en enero de 2013 la apertura de una causa que instruye el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional por supuesto blanqueo de capitales. La investigación ordenada por el juez destapó un sospechoso movimiento de dinero por parte de las empresas del hijo mayor del ex presidente (33 millones de euros sumaban las operaciones) a través de bancos de 11 países distintos, algunos de ellos considerados paraísos fiscales. Además, los informes de la Agencia Tributaria acreditaron que durante ocho años (de 2004 a 2012), las sociedades de Pujol Ferrusola ingresaron cerca de ocho millones de euros que pagaron distintas empresas, todas ellas contratistas de la Generalitat de Cataluña durante el Gobierno de Jordi Pujol.

Casco de vikingo (posible causante de la denuncia)

Tras interrogar a los empresarios que pagaron al hijo mayor del ex presidente, la policía sostiene que Jordi Pujol Ferrusola había cobrado los ocho millones por servicios de asesoría que en realidad nunca había hecho. El juez Ruz no ha logrado acreditar que las conclusiones de la policía son correctas. En su último auto, el juez solicitó a las autoridades andorranas información sobre cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola en este país. Su ex novia aseguró que había visto como el hijo mayor del ex presidente llevó en su maletero durante un viaje 400.000 euros, supuestamente no declarados a Hacienda, que había sacado previamente de un banco de Andorra.

Caso fortuna no declarada


A raíz de la confesión de culpa del ex presidente Pujol, que admitió un delito fiscal continuado en el tiempo tras no declarar un dinero que supuestamente le dejó su padre en 1980, un juzgado de Barcelona investiga el origen de esa supuesta herencia. El fiscal rechaza el archivo del caso ante lo que considera “dudosa procedencia” de los fondos que la familia Pujol tenía en la Banca Privada de Andorra, regularizado ante Hacienda hace tres meses. “Ese dinero”, señala el fiscal en sus escritos, “procede del traspaso de fondos de otras cuentas y no se conoce el saldo que se traspasa de las primeras a las segundas; algunos importes no coinciden y existen ingresos en efectivo”. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sugirió en el Congreso que el ex presidente catalán podría haber cometido “uno o varios delitos” y que pondría el caso en manos de la fiscalía.

Caso ITV y Oriol Pujol

 

El hijo del ex presidente que hacía carrera para liderar CiU se estrelló en el escándalo de las ITV, el intento de amaño en la concesión de estaciones de inspección técnica de vehículos en Cataluña. Oriol Pujol fue imputado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona y dejó sus cargos en Convergència. La investigación logró indicios suficientes de un intento de tráfico de influencias a favor de su amigo, Sergi Alsina. Este empresario, según la juez Silvia Pérez Mejía, pagó por estos favores y otros parecidos unos 700.000 euros. El mecanismo para ocultar las comisiones ilegales era contratar falsas asesorías con la empresa de la mujer de Oriol Pujol Ferrusola.

Caso Oleguer Pujol


Hace más de un año que el hijo pequeño del expresidente catalán aparece vinculado a una operación multimillonaria —2.000 millones de euros— para la compra de oficinas del Banco de Santander en España. Oleguer Pujol, a través de sus abogados, ha explicado que los propietarios de esas oficinas pertenecen a un fondo de inversión extranjero y el, a través de la empresa Drago Capital, tan sólo es el gestor de la operación.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió abrir una causa para investigar otra operación en la que supuestamente participó Oleguer Pujol: la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros que recibió de una empresa situada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. El magistrado señala en el auto, donde admite a trámite la querella de Podemos y Guanyem por estos hechos, que también investigará la participación de Oleguer Pujol en sociedades participadas por empresas domiciliadas en Luxemburgo y Holanda. El juez considera que los hechos pueden constituir un delito fiscal y otro de blanqueo.

  Operaciones de Oleguer Pujol

La Policía precipitó la operación contra Oleguer Pujol y Luis Iglesias después de conocer que ambos tenían instalados en sus móviles una aplicación para hacer desaparecer de forma remota la información de los discos duros de los ordenadores de sus empresas o mandar esos datos a archivos externos.

FUENTE: elpais.com - Política
José Manuel Romero 
Madrid - 23/10/2014





Mi abuelo siempre decía que había que tener mucho cuidado con los cascos de vikingos, porque a poco que uno se despiste, se le mete un cuerno por un ojo.