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14/1/18
EL TRIDENTE Y LOS INDULTOS
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2/6/16
JUECES Y FUNCIONARIOS COBRARON DE AUSBANC
La Policía maneja una lista de jueces y funcionarios que cobraron de Ausbanc
Los investigadores de la UDEF rastrean los pagos que Ausbanc realizó a magistrados y funcionarios para tratar de ganarse su apoyo en procedimientos judiciales decisivos
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha abierto una nueva línea de trabajo en sus pesquisas sobre Manos Limpias y Ausbanc para esclarecer los vínculos que estas organizaciones mantenían con jueces, fiscales y otros funcionarios. Según fuentes cercanas al procedimiento, los agentes encargados del caso ya disponen de una lista de magistrados y empleados públicos que pudieron favorecer a esas entidades en causas judiciales u operaciones comerciales bajo sospecha, a cambio de pagos por asistir a cursos o seminarios organizados sobre todo por Ausbanc.
Al menos cinco jueces forman parte de esa lista. Los funcionarios tienen la potestad de recibir una remuneración por participar en foros y congresos formativos, pero las pesquisas se centran en establecer una conexión entre esos pagos y la intervención que esas mismas personas pudieron tener posteriormente en asuntos que afectaban o interesaban a Manos Limpias y Ausbanc. De confirmarse ese vínculo, podrían ser acusados de cohecho y prevaricación, dos delitos que hasta ahora no han sido imputados a ninguno de los miembros de la trama.
Las diligencias se encuentran en una fase inicial, pero ya han comenzado a realizarse indagaciones. Los investigadores están revisando las cuentas corrientes de las personas físicas y jurídicas que integraban la red de extorsión para determinar el dinero que pudieron transferir a jueces, fiscales y otros funcionarios.
Hasta ahora, la investigación se había centrado en los cabecillas de la organización y sus colaboradores más estrechos. El instructor de la causa envió a prisión provisional al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Además, imputó a otros 11 empleados y colaboradores por estafa, pertenencia a organización criminal y administración desleal, entre otros delitos. Pero el contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas ha terminado situando también el foco en las personalidades del mundo de la justicia que percibieron recurrentemente dinero de la falsa asociación de usuarios de banca.
Miembros de la UDEF
Por el momento en el que se produjeron las escuchas, los agentes de la UDEF pudieron asistir en tiempo real al montaje de uno de esos seminarios jurídicos organizados por Ausbanc. Se trató de unas jornadas celebradas en Sevilla los pasados 16 y 17 de marzo. Como era habitual, Pineda invitó a profesionales especializados en asuntos que concentraban el grueso de los litigios que interponía su organización.
Tomaron la palabra Juan Sancho, magistrado de la Audiencia Provincial de Burgos y autor de la primera sentencia condenatoria de la cláusula suelo; Ana Orellana, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con experiencia en causas relacionadas con videovigilancia en el puesto de trabajo; Víctor Nieto, presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Sevilla, experto en reclamaciones de consumidores; Luis Carlos Rodríguez, fiscal jefe de Seguridad Vial de Andalucía; Federico Jiménez Ballester, magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, especialista en cláusulas suelo y ejecuciones hipotecarias; Miguel Ángel Fernández de los Ronderos, titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla, familiarizado con las cláusulas abusivas, y Santiago García, magistrado de la Audiencia Provincial de Huelva, experto en irregularidades bancarias.
El 21 de marzo, cuatro días después de que concluyera el foro, Pineda llamó a su socio Alfonso Solé para pedirle que llamara a otro empleado de Ausbanc, Hermenegildo García, y le transmitiera la siguiente orden: “Llama uno por uno a cada ponente [del curso de Sevilla], que te den su cuenta para hacerle el abono”, exigió Pineda. “Nosotros lo hacemos para aprender, para que aprendan y para ganar simpatías. Si tú no pagas, ¿qué simpatía ganas? Joder”, admitió el presidente de Ausbanc.
En esa misma conversación, Pineda aclaró a su socio que debía ingresar a cada juez 300 euros, excepto “al que viene de Burgos”, que debía cobrar 500 euros, probablemente por la distancia que había recorrido hasta Sevilla. “Vale, el de Burgos, 500”, contestó Solé. Los investigadores consideraron que con ese diálogo quedaba claro que “uno de los principales objetivos de Ausbanc organizando jornadas jurídicas” era el de “ganarse las simpatías de los jueces, magistrados y fiscales” que intervenían en ellas. A mayor número de simpatías, más posibilidades tenía Pineda de que sus casos cayeran en manos de conocidos.
Esa era una de las cuestiones que más le preocupaban. En una conversación sobre un litigio del 13 de enero con el delegado de Ausbanc en Málaga, Granada y Jaén, Pineda le pidió: “Bueno, entonces infórmame, y otra, en cuanto sepas en qué sección de la Audiencia ha caído en Sevilla, me lo cuentas”. “Sí, sí, por supuesto”, respondió el delegado. “Vamos a ver qué jueces tenemos, macho”, añadió Pineda. “Para que no caiga en la sección segunda, macho, ni en la quinta”. El presidente de Ausbanc soñaba con que cayera en la sección novena, que supuestamente les había favorecido en una resolución anterior.
En otra llamada sobre la acusación contra el presidente de Unicaja, Braulio Medel, en el caso de los ERE, Pineda aseguró que el nuevo juez que instruye el procedimiento, Álvaro Martín, era un habitual de sus jornadas y se mostró satisfecho por ello. La lista de magistrados y fiscales que asistían a sus seminarios era intencionadamente larga. En ella figuran el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Salas; el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado del Supremo Rafael Fernández Valverde; el actual vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes; el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Heriberto Asencio; el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, y la número dos de la lista del PSOE por Madrid en las próximas generales, Margarita Robles, que acudió a un Foro Jurídico de Ausbanc en 2013 cuando era vocal del CGPJ.
Hasta 1.000 euros por ponenteAunque habitualmente pagaba 300 euros a los ponentes, otras fuentes aseguran que la cifra llegó a veces a los 1.000 euros y que Pineda incluso abonó en algunos casos gastos de desplazamiento y alojamiento al invitado y a un acompañante. Según fuentes cercanas al procedimiento, el presunto cerebro de la trama no solo buscaba la simpatía de los funcionarios públicos. También le gustaba rodearse de ellos para transmitir más temor a las víctimas de sus extorsiones.
Consejo General del Poder Judicial
El órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, emitió un comunicado el pasado de 21 de abril cuando se publicaron las primeras informaciones que vinculaban a magistrados con Manos Limpias y Ausbanc. “La participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible, según establece el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que el cargo de juez o magistrado es incompatible con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas”, defendió la nota. Pero la clave no está en los pagos, sino en el efecto que estos pudieron tener en quienes los recibieron.
FUENTE: elconfidencial.com
José María Olmo
30/05/2016
Este ciudadano se sigue preguntando por qué #oño, en un estado "democrático" sigue existiendo un ministerio de Justicia. ¿Dónde #arajo está la división de poderes?
Creo recordar que los fundamentos del estado de derecho, contemplan tres poderes independientes entre si: Ejecutivo, Legislativo y Judicial... ¿O me estoy meando por fuera de la bacinilla?
24/10/14
¡LA CORRUPCIÓN AL PODER!
Como una parte significativa de la sociedad está indignada por la corrupción y sus escándalos, se han hecho frecuentes las declaraciones tajantes de algunos responsables políticos. Ja, ja, ja, murmura en mi oído el diablo que llevo dentro y que siempre le da la vuelta a todo. Es diablo por viejo y por diablo.
Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados, acaba de declarar que “Quien la hace, la paga”. Ja, ja, advierte el diablo, y no porque sepa bien que muchos corruptos no la han pagado, sino porque desconfía del sentido de esa rotundidad. La voz justiciera de don Jesús Posada intenta reducir el problema de la corrupción al ámbito individual. Todo está bien, señores, y el mal se debe a la avaricia individual de unos malvados personajes concretos. Por este camino se castiga a unos pocos, a veces chivos expiatorios, con el fin de que todo siga igual.
1.- La connivencia de las élites económicas y políticas. Este es un mal generalizado, pero en el caso de España adquiere especial gravedad por la debilidad democrática y por el modo en el que se preparó la Transición. Fueron las propias élites del franquismo las que impusieron su idea de democracia para entrar de lleno en el capitalismo avanzado europeo, en contra de los movimientos obreros y estudiantiles que habían luchado por una transformación real de la sociedad.
2.- El vértigo de privatizaciones que se dio a partir de los años 80, propiciando al mismo tiempo los negocios oscuros entre amigos cercanos al poder y el desprestigio sistemático de los ámbitos públicos. La corrupción es un aspecto más de la falta de respeto al bien público, igual que la telebasura o la falta de escrúpulos políticos.
3.- Unas leyes fiscales opacas encaminadas a encubrir los movimientos de fraude o de falta de cotización de las grandes fortunas y las empresas más poderosas. La poca independencia de los inspectores y la legislación aprobada hacen que buena parte del daño al bien público no venga del dinero negro o del delito, sino de un funcionamiento legal establecido en nombre de los privilegios.
4.- La falta de independencia judicial, el sometimiento de la fiscalía y la policía a los interesas partidistas de turno y la forma de elección de los órganos del poder judicial. Las investigaciones están marcadas desde el principio y las sentencias dependen del valor de algunos jueces a la hora de poner en riesgo su carrera. Atreverse con las corrupciones del PP, no ha significado sólo perder la posibilidad de los ascensos. Se ha llegado incluso a la expulsión de los osados.
5.- La aprobación de leyes sobre el suelo que eran una verdadera llamada a la especulación corrupta, sobre todo si se unían a una precaria financiación de las instituciones municipales encargadas de ofrecer muchos servicios básicos a los ciudadanos.
6.- La incapacidad para solucionar, ordenar y hacer transparente la necesaria financiación de los partidos políticos.
7.- La falta de democracia interna de unos partidos burocratizados y tendentes a la profesionalización de la política. Quien la hace no la paga, porque están obligados al silencio o al compadreo quienes no tienen otro trabajo y quieren flotar.
8.- La inconsciencia de una opinión pública que votó a corruptos mientras se movían el dinero y el consumo de forma generosa. Volvemos a la Transición, que no fue sólo la sustitución de una dictadura a una democracia, sino el paso de una sociedad subdesarrollada a un capitalismo avanzado de tono prepotente. Se olvidaron en poco tiempo no ya las responsabilidades criminales de la dictadura, sino la realidad de un país de pobre y de emigrantes. Se nos invitaba a perder la decencia cuando nos convencieron de que triunfar era acumular dinero de un modo rápido. La pulsión triunfalista callejera fue más aleccionadora que la educación obligatoria.
9.- A todo el mundo le gusta ser tratado a cuerpo de Rey. Aunque se intentará durante años dar a la sociedad una imagen idealizada del Rey, las costumbres de Palacio fueron un mal espejo para los servidores públicos, muy conocedores de esto, aquello y lo otro.
La lista podría seguir. Pero basta con estos puntos para pensar que la corrupción en España no es cuestión de unos pocos malvados, sino de un funcionamiento político e institucional lleno de heridas democráticas. Merece la pena intentar transformaciones que miren más allá del ámbito penal.
Y una cosa más: aunque parezca paradójico, sólo asumiendo que hay causas generales para la corrupción, podremos comprender que no todos los políticos son iguales. Hay diferencias muy notables entre los sinvergüenzas, los que se han podido equivocar en algo y los honestos. El camino de los chivos expiatorios es malo porque trata de forma injusta a personas decentes y porque evita un esclarecimiento real de los hechos. Que cada cual asuma su responsabilidad. Aznar, Rajoy, Matas, Álvarez-Cascos, Acebes, Rato, Blesa… no pueden escabullirse en el griterío generalizado que hoy corre por España.
FUENTE: publico.es
La realidad y el deseo
Luis García Montero
23 oct 2014
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JORDI PUJOL AND FAMILY
Cinco jueces acorralan a la familia Pujol y al Gobierno catalán
Las causas abiertas investigan delitos fiscales, de cohecho y de blanqueo de capitales
La fortuna del matrimonio Pujol-Ferrusola y los negocios de tres de sus hijos (Jordi, Oriol y Oleguer) están bajo sospecha. La investigación judicial a la familia Pujol salpica de un modo y otro al Gobierno catalán de CiU en distintas causas abiertas en dos juzgados de la Audiencia Nacional y tres de Barcelona por delitos fiscales, de cohecho o de blanqueo de capitales.
Caso Palau
Pendiente de las últimas diligencias antes de abrir juicio oral, el juez instructor Josep María Pijuan sostiene que durante años la empresa Ferrovial logró contratos multimillonarios del Gobierno de CiU que presidía Jordi Pujol por los que pagó comisiones ilegales a Convergéncia. La sede central del partido fundado por Pujol está embargada por este proceso judicial. El juez sostiene que las supuestas mordidas se pagan a través del Palau de la Música, al que Ferrovial hacía generosas aportaciones camufladas como patrocinio. Dos ex tesoreros de CiU, los máximos responsables del Palau y ex directivos de Ferrovial están imputados.
Caso Jordi Pujol Ferrusola
La denuncia de María Victoria Álvarez, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, provocó en enero de 2013 la apertura de una causa que instruye el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional por supuesto blanqueo de capitales. La investigación ordenada por el juez destapó un sospechoso movimiento de dinero por parte de las empresas del hijo mayor del ex presidente (33 millones de euros sumaban las operaciones) a través de bancos de 11 países distintos, algunos de ellos considerados paraísos fiscales. Además, los informes de la Agencia Tributaria acreditaron que durante ocho años (de 2004 a 2012), las sociedades de Pujol Ferrusola ingresaron cerca de ocho millones de euros que pagaron distintas empresas, todas ellas contratistas de la Generalitat de Cataluña durante el Gobierno de Jordi Pujol.
Tras interrogar a los empresarios que pagaron al hijo mayor del ex presidente, la policía sostiene que Jordi Pujol Ferrusola había cobrado los ocho millones por servicios de asesoría que en realidad nunca había hecho. El juez Ruz no ha logrado acreditar que las conclusiones de la policía son correctas. En su último auto, el juez solicitó a las autoridades andorranas información sobre cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola en este país. Su ex novia aseguró que había visto como el hijo mayor del ex presidente llevó en su maletero durante un viaje 400.000 euros, supuestamente no declarados a Hacienda, que había sacado previamente de un banco de Andorra.
Caso fortuna no declarada
A raíz de la confesión de culpa del ex presidente Pujol, que admitió un delito fiscal continuado en el tiempo tras no declarar un dinero que supuestamente le dejó su padre en 1980, un juzgado de Barcelona investiga el origen de esa supuesta herencia. El fiscal rechaza el archivo del caso ante lo que considera “dudosa procedencia” de los fondos que la familia Pujol tenía en la Banca Privada de Andorra, regularizado ante Hacienda hace tres meses. “Ese dinero”, señala el fiscal en sus escritos, “procede del traspaso de fondos de otras cuentas y no se conoce el saldo que se traspasa de las primeras a las segundas; algunos importes no coinciden y existen ingresos en efectivo”. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sugirió en el Congreso que el ex presidente catalán podría haber cometido “uno o varios delitos” y que pondría el caso en manos de la fiscalía.
Caso ITV y Oriol Pujol
El hijo del ex presidente que hacía carrera para liderar CiU se estrelló en el escándalo de las ITV, el intento de amaño en la concesión de estaciones de inspección técnica de vehículos en Cataluña. Oriol Pujol fue imputado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona y dejó sus cargos en Convergència. La investigación logró indicios suficientes de un intento de tráfico de influencias a favor de su amigo, Sergi Alsina. Este empresario, según la juez Silvia Pérez Mejía, pagó por estos favores y otros parecidos unos 700.000 euros. El mecanismo para ocultar las comisiones ilegales era contratar falsas asesorías con la empresa de la mujer de Oriol Pujol Ferrusola.
Caso Oleguer Pujol
Hace más de un año que el hijo pequeño del expresidente catalán aparece vinculado a una operación multimillonaria —2.000 millones de euros— para la compra de oficinas del Banco de Santander en España. Oleguer Pujol, a través de sus abogados, ha explicado que los propietarios de esas oficinas pertenecen a un fondo de inversión extranjero y el, a través de la empresa Drago Capital, tan sólo es el gestor de la operación.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió abrir una causa para investigar otra operación en la que supuestamente participó Oleguer Pujol: la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros que recibió de una empresa situada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. El magistrado señala en el auto, donde admite a trámite la querella de Podemos y Guanyem por estos hechos, que también investigará la participación de Oleguer Pujol en sociedades participadas por empresas domiciliadas en Luxemburgo y Holanda. El juez considera que los hechos pueden constituir un delito fiscal y otro de blanqueo.
La Policía precipitó la operación contra Oleguer Pujol y Luis Iglesias después de conocer que ambos tenían instalados en sus móviles una aplicación para hacer desaparecer de forma remota la información de los discos duros de los ordenadores de sus empresas o mandar esos datos a archivos externos.
FUENTE: elpais.com - Política
Las causas abiertas investigan delitos fiscales, de cohecho y de blanqueo de capitales
Jordi Pujol, con su esposa Marta Ferrusola y sus siete hijos, de izq. a dcha: Mireia, Oriol (ojos cerrados), Marta, Josep (camisa azul), Oleguer (el más pequeño), Jordi (con corbata) y Pere. / EFE
La fortuna del matrimonio Pujol-Ferrusola y los negocios de tres de sus hijos (Jordi, Oriol y Oleguer) están bajo sospecha. La investigación judicial a la familia Pujol salpica de un modo y otro al Gobierno catalán de CiU en distintas causas abiertas en dos juzgados de la Audiencia Nacional y tres de Barcelona por delitos fiscales, de cohecho o de blanqueo de capitales.
Caso Palau
Palau de la Música Catalana
Pendiente de las últimas diligencias antes de abrir juicio oral, el juez instructor Josep María Pijuan sostiene que durante años la empresa Ferrovial logró contratos multimillonarios del Gobierno de CiU que presidía Jordi Pujol por los que pagó comisiones ilegales a Convergéncia. La sede central del partido fundado por Pujol está embargada por este proceso judicial. El juez sostiene que las supuestas mordidas se pagan a través del Palau de la Música, al que Ferrovial hacía generosas aportaciones camufladas como patrocinio. Dos ex tesoreros de CiU, los máximos responsables del Palau y ex directivos de Ferrovial están imputados.
Caso Jordi Pujol Ferrusola
La denuncia de María Victoria Álvarez, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, provocó en enero de 2013 la apertura de una causa que instruye el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional por supuesto blanqueo de capitales. La investigación ordenada por el juez destapó un sospechoso movimiento de dinero por parte de las empresas del hijo mayor del ex presidente (33 millones de euros sumaban las operaciones) a través de bancos de 11 países distintos, algunos de ellos considerados paraísos fiscales. Además, los informes de la Agencia Tributaria acreditaron que durante ocho años (de 2004 a 2012), las sociedades de Pujol Ferrusola ingresaron cerca de ocho millones de euros que pagaron distintas empresas, todas ellas contratistas de la Generalitat de Cataluña durante el Gobierno de Jordi Pujol.
Casco de vikingo (posible causante de la denuncia)
Tras interrogar a los empresarios que pagaron al hijo mayor del ex presidente, la policía sostiene que Jordi Pujol Ferrusola había cobrado los ocho millones por servicios de asesoría que en realidad nunca había hecho. El juez Ruz no ha logrado acreditar que las conclusiones de la policía son correctas. En su último auto, el juez solicitó a las autoridades andorranas información sobre cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola en este país. Su ex novia aseguró que había visto como el hijo mayor del ex presidente llevó en su maletero durante un viaje 400.000 euros, supuestamente no declarados a Hacienda, que había sacado previamente de un banco de Andorra.
Caso fortuna no declarada
Caso ITV y Oriol Pujol
El hijo del ex presidente que hacía carrera para liderar CiU se estrelló en el escándalo de las ITV, el intento de amaño en la concesión de estaciones de inspección técnica de vehículos en Cataluña. Oriol Pujol fue imputado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona y dejó sus cargos en Convergència. La investigación logró indicios suficientes de un intento de tráfico de influencias a favor de su amigo, Sergi Alsina. Este empresario, según la juez Silvia Pérez Mejía, pagó por estos favores y otros parecidos unos 700.000 euros. El mecanismo para ocultar las comisiones ilegales era contratar falsas asesorías con la empresa de la mujer de Oriol Pujol Ferrusola.
Caso Oleguer Pujol
Hace más de un año que el hijo pequeño del expresidente catalán aparece vinculado a una operación multimillonaria —2.000 millones de euros— para la compra de oficinas del Banco de Santander en España. Oleguer Pujol, a través de sus abogados, ha explicado que los propietarios de esas oficinas pertenecen a un fondo de inversión extranjero y el, a través de la empresa Drago Capital, tan sólo es el gestor de la operación.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió abrir una causa para investigar otra operación en la que supuestamente participó Oleguer Pujol: la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros que recibió de una empresa situada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. El magistrado señala en el auto, donde admite a trámite la querella de Podemos y Guanyem por estos hechos, que también investigará la participación de Oleguer Pujol en sociedades participadas por empresas domiciliadas en Luxemburgo y Holanda. El juez considera que los hechos pueden constituir un delito fiscal y otro de blanqueo.
Operaciones de Oleguer Pujol
La Policía precipitó la operación contra Oleguer Pujol y Luis Iglesias después de conocer que ambos tenían instalados en sus móviles una aplicación para hacer desaparecer de forma remota la información de los discos duros de los ordenadores de sus empresas o mandar esos datos a archivos externos.
FUENTE: elpais.com - Política
José Manuel Romero
Madrid - 23/10/2014
Madrid - 23/10/2014
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