VUELTA ATRÁS

El secretario general de la CGT, en busca y captura: "Es un juicio político"

Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT en Catalunya, se encuentra desde este miércoles en busca y captura por el caso 'Somos 27 y más', a raíz de una protesta en la UAB por la que la fiscalía pide penas de entre 11 y 14 años de prisión

Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT en Catalunya.

"Nos hemos ido acostumbrando, vamos recibiendo citaciones del juez, órdenes de búsqueda y captura", comenta Ermengol Gassiot al otro lado del teléfono. Este miércoles el juzgado de Cerdanyola emitió una orden de búsqueda y captura contra este profesor del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que también es desde 2014 secretario general de la CGT. Esto significa que Gassiot puede ser detenido en cualquier momento para ser puesto a disposición judicial.

El secretario de la CGT es uno de los procesados ​​en el llamado caso Somos 27 y más. Aparte del propio Gassiot, la Fiscalía pide penas de entre 11 y 14 años de prisión (un total de 300 años de prisión) para 25 estudiantes y un trabajador de Personal de Administración y Servicios (PAS); por una acción de protesta en el año 2013 en la UAB.

Para denunciar el aumento de las tasas universitarias, estudiantes de la Autónoma decidieron organizar un encierro en el edificio del rectorado. La CGT define los hechos en un comunicado como "un tipo de acción habitual y que forma parte del repertorio del movimiento estudiantil en las universidades catalanas desde hace décadas".

Universidad Autónoma de Barcelona

Desde entonces, los encausados ​​han llevado a cabo diversas acciones de protesta, tanto públicas como en las redes sociales, para denunciar el proceso. Gassiot destaca que la UAB ha sido la universidad que ha defendido de manera "más categórica" ​​los planes de privatización "en todo el conjunto de los Països Catalans." 

"Entendemos que es un juicio político que se basa en la existencia de un entramado" que los acusados ​​atribuyen al rector de la época, Ferran Sancho, y la vicerrectora, Silvia Carrasco. Ermengol entiende que "es muy difícil defender ante el juez nuestra posición" ya que "la argumentación se fundamenta en la doctrina Garzón". Según esta, explica, hay que "gente participa de organizaciones legales, lo que pasa es que como la finalidad de estas acciones es ilícita, lo que hacen se considera un acto delictivo."

"Ante esto decidimos que nuestra respuesta sea no asistir a esta farsa judicial ", asegura. "He manifestado explícitamente que no pensaba ir ", reitera. El dirigente sindical recuerda que en su caso se señala su participación en una rueda de prensa como hecho incriminatorio, y destaca que no es el único afectado por el caso.

¿Qué puede pasar a partir de ahora? "Estoy en busca y captura; y ya le envié al juez un fax diciendo abiertamente que no quería ir a declarar", contesta al señalar que "somos cuatro personas en busca y captura". "En cualquier momento pueden detenernos para llevarnos al juzgado", añade. "En algún momento nos detendrán", insiste, y entonces se verá "si se nos detiene para entregarnos el acta o si además se decide alguna medida cautelar".

La decisión de no presentarse ante el juez obedece a una "respuesta política": "Hay una voluntad de respuesta política" por parte de los encausados ​​que "supone poner en riesgo nuestra libertad", explica.

Según Gassiot, la situación está afectando a su vida laboral como profesor universitario. "Tengo que avisar a mis alumnos que quizás no voy a ir clase porque me han detenido", afirma. En cuanto a su actividad sindical, aunque en el momento de la acción, "aún no era miembro del Secretariado Permanente de la CGT", desde el sindicato de raíz anarcosindicalista (el tercero en número de afiliados a toda Catalunya)- y desde el colectivo Somos 27 y más' podrían haber nuevas acciones de protesta. "Esto no deja indiferente a nadie, algo haremos", concluye.

Confederación Nacional del Trabajo

La CGT ya ha anunciado su "disposición a dar respuesta de forma colectiva, como organización, a este golpe represivo" y hace un llamamiento a su militancia y al conjunto del sindicalismo combativo y de los movimientos populares "a estar junto los 27, a desmontar este proceso político, ya articular entre todos, desde el apoyo mutuo, la respuesta que esta situación se merece ".

El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) comunicó el mismo día la convocatoria de una jornada antirepresiva al UAB. "El próximo 27 de febrero desenmascarar el uso de listas negras durante el Equipo de Gobierno de Ferran Sancho y Silvia Carrasco y retomaremos la represión vivida en luchas del movimiento estudiantil", adelantó la organización desde su cuenta de Twitter.

"Ya hace tiempo que la dignidad rebelde vive en un estado permanente de búsqueda y captura", escribe Gassiot en su blog en una entrada titulada Busca y captura. "Desde los encarcelamientos de las huelgas generales, a las rejas contra la música", continúa, "contra quien defiende la tierra y los barrios como lugar para vivir y no para especular con ellos .... Contra tantas y tantos y tantas razones que no caben en un post ."

FUENTE: publico.es

Ángel Ferrero

Barcelona - 22/02/2018

No sé si lo que está claro es que hemos vuelto a la dictadura o que a esta "democracia" se le ha caído el disfraz.

PUTOS MARTILLOS

“La Fiscalía absuelve al PP e inculpa a los martillos, a los discos duros y al Windows por los golpes de los ordenadores de Bárcenas”

Gabriel Rufián

Todo el mundo sabe que formatearon el ordenador de Bárcenas más de 30 veces por error y luego se les cayó, putos desconfiados.

Marina Lobo

Nos llegan a la redacción las primeras reacciones del PP.

Begotxu

¡QUÉ POCA VERGÜENZA!

La Fiscalía pide aplicar la doctrina Botín al PP y librarlo del caso de los discos duros de Bárcenas

Es el primer partido político que se sienta en el banquillo como responsable penal. Los delitos: daños informáticos y encubrimiento.

El extesorero del PP Luis Barcenas a su llegada al juzgado de Madrid 

para declarar sobre el borrado de los discos duros de sus ordenadores en el PP. 

REUTERS/Andrea Comas

La Fiscalía ha pedido exonerar al PP de la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas ya que no ha quedado acreditado cuál era la información que contenían ni que fuera “relevante” en el caso Gürtel y, además, el afectado se ha retirado del proceso.

Para el ministerio público, se debe aplicar la doctrina Botín en este caso. Esta doctrina, emanada del Tribunal Supremo, implica que la acusación popular sólo puede actuar en un asunto cuando afecte el interés general en el caso de que no exista la acusación particular; esto es, la persona directamente afectada por el delito.

Luis Bárcenas se retiró de la acusación por la destrucción de sus ordenadores, cuando fue quien presentó la querella en los juzgados de Madrid a la que se sumaron las acusaciones populares. Los ordenadores destruidos estaban en una sala de juntas de la sede central del PP donde trabajaba tras dimitir como senador al difundirse los papeles con la contabilidad paralela del PP que llevan su nombre.

En su escrito de conclusiones, el ministerio público expone que Bárcenas desistió de ejercer la acción penal por esta destrucción, por lo que ha desaparecido la acusación particular. Y considera que las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que no concurre interés general que proteger.

La Fiscalía entiende que no se ha acreditado el delito de daños informáticos ni el de encubrimiento con el que las acusaciones populares acusan al PP.

El PP será el primer partido político de la historia reciente que se siente en el banquillo como responsable penal por estos delitos, después de que en el año 2012 el gobierno de esta formación introdujera dicha figura jurídica en el Código Penal.

A pesar de la petición de la Fiscalía, las acusaciones populares han solicitado al juzgado de instrucción 32 que lleva este caso que el PP se siente en el banquillo por ambos delitos. Las acusaciones son Izquierda Unida, Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y Observatori de Drets Humans.

Además, la Fiscalía sostiene que el delito de encubrimiento no es aplicable a una persona jurídica como es el PP, sino que la ley sólo prevé que sea aplicable a una persona física.

En su escrito de conclusiones absolutorias, el Ministerio Público recuerda que en la etapa de Bárcenas como tesorero del PP se le adjudicó un despacho en la sede de dicha formación política para su utilización “exclusiva” y “personal” donde guardaba diferentes objetos, entre ellos dos ordenadores personales, cuya propiedad no se ha podido acreditar. Ni su forma concreta de adquisición.

Pese a que le ex tesorero del PP denunció a la formación política de haberse apropiado indebidamente de sus ordenadores, el juzgado de Instrucción número 21 de Madrid le respondió que para realizar una exigencia de tales características antes debía acreditar que los ordenadores eran suyos y que utilizara otra vía para reclamarlos.

Cuando Bárcenas fue interrogado en el marco del procedimiento se desdijo de sus anteriores declaraciones y señaló que en los ordenadores había datos de contabilidad e incluso aportó un pen drive “sin poder precisar en dicha declaración la información que guardaba en el Macinstosh, ya que cambió de disco duro en el mes de octubre de 2012”. 

La Fiscalía concluye que no ha quedado acreditado cuál era la información que contenían los ordenadores; no se ha podido acreditar que la información contenida en el pen drive procediera de los citados ordenadores; no se ha acreditado que dicha información fuera relevante paras la investigación del caso Gürtel que realizaba la Audiencia Nacional (Papeles de Bárcenas) y tampoco se ha acreditado que el borrado ni formateo de dichos discos duros de los citados ordenadores haya causado daño grave al extesorero o “a ninguna investigación judicial”.

Implicados en la trama Gürtel, de 1zquierda a derecha. y de arriba abajo:

Agag (yerno de Aznar), Correa (jefe de la trama), Costa (número 2 del PP valenciano),

 Pérez 'el Bigotes' (el gran conseguidor),  Camps (presidente de la Generalitat valenciana), 

Álvarez-Cascos (exministro de Fomento), González Pons (vicesecretario del PP), 

Crespo (exdirigente del PP gallego), Bárcenas (extesorero del PP), López Viejo (exconsejero madrileño)

Se da la circunstancia de que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa en reiteradas ocasiones por entender que los hechos investigados no revisten relevancia penal.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, dictó el pasado 30 de noviembre la apertura del juicio oral contra la formación política, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán por los delitos de daños informáticos y de encubrimiento.

La juez instructora señaló en el auto el que dio por concluida la instrucción, del 26 de julio de 2016, que existían claros indicios de que los documentos de Bárcenas fueron eliminados "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".

FUENTE: publico.es 
Julia Pérez 
Madrid - 29/01/2018

TUITS QUE NUNCA PASARÁN POR LA AUDIENCIA NACIONAL

La libertad de expresión comienza a flaquear ante la Audiencia Nacional y la Fiscalía.

 
Casssandra Vera

Esta mañana, Cassandra Vera ha sido condenada a un año de prisión y a siete de inhabilitación por sus trece tuits sobre los chistes de Carrero Blanco, por delito de humillación de las víctimas. La Audiencia ha considerado que los comentarios de la joven constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el terrorismo y sus familiares.

No ha ocurrido lo mismo con otros tuits que no son vanos chistes, sino amenazas e insultos, como reivindican los tuiteros. Así lo muestra en su hilo de Twitter Juan Miguel Garrido.

Juan Miguel Garrido

Mensajes en Twitter

 

 

 

FUENTE: publico.es/tremending
29.03.2017

A este ciudadano solo le queda repetir aquello de...

¡¡¡PESTE Y MIERDA!!!

  

CONTINUAMOS EN LAS CLOACAS DEL ESTADO

De Malaya a Vitaldent: Villarejo ganó dinero con acusados de corrupción por la UDEF

La Unidad de Asuntos Internos puso en conocimiento de la Fiscalía las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales detectadas en el entramado del comisario, así como sus negocios con condenados o clientes imputados por la Justicia.

El comisario José Manuel Villarejo, el cerebro de la trama Malaya, 

Juan Antonio Roca,  y el empresario Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokán'. EFE

La Fiscalía de Madrid y el comisario Eugenio Pino ocultan desde abril un informe policial sobre el "origen ilícito" del patrimonio de Villarejo

Eugenio Pino

Hay muchos tipos de incompatibilidades, pero algunos son tan descarados que parece imposible que Interior no se diese cuenta durante tantos años.

El comisario José Manuel Villarejo Pérez siempre ha combinado su trabajo público y privado, lo que le ha reportado suculentos beneficios. Aunque su labor en la Comisaría General de Policía Judicial consistía en perseguir a presuntos blanqueadores de capitales y ponerlos en manos de los tribunales, el veterano policía no dudó en hacer negocios con algunos de estos investigados.  

Villarejo, el del traje claro y la corbata malva.

El más llamativo de todos esos negocios claramente incompatibles con su condición de agente de la Ley es el de la venta de terrenos al empresario cordobés Rafael Gómez Sanchéz, conocido como Sandokan poco después de estallar la Operación Malaya en la que estaba imputado el comprador y por la que fue condenado recientemente. Además, el propio Villarejo participaba en dicha operación colaborando con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, bajo las órdenes del comisario José Luis Olivera. 

Pero en el informe se detallan otras operaciones inconfesables, como la que hizo con José María Clemente Marcet, que estuvo imputado en la Operación Hidalgo, también relacionada con el lavado de dinero. Los investigadores también destacan que entre los clientes del Grupo CENYT (núcleo del imperio empresarial de Villarejo) también se encuentra la empresa Vitaldent, cuyos propietarios están en prisión preventiva por presuntos delitos económicos muy similares.

La Unidad de Asuntos Internos destaca sus transacciones con imputados y condenados por blanqueo de capitales.

Seis millones de plusvalía en cuatro días

Como hemos subrayado, en septiembre de 2006, cinco meses después de que se descargase el primer gran golpe contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, el comisario Villarejo entró a formar parte de una operación urbanística en Córdoba con uno de los principales imputados en la trama Malaya, Rafael Gómez Sánchez "Sandokán". 

El Grupo CENYT y LEXTOR (otra de las sociedades creadas por Villarejo con el dinero que trajo de Uruguay) aportaron dos parcelas a la Junta de Compensación del plan parcial Carretera de Palma, en la que también participaba "Sandokán" con la sociedad Arenal 2000 SL. El precio estipulado para las fincas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba era de 318.926,7 euros para una de ellas y de 457.344 para la otra, es decir, no iba a ganar ¡ni un millón de euros por ellas!

Rafael Gómez "Sandokán"

Sin embargo, Villarejo consiguió que pocos días después de esta aportación, el imputado en Malaya le pagara 2.404.048,42 euros por la primera y 4.207.084,74 euros por la segunda. Por tanto, apunta el informe, CENYT y LEXTOR "consiguen en cuatro días una plusvalía de 5.834.862,46 euros, lo que resulta difícil de justificar en ese momento, si se tiene en cuenta que el tiempo transcurrido es mínimo para suponer que se trata de una revalorización habitual en el mercado inmobiliario".

Los investigadores apuntan también que la operación se realizó casi en el mismo momento en que la UDEF detenía a Sandokán, en junio de 2006, dentro del marco de la Operación Malaya, por la que después sería condenado a seis meses de prisión por pagar al cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, 600.000 euros.

Juan Antonio Roca

Dos años después, Villarejo volvió a hacer un buen negocio con otro imputado en un escándalo de blanqueo de capitales. En este caso fue José María Clemente Marcet, con antecedentes por tráfico de drogas y operaciones financieras en Suiza e Islas Bermudas, e imputado en la Operación Hidalgo realizada por la UDEF en 2006. Marcet llegó a deber 1,2 millones de euros a dos sociedades pertenecientes al comisario, y la Policía apunta a que pudiera también tratarse de un negocio para lavar dinero.

Asimismo, el informe hace hincapié en que la empresa epicentro de la trama del comisario Villarejo, CENYT, tiene clientes procesados igualmente por delitos económicos y blanqueo de capitales que contrataron sus servicios precisamente cuando sospechaban que estaban siendo investigados por la UDEF. Entre ellos destaca, por ejemplo, Vitaldent, cuyos ejecutivos aún se encuentran en prisión preventiva.

La ruta del dinero negro, de Uruguay a Suiza

Los primeros indicios de blanqueo relacionados con Villarejo emanan directamente del bufete de abogados de Uruguay que le constituyó en 1989 las empresas Financiera Omerán y Financiera Uruplán, en las que aflora el dinero fundacional del imperio del comisario. Ese bufete Vignoli Laffitte & Lublinerman "ha sido relacionado con actividades favorecedoras del lavado de dinero", según el informe policial que esconde la Fiscalía de Madrid desde hace diez meses.

El bufete VL&L se ha visto envuelto desde 2001 en el escándalo que sacudió al expresidente argentino Carlos Medem, quien presuntamente entregó a Laffitte & Lublinerman 9.000 millones de dólares entre 1992 y 1999. 

En 2011, cuando se levantó el secreto bancario en Uruguay, desde ese despacho se realizaron envíos de dinero de cuentas opacas uruguayas y panameñas hacia Suiza, en lo que se denominó "la ruta del dinero K".

Los investigadores sospechan de que el entramado esconde al verdadero titular de las sociedades

También señala el informe de Asuntos Internos, fechado en abril de 2016 bajo el mando del comisario Francisco Migueláñez, que Villarejo utiliza "sociedades interpuestas que dificultan la identificación del verdadero titular". Es el caso de CPD Real State SL --creada en 2014 y cuyo principal accionista es CENYT-- constituida con casi un millón de euros de capital social y en la que desde 2015, cuando ya sabía que estaba siendo investigado en el caso del pequeño Nicolás, el comisario ha ido aportando inmuebles de los 92 que tiene repartidos por Madrid, Córdoba, la Costa del Sol y Sevilla.

Grandes ingresos en efectivo de origen desconocido

Detalle del informe en el que se ejemplifican los movimientos en efectivo de las empresas del comisario Villarejo.

Como muestra,  Asuntos Internos destaca que desde la constitución de Cenyt Salud (antes Premium Salud) entre 2010 y 2014 ingresó en efectivo 6.350.000 euros, desembolsados como ampliaciones de capital y sin que se pueda conocer el origen de ese dinero.

Algo parecido pasó con Cenyt Consultoría Organizacional, cuyos socios fundadores fueron CENYT, que aportó 403.560 euros en efectivo, y LEXTOR, que ingresó 177.840 euros. 

Sin duda, demasiado capital para el sueldo de un funcionario... garante de la Ley. 

José Manuel Villarejo Pérez, años ha.

FUENTE: publico.es

Patricia López

08/02/2017
 


¡¡¡Peste y mierda!!!

¡MANDA "GÜEVOS"!

 

 Federico Trillo

Aunque la frase se le escapara, años ha, a micrófono abierto a Federico Trillo (ahora en el candelero político) siendo presidente del Congreso de los Diputados por el Partido Popular, este ciudadano quiere reivindicarla, con motivo de la acusación de la Fiscalía a la joven tuitera que "se atrevió" a hacer un chiste sobre el atentado a Carrero Blanco, acaecido hace la friolera de ¡¡¡44 años!!!

Carrero Blanco

Y es que ¡MANDA GÜEVOS! que, viviendo aún nuestro último dictador oficial, Francisco Franco Bahamonde, se pudieran hacer chiste sobre el almirante que ascendió a los cielos de repente, y ahora, tras casi 40 años de "Mamocracia", sea considerado delito.

Francisco Franco

¡¡¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!!!

Citizen Plof

ESTADO ENFERMO

Gerardo Iglesias: "El Estado español se pasa por la entrepierna lo que haga falta para defender al franquismo

La Fiscalía pide suspender las declaraciones de los 19 franquistas apelando otra vez a la ley de Amnistía y a la prescripción de los hechos denunciados e impide que el fundador de IU declare como víctima por las torturas recibidas.

Gerardo Iglesias

El que fuera secretario general del Partido Comunista y coordinador general. de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias Argüelles tomó la medicación suficiente como para poder pasar una hora en un juzgado de Oviedo relatando las atrocidades que tanto él como su familia sufrieron durante la dictadura y que denunció ante la Justicia de Argentina. Ha sufrido hasta cinco operaciones en su columna vertebral que le han dejado un dolor crónico. Sin embargo, merecía la pena. Era un paso más, dentro una larga marcha, para acabar con la impunidad franquista. "Tenían que tomarme declaración en casa, pero no tienen dignidad. Ya sabemos en qué país estamos", dice Iglesias. Pero, finalmente, tampoco fue el día. 

Apenas unos minutos antes de que comenzara su declaración, la jueza informó a Iglesias y su letrada, Ana Messuti, de que la declaración quedaba suspendido a petición de la Fiscalía, que el pasado 30 de septiembre envió una instrucción de obligado cumplimiento instando a que se suspendieran todas las declaraciones solicitadas por la justicia de Argentina, que instruye la única causa judicial que investiga la dictadura franquista. "No me ha sorprendido, pero me ha indignado mucho. No esperaba esto después de haberme citado, pero ya conocemos la postura del Poder judicial y del Gobierno", prosigue. 

Ana Messuti

La situación es grave. En aplicación de esta instrucción no sólo serán suspendidas las declaraciones de las víctimas sino también la de los altos cargos del franquismo que han sido imputados en Argentina, entre los que se encuentran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina (suegro de Gallardón). Primero, la Justicia española denegó la extradición, después fue el Gobierno y ahora es la Fiscalía la que pide suspender el proceso apelando a (sorpresa) la Ley de Amnistía, la prescripción de los hechos denunciados y a la Transición.

"El Estado español sigue estando enfermo de franquismo. Ni siquiera se ha condenado formalmente el golpe militar ni la posterior dictadura. No podemos sacudirnos el lastre de la cultura franquista, entre otras razones, porque los franquistas siguen dentro del Estado. Lo impregnan todo. Y el Partido Popular se niega a rechazar la dictadura. Ni siquiera se condenan los actos de exaltación del franquismo", prosigue el fundador de IU, que sufrió torturas, detenciones y cárcel durante la dictadura.

Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina

Los letrados de la querella argentina no tienen dudas de que el motivo que hay detrás de la instrucción de la Fiscalía no es la declaración de Gerardo Iglesias y sí los exhortos que pedían a la Justicia española que tomara declaración a los 19 franquistas. Muchas de estas órdenes ya estaban en sus correspondientes juzgados y muchas de ellas ya han sido devueltas, como ha sido el caso de los juzgados de Valencia. Otro caso curioso se da en los juzgados de Oviedo, donde había dos exhortos: uno, que pide la declaración de Iglesias por las torturas que sufrió por parte del, entre otros, policía Pascual Honrado, y, otro, para tomar declaración indagatoria al mismo policía por sus torturas. Ahora, ninguno de los dos declarará. Al menos, de momento.

"Esta jugada de la Fiscalía se debe a la intención de la jueza de tomar declaración a altos cargos franquistas. El Gobierno quiere evitar que reconocidos franquistas como Martín Villa tengan que entrar a un juzgado a declarar", señalan fuentes del equipo jurídico de la querella argentina a Público. 

Para Gerardo Iglesias, que milita desde los 15 años en el PCE y lleva en su ADN la lucha contra el franquismo, lo sucedido y la instrucción ordenada desde la Fiscalía es "una tomadura de pelo". Pero tiene más maneras de describirlo: "auténtico cachondeo", "impunidad llevada al infinito", "desprecio a la ley", "descaro autoritario" y un largo etcétera que se resume en la siguiente frase: "El Estado español se pasa por la entrepierna lo que haga falta para defender al franquismo. Ya sean los tratados internacionales que ha suscritos o sus propias leyes. Lo que haga falta", incide Gerardo Iglesias.

El colmo "de la desvergüenza", para Iglesias y sus letrados, ha sido que no han podido tener acceso a la instrucción de la Fiscalía, ya que debían presentar la petición por escrito y esperar. A los pocos minutos, sin embargo, la agencia de noticias EFE ha publicado los detalles y ha señalado que ha tenido acceso a la instrucción. "¿Pero qué humillación es esta?", se preguntan desde el equipo de letrados de la querella argentina.

Por su parte, Gerardo Iglesias dice no perder la esperanza y estar convencido de que las batallas por la dignidad y por los derechos humanos siempre se ganan. "España ganará su batalla contra la impunidad de franquista. No sé si yo lo veré, me gustaría, pero se ganará. Este país no puede crecer bajo cientos de miles de cadáveres sin que la sociedad conozca a las claras ese período de la historia de España. Primero, el levantamiento militar; después, la Guerra y, por último, la sangrienta dictadura. No tengo la menor duda de que se acabará resolviendo. Lo lamentable es que se tarde tanto", concluye el autor de libros como Maquis y La amnesia de los cómplices. 

FUENTE: publico.es
Alejandro Torrús
Madrid -  04/10/2016

"PA' MEAR Y NO ECHAR GOTA"

El fiscal echa un capote al PP y pide que se archive el procesamiento por el borrado de discos de los ordenadores

Aseguran que no se ha probado que se haya producido un delito. El PP también ha presentado un recurso asegurando que "no existía información en los discos".

 Echar un capote

La fiscalía de Madrid ha interpuesto un recurso contra el auto de la juez que la pasada semana procesó al Partido Popular por el borrado y destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas.

Rosa Freire, magistrada de Madrid, proponía juzgar a la tesorera Carmen Navarro, al informático del partido José Manuel Moreno y al abogado Alberto Durán, por los delitos de daños informáticos y encubrimiento.

Sin embargo, tras haberse demostrado que los discos duros se rayaron y borraron 35 veces, la fiscalía ha solicitado en su recurso el archivo de la causa porque las investigaciones que se han realizado no acreditan que se haya cometido delito, según informa la Cadena Ser.

El extesorero del PP Luis Bárcenas en la entrada de la Audiencia Nacional.- EFE

La fiscalía ha llegado a presentarse ante la propia juez y, subsidiariamente, ante la Audiencia de Madrid.

El auto de Rosa Freire acreditó que el borrado de los ordenadores que contenían las supuestas pruebas de la caja "B" del PP se produjo cuatro meses después de la expulsión de Luis Bárcenas del partido. Los ordenadores estaban guardados bajo llave.

Según la juez, el trabajo del informático que destruyó los portátiles a "conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rayado hasta su destrucción física", concluyó una semana después de que el exguardián de las finanzas de los populares ingresara en prisión.

Esta petición de la fiscalía se ha producido el mismo día en que el Partido Popular también ha presentado un recurso ante la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid. En un escrito, los populares defienden que en los ordenadores con los que trabajaba el que fuera su extesorero "no existía información" y ponen de manifiesto que el propio Bárcenas cambió el disco duro de uno de ellos, marca Apple, meses antes de abandonar su puesto y destruyó el antiguo.

Además, en el escrito el PP insiste en que aplicó de forma adecuada el Protocolo Informático de Borrado Seguro y destaca que el partido no dispone de uno sólo sino de más de 70 "implantados y en funcionamiento". "El Protocolo existe, se aplica y es conocido por los técnicos que deben utilizarlo en su día a día", han dicho.

FUENTE: publico.es
Madrid - 01/08/2016

¿Pero es que en ese partido nadie ha oído hablar de pendrives, cds, dvds, external disks, cloud... y otros medios dónde Bárcenas pudo alojar un backup o copia de seguridad?

EL MINISTRO Y LAS ROSITAS

La Fiscalía no ve indicios para investigar a Fernández Díaz por sus conversaciones

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz / J. J. Guillén (EFE)

La Fiscalía del Tribunal Supremo considera que no hay indicios suficientes para iniciar una investigación penal contra el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por sus conversaciones con el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

Se trata de las conversaciones grabadas en el despacho del ministro en octubre de 2014 en la que ambos hablan de posibles investigaciones a dirigentes de partidos independentistas catalanes, como Felip Puig o Francesc Homs.

 Daniel de Alfonso

La Fiscalía del Supremo ha analizado las denuncias presentadas contra el ministro -que es aforado- por prevaricación, revelación de secretos y malversación de caudales públicos.

A su juicio, del contenido de las conversaciones difundidas por el diario Público y que ese diario entregó a la Fiscalía, "no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, por prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales".

Jorge Fernández Díaz

La Fiscalía del Supremo ha remitido las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Madrid para que estudie si De Alfonso ha podido cometer un delito de revelación de secretos y a la Fiscalía Provincial de Barcelona por si hubiese podido incurrir en malversación de caudales públicos.

De Alfonso fue apartado inmediatamente por el Parlament de Cataluña del cargo de director de la Oficina Antifraude de Cataluña por un "grave incumplimiento de sus deberes y obligaciones" a raíz de la publicación de esas grabaciones. 

Mientras tanto, el ministro sigue a las órdenes de Rajoy

 

FUENTE: eldia.es

Madrid - Agencia EFE
14/07/2016

¿Saben por qué el ministro se va a ir de rositas?

Porque al Tribunal Supremo le hacen falta unas "Gafas de Fiscalía"