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6/6/19

UNA RESURRECCIÓN CIRCUNSTANCIAL

¡Ciudadanos!...Hacia ya más de tres meses que no escribía ni una coma en este blog. Tenía la certeza de que no iba a hacerlo más, pero hay cosas que claman a ese cielo en el que no creo y, aunque ustedes tampoco se lo crean, terminan por resucitarlo a uno; como este artículo de Cristina Fallarás, denunciando abiertamente los mimbres franquistas del Tribunal Supremo de este "pís".
 

El día en que el Supremo se declaró franquista


Este martes 4 de junio, a la democracia española se le han abierto un par de descosidos por los que hemos podido verle el relleno. Y también oler cómo la borra bajo las costuras ha ido fermentando hasta empaparlo todo.

Probablemente, la ingente podredumbre franquista que va saliéndosele a nuestra democracia lo hace sencillamente porque cuando tienes un muerto debajo del colchón, la purulencia acaba goteando veneno y hediondez. Cuando los muertos se cuentan por decenas de miles ya es albañal*.

Francisco Franco y José Millán Astray abrazados mientras entonan cánticos legionarios, en instantánea realizada por Bartolomé Ros (1906-1974) en el norte de Africa. 
Francisco Franco y José Millán Astray abrazados mientras entonan cánticos legionarios, 
 en instantánea realizada por Bartolomé Ros (1906-1974) en el norte de Africa.

De dos golpes de Estado se habló ayer en el Tribunal Supremo. Y de dos formas bien distintas. La Fiscalía defiende que lo sucedido en Catalunya ha sido un golpe de Estado, mientras el Supremo ha decidido legitimar el golpe de estado franquista.

Cuando la democracia apesta, es que está enferma. Y en este caso, la infección vierte su pus a través del Poder Judicial. Mal asunto, pero al fin, evidente.

El Alto Tribunal debía fallar este martes, día 4, sobre la petición de la familia de Francisco Franco para que se paralizara la exhumación del dictador.


Los poderes Legislativo y Ejecutivo ya habían ordenado el traslado de la momia del criminal. No obstante lo anterior, el Judicial decidió frenarlo.

Lo que quede del tirano permanecerá por ahora en suelo público a mayor honra de sus asesinatos, torturas y robos. Descansará su carne seca en un lecho pagado por nosotras, por nosotros.

Hubo quien se sorprendió. Y sobre todo hubo quienes sintieron en sus carnes el mordisco de la injusticia. Como si no estuvieran ya acostumbrados, acostumbradas.


Respeto y honras desde la Justicia al dictador que mandó reprimir, torturar y asesinar a sus madres, padres, abuelos, familiares, vecinos y vecinas. Respeto y honras desde la Justicia al criminal que fomentó el robo de las tierras y las propiedades y los hijos y las hijas de sus abuelos, de sus padres y madres.

Que por lo tanto les condenó a la pobreza, al escarnio, la cárcel y el dolor, a la falta de estudios, a una vida peor para sus familias y sus descendientes, enriqueciendo a los criminales, enalteciendo la violación, destruyendo por décadas y décadas la idea de decencia como base social.

Sin embargo, lo peor de lo dictado ayer por la Justicia no reside, con toda su vileza y brutalidad, en el aplazamiento de la exhumación de la bestia, sino en el hecho de que el Tribunal Supremo se reconociera franquista. Ah, las costuras. Ah, la sentina.


Lo peor del escrito de ayer está en una sola línea. En ella se puede leer sobre Franco: “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”. Y no solo eso, sino que preguntados por algún medio de comunicación, se ratificaron en tal infamia.

Francisco Franco encabezó un golpe de Estado militar en julio de 1936 que provocó tres años de guerra civil y otros 40 de dictadura fascista.

Los muertos se cuentan por centenares de miles. Más de 100.000 siguen en fosas comunes, para vergüenza de todos y cada uno de nosotros, de nosotras.

Localización geográfica de las fosas comunes de las que se dispone información

Solo un puñado de golpistas malnacidos y asesinos reconocieron a Franco como Jefe de Estado en octubre de 1936. Ellos entonces, y este martes, día 4 de junio de 2019, el Tribunal Supremo de España.

Como escribí hace nada, Juan Carlos juró como sucesor en la Jefatura de Estado con la siguiente frase: “Quiero expresar en primer lugar, que recibo de su excelencia el jefe del Estado, el generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936”

Pues bien, dicha “legitimidad” quedó ayer avalada nada menos que por el Tribunal Supremo de España.

Felipe VI con los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo

Mientras tanto, para mayor afrenta, la Fiscalía afirmaba que en Catalunya se acaba de dar, esta vez sí, un golpe de Estado.

Lo dicho, por algún lado tenía que reventársele a esta democracia la purulencia. Y el hedor resulta insoportable.

FUENTE: publico.es
Otras miradas
Cristina Fallarás
05/06/2019

(*) albañal, conducto o canal por el que salen las aguas sucias o residuales. Sitio lleno de inmundicia.


Con el permiso del grupo libertario de "street punk" fuengiroleño, voy a utilizar su icono (no es la primera vez que lo hago) porque creo que su nombre da la medida exacta de la Justicia en este "pís":




4/10/18

LOS PODERES DEL ESTADO: EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL

​Así han bloqueado los tres poderes del Estado el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo


El abogado Jacinto Lara, presente en multitud de procesos contra los crímenes de la dictadura, denuncia cómo en los últimos cuatro años los poderes del Estado han "fortalecido la política de impunidad de la dictadura franquista".

Imagen de la exhumación de Timoteo Mendieta.- REUTERS

El Congreso convalidó el jueves el Real Decreto Ley que permitirá sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. España pondrá fin de esta manera al agravio histórico que suponía mantener al dictador que masacró a su propio pueblo enterrado con honores. Se solucionará así uno de los muchos défictis del Estado español en relación a los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de la dictadura. Un paso adelante para las víctimas y también para la democracia. 

Sin embargo, aún queda mucha tarea pendiente. Cuando el entonces Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, visitó España publicó un extenso informe en el que señaló todas las tareas pendientes del Estado español en esta materia. A saber: encontrar a los desaparecidos y modificar sistema de exhumaciones; anular las sentencias del franquismo; abrir los archivos y crear un organismo que ayude a crear un relato oficial de la historia.

Todas estas medidas, en mayor o menor medida, fueron tenidas en cuenta por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuando anunció su deseo de reformar la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, hay una parte de las recomendaciones de Pablo de Greiff que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ignorado: el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo.
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El Relator de la ONU emplazó a España a derogar o dejar sin efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía, que en la práctica "cumple las funciones de una ley de punto final en tanto que se ha utilizado para archivar prácticamente la totalidad de los casos que llegan ante los jueces", y  a los responsables de la dictadura franquista.

Pablo de Greiff

¿Y qué ha pasado desde entonces? El abogado de las víctimas de la dictadura franquista en el proceso abierto en Argentina y en muchas de las querellas presentadas en suelo español, Jacinto Lara, responde que en materia de acceso a la Justicia las víctimas de la dictadura están peor ahora que hace cuatro años.

"En este tiempo, los tres poderes del Estado han fortalecido la política de impunidad del franquismo y el Ejecutivo del PSOE no ha formulado ninguna medida para remediarlo", denuncia Lara, que considera que acabar con la impunidad de la dictadura es posible "con voluntad política". 

"Juzgar a los responsables franquistas es posible. El Derecho Internacional lo avala. Hacen falta reformas legales y voluntad política. Decir que España no puede juzgar a los responsables de la dictadura es un insulto a la inteligencia".

El Parlamento blindó la Ley de Amnistía

Aprobación de la Ley de Amnistía por el Congreso el 14 de octubre de 1977

El Poder Legislativo, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, rechazó en marzo del presente año dejar sin efecto la Ley de Amnistía, tal y como solicitó el Relator de la ONU. La propuesta llegó al Congreso de la mano de los distintos colectivos y víctimas que integran la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).

Solicitaban añadir un párrafo a la conocida Ley de Amnistía que estableciera, concretamente, que la norma "no impedirá" que "los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos".

La propuesta, tal y como se ha señalado, fue rechazada por PP, PSOE y Ciudadanos. El socialista Manuel Cámara ha incidido en que de cambiarse la norma se darían situaciones de "inseguridad jurídica". La decisión fue duramente criticada por otros partidos del Congreso como Unidos Podemos o ERC. También por la Red de Ciudades contra la impunidad franquista, que incluye a consistorios como el de Barcelona, Madrid o Zaragoza, emitió un comunicado en el que emplazó al Congreso a asumir las demandas del Relator Especial de la ONU.

El Poder Judicial no quiere investigar

Reunión del Pleno del Consejo del Poder Judicial

El abogado Jacinto Lara también recuerda que en los últimos años las víctimas del franquismo han interpuesto hasta 12 querellas en los juzgados españoles para que se investigaran las torturas de diferentes miembros de la Brigada Político y Social, como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Nueve de estas querellas ya han sido inadmitidas por la Justicia.

Asimismo, los ayuntamientos de Pamplona, Elgeta, Arrasate y Durango  también han interpuesto querellas contra la dictadura. La única que fue admitida a trámite y de la que se llegaron a realizar diligencias judiciales fue la querella del Ayuntamiento de Elgeta. Sin embargo, la jueza que dio el paso tenía condición de sustituta y fue rápidamente removida del juzgado, que inmediatamente ordenó el cierre de la causa.

En este sentido, también cabe destacar que la Audiencia Nacional rechazó extraditar a los acusados de torturas durante el tardofranquismo Antonio González Pacheco, miembro de la BPS, y Jesús Muñecas, agente de la Guardia Civil.

El Ejecutivo, cerrado en banda


Las actuaciones del Ejecutivo en los últimos tiempos que han apuntalado la política de impunidad de la dictadura se pueden vertebrar en dos ejes.

Por un lado, el Consejo de Ministros desoyó la advertencia de la ONU de juzgar a los críminales franquistas o colaborar con Argentina y extraditar a los imputados crímenes de lesa humanidad en el franquismo. El Consejo de Ministro rechazó el de 15 de marzo de 2015 la petición de la Justicia de Argentina de entregar a veintena de miembros de la dictadura franquista (desde exministros a miembros de la BPS) para su toma de declaración por los graves delitos por los que son acusados. Entre ellos se encuentran los exministros Fernando Suárez y Rodolfo Martín Villa.

Tras la negativa a extraditar a Argentina del Estado español, la jueza argentina María Servini envió comisiones rogatorias a España para poder tomar declaración a los imputados en suelo español con la colaboración de jueces de aquí. La reacción del Gobierno del Partido Popular fue contundente. El 20 de septiembre de 2016 la Fiscalía General del Estado envío una circular a los juzgados con peticiones desde Argentina instándoles a rechazar estas comisiones y recordando que el juez Garzón fue investigado por intentar juzgar el franquismo.

¿Qué puede hacer el Gobierno de Sánchez?


El Gobierno socialista de Pedro Sánchez

La pregunta, ante esta situación de impunidad, es pertinente. ¿Qué puede hacer el Gobierno de Sánchez para acabar con la impunidad de la dictadura?

En primer lugar, Jacinto Lara emplaza al nuevo Ejecutivo a dejar sin efecto la circular de la Fiscalía que pide a los jueces no colaborar con la Justicia de Argentina en su causa contra los crímenes del franquismo y que, por contra, la oriente a la Fiscalía para que pida a los jueces que colaboren con Argentina y que la jueza pueda pisar suelo español y tomar declaración a los imputados. "La nueva Fiscalía lo tiene muy fácil. Solo tiene que dejar sin efecto la anterior y mostrar su predisposición del Estado a colaborar con Argentina. Eso es lo que nos pidió el Relator de la ONU", incide Jacinto Lara. 

En segundo lugar, el abogado de la CEAQUA pide al Gobierno de Sánchez que haga suyas las reformas legales que permitirían que la Justicia sí pudiera investigar los crímenes franquistas. Así, pide al PSOE que utilice su papel de impulsor legislativo para pedir que se anule la Ley de Amnistía y para que apoye otra propuesta, ya en trámite parlamentario, que pide reformar el Código Penal para "incorporar el principio de legalidad desde una perspectiva internacional". 

FUENTE: publico.es
Alejandro Torrús 
Madrid - 16/09/2018



La famosa Ley de Amnistía 
es una auténtica vergüenza democrática.


29/3/18

HAY QUE QUITARSE DE ENCIMA ESTE PODER JUDICIAL (II)

...CONTINUACIÓN:


El soberanismo popular sorprendió a sus propios dirigentes el día 1 de octubre. Una parte muy importante de la población catalana dio un ejemplo extraordinario de civilidad y eso sacó de casillas a los gobernantes que habían pensado, por decirlo de manera indulgente, que la convocatoria a las urnas se podía hacer fracasar a base de detenciones, registros, requisas, amenazas, pelotas de goma y golpes de porra a discreción.

Prometieron que el referéndum no existiría, pero existió, con menos participación de la deseada por los participantes, pero mucho más alta de la prevista, teniendo en cuenta la intimidación de las “autoridades” de Madrid, y equiparable a la registrada en otras convocatorias a las urnas no desautorizadas por el Estado.

Y como que no pudieron impedirlo, y como el Parlament de entonces no pudo ignorar el resultado, el ejecutivo del PP aplicó mucha más mano dura. Disolvió el Parlamento destituyó el gobierno de la Generalitat, cesó a 260 cargos de la Administración catalana. Entendió que el artículo 155 de la Constitución le autorizaba a ignorar totalmente la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana y en ello sigue.

Su objetivo no es el pacto, ni ninguna solución dialogada. Lo que exige es la capitulación de un amplio sector de la sociedad catalana y cree que lo conseguirá con una escalada de medidas coercitivas.



“La situación en Catalunya es de completa normalidad”, dice y repite el ministro portavoz, con aquel aire de personaje de “buena familia” franquista que siempre habla de “la Generalidad”. A estas alturas ya saben que el soberanismo tiene raíces profundas y por eso pretenden normalizar la situación actual, normalizar la represión contra una sociedad que persiste en el deseo de votar “incorrectamente”.

El tiempo que se avecina es de más 155, más detenciones, más “investigaciones”, juicios, sanciones económicas, encarcelamientos, y esto pondrá a prueba la capacidad de entendimiento entre gente normal, dispuesta a defender su derecho a convivir en libertad y democracia.

Hará falta que las personas republicanas, independentistas o no, reflexionen sobre el apoyo social que se necesita para hacer efectivo en algún momento un régimen político republicano y que tomen conciencia tanto de las fortalezas como de sus debilidades, para ver si la República es realmente un objetivo o sólo una palabra representativa de un tiempo político del pasado y de unos “valores” imprecisos. Tendrán que identificar claramente quiénes son y dónde se encuentran sus aliados, y también sus enemigos, los responsables del deterioro de la democracia, los interesados al mantener la inseguridad, la precariedad, la pobreza… Y explicarlo.

Tendrán que revisar esquemas del pasado y distinguir entre quién defiende hoy en día privilegios de clase, de género y de poder administrativo y quien apoya a discriminadas y discriminados.



Y necesitarán mecanismos de solidaridad, de la sociedad civil, también económicos, porque a estas alturas ya son muchos lo que han tomado conciencia de la existencia de un conflicto de larga duración, en el cual el Estado, lejos de prestar protección, ha dejado y dejará damnificados.

El gobierno del PP no esconde sus cartas, herederas de una lógica militar. En vez de diálogo utiliza la fuerza. Y si el enemigo se retira, le persigue.

Lo que tiene delante, por el momento, es una movilización independentista excepcional, pacífica, atípica, no comparable a ninguna otra de las que se han visto en Europa occidental. La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió indica que los catalanes partidarios de la independencia habrían perdido apoyo en los últimos meses, del 48,7 al 40,8%; pero hay que recordar que, según el mismo estudio, si hubiera elecciones, los partidos independentistas podrían obtener en el Parlamento una mayoría algo más sólida que la actual.

Siempre queda la incógnita sobre si el tejido asociativo soberanista conserva su capacidad de convocatoria en la calle. Depende de la coyuntura, está claro, y de su propia organización, y de la conducta de sus dirigentes, pero no parece debilidatado. En las movilizaciones de este viernes no ha dado muestras de flaqueza.



Conviene, en cualquier caso, que demócratas de todas partes del Estado se pregunten por el escenario de un eventual repliegue del independentismo al autonomismo, del que provienen muchos de sus actuales representantes. Que se pregunten sobre quién sería el beneficiario de una eventual pérdida de impulso del movimiento soberanista catalán. Hace cuatro años, el actual teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, el constitucionalista Gerardo Pisarello, ya señalaba en Madrid que una derrota del proceso en Catalunya significaría una derrota para movimientos de todo el Estado. Hoy parece más evidente que entonces.

Si el soberanismo cede, ¿quién lo celebraría? ¿Quién sacaría provecho? ¿Habría menos represión si sus dirigentes renunciaran a lo que se aprobó el 1 de octubre? ¿El PP, C’s y el PSOE harían algún gesto de reconocimiento de la realidad nacional catalana?

El gobierno de España utilizará todos los recursos que tiene para impedir que el Parlamento trabaje como cámara con capacidad de legislar. Rajoy, Sáenz de Santamaría, Rivera, Arrimadas, Sànchez, Robles, Ábalos han negado de todas las maneras posibles la consideración de Catalunya como un sujeto político soberano, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. Es por este motivo que ninguno de ellos ha pronunciado nunca en relación a Catalunya una frase tan sencilla como esta: “sentémonos a hablar”.

La intervención del Estado sobre la Administración catalana se convertirá en algo permanente. Lo dice y reitera el ministro portavoz. Lo confirma el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, hombre clave en la aplicación del artículo 155. Mientras no haya un gobierno catalán que se conforme con el actual orden constitucional y estatutario, el gobierno español seguirá en Catalunya, dice.



¿Qué se puede hacer con un Estado que considera delictiva una aspiración política como es el ejercicio del derecho de autodeterminación, que en tiempos de la transición reivindicaban todos los demócratas?

Un gobierno de la “Generalitat” adaptado a las actuales exigencias del aparato de Estado podrá utilizar, de la mejor manera posible los espacios institucionales propios de una comunidad autónoma, pero si la nueva izquierda y la tradicional no hacen frente al autoritarismo y al régimen monárquico, sin ambigüedades, si no se dispone a tejer alianzas con todos los soberanistas y republicanos para sacarse de encima un poder judicial estrechamente vinculado al poder político, los márgenes de actuación desde la Generalitat, y seguramente desde cualquier administración autonómica, se irán haciendo cada vez más estrechos.

Un “autogobierno” marcado por la doctrina del miedo, lejos de hacer respetar los derechos democráticos de la ciudadanía, dejaría pista libre para todo tipo de oportunistas, que entienden la política como un juego de maniobras, de golpes bajos, amenazas, inconfesables alianzas y traiciones, para conseguir adhesiones, fidelidades, negocios y espacios miserables de poder.

Hay que hacer todo el posible para tener una administración cercana y totalmente alejada de los gustos de los que este viernes han celebrado o intentado ridiculizar el exilio de Marta Rovira y el encarcelamiento de Carme Forcadell, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva.


FUENTE: publico.es 
Marià de Delàs 
23/03/2018


Digo yo que habrá que hacer 
lo que quiera el pueblo ¿no?
 

27/3/18

HAY QUE QUITARSE DE ENCIMA ESTE PODER JUDICIAL (I)

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Hay individuos y también colectivos que no saben disimular su tendencia a apoyar a los privilegiados, a los poderosos o a todo aquel que tenga pinta de ‘jefe’. No lo hacen por obligación. Se trata normalmente de personas educadas en el servilismo, a menudo humilladas, a veces corruptas, pero esto no las hace necesariamente crueles y desprovistas totalmente de buenos sentimientos. Sus codazos, sus acciones insolidarias, y también sus omisiones, para obtener algún beneficio o promoción, a menudo resultan asquerosas, pero hasta cierto punto, a veces, resultan relativamente comprensibles.

Cuesta más entender la satisfacción que expresan otros conciudadanos ante el sufrimiento de los diferentes, los insumisos, discrepantes, extranjeros, rebeldes…. Hay quien no se conforma con “hacer la pelota al encargado” y quiere ver castigado a quien no se resigna a ceder ante el más fuerte.

Entre estos, desde hace un tiempo, en Catalunya, llaman particularmente la atención las palabras de personas que quieren ver a otras privadas de libertad, por el hecho de haberse significado en defensa de derechos políticos elementales. Convendría entender el motivo real de ese deseo. Son los que han aplaudido el largo encarcelamiento de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Joaquim Forn y los que no esconden su satisfacción por la privación de libertad de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull.

A determinados dirigentes ya les va bien la idea de intervenir en la vida política con adversarios apaleados, atemorizados, encarcelados, encausados o bajo la amenaza de serlo. No representan ninguna novedad. Los libros de historia están llenos de personajes que se mostraron dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir poder económico o administrativo, conservarlo y hacerlo crecer. Individuos que explotaron y explotan la extensión del miedo entre la población para conseguir negocios, fidelidades, adhesiones, envilecimientos, docilidades…

Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial.​
Felipe VI de Borbón, rey de España.
Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia del Reino de España

Es triste pero se entiende. Inquieta bastante más, sin embargo, el apoyo social que obtienen algunos personajes cuando reclaman medidas de castigo severo contra sus adversarios, por haber participado en una manifestación, una asociación, por haber organizado un referéndum, haber encargado o distribuido propaganda, protestado por la detención de cargos políticos por su actividad estrictamente política, defendido el derecho a voto o haber aprobado por mayoría parlamentaria leyes relacionadas con la soberanía nacional. Esto tendría que angustiar a cualquier demócrata o, incluso, a cualquier persona razonable.

Las palabras y actuaciones de dirigentes de los partidos que apoyan en el gobierno de Mariano Rajoy resultan sospechosamente coherentes con la conducta de altos estamentos de la Fiscalía y con las decisiones de la cúpula del poder judicial. Demasiado a menudo parecen coordinadas. 

Gobernantes que supeditan la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas, a las decisiones de jueces y magistrados de dudosas convicciones democráticas. Y lo hacen sin complejos, abiertamente, sin vergüenza, impunemente. Fiscales y jueces que, cómo ha denunciado no hace mucho el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, se creen con la facultad de decir a los representantes de la voluntad popular a quien pueden elegir y a quien no, qué pueden hacer o dejar de hacer en su actividad parlamentaria.

Todo esto resulta muy preocupante. Mucho. Porque pone en cuestión la separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, minimiza el valor del sufragio universal y hace tambalear las bases de la democracia.


Pero desconcierta más todavía ver gente tradicionalmente considerada como progresista que se refiere a los dirigentes que se encuentran en prisión o exiliados en términos similares a los que utilizan los partidos que apoyan al gobierno de Mariano Rajoy. “Ya sabían que esto podía pasar”, “no respetaron la legalidad”, “han dividido a la sociedad catalana”, “han huido de la justicia”, “decidieron voluntariamente irse al extranjero”, “quieren aparecer como víctimas”, afirman.

Hay que buscar explicaciones al hecho de que fuerzas democráticas, más o menos comprometidas tradicionalmente con la justicia social, hagan hincapié en la falta de flexibilidad de las víctimas de la represión y acepten de forma sumisa, como un dato invariable, inamovible, como si se tratara de una fuerza de la naturaleza, la voluntad del gobierno del PP y de la cúpula judicial de intervenir las instituciones catalanas, encarcelar dirigentes políticos y sociales y de cargar contra el soberanismo sin miramientos.

Reproches, más que manifestaciones de disconformidad, contra los independentistas, y pasividad ante las resoluciones de un poder judicial que califica de violenta la acción pacifica de activistas de indudable trayectoria pacifista y que con esta conducta han acompañado la movilización permanente, pacífica y solidaria de millones de personas.

Gente que siempre se ha proclamado de izquierdas, defensora de los derechos humanos, que ahora regatea el reconocimiento, como presos políticos, de personas privadas de libertad desde hace meses por su ideología, que han podido escuchar como todo el mundo lo que dice la Fiscalía y lo que reconoce reiteradamente el propio juez instructor sobre los motivos reales de las órdenes de prisión preventiva.


Demócratas, que se resisten a considerar como exiliados a Puigdemont, Serret, Ponsatí, Comín, Puig, Gabriel y Rovira, y afirman que son “fugitivos”, por el hecho de no querer sufrir el mismo castigo que Junqueras, Forn, los Jordis y los cinco que han vuelto a ser encarcelados este viernes…, “fugitivos” de una “justicia” que no entienden los tribunales de otros países de nuestro entorno, y que han buscado refugio fuera del Estado español por considerar más útil la defensa de la democracia desde Bruselas u otras ciudades de Europa que desde Estremera, Soto del Real o Alcalá Meco.

Las víctimas de la represión que hoy practica el Estado contra el soberanismo catalán no son delincuentes comunes. Se encuentran en prisión o fuera del Estado español debido a su actividad política. Quién niega la evidencia o se instala en la neutralidad, en la equidistancia respecto a esta realidad complica la convivencia.

Hace falta que gente intelectualmente honesta, que en algún momento se ha proclamado como defensora incondicional de las libertades, se esfuerce al buscar explicaciones a los comportamientos brutales, al lenguaje gratuitamente hostil contra gente pacífica, al fomento de la represión que abre heridas que necesariamente dejan cicatrices, imborrables y que sólo se pueden curar con un tratamiento: democracia.





CONTINÚA...

22/9/17

UN DÍA NEGRO PARA LA DEMOCRACIA

20-S, el día que España sólo tuvo Poder Judicial

Consejo General del Poder Judicial

Lo sucedido ayer en Catalunya pasará a la Historia como un día negro para la democracia española. Tiene razón el Partido Popular (PP) cuando dice que todo lo que viene rodeando al referéndum del 1 de octubre y el propio plebiscito pone en riesgo la democracia. ¿Saben por qué? Sencillo, porque Rajoy, Rivera (en menor medida, Sánchez) y los suyos han apostado por una España sin Poder Ejecutivo y Legislativo… sólo el Judicial.

El presidente del Gobierno se ha borrado del mapa en todo este proceso de independencia. Las vías del diálogo no se han abierto jamás por parte de La Moncloa y su único discurso ha sido el de “o cumples la ley o atente a las consecuencias”. No deja de ser paradójico, irónico incluso, que esa frase salga por boca de Mariano Rajoy,  presidente del PP, acorralado por los casos de corrupción.

Mariano Rajoy

En segundo lugar, el poder Legislativo, representado por el Senado, también se ha esfumado. En un Estado de Derecho tan fuerte como dice Rajoy que tenemos, miembros del Ejecutivo deberían haber pasado por el Senado, aunque sólo fuera por estética democrática. Ni una sola explicación se ha dado en la Cámara Alta, algo que por ley será obligado si quieren aplicar el artículo 155 de la Constitución (que para muchos, ya se está aplicando de facto). Ese mismo artículo cuya aplicación socialistas como Susana Díaz ya defienden… Algo que no sorprende, porque para Díaz el socialismo es como tocar el violín, que se coge con la izquierda pero se toca con la derecha.

Finalmente, nos queda el poder Judicial, el único que ha actuado en esta deriva independentista por parte del Estado español… y hasta eso, se ha hecho mal. La oleada de registros y detenciones que se realizaron ayer vinieron por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, algo que no parece tener sentido cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), de rango superior, ya se ha hecho cargo de la investigación del referéndum.


Por parte del Govern se ha concebido ya 1 de octubre como un acto de desobediencia institucional. Se lleve a cabo o no, todo lo que se mueva alrededor del referéndum será eso, pura desobediencia institucional que para avanzar, como precisa Santiago Alba, deberá contar con la desobediencia civil. Lo plantean como un acto de fuerza y Rajoy ha caído en la trampa, porque lo que se está haciendo por parte del Gobierno de España es otro acto de fuerza mal concebido.

El PP, con el apoyo de Ciudadanos, está confundiendo la fortaleza de un Estado con la represión. Es innegable que lo vivido en España -no sólo en Catalunya- en las últimas semanas desprende un tufo de represión cada vez más inaguantable. La prohibición de actos públicos en los que únicamente se quiere hablar, debatir, compartir puntos de vista sobre el process catalán ha sido un gravísimo error. Para lo único que ha servido es para espolear a quienes veían desde lejos cómo sólo actuaba en este asunto una Justicia desprestigiada, cómo se ha violentado el derecho de reunión, el de libertad de expresión…


Rajoy ha perdido una ocasión de excepción para ganar la legitimidad que había perdido. La lacra de la corrupción que asola su partido, el modo en que el PP ha destruido pruebas, ha obstaculizado la labor de la Justicia, la manera en la que el presidente del Gobierno se ha reído de todos l@s español@s en sede parlamentaria y judicial… todo ello ha debilitado el Estado de Derecho, y no unos millones de ciudadan@s que reclaman otro modelo de Estado.

Inés Arrimadas, por su parte, habla de que al Govern sólo le queda tomar las calles. Olvida Arrimadas que las calles sólo las toma el ejército o la policía por la fuerza; lo que hace la ciudadanía, es reclamar lo suyo. Si el Govern tomara las calles, no sería por la fuerza, sino porque millones de personas libremente lo apoyan, porque las calles son de la ciudadanía, de quien emana la soberanía popular que, entre otr@s, ha colocado a Arrimadas donde está.


Así las cosas y, remitiéndome otra vez a Alba, a un acto de desbodiencia institucional debería seguirle uno de desobedicencia civil, participando masivamente en un referéndum pero votando NO, porque el mensaje que se trasladaría entonces sería de apoyo al derecho a decidir, dando una bofetada de realidad a es@s pseudodemócratas represiv@s y, al mismo tiempo, poniendo en su sitio a quienes han perdido el norte sobre el modo de disfrutar de ese derecho a decidir.

Es la hora de l@s valientes, para gobernar, para votar, para decidir, para hacer frente a la represión, en suma, para ser realmente democráticos.


FUENTE: publico.es
Posos de Anarquía
David Bollero
21/09/2017

 "Ellos", como herederos 
de Fraga Iribarne, 
siguen pensando 
que la calle es suya:



9/10/16

ESTADO ENFERMO

Gerardo Iglesias: "El Estado español se pasa por la entrepierna lo que haga falta para defender al franquismo

La Fiscalía pide suspender las declaraciones de los 19 franquistas apelando otra vez a la ley de Amnistía y a la prescripción de los hechos denunciados e impide que el fundador de IU declare como víctima por las torturas recibidas.

Gerardo Iglesias

El que fuera secretario general del Partido Comunista y coordinador general. de Izquierda Unida, Gerardo Iglesias Argüelles tomó la medicación suficiente como para poder pasar una hora en un juzgado de Oviedo relatando las atrocidades que tanto él como su familia sufrieron durante la dictadura y que denunció ante la Justicia de Argentina. Ha sufrido hasta cinco operaciones en su columna vertebral que le han dejado un dolor crónico. Sin embargo, merecía la pena. Era un paso más, dentro una larga marcha, para acabar con la impunidad franquista. "Tenían que tomarme declaración en casa, pero no tienen dignidad. Ya sabemos en qué país estamos", dice Iglesias. Pero, finalmente, tampoco fue el día. 

Apenas unos minutos antes de que comenzara su declaración, la jueza informó a Iglesias y su letrada, Ana Messuti, de que la declaración quedaba suspendido a petición de la Fiscalía, que el pasado 30 de septiembre envió una instrucción de obligado cumplimiento instando a que se suspendieran todas las declaraciones solicitadas por la justicia de Argentina, que instruye la única causa judicial que investiga la dictadura franquista. "No me ha sorprendido, pero me ha indignado mucho. No esperaba esto después de haberme citado, pero ya conocemos la postura del Poder judicial y del Gobierno", prosigue. 


Ana Messuti

La situación es grave. En aplicación de esta instrucción no sólo serán suspendidas las declaraciones de las víctimas sino también la de los altos cargos del franquismo que han sido imputados en Argentina, entre los que se encuentran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina (suegro de Gallardón). Primero, la Justicia española denegó la extradición, después fue el Gobierno y ahora es la Fiscalía la que pide suspender el proceso apelando a (sorpresa) la Ley de Amnistía, la prescripción de los hechos denunciados y a la Transición.

"El Estado español sigue estando enfermo de franquismo. Ni siquiera se ha condenado formalmente el golpe militar ni la posterior dictadura. No podemos sacudirnos el lastre de la cultura franquista, entre otras razones, porque los franquistas siguen dentro del Estado. Lo impregnan todo. Y el Partido Popular se niega a rechazar la dictadura. Ni siquiera se condenan los actos de exaltación del franquismo", prosigue el fundador de IU, que sufrió torturas, detenciones y cárcel durante la dictadura.

Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina

Los letrados de la querella argentina no tienen dudas de que el motivo que hay detrás de la instrucción de la Fiscalía no es la declaración de Gerardo Iglesias y sí los exhortos que pedían a la Justicia española que tomara declaración a los 19 franquistas. Muchas de estas órdenes ya estaban en sus correspondientes juzgados y muchas de ellas ya han sido devueltas, como ha sido el caso de los juzgados de Valencia. Otro caso curioso se da en los juzgados de Oviedo, donde había dos exhortos: uno, que pide la declaración de Iglesias por las torturas que sufrió por parte del, entre otros, policía Pascual Honrado, y, otro, para tomar declaración indagatoria al mismo policía por sus torturas. Ahora, ninguno de los dos declarará. Al menos, de momento.

"Esta jugada de la Fiscalía se debe a la intención de la jueza de tomar declaración a altos cargos franquistas. El Gobierno quiere evitar que reconocidos franquistas como Martín Villa tengan que entrar a un juzgado a declarar", señalan fuentes del equipo jurídico de la querella argentina a Público. 



Para Gerardo Iglesias, que milita desde los 15 años en el PCE y lleva en su ADN la lucha contra el franquismo, lo sucedido y la instrucción ordenada desde la Fiscalía es "una tomadura de pelo". Pero tiene más maneras de describirlo: "auténtico cachondeo", "impunidad llevada al infinito", "desprecio a la ley", "descaro autoritario" y un largo etcétera que se resume en la siguiente frase: "El Estado español se pasa por la entrepierna lo que haga falta para defender al franquismo. Ya sean los tratados internacionales que ha suscritos o sus propias leyes. Lo que haga falta", incide Gerardo Iglesias.

El colmo "de la desvergüenza", para Iglesias y sus letrados, ha sido que no han podido tener acceso a la instrucción de la Fiscalía, ya que debían presentar la petición por escrito y esperar. A los pocos minutos, sin embargo, la agencia de noticias EFE ha publicado los detalles y ha señalado que ha tenido acceso a la instrucción. "¿Pero qué humillación es esta?", se preguntan desde el equipo de letrados de la querella argentina.



Por su parte, Gerardo Iglesias dice no perder la esperanza y estar convencido de que las batallas por la dignidad y por los derechos humanos siempre se ganan. "España ganará su batalla contra la impunidad de franquista. No sé si yo lo veré, me gustaría, pero se ganará. Este país no puede crecer bajo cientos de miles de cadáveres sin que la sociedad conozca a las claras ese período de la historia de España. Primero, el levantamiento militar; después, la Guerra y, por último, la sangrienta dictadura. No tengo la menor duda de que se acabará resolviendo. Lo lamentable es que se tarde tanto", concluye el autor de libros como Maquis y La amnesia de los cómplices. 

FUENTE: publico.es
Alejandro Torrús
Madrid -  04/10/2016

15/6/15

LOS CUATRO PODERES DEL ESTADO


Tiempo atrás, el Cuarto Poder era La Prensa, 
pero ha perdido tanta fuerza vendiéndose al mejor postor, 
que apenas le queda algún resuello.

Ciudadano Plof
 

19/10/14

SI YO FUERA JUEZ


                                   Barcoj                        Blesa                          Rato


No encarcelaría a Blesa ni a Rato ni a Barcoj, aunque lo pidiese el fiscal, que no lo va a pedir, pero los mantendría imputados y les impondría severas medidas cautelares para evitar manipulaciones en sus patrimonios o que huyeran. Luego me iría el fin de semana a una casa rural para estudiarme bien bien el Código Penal porque no es posible que entre más de 600 artículos no haya forma de trincarles más allá de delitos fiscales, que ya han prescrito salvo los dos últimos dos años y por tanto solo se podrá investigar el 17 % de lo que han arramplado con las tarjetas, antes no era que fuese mucho más tiempo sin que prescribiesen porque fue el propio Rato quien redujo el plazo de cinco a cuatro años,, o sea que en la mayoría de los casos cuando se descubren, si se descubren, los delitos ya están prescritos y a los autores, encima, no les queda ni mácula social. Llevo 20 años en la judicatura y no termino de entender por qué prescriben los delitos. Pero bueno, es lo que hay. Para los 83 restantes que se llevaron la pasta hay que esperar a ver qué dice Hacienda, pero barrunto que dirá que, si devuelven lo que gastaron con las tarjetas, no hay delito y no se les podrá imputar, ante el cabreo general. Al final me quedaré si saber si lo de las tarjetas era una golfada pura y simple o era una forma encubierta de aumentarles el sueldo, dado lo pobres que eran y lo poco que cobraban. En cualquiera de los casos, un atraco, dicho sea como si yo fuera un paisano ágrafo. 

Elpidio Silva - Juez del caso Blesa, inhabilitado por el Poder Judicial

Me da pena Elpidio. Creo que no lo hizo bien y se pasó en sus atribuciones porque los correos de Blesa aún eran secretos y por tanto legalmente no existían. Pero el hecho es que de los tres magistrados que lo condenaron, el presidente votó en contra, es decir, que fue un dos a uno, ya sé que no tiene que haber unanimidad, pero no estoy seguro de que ahora, con todo este lío de las tarjetas descubiertas, lo hubieran condenado, en fin, veremos qué dice el Tribunal Supremo. Le deseo suerte.


Y por lo que a mí respecta, poco más puedo hacer. Así que, si yo fuera juez y no me hubiera tocado este caso, iría a la puerta de la Audiencia a llamarles ladrones, mezclado con la gente, y luego lo vería en el telediario y le diría a mi mujer y a mis hijos que qué putada que se vayan de rositas y de gaviotitas. Pero como ya venía lo del ébola y lo de Catalunya ya ni hablábamos más del asunto. Y eso que mi hijo mayor me había preguntado, oye, Blesa ¿cuánto había cobrado de sueldo durante todos esos años?, ¿y Rato y Barcoj? Ahora en serio, lo importante era que Teresa Romero se estaba recuperando. Pero desde luego, si yo fuera juez, al Director General ese y a la ministra Mato los empapelaba aunque me echasen de la carrera. Y si me apuran, a Rajoy también.

FUENTE: publico.es
Puntadas sin hilo
Arturo González
16 oct 2014




Que "jodíos" los tíos; apretándonos las clavijas a los ciudadanos y gastando el dinero a espuertas.

¿Recuerdan que cuando un día dije que hasta las putas les pagábamos, algunos me lo recriminaron?