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13/6/19

DEMOCRACIA A LA ESPAÑOLA

Democracia
(...no lo es, no lo es...)

Democracia es el régimen cuya doctrina política establece un sistema de gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía, o sea, la autoridad suprema del poder público sobre un territorio y sus habitantes, mediante la elección libre de sus dirigentes. La Democracia requiere un régimen que establezca la independencia estricta de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; separados por el pueblo soberano para evitar que la concurrencia de tales poderes en las mismas personas corrompa el régimen y devenga éste en una oligocracia encubierta(1). 

La independencia estricta de los poderes del Estado sólo se logra mediante la elección libre por el pueblo, en procedimientos electorales distintos (lo que se expresa frecuentemente como "en urnas separadas"), de los representantes de cada uno de esos poderes; y se mantiene mediante la celosa vigilancia de cada poder sobre los otros en defensa de su propio ámbito competencial; y mediante el establecimiento de los procedimientos de control, por parte del pueblo, sobre el comportamiento de sus representantes: 


Desde el punto de vista de la legalidad, es el Poder Judicial, cuerpo funcionarial, el que impondrá el imperio de la Ley emanada del Parlamento al cuerpo político; y desde el punto de vista de la eficiencia, es el propio pueblo representado el que decide mediante el mandato imperativo de cada representante y un ágil procedimiento de destitución (o impeachment) en caso de corrupción manifiesta. Es precisamente ese control el que obliga al régimen a permitir al ciudadano identificar a un diputado concreto como propio representante en el Poder Legislativo.

Una vez comprendido lo anterior, llamar democracia a lo que organiza políticamente la España actual es malintencionado; y sería sin duda delictivo, si hubiera una verdadera Ley promulgada por el pueblo, en vez de por los partidos políticos(2).


En Ácratas, nadie pone en duda la legitimidad de la existencia de los partidos políticos, sino su pertinaz y avaricioso acaparamiento del ámbito de la política toda; de manera que, en España, ningún ciudadano puede ejercer sus derechos políticos si no es a través del filtro ideológico de un partido político. A veces, los partidarios llegan a mofarse del español que desea opinar políticamente diciéndole que si no le gusta lo que hay, constituya un partido político propio, a sabiendas, no sólo de la dificultad económica que ello conlleva, sino de la perversión que supone que la forma de pensar de un individuo deba homologarse con la de miles de otros individuos para constituir un cuerpo común partidario. 

La misma Constitución de 1978 bendice la exclusiva, el acaparamiento del ámbito de lo político, de los partidos y lo expresa taxativamente al pontificar que la libertad política de los españoles se manifiesta a través de estos. Y ello con todas sus consecuencias.


La consecuencia es que un ciudadano que desee expresar su opinión política, y no comulgue con las supuestas ideologías de los partidos que existen, no tiene posibilidad de ser representado. Es decir, que el régimen margina a sabiendas a todos los españoles que no se homologuen gregarios alrededor de un partido político concreto. Así, quien piense que en España, por ejemplo, deben construirse nuevas centrales nucleares, pero que debe prohibirse el despido libre, no tiene nadie que lo represente. Y, en general, suele ir a votar como mal menor (o sea, para evitar lo peor); o simplemente no va a votar, y se desentiende de la política.

El español medio se desentiende de la política porque sabe que no tiene voz (y que su voto está corrompido, pues da carta blanca al partido votado para que haga con él lo que le venga en gana, aún traicionando las opiniones de los votantes y hasta los propios programas electorales). El español medio se desentiende (como cualquier humano inteligente) de todo aquello que no puede controlar y resulta socialmente perjudicial: de los terremotos, de los tsunamis, de las epidemias y de los partidos políticos. Y se limita a lamentar las consecuencias de tales desgracias incontrolables: e igual que lamenta que Dios no controle las catástrofes de la Naturaleza, lamenta también no controlar su destino social por no tener verdaderos representantes políticos.


El español no tiene representantes políticos en los diputados electos, ni aunque sean del partido de sus preferencias dentro del arco parlamentario, porque los diputados a quien representan exclusivamente es a su partido, que es quien les ordena (a mano alzada, con los dedos, el jefe de filas, lo que deben votar en cada ley o propuesta en el Congreso y el Senado). Y es el partido el que (supuestamente) representa a sus votantes, porque la plebe no puede votar personas, sino siglas partidarias; y es la cúpula de la ejecutiva del partido la que interpreta lo que sus votantes desean (es decir, hace encuestas para conocer la caída en la intención de voto cada cierto período de desmanes en la gestión política, económica y social) mediante las herramientas del márquetin de masas. 

Porque la representación política, como la de cualquier otro tipo, requiere la garantía del control permanente del representado a su representante. Si no, es otra cosa, aunque se intente engañar al ciudadano con palabrería formal. Nadie puede representar a otro en ninguna gestión concreta (como la del voto en una ley) si la opinión de ese otro no es primero escuchada por el representante. Eso, que es obvio cuando pagamos la minuta a un representante en algún negocio o gestión (un abogado, un arquitecto, un intermediario, etc), no se verifica en el sistema político español.


El sistema político español está a caballo entre la dictadura de la que proviene sin ruptura (fue acuerdo, transición, pacto, consenso, conceptos todos no democráticos, sino oligárquicos) y la verdadera democracia. De manera que llamar al Régimen monárquico-parlamentario español DEMOCRACIA es tan inexacto y tan injusto como calificarlo de DICTADURA. Cualquiera que haya leído esto, y se sienta sorprendido o incluso insultado, y desee comprobar la veracidad de nuestro aserto, limítese a asomarse al otro lado de lo Pirineos (esos montes que siempre nos han separado de Europa) y eche un vistazo en Francia a lo que es una ciudadanía organizada, orgullosa de sí misma, de su historia y de sus conquistas.

Cualquier país que vive más de 70 años seguidos en el oprobio de la dictadura franquista y del apaño postfranquista transicional cocotero NO TIENE CIUDADANÍA, sino habitantes: pueblo y casta dirigente; explotados y mangantes; corderos y perros pastores; votantes y mafias organizadas de corruptos. La ausencia de toda reacción popular ante la crisis actual, que está destruyendo todo progreso acumulado en los últimos 30 años, demuestra lo que escribo, lo que todos aquí sabemos.


FUENTE: acratas.net
MESS
12/06/2019

NOTAS:

(1) Es exactamente lo que sucede en el Régimen español, donde el Legislativo elige al Ejecutivo y al Judicial y donde los tres poderes del Estado se ponen luego a disposición del Presidente del Gobierno, que puede actuar como un dictador, haciendo o deshaciendo leyes, sin más necesidad que la de mantener el apoyo parlamentario durante la legislatura, lo que consigue repartiendo dinero, cargos y prebendas entre sus acólitos.

(2) La corrupción salvaje consigue que la oligocracia, ávida de dinero fácil y sin control judicial (que participa del pastel), se ponga al servicio del poder económico (banca, multinacionales y los gobiernos de terceros países interesados en la posición geo-estratégica de España. Por lo que, resumiendo, España es, en fin, una Plutocracia (el poder es de los ricos, que dictan las leyes a su antojo) que maneja, como un ventrílocuo, los hilos de un muñeco, de un títere que es una Oligocracia de partidos, que se finge a su vez una Democracia, gracias al apoyo interesado los medios de comunicación, que pertenecen a los plutócratas. Y el círculo se cierra alrededor de los cuellos (y de los cojones) de los españoles, que lo toleramos.

4/10/18

LOS PODERES DEL ESTADO: EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL

​Así han bloqueado los tres poderes del Estado el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo


El abogado Jacinto Lara, presente en multitud de procesos contra los crímenes de la dictadura, denuncia cómo en los últimos cuatro años los poderes del Estado han "fortalecido la política de impunidad de la dictadura franquista".

Imagen de la exhumación de Timoteo Mendieta.- REUTERS

El Congreso convalidó el jueves el Real Decreto Ley que permitirá sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. España pondrá fin de esta manera al agravio histórico que suponía mantener al dictador que masacró a su propio pueblo enterrado con honores. Se solucionará así uno de los muchos défictis del Estado español en relación a los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de la dictadura. Un paso adelante para las víctimas y también para la democracia. 

Sin embargo, aún queda mucha tarea pendiente. Cuando el entonces Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, visitó España publicó un extenso informe en el que señaló todas las tareas pendientes del Estado español en esta materia. A saber: encontrar a los desaparecidos y modificar sistema de exhumaciones; anular las sentencias del franquismo; abrir los archivos y crear un organismo que ayude a crear un relato oficial de la historia.

Todas estas medidas, en mayor o menor medida, fueron tenidas en cuenta por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuando anunció su deseo de reformar la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, hay una parte de las recomendaciones de Pablo de Greiff que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ignorado: el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo.
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El Relator de la ONU emplazó a España a derogar o dejar sin efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía, que en la práctica "cumple las funciones de una ley de punto final en tanto que se ha utilizado para archivar prácticamente la totalidad de los casos que llegan ante los jueces", y  a los responsables de la dictadura franquista.

Pablo de Greiff

¿Y qué ha pasado desde entonces? El abogado de las víctimas de la dictadura franquista en el proceso abierto en Argentina y en muchas de las querellas presentadas en suelo español, Jacinto Lara, responde que en materia de acceso a la Justicia las víctimas de la dictadura están peor ahora que hace cuatro años.

"En este tiempo, los tres poderes del Estado han fortalecido la política de impunidad del franquismo y el Ejecutivo del PSOE no ha formulado ninguna medida para remediarlo", denuncia Lara, que considera que acabar con la impunidad de la dictadura es posible "con voluntad política". 

"Juzgar a los responsables franquistas es posible. El Derecho Internacional lo avala. Hacen falta reformas legales y voluntad política. Decir que España no puede juzgar a los responsables de la dictadura es un insulto a la inteligencia".

El Parlamento blindó la Ley de Amnistía

Aprobación de la Ley de Amnistía por el Congreso el 14 de octubre de 1977

El Poder Legislativo, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, rechazó en marzo del presente año dejar sin efecto la Ley de Amnistía, tal y como solicitó el Relator de la ONU. La propuesta llegó al Congreso de la mano de los distintos colectivos y víctimas que integran la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).

Solicitaban añadir un párrafo a la conocida Ley de Amnistía que estableciera, concretamente, que la norma "no impedirá" que "los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos".

La propuesta, tal y como se ha señalado, fue rechazada por PP, PSOE y Ciudadanos. El socialista Manuel Cámara ha incidido en que de cambiarse la norma se darían situaciones de "inseguridad jurídica". La decisión fue duramente criticada por otros partidos del Congreso como Unidos Podemos o ERC. También por la Red de Ciudades contra la impunidad franquista, que incluye a consistorios como el de Barcelona, Madrid o Zaragoza, emitió un comunicado en el que emplazó al Congreso a asumir las demandas del Relator Especial de la ONU.

El Poder Judicial no quiere investigar

Reunión del Pleno del Consejo del Poder Judicial

El abogado Jacinto Lara también recuerda que en los últimos años las víctimas del franquismo han interpuesto hasta 12 querellas en los juzgados españoles para que se investigaran las torturas de diferentes miembros de la Brigada Político y Social, como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Nueve de estas querellas ya han sido inadmitidas por la Justicia.

Asimismo, los ayuntamientos de Pamplona, Elgeta, Arrasate y Durango  también han interpuesto querellas contra la dictadura. La única que fue admitida a trámite y de la que se llegaron a realizar diligencias judiciales fue la querella del Ayuntamiento de Elgeta. Sin embargo, la jueza que dio el paso tenía condición de sustituta y fue rápidamente removida del juzgado, que inmediatamente ordenó el cierre de la causa.

En este sentido, también cabe destacar que la Audiencia Nacional rechazó extraditar a los acusados de torturas durante el tardofranquismo Antonio González Pacheco, miembro de la BPS, y Jesús Muñecas, agente de la Guardia Civil.

El Ejecutivo, cerrado en banda


Las actuaciones del Ejecutivo en los últimos tiempos que han apuntalado la política de impunidad de la dictadura se pueden vertebrar en dos ejes.

Por un lado, el Consejo de Ministros desoyó la advertencia de la ONU de juzgar a los críminales franquistas o colaborar con Argentina y extraditar a los imputados crímenes de lesa humanidad en el franquismo. El Consejo de Ministro rechazó el de 15 de marzo de 2015 la petición de la Justicia de Argentina de entregar a veintena de miembros de la dictadura franquista (desde exministros a miembros de la BPS) para su toma de declaración por los graves delitos por los que son acusados. Entre ellos se encuentran los exministros Fernando Suárez y Rodolfo Martín Villa.

Tras la negativa a extraditar a Argentina del Estado español, la jueza argentina María Servini envió comisiones rogatorias a España para poder tomar declaración a los imputados en suelo español con la colaboración de jueces de aquí. La reacción del Gobierno del Partido Popular fue contundente. El 20 de septiembre de 2016 la Fiscalía General del Estado envío una circular a los juzgados con peticiones desde Argentina instándoles a rechazar estas comisiones y recordando que el juez Garzón fue investigado por intentar juzgar el franquismo.

¿Qué puede hacer el Gobierno de Sánchez?


El Gobierno socialista de Pedro Sánchez

La pregunta, ante esta situación de impunidad, es pertinente. ¿Qué puede hacer el Gobierno de Sánchez para acabar con la impunidad de la dictadura?

En primer lugar, Jacinto Lara emplaza al nuevo Ejecutivo a dejar sin efecto la circular de la Fiscalía que pide a los jueces no colaborar con la Justicia de Argentina en su causa contra los crímenes del franquismo y que, por contra, la oriente a la Fiscalía para que pida a los jueces que colaboren con Argentina y que la jueza pueda pisar suelo español y tomar declaración a los imputados. "La nueva Fiscalía lo tiene muy fácil. Solo tiene que dejar sin efecto la anterior y mostrar su predisposición del Estado a colaborar con Argentina. Eso es lo que nos pidió el Relator de la ONU", incide Jacinto Lara. 

En segundo lugar, el abogado de la CEAQUA pide al Gobierno de Sánchez que haga suyas las reformas legales que permitirían que la Justicia sí pudiera investigar los crímenes franquistas. Así, pide al PSOE que utilice su papel de impulsor legislativo para pedir que se anule la Ley de Amnistía y para que apoye otra propuesta, ya en trámite parlamentario, que pide reformar el Código Penal para "incorporar el principio de legalidad desde una perspectiva internacional". 

FUENTE: publico.es
Alejandro Torrús 
Madrid - 16/09/2018



La famosa Ley de Amnistía 
es una auténtica vergüenza democrática.


25/5/15

DICEN QUE LA DEMOCRACIA EXISTE...

Sí que existe, y se fundamenta en muy pocos pilares que, desde la primera vez que se leen, se entiende que son correctos: 

Para conseguir una verdadera Democracia, España debería organizarse como República Asamblearia, que es como sigue:

UNO: El Estado tendrá solamente DOS PODERES, Ejecutivo y Judicial.
DOS: El jefe del Ejecutivo (Presidente de la República Asamblearia Española) será elegido por el Pueblo Español a múltiple vuelta(1). El poder Judicial será elegido por el Pueblo mediante una lista abierta de candidatos jueces.
TRES: El PODER LEGISLATIVO no será un poder del Estado, sino del Pueblo Español.


CUATRO: Éste se organizará asambleariamente en los municipios. Y si se trata de ciudades grandes, en los barrios.
CINCO: Las leyes se promocionarán para su aprobación o derogación desde esas asambleas y se votarán en las mismas. Luego, cada asamblea enviará al Parlamento de Asambleas (actual Congreso de los Diputados) a un representante con el mandato imperativo de votar sí o no a la ley en cuestión y con un peso en su voto igual al de habitantes del municipio o barrio al que representa.
SEIS: El Estado estará obligado a cumplir las leyes que el Parlamento de Asambleas sancione.


FUENTE: Ácratas
Aitor Garmendia  

NOTA A LOS LECTORES:  

(1) En una elección a múltiple vuelta se elimina el candidato menos votado entre una vuelta y la siguiente, volviendo a votar todo el cuerpo electoral, incluso los que votaron al candidato eliminado. La última vuelta es cuando solo quedan dos candidatos, de manera que el electo lo es siempre por mayoría absoluta. Con este método electoral nunca se rechaza la capacidad del voto del ciudadano, su Soberanía, sino que son los candidatos los eliminados por falta de apoyo popular. ¡Como se eliminan los concursantes del puto Gran Hermano, para que me entendáis! 

¡Ah! Y, por supuesto, la Banca, pública y única, vendría a ser el Banco de España, cuyos consejeros serían elegidos y controlados por las propias asambleas.