DEMOCRACIA A LA ESPAÑOLA

Democracia

(...no lo es, no lo es...)

Democracia es el régimen cuya doctrina política establece un sistema de gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía, o sea, la autoridad suprema del poder público sobre un territorio y sus habitantes, mediante la elección libre de sus dirigentes. La Democracia requiere un régimen que establezca la independencia estricta de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; separados por el pueblo soberano para evitar que la concurrencia de tales poderes en las mismas personas corrompa el régimen y devenga éste en una oligocracia encubierta(1). 

La independencia estricta de los poderes del Estado sólo se logra mediante la elección libre por el pueblo, en procedimientos electorales distintos (lo que se expresa frecuentemente como "en urnas separadas"), de los representantes de cada uno de esos poderes; y se mantiene mediante la celosa vigilancia de cada poder sobre los otros en defensa de su propio ámbito competencial; y mediante el establecimiento de los procedimientos de control, por parte del pueblo, sobre el comportamiento de sus representantes: 

Desde el punto de vista de la legalidad, es el Poder Judicial, cuerpo funcionarial, el que impondrá el imperio de la Ley emanada del Parlamento al cuerpo político; y desde el punto de vista de la eficiencia, es el propio pueblo representado el que decide mediante el mandato imperativo de cada representante y un ágil procedimiento de destitución (o impeachment) en caso de corrupción manifiesta. Es precisamente ese control el que obliga al régimen a permitir al ciudadano identificar a un diputado concreto como propio representante en el Poder Legislativo.

Una vez comprendido lo anterior, llamar democracia a lo que organiza políticamente la España actual es malintencionado; y sería sin duda delictivo, si hubiera una verdadera Ley promulgada por el pueblo, en vez de por los partidos políticos(2).

En Ácratas, nadie pone en duda la legitimidad de la existencia de los partidos políticos, sino su pertinaz y avaricioso acaparamiento del ámbito de la política toda; de manera que, en España, ningún ciudadano puede ejercer sus derechos políticos si no es a través del filtro ideológico de un partido político. A veces, los partidarios llegan a mofarse del español que desea opinar políticamente diciéndole que si no le gusta lo que hay, constituya un partido político propio, a sabiendas, no sólo de la dificultad económica que ello conlleva, sino de la perversión que supone que la forma de pensar de un individuo deba homologarse con la de miles de otros individuos para constituir un cuerpo común partidario. 

La misma Constitución de 1978 bendice la exclusiva, el acaparamiento del ámbito de lo político, de los partidos y lo expresa taxativamente al pontificar que la libertad política de los españoles se manifiesta a través de estos. Y ello con todas sus consecuencias.

La consecuencia es que un ciudadano que desee expresar su opinión política, y no comulgue con las supuestas ideologías de los partidos que existen, no tiene posibilidad de ser representado. Es decir, que el régimen margina a sabiendas a todos los españoles que no se homologuen gregarios alrededor de un partido político concreto. Así, quien piense que en España, por ejemplo, deben construirse nuevas centrales nucleares, pero que debe prohibirse el despido libre, no tiene nadie que lo represente. Y, en general, suele ir a votar como mal menor (o sea, para evitar lo peor); o simplemente no va a votar, y se desentiende de la política.

El español medio se desentiende de la política porque sabe que no tiene voz (y que su voto está corrompido, pues da carta blanca al partido votado para que haga con él lo que le venga en gana, aún traicionando las opiniones de los votantes y hasta los propios programas electorales). El español medio se desentiende (como cualquier humano inteligente) de todo aquello que no puede controlar y resulta socialmente perjudicial: de los terremotos, de los tsunamis, de las epidemias y de los partidos políticos. Y se limita a lamentar las consecuencias de tales desgracias incontrolables: e igual que lamenta que Dios no controle las catástrofes de la Naturaleza, lamenta también no controlar su destino social por no tener verdaderos representantes políticos.

El español no tiene representantes políticos en los diputados electos, ni aunque sean del partido de sus preferencias dentro del arco parlamentario, porque los diputados a quien representan exclusivamente es a su partido, que es quien les ordena (a mano alzada, con los dedos, el jefe de filas, lo que deben votar en cada ley o propuesta en el Congreso y el Senado). Y es el partido el que (supuestamente) representa a sus votantes, porque la plebe no puede votar personas, sino siglas partidarias; y es la cúpula de la ejecutiva del partido la que interpreta lo que sus votantes desean (es decir, hace encuestas para conocer la caída en la intención de voto cada cierto período de desmanes en la gestión política, económica y social) mediante las herramientas del márquetin de masas. 

Porque la representación política, como la de cualquier otro tipo, requiere la garantía del control permanente del representado a su representante. Si no, es otra cosa, aunque se intente engañar al ciudadano con palabrería formal. Nadie puede representar a otro en ninguna gestión concreta (como la del voto en una ley) si la opinión de ese otro no es primero escuchada por el representante. Eso, que es obvio cuando pagamos la minuta a un representante en algún negocio o gestión (un abogado, un arquitecto, un intermediario, etc), no se verifica en el sistema político español.

El sistema político español está a caballo entre la dictadura de la que proviene sin ruptura (fue acuerdo, transición, pacto, consenso, conceptos todos no democráticos, sino oligárquicos) y la verdadera democracia. De manera que llamar al Régimen monárquico-parlamentario español DEMOCRACIA es tan inexacto y tan injusto como calificarlo de DICTADURA. Cualquiera que haya leído esto, y se sienta sorprendido o incluso insultado, y desee comprobar la veracidad de nuestro aserto, limítese a asomarse al otro lado de lo Pirineos (esos montes que siempre nos han separado de Europa) y eche un vistazo en Francia a lo que es una ciudadanía organizada, orgullosa de sí misma, de su historia y de sus conquistas.

Cualquier país que vive más de 70 años seguidos en el oprobio de la dictadura franquista y del apaño postfranquista transicional cocotero NO TIENE CIUDADANÍA, sino habitantes: pueblo y casta dirigente; explotados y mangantes; corderos y perros pastores; votantes y mafias organizadas de corruptos. La ausencia de toda reacción popular ante la crisis actual, que está destruyendo todo progreso acumulado en los últimos 30 años, demuestra lo que escribo, lo que todos aquí sabemos.

FUENTE: acratas.net
MESS
12/06/2019

NOTAS:

(1) Es exactamente lo que sucede en el Régimen español, donde el Legislativo elige al Ejecutivo y al Judicial y donde los tres poderes del Estado se ponen luego a disposición del Presidente del Gobierno, que puede actuar como un dictador, haciendo o deshaciendo leyes, sin más necesidad que la de mantener el apoyo parlamentario durante la legislatura, lo que consigue repartiendo dinero, cargos y prebendas entre sus acólitos.

(2) La corrupción salvaje consigue que la oligocracia, ávida de dinero fácil y sin control judicial (que participa del pastel), se ponga al servicio del poder económico (banca, multinacionales y los gobiernos de terceros países interesados en la posición geo-estratégica de España. Por lo que, resumiendo, España es, en fin, una Plutocracia (el poder es de los ricos, que dictan las leyes a su antojo) que maneja, como un ventrílocuo, los hilos de un muñeco, de un títere que es una Oligocracia de partidos, que se finge a su vez una Democracia, gracias al apoyo interesado los medios de comunicación, que pertenecen a los plutócratas. Y el círculo se cierra alrededor de los cuellos (y de los cojones) de los españoles, que lo toleramos.

SIGUIÉNDOLES EL JUEGO

Y llegaron "los más listos" y lo hicieron.

Citizen Plof

LA SEMILLA

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DECANTACIÓN PARTIDOS POLÍTICOS

Citizen Plof

MARCHENA Y LOS TITIRITEROS

Manuel Marchena

En torno a la figura de Manuel Marchena, el flamante y novísimo adalid de la independencia judicial, existen dos hechos irrefutables. El primero es su indiscutible calidad técnica como jurista, algo que sus colegas le reconocen casi por unanimidad; el segundo es su adscripción ideológica al PP, casi tan incuestionable como lo anterior.

En el seno del Supremo abundan los magistrados conservadores pero Marchena es el PP en mayúsculas, su nuncio en el Tribunal, su togada referencia con puñetas de encaje.

Baltasar Garzón

Marchena tiene sus obsesiones. La más conocida se llama Garzón, al que trajo por la calle de la amargura con una instrucción de tres años por aquellos cursos de Don Baltasar en Nueva York a cuenta del Banco Santander, la famosa causa del “querido Emilio”, que acabó archivando por prescripción no sin antes atribuirle un delito de cohecho impropio.

Y también tiene sus detractores, que le buscan la vueltas a cuenta de la creación de una insólita plaza de fiscal para su hija Sofía gracias a los oficios de la directora de la Escuela Judicial de Barcelona, Gema Espinosa, a la sazón esposa del magistrado Pablo Llarena. Que Marchena esté llamado a presidir el juicio a los líderes del procés encausados por Llarena ha servido para alimentar la maledicencia.

Pablo Llarena

Desde este martes Marchena es, además, espejo de rectitud por su renuncia a prestarse al enjuague con el que PP y PSOE habían aliñado la composición del Consejo General del Poder Judicial en el que se le reservaba su presidencia y la del Tribunal Supremo.

No es habitual que en medio del cambio de cromos uno de ellos salga respondón y arruine el cambalache, aunque hay veces que no sólo obliga la nobleza sino también las circunstancias.

Miembros del CGPJ

Lo que ha molestado al juez no ha sido una componenda de la que hay que suponerle informado, si no por Pedro Sánchez, que es de los que le organiza a Portugal un Mundial de fútbol sin que se entere, sí por quienes le creían en la nómina de sus afectos.

Con lo que no ha podido tragar es con el papel de capataz que le asignaba el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que debería haber dimitido ayer mejor que hoy pero los miembros del Opus conjugan mal ese verbo.

Ignacio Cosidó

Al magistrado le ha podido la humillación de verse retratado como la marioneta perfecta para controlar “desde atrás” la Sala de lo Penal y la del 61, es decir las que juzgan a políticos y deciden sobre los partidos.

Su arranque de dignidad es una reacción epidérmica que no hay que interpretar como independencia sino como urticaria.

Controlar "desde atrás"

Marchena ha intentado escapar a la deshonra a la que le condenaban unos desvergonzados titiriteros que nada más conocer su insólita abdicación preventiva se rasgaban las vestiduras y se culpaban mutuamente del estropicio.

En su huida se ha encaramado a un pedestal y ha empezado a ser adorado como la encarnación del libre albedrío. "No es que los dioses estén locos; los que están de la olla son los creyentes".

Fotograma de la película "Los dioses deben estar locos"

FUENTE: publico.es
Tierra de nadie
Juan Carlos Escudier
21/11/2018

Esto se parece a una democracia,
como una diarrea a un cagajón.

MAMADERA

Citizen Plof

TRILLIZOS

Hay que ver cómo nos toman el pelo:

los mismos perros con distinto collar.

Nada, nada.... sigan votando, sigan votando, 

sigan votando. Y viva la

"MAMOCRACIA"

Citizen Plof

 

UNA REFORMA CHAPUCERA

Cuando se fundó la autonomía los partidos políticos no estaban formados por santos ni por estadistas inconmensurables. A pesar de ello, los representantes de antes fueron capaces de sentarse y superar las enormes desconfianzas y recelos que existían entre las islas, entre los poderes de las burguesías y entre la vieja clase política residual del franquismo y los nuevos demócratas.

Se creó la estructura de una nueva y carísima administración autonómica que fue capaz de echarse a navegar y protagonizar el despegue democrático de Canarias. Toda aquella capacidad ha sido sustituida por la ocurrencia y la conveniencia.

La única reforma electoral hecha en Canarias, en los años noventa, se hizo a la mayor gloria de los intereses de los grandes partidos, que consiguieron limitar la eclosión de fuerzas insularistas, a las que se cerraron las puertas del Parlamento canario estableciendo unas barreras muy difíciles de superar. Para poner el culo de un diputado en la cámara se necesita o el 30 % de los votos de una circunscripción insular o el 6 % de la regional, algo que muy pocos partidos consiguen sin tener implantación en todas las islas.

Lo que hoy se llama reforma electoral es una segunda ocurrencia hecha a la medida de esos grandes partidos.

 Quieren aumentar diez diputados más el Parlamento para compensar la rebaja de esos topes electorales. Con más diputados para Gran Canaria y Tenerife los grandes se aseguran en la práctica los mismos escaños que tienen en la actualidad. Y aquí paz y en el cielo rosquetes.

No se refunda nada. No se sustituye el sistema de triple paridad, que ha funcionado bien, por otro fruto del consenso y el acuerdo, sino por un apaño de "criterios poblacionales" que da un diputado más a Fuerteventura teniendo veinte mil votantes menos que La Palma y que, sin embargo, no otorga ninguno a Tenerife, que tiene cincuenta mil votantes más que Gran Canaria. No se puede hacer peor.

Dicen que el sistema electoral canario es el más desproporcionado de España. Es verdad. Pero también somos la única Comunidad española que tiene dos capitales y una administración hecha en espejo, partida en dos, con cargos aquí y allá, para contentar a las dos burguesías capitalinas, aunque a todos los canarios les cueste esa división la yema de uno y la clara del otro.

Ese tema es tabú. Ni tocarlo. Aquí de lo que se trata es de majarse a los herreños, los gomeros y los palmeros, que van camino de ser residencias de ancianos. ¡Ah, sí! Y de echar a los de Coalición Canaria del Gobierno. ¿Quieren echarlos? Estupendo, que ya llevan unos añitos. Pero Coalición tiene sólo dieciocho diputados de sesenta. ¿Cuál es el problema? Que se pongan de acuerdo, que tienen votos de sobra. Y sin costarle un duro más a la gente, que ya está bastante pelada por tanta extravagancia.

FUENTE: eldia.es

Manual de objeciones

Jorge Bethencourt

26/01/2018

LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Otra visión sobre la independencia judicial

Si la percepción ciudadana es que hay pasadizos entre el ejecutivo y el judicial no basta con protestar y reivindicar el callado trabajo de legiones de jueces diligentes

Es difícil que un país reconozca que no hay separación entre el poder ejecutivo y el judicial, así como es difícil que ningún juez reconozca que no es independiente porque se deja presionar por fuerzas, personas o influjos externos. El juicio sobre la autonomía del poder judicial y sobre la independencia judicial ha de ser externo. Una auditoría daría resultados más fiables que un examen de conciencia. 

La última palabra la tienen los ciudadanos, porque son los verdaderamente interesados en la independencia del juez: no es el juez, es el ciudadano el que se juega mucho. Por tanto, si la percepción ciudadana es que hay pasadizos entre el ejecutivo y el judicial, si lo que se percibe es que las sedes de los partidos, de las corporaciones o de las redacciones de los medios pueden influir en la decisión de un juez, no basta con protestar y reivindicar el callado trabajo de legiones de jueces diligentes. Es necesario revisar qué se está haciendo mal.

También es necesario partir de diagnósticos certeros y jerarquizar la importancia de los problemas. Por ejemplo, y esto ya es una opinión personal, salir del fácil y resultón discurso sobre la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y sobre el nombramiento de los altos cargos judiciales (magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, intervención de los parlamentos autonómicos para la designación de uno de cada tres magistrados de las salas de lo civil y penal de los Tribunales Superiores de Justicia, y presidentes de Audiencias Provinciales). En esto puede haber espuma, sin duda, pero las olas llevan aguas más profundas.

La independencia es un derecho del ciudadano y una obligación del juez

La independencia (y su correlato de imparcialidad) no es un derecho del juez que deba defender sindicalmente frente a terceros, sino una obligación inexcusable. Y no es una obligación fácil.

Probablemente la presión más fácil de resistir para un juez es la del poder político. Es más insidiosa la presión que proviene de los medios de comunicación y más sutil la que discurre en el interior mismo del sistema judicial. Por lo general las presiones no son burdas. Más bien se trata de hacer desear al Juez una determinada solución como más aceptable y tranquilizadora. En ocasiones el juez va comprobando que la decisión más correcta conforme a su criterio profundo no se corresponde con la “esperada” (por los periodistas, por los colegas). 

De esto podría hablar en primera persona, pero prefiero utilizar la tercera del singular: imaginen (es sólo una hipótesis) que durante el estudio de la causa contra los miembros de La Manada alguno de los magistrados o magistradas que forman Sala va inclinándose por la absolución, porque no encuentre que los hechos, según las pruebas practicadas en el juicio, encajen suficientemente en el tipo penal. Sólo imagínenlo, no estoy diciendo que sea así. 

En tal caso, dicho magistrado va a pasar más de una noche de insomnio, insomnio que no tendría si todo cuadra como violación colectiva. Dado que el asunto ya está sentenciado en la calle, y dada la reprobación moral de la conducta de los acusados que produce en cualquier persona que no esté enferma, el magistrado o la magistrada “desearía” encontrar argumentos y pruebas que le permitan firmar una condena sin dudas más allá de lo razonable; pero, ¿y si subsistieran esas dudas? No me refiero a una certeza exculpatoria, es decir, a pruebas suficientemente demostrativas de la inocencia, sino a dudas.

Dudas importantes. El magistrado sabe que entonces tiene que votar por la absolución, pero tal absolución, en algún contexto, puede llegar a ser algo parecido a un acto heroico. Podemos cambiar La Manada por otros acusados respecto de los que el entorno personal del juez (que a veces es una burbuja, como la de cualquier ciudadano) pide la condena o la prisión preventiva.

Independencia en tales casos no significa que el juez no tenga presiones; significa que el juez ha de estar preparado para tomar la decisión difícil, aunque sea a costa del insomnio. Y aguantar que luego digan que ha decidido porque está inmerso en la cultura del patriarcado, o porque es un rojo, o porque no sabe Derecho.

Pero, ¿cómo se consigue esa preparación? ¿Callando a los medios? ¿Envolviendo la sala de justicia en una cortina impenetrable? Claro que no. Es más útil una verdadera educación de la independencia, y ésta tiene que trabajarse. Ha de cuidarla el juez, y ha de recibir estímulos eficaces para optar por la independencia.

Y esos estímulos no son los premios y los castigos, sino la capacidad de no aspirar a ningún premio ni temer ningún castigo por ser leal a su función. Para esto es importante no partir de que la independencia es “lo natural”. No, lo natural será la dificultad. La independencia no es el punto de partida, sino el objetivo. Un objetivo obligado y difícil.

 

Conviene que el juez, cuando inicia su trabajo profesional, esté advertido, y que se le ayude a desarrollar un espíritu de sospecha sobre sí mismo. Vale más reconocer los propios prejuicios, la propia ideología, y las propias inclinaciones, que negarlas con énfasis farisaico. Los jueces somos ciudadanos llenos de prejuicios y corruptibles, y no hay más santidad ni heroicidad entre los jueces que entre los profesores o los empleados de seguros. La independencia no la da la toga, y bueno es partir de la convicción de que ninguno somos tan íntegros como nos creemos.

Probablemente un buen camino hacia la independencia judicial sea el fortalecimiento de la Justicia. No me refiero a jueces “fuertes”, sino a estructuras judiciales que creen en sí mismas y que tienen medios suficientes para hacer bien su trabajo. No es lo mismo tener tres asuntos complejos por semana que ocho, ni es lo mismo disponer de buena formación, adecuadas herramientas y procedimientos flexibles y eficaces. 

 Leyes procesales incesantemente mejoradas, recursos técnicos y materiales, y dotación suficiente de jueces, son condiciones para fortalecer el poder judicial, y por tanto para hacerlo más independiente. Y juro que no me refiero al sueldo: es mezquino relacionar independencia con buena remuneración.

Las oposiciones

El sistema de acceso a la función judicial no es ajeno a este problema. Sé que mi opinión es minoritaria en el mundo de los jueces, pero yo estoy convencido de que los cuatro o cinco años de preparación de una oposición, tan mediatizada por la figura del “preparador” (que no es más que un sistema extremadamente privatizado –y opaco– de formación judicial) no es en absoluto la mejor vía ni para formar bien a los futuros jueces (con temarios que condensan en cápsulas dispuestas para su memorización una cultura jurídica por lo general con décadas de retraso, por más que incorporen todas las reformas legislativas) ni para seleccionar a los mejores (pues hay muchos “mejores” que encuentran alternativas mucho más atractivas que el túnel de una oposición con más esfuerzo que resultados). 

Hay modelos más modernos y afinados en casi todos los países de nuestro entorno, que no cambian las pruebas objetivas por valoraciones curriculares discrecionales, sino que sitúan esas pruebas objetivas en otros ejes que permiten medir mejor. Puedo entender que en el colectivo de jueces se sobreestime el valor de la oposición, porque se ha vivido como un esfuerzo titánico y es normal, una vez que se ha tenido éxito, creer en sus virtudes como una suerte de “rito iniciático”, ojo de aguja o aguas del Jordán.

Pero entiendo menos que en ámbitos académicos, profesionales, políticos y ciudadanos siga sin hacerse una imprescindible reflexión pública sobre qué tipo de juez queremos, y por tanto cómo queremos que sea seleccionado y formado.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial

Luego está eso del Consejo General del Poder Judicial. De mucha menos importancia a mi juicio, salvo para quienes tienen interés en ascender rápido a los puestos de designación discrecional. También aquí hay que decir que en muchos países de nuestro entorno los nombramientos judiciales no son sólo cosa de jueces. Presidentes de República, parlamentos, ministros de Justicia, etc., intervienen de un modo u otro, directamente en tales nombramientos. 

Al fin y al cabo, la democracia, y por tanto la política, no deberían quedar expulsadas del todo en la elección de los miembros del gobierno del poder judicial: lo que debe quedar desterrado es el sistema de cuotas (tres para mí, dos para ti, y otro para el PNV).

Lo cierto es que si hay cultura de independencia judicial, el juez nombrado no se siente en absoluto deudor de nadie por el nombramiento. Esto hemos de tenerlo claro: si un vocal del Consejo, si un magistrado del Supremo o uno “autonómico”, o si un presidente de Audiencia se deja influir por quien facilitó su nombramiento, el reproche ha de dirigirse contra él, y no contra quien le pide favores.

No negaré que habría sistemas de designación de los miembros del CGPJ mejores que el de cuotas de partidos en un intercambio de “tú aceptas los míos y yo acepto los tuyos” precedido de una negociación sobre cuántos nombra uno y cuántos nombra otro. Probablemente elegirlos uno a uno, con distancia en el tiempo, y con mayorías cualificadas, facilitaría que el designado lo fuese por consenso, y no por cuota.

Pero descreo profundamente de la tan cacareada alternativa de que los vocales jueces sean directamente designados por los mismos jueces. Eso significaría, de hecho, que las negociaciones dejarían de ser de los partidos y pasarían a ser de las asociaciones judiciales, de las que no es obligado tener mejor concepto que de los partidos. 

Si queremos desparlamentarizar y desgubernamentalizar el nombramiento de los vocales, ¿por qué no optamos por el sorteo de entre quienes se postulen y reúnan determinados requisitos legalmente establecidos? 

Yo no tengo duda alguna: prefiero el azar al mejunje entre asociaciones, en cuyo seno ya no sólo influyen ideologías (que en sí mismas no serían más que expresión de un pluralismo), sino también favores recíprocos, apoyos cruzados, compañerismos, parentescos y padrinazgos. Mejor tiramos los dados. Y de paso, nos llevamos la sede del CGPJ a Teruel, lejos del mundanal Madrid.

Los magistrados autonómicos de los tribunales superiores de justicia

Soy magistrado “autonómico”. Me interesa aclarar que mi candidatura obtuvo 106 sobre un total de 107 votos. Pero lo que quiero decir es que la intervención de un parlamento en el proceso de elección de jueces no tiene por qué ser una marca de politización de la justicia.

Es mezquino el discurso de que el magistrado “autonómico” está ahí para proteger a los políticos que le han nombrado. Muy mezquino, por más que inmediatamente, sin levantar mano, se aclare que no se duda de la profesionalidad del magistrado autonómico: ¿cómo no se va a dudar de su profesionalidad si se sospecha de su parcialidad? 

Pero habida cuenta de que dentro y fuera de la carrera está consolidado ese prejuicio, quizás sería el momento de replantearse la conveniencia de mantener o no ese sistema de designación.

A condición, diría yo, de que la medida se integrara en una reflexión hecha en serio sobre cómo se accede a la función judicial y cómo se protege, eficazmente, la fortaleza del poder judicial frente a poderes políticos y no políticos.

FUENTE: ctxt.esMiguel Pasquau
24/12/2017

 
Vamos a ver: 

¿Cómo puede haber independencia judicial, si existe un ministerio de Justicia controlado por el gobierno?

Entiendo que en una democracia de verdad (iba a escribir "en una democracia real" pero sé que podría sonar a monárquica, y tampoco es eso) En una verdadera democracia, repito, no debería existir el ministerio de Justicia.

LA FALSA DEMOCRACIA

La falsa democracia se ha adueñado del mundo

Todos se autoproclaman demócratas porque el prestigio de la democracia está intacto en todo el mundo, pero la democracia no existe. La falsa democracia domina el mundo, incluso en los antiguos santuarios del sistema, como Estados Unidos y Gran Bretaña. Nadie se atreve a cuestionarla y se declaran demócratas todos, incluso los peores totalitarios y los criminales. 

Hasta las peores dictaduras, como la de Corea del Norte o Cuba, se declaran repúblicas democráticas "populares". Pero, aunque su prestigio sea incuestionable y portentoso, la democracia ha dejado de existir porque los políticos no la soportan y la han sustituido por un remedo impresentable que sólo es una dictadura camuflada de partidos políticos y de políticos profesionales que utilizan el sistema para apoderarse del Estado y vivir a cuerpo de rey. 

El pueblo, que es el soberano de la democracia y el gran protagonista del sistema, ha sido expulsado de la política, manipulado, desposeído de sus derechos y reducido a ser víctima y palmero de una clase dirigente codiciosa, falsa e insaciable.

Hasta los peores tiranos totalitarios se declaran demócratas. Los independentistas catalanes, una de las especies más totalitarias de Europa, han esgrimido la democracia y la han utilizado como arma arrojadiza contra España. Para ser "guay" y estar en lo políticamente correcto, para no ser un apestado social, para ganar votos y para prosperar el política, hay que declararse demócrata, aunque el sistema vigente, como ocurre en España, sea una versión inmensamente adulterada y degradada de la verdadera democracia.

Sin separación de los poderes básicos del Estado, sin controles suficientes a los partidos y al poder político, sin una ley que sea igual para todos, sin una ciudadanía influyente y participativa, sin una prensa libre e independiente y sin una sociedad civil fuerte y organizada, que sirva de contrapeso al poder, la democracia no existe, aunque se vote cada cuatro o cinco años y se elijan a los representantes y gobernantes.

La democracia no es un sistema para elegir gobiernos sino una filosofía compleja de respeto a los demás y una forma de vida en la que el principal objetivo es controlar el poder y evitar que se torne abusivo.

La ley, la separación de poderes, la competencia libre entre los poderes públicos, la pugna entre los partidos y la libertad de prensa existen en democracia para que el poder sea frenado en sus tendencias despóticas.

Pero la democracia ha sido demolida y pulverizada por los grandes poderes y lo que hoy se denomina democracia es sólo un remedo degradado y sucio de ese sistema, que ha sido despojado de los controles al poder, de la participación ciudadana y de leyes justas que impidan los típicos desmanes de los poderosos: corrupción, abuso de poder, mentiras, estafas, incumplimientos, desigualdades, clientelismo, despilfarro y una filosofía de la injusticia que lo inunda todo.

Los peores canallas se autoproclaman demócratas, aunque desconozcan la verdadera democracia. Hasta los cortacabezas del ISIS se autoproclaman demócratas.

¿Cómo distinguir la verdadera democracia de la falsa en este mundo trucado y engañoso? Es muy fácil y hay varias caminos. Uno de ellos es analizar las aspiraciones del pueblo y compararlas con la realidad. 

Si en España, lo que el pueblo desea es:

Eliminar las autonomías

El fin de la financiación pública de los partidos

Consagrar el principio de "un hombre un voto" 

Una ley igual para todos los ciudadanos

pero es justo lo contrario de lo que está vigente, entonces la democracia no existe.

Hay otra fórmula de análisis que nunca falla: si el gobierno y los partidos temen al pueblo, entonces hay democracia, pero si es el pueblo el que teme al gobierno y a los políticos, entonces lo que existe es una tiranía, más o menos camuflada.

La ruina de la verdadera democracia es uno de los grandes rasgos del siglo XXI, y la lucha por reconstruir esa democracia aniquilada será la espina dorsal de este siglo, la que enfrentará a ciudadanos y gobernantes como nunca antes en la historia.

FUENTE: votoenblanco.com
Información y Opinión
Francisco Rubiales
17/11/2017

"ELLOS", LOS CONTROLADORES

Y así abortaron un movimiento social que, 

surgido desde las propias bases de la sociedad, 

con un tinte anarquista que "ellos" no podían permitir,

auguraba un futuro más justo y solidario.

Citizen Plof

LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos políticos se financian con nuestro dinero

El estado español obliga a sus ciudadanos, a la fuerza y de diversas formas, a subvencionar a los partidos políticos.

Los partidos políticos son en España un órgano más del estado porque, además de otras consideraciones de orden político, están financiados mayoritariamente con fondos públicos. Lo que resulta llamativo es el método utilizado para captar recursos del bolsillo del contribuyente sin que se note demasiado, para lo cual los políticos han ideado un sistema que les permite recibir dinero por numerosas vías, lo que resulta menos aparatoso que si trincaran de una sola vez todo el dineral que los españoles ponemos a su disposición, queramos o no.

No es ésta, sin embargo, la mayor aportación que los españoles hacemos a las arcas de las formaciones políticas, tal y como se desprende de la legislación vigente en la materia. La norma que regula este impuesto partidista en toda regla es la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, aprobada en las postrimerías de la primera legislatura de Zapatero. En ella, se consagra el derecho de los partidos políticos españoles a meter la mano en el bolsillo de todos los contribuyentes y recibir dinero por los siguientes conceptos:

• Subvenciones para gastos electorales cada vez que haya una convocatoria de elecciones sea cual sea su ámbito.
• Una subvención anual para cubrir los "gastos de funcionamiento" de sus estructuras burocráticas. En este concepto se engloban los 20,5 millones que antes citábamos.
• Subvenciones para gastos de propaganda cada vez que se convoque un referéndum
• Subvenciones que por todos los conceptos anteriores conceden las comunidades autónomas, las juntas generales de los territorios vascos y los ayuntamientos a los partidos que forman parte de sus asambleas legislativas o corporativas.

Así pues, y utilizando el ejemplo que nos brinda el BOE, al coste de mantener a los 350 diputados del congreso (sueldos, dietas, empleados, gastos corrientes, viajes, etc.) hay que añadir los 58.571 euros por cada uno de ellos que entregamos a sus respectivas formaciones políticas, supuestamente para que "funcionen" porque no les basta con las cuotas de sus afiliados.

Y como los políticos son los encargados de hacer las leyes, ya se cuidan de ordenar fiscalmente sus finanzas de la forma menos gravosa. De esta forma, los partidos están exentos de pagar impuestos por el dinero que reciben de sus afiliados, por las subvenciones públicas que reciban así como por cualquier beneficio que obtengan por actividades propias. De igual manera, también están exentos de tributar por cualquier concepto patrimonial, ya sea por donación o por adquisición a título lucrativo, así como por los rendimientos que obtengan por la gestión de los bienes y derechos que forman su patrimonio.

Los partidos políticos son el problema, no la solución

Pero es que piensan en todo, de forma que la misma Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos establece que si, a pesar del cuidado puesto en determinar todos los conceptos exentos de impuestos surge uno nuevo que no estaba contemplado, los partidos políticos cotizarán al tipo único del 25 por ciento, un porcentaje bastante alejado de la tasa impositiva que aplican a cualquier empresa privada.

Se trata de una ley aprobada curiosamente en julio de 2007, cuando algunos ya aventuraban las dimensiones de la crisis. Un argumento a tener en cuenta cuando nos inviten a todos los españoles a que nos apretemos (aún más) el cinturón.

FUENTE: libremercado.com
Pablo Molina

Si no me equivoco, los partidos políticos españoles (esas monstruosidades insaciables) se repartirán este año, unos 52,7 millones de euros en subvenciones estatales, de los que, a los mayoritarios corresponderán:

17,4 millones al PP

10,8 millones al PSOE 

7 a millones a Unidos Podemos 

 6,3 millones a Ciudadanos

¿Saben ustedes cuántas necesidades básicas podría satisfacer la ciudadanía con tal cantidad de dinero?... ¡Muchísimas ¿verdad?! Entonces a que carajo estamos esperando para echarnos a la calle y obligar al estado a que elimine esas subvenciones.

¡Ah!... Y que conste que no estoy de acuerdo con ese mantra que a diario va de boca en boca, repitiendo:

"Casi todos los políticos son ladrones" 

Yo creo que es todo lo contrario... 

"Casi todos los ladrones son políticos"

mercado.com/2011-04-15/asi-se-financian-los-partidos-politicos-con-nuestro-dinero-1276420557/

TRANSPARENCIA TOTAL

El PP rechaza que se publique qué bancos prestan dinero a los partidos

El PP y UPN imponen su mayoría en la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ante la ausencia de representantes del PDeCat y del PNV. También rechazan que se publiquen las condonaciones de deuda a los partidos

Rajoy y el presidente del BBVA, Francisco González. EFE

La Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha rechazado hoy que los informes de fiscalización sobre la financiación de partidos del tribunal refleje todos los créditos bancarios, las entidades que los han concedido y, especialmente, las posibles condonaciones de deuda a los partidos.

La mayoría impuesta por el PP y UPN ante la ausencia en la comisión de representantes del PDeCat y del PNV ha rechazado todas las propuestas de resolución presentadas por los grupos de la oposición sobre los informes de fiscalización de los partidos políticos de los ejercicios de 2012 y 2013.

Además de la publicidad de esos créditos, el grupo de Unidos Podemos había propuesto que se iniciaran ya los procedimientos sancionadores de aquellas formaciones que hayan incumplido la Ley de Partidos y acordar la retención de la subvención anual de aquellos que no presenten sus cuentas en el plazo estipulado. Podemos también reclamaba que se actualizaran las reglas y criterios de fiscalización de las cuentas bancarias para adaptarlas a las nuevas fórmulas de financiación de los partidos, incluyendo los pagos electrónicos.

Del mismo modo no ha sido aprobada otra propuesta del grupo de Unidos Podemos para que se abriera procedimiento sancionador contra el PP de Canarias por las "irregularidades cometidas en materia de identificación de donaciones privadas" en la campaña de las elecciones autonómicas de 2015.

Por su parte, el PSOE había instado al Gobierno a que hiciera obligatorio que las entidades de crédito informaran anualmente sobre las donaciones ingresadas en las cuentas de los partidos. Los socialistas también proponían que los partidos pongan en marcha un registro de proveedores y desarrollen procedimientos de compra en los que se adjudique la oferta "más ventajosa" y reclamar a los partidos con situación patrimonial negativa que saneen sus cuentas. Tampoco han salido adelante las propuestas de resolución de Ciudadanos que, entre otras demandas, abogaba por la aprobación de una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción.

FUENTE: publico.es

Agencia EFE - Madrid

09/02/2017

¿La tras... esa, usted vidiola?...

Po´s ansina mesmo vídela yo.