El soberanismo popular sorprendió a sus propios dirigentes el día 1 de octubre. Una parte muy importante de la población catalana dio un ejemplo extraordinario de civilidad y eso sacó de casillas a los gobernantes que habían pensado, por decirlo de manera indulgente, que la convocatoria a las urnas se podía hacer fracasar a base de detenciones, registros, requisas, amenazas, pelotas de goma y golpes de porra a discreción.
Prometieron que el referéndum no existiría, pero existió, con menos participación de la deseada por los participantes, pero mucho más alta de la prevista, teniendo en cuenta la intimidación de las “autoridades” de Madrid, y equiparable a la registrada en otras convocatorias a las urnas no desautorizadas por el Estado.
Y como que no pudieron impedirlo, y como el Parlament de entonces no pudo ignorar el resultado, el ejecutivo del PP aplicó mucha más mano dura. Disolvió el Parlamento destituyó el gobierno de la Generalitat, cesó a 260 cargos de la Administración catalana. Entendió que el artículo 155 de la Constitución le autorizaba a ignorar totalmente la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana y en ello sigue.
Su objetivo no es el pacto, ni ninguna solución dialogada. Lo que exige es la capitulación de un amplio sector de la sociedad catalana y cree que lo conseguirá con una escalada de medidas coercitivas.
El tiempo que se avecina es de más 155, más detenciones, más “investigaciones”, juicios, sanciones económicas, encarcelamientos, y esto pondrá a prueba la capacidad de entendimiento entre gente normal, dispuesta a defender su derecho a convivir en libertad y democracia.
Hará falta que las personas republicanas, independentistas o no, reflexionen sobre el apoyo social que se necesita para hacer efectivo en algún momento un régimen político republicano y que tomen conciencia tanto de las fortalezas como de sus debilidades, para ver si la República es realmente un objetivo o sólo una palabra representativa de un tiempo político del pasado y de unos “valores” imprecisos. Tendrán que identificar claramente quiénes son y dónde se encuentran sus aliados, y también sus enemigos, los responsables del deterioro de la democracia, los interesados al mantener la inseguridad, la precariedad, la pobreza… Y explicarlo.
Tendrán que revisar esquemas del pasado y distinguir entre quién defiende hoy en día privilegios de clase, de género y de poder administrativo y quien apoya a discriminadas y discriminados.
Y necesitarán mecanismos de solidaridad, de la sociedad civil, también económicos, porque a estas alturas ya son muchos lo que han tomado conciencia de la existencia de un conflicto de larga duración, en el cual el Estado, lejos de prestar protección, ha dejado y dejará damnificados.
El gobierno del PP no esconde sus cartas, herederas de una lógica militar. En vez de diálogo utiliza la fuerza. Y si el enemigo se retira, le persigue.
Lo que tiene delante, por el momento, es una movilización independentista excepcional, pacífica, atípica, no comparable a ninguna otra de las que se han visto en Europa occidental. La última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió indica que los catalanes partidarios de la independencia habrían perdido apoyo en los últimos meses, del 48,7 al 40,8%; pero hay que recordar que, según el mismo estudio, si hubiera elecciones, los partidos independentistas podrían obtener en el Parlamento una mayoría algo más sólida que la actual.
Siempre queda la incógnita sobre si el tejido asociativo soberanista conserva su capacidad de convocatoria en la calle. Depende de la coyuntura, está claro, y de su propia organización, y de la conducta de sus dirigentes, pero no parece debilidatado. En las movilizaciones de este viernes no ha dado muestras de flaqueza.
Conviene, en cualquier caso, que demócratas de todas partes del Estado se pregunten por el escenario de un eventual repliegue del independentismo al autonomismo, del que provienen muchos de sus actuales representantes. Que se pregunten sobre quién sería el beneficiario de una eventual pérdida de impulso del movimiento soberanista catalán. Hace cuatro años, el actual teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, el constitucionalista Gerardo Pisarello, ya señalaba en Madrid que una derrota del proceso en Catalunya significaría una derrota para movimientos de todo el Estado. Hoy parece más evidente que entonces.
Si el soberanismo cede, ¿quién lo celebraría? ¿Quién sacaría provecho? ¿Habría menos represión si sus dirigentes renunciaran a lo que se aprobó el 1 de octubre? ¿El PP, C’s y el PSOE harían algún gesto de reconocimiento de la realidad nacional catalana?
El gobierno de España utilizará todos los recursos que tiene para impedir que el Parlamento trabaje como cámara con capacidad de legislar. Rajoy, Sáenz de Santamaría, Rivera, Arrimadas, Sànchez, Robles, Ábalos han negado de todas las maneras posibles la consideración de Catalunya como un sujeto político soberano, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito. Es por este motivo que ninguno de ellos ha pronunciado nunca en relación a Catalunya una frase tan sencilla como esta: “sentémonos a hablar”.
La intervención del Estado sobre la Administración catalana se convertirá en algo permanente. Lo dice y reitera el ministro portavoz. Lo confirma el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, hombre clave en la aplicación del artículo 155. Mientras no haya un gobierno catalán que se conforme con el actual orden constitucional y estatutario, el gobierno español seguirá en Catalunya, dice.
¿Qué se puede hacer con un Estado que considera delictiva una aspiración política como es el ejercicio del derecho de autodeterminación, que en tiempos de la transición reivindicaban todos los demócratas?
Un gobierno de la “Generalitat” adaptado a las actuales exigencias del aparato de Estado podrá utilizar, de la mejor manera posible los espacios institucionales propios de una comunidad autónoma, pero si la nueva izquierda y la tradicional no hacen frente al autoritarismo y al régimen monárquico, sin ambigüedades, si no se dispone a tejer alianzas con todos los soberanistas y republicanos para sacarse de encima un poder judicial estrechamente vinculado al poder político, los márgenes de actuación desde la Generalitat, y seguramente desde cualquier administración autonómica, se irán haciendo cada vez más estrechos.
Un “autogobierno” marcado por la doctrina del miedo, lejos de hacer respetar los derechos democráticos de la ciudadanía, dejaría pista libre para todo tipo de oportunistas, que entienden la política como un juego de maniobras, de golpes bajos, amenazas, inconfesables alianzas y traiciones, para conseguir adhesiones, fidelidades, negocios y espacios miserables de poder.
Hay que hacer todo el posible para tener una administración cercana y totalmente alejada de los gustos de los que este viernes han celebrado o intentado ridiculizar el exilio de Marta Rovira y el encarcelamiento de Carme Forcadell, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva.
FUENTE: publico.es
Marià de Delàs
23/03/2018
Digo yo que habrá que hacer
lo que quiera el pueblo ¿no?
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