HAY QUE QUITARSE DE ENCIMA ESTE PODER JUDICIAL (I)

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Hay individuos y también colectivos que no saben disimular su tendencia a apoyar a los privilegiados, a los poderosos o a todo aquel que tenga pinta de ‘jefe’. No lo hacen por obligación. Se trata normalmente de personas educadas en el servilismo, a menudo humilladas, a veces corruptas, pero esto no las hace necesariamente crueles y desprovistas totalmente de buenos sentimientos. Sus codazos, sus acciones insolidarias, y también sus omisiones, para obtener algún beneficio o promoción, a menudo resultan asquerosas, pero hasta cierto punto, a veces, resultan relativamente comprensibles.

Cuesta más entender la satisfacción que expresan otros conciudadanos ante el sufrimiento de los diferentes, los insumisos, discrepantes, extranjeros, rebeldes…. Hay quien no se conforma con “hacer la pelota al encargado” y quiere ver castigado a quien no se resigna a ceder ante el más fuerte.

Entre estos, desde hace un tiempo, en Catalunya, llaman particularmente la atención las palabras de personas que quieren ver a otras privadas de libertad, por el hecho de haberse significado en defensa de derechos políticos elementales. Convendría entender el motivo real de ese deseo. Son los que han aplaudido el largo encarcelamiento de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Joaquim Forn y los que no esconden su satisfacción por la privación de libertad de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull.

A determinados dirigentes ya les va bien la idea de intervenir en la vida política con adversarios apaleados, atemorizados, encarcelados, encausados o bajo la amenaza de serlo. No representan ninguna novedad. Los libros de historia están llenos de personajes que se mostraron dispuestos a hacer cualquier cosa para conseguir poder económico o administrativo, conservarlo y hacerlo crecer. Individuos que explotaron y explotan la extensión del miedo entre la población para conseguir negocios, fidelidades, adhesiones, envilecimientos, docilidades…

Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial.​

Felipe VI de Borbón, rey de España.

Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia del Reino de España

Es triste pero se entiende. Inquieta bastante más, sin embargo, el apoyo social que obtienen algunos personajes cuando reclaman medidas de castigo severo contra sus adversarios, por haber participado en una manifestación, una asociación, por haber organizado un referéndum, haber encargado o distribuido propaganda, protestado por la detención de cargos políticos por su actividad estrictamente política, defendido el derecho a voto o haber aprobado por mayoría parlamentaria leyes relacionadas con la soberanía nacional. Esto tendría que angustiar a cualquier demócrata o, incluso, a cualquier persona razonable.

Las palabras y actuaciones de dirigentes de los partidos que apoyan en el gobierno de Mariano Rajoy resultan sospechosamente coherentes con la conducta de altos estamentos de la Fiscalía y con las decisiones de la cúpula del poder judicial. Demasiado a menudo parecen coordinadas. 

Gobernantes que supeditan la voluntad de los ciudadanos, expresada en las urnas, a las decisiones de jueces y magistrados de dudosas convicciones democráticas. Y lo hacen sin complejos, abiertamente, sin vergüenza, impunemente. Fiscales y jueces que, cómo ha denunciado no hace mucho el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, se creen con la facultad de decir a los representantes de la voluntad popular a quien pueden elegir y a quien no, qué pueden hacer o dejar de hacer en su actividad parlamentaria.

Todo esto resulta muy preocupante. Mucho. Porque pone en cuestión la separación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, minimiza el valor del sufragio universal y hace tambalear las bases de la democracia.

Pero desconcierta más todavía ver gente tradicionalmente considerada como progresista que se refiere a los dirigentes que se encuentran en prisión o exiliados en términos similares a los que utilizan los partidos que apoyan al gobierno de Mariano Rajoy. “Ya sabían que esto podía pasar”, “no respetaron la legalidad”, “han dividido a la sociedad catalana”, “han huido de la justicia”, “decidieron voluntariamente irse al extranjero”, “quieren aparecer como víctimas”, afirman.

Hay que buscar explicaciones al hecho de que fuerzas democráticas, más o menos comprometidas tradicionalmente con la justicia social, hagan hincapié en la falta de flexibilidad de las víctimas de la represión y acepten de forma sumisa, como un dato invariable, inamovible, como si se tratara de una fuerza de la naturaleza, la voluntad del gobierno del PP y de la cúpula judicial de intervenir las instituciones catalanas, encarcelar dirigentes políticos y sociales y de cargar contra el soberanismo sin miramientos.

Reproches, más que manifestaciones de disconformidad, contra los independentistas, y pasividad ante las resoluciones de un poder judicial que califica de violenta la acción pacifica de activistas de indudable trayectoria pacifista y que con esta conducta han acompañado la movilización permanente, pacífica y solidaria de millones de personas.

Gente que siempre se ha proclamado de izquierdas, defensora de los derechos humanos, que ahora regatea el reconocimiento, como presos políticos, de personas privadas de libertad desde hace meses por su ideología, que han podido escuchar como todo el mundo lo que dice la Fiscalía y lo que reconoce reiteradamente el propio juez instructor sobre los motivos reales de las órdenes de prisión preventiva.

Demócratas, que se resisten a considerar como exiliados a Puigdemont, Serret, Ponsatí, Comín, Puig, Gabriel y Rovira, y afirman que son “fugitivos”, por el hecho de no querer sufrir el mismo castigo que Junqueras, Forn, los Jordis y los cinco que han vuelto a ser encarcelados este viernes…, “fugitivos” de una “justicia” que no entienden los tribunales de otros países de nuestro entorno, y que han buscado refugio fuera del Estado español por considerar más útil la defensa de la democracia desde Bruselas u otras ciudades de Europa que desde Estremera, Soto del Real o Alcalá Meco.

Las víctimas de la represión que hoy practica el Estado contra el soberanismo catalán no son delincuentes comunes. Se encuentran en prisión o fuera del Estado español debido a su actividad política. Quién niega la evidencia o se instala en la neutralidad, en la equidistancia respecto a esta realidad complica la convivencia.

Hace falta que gente intelectualmente honesta, que en algún momento se ha proclamado como defensora incondicional de las libertades, se esfuerce al buscar explicaciones a los comportamientos brutales, al lenguaje gratuitamente hostil contra gente pacífica, al fomento de la represión que abre heridas que necesariamente dejan cicatrices, imborrables y que sólo se pueden curar con un tratamiento: democracia.

FUENTE: publico.es
Marià de Delàs
23/03/2018

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