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15/8/18

"TERREMOTO" EN LA IGLESIA

Un informe judicial denuncia 300 casos de sacerdotes "depredadores sexuales" en EEUU


"Algunos menores fueron violados oralmente, algunos vaginalmente, algunos analmente", recoge el documento publicado por la Corte Suprema del estado de Pensilvania y que identifica al menos a 1.000  víctimas.

El cardenal Donald Wuerl, exobispo de Pittsburgh, acusado de ocultar los casos de abusos. - AFP
El cardenal Donald Wuerl, exobispo de Pittsburgh, acusado de ocultar los casos de abusos. - AFP

La Corte Suprema del estado de Pensilvania ha publicado este martes un informe de un gran jurado que documenta 300 supuestos casos de sacerdotes "depredadores sexuales" en seis diócesis, tras investigar denuncias de abusos de menores.

Sede de la Corte Suprema del estado de Pensilvania

El jurado explica en el documento, que consta de 1.356 páginas, que ha identificado a unos 1.000 menores que han sido víctimas, la mayoría varones, aunque también hay chicas, entre los que hay adolescentes y muchos preadolescentes. "Algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía. A algunos les hicieron masturbar a sus agresores, o fueron manoseados por ellos. Algunos fueron violados oralmente, algunos vaginalmente, algunos analmente", denuncia el texto.


El jurado detalla que para elaborar este documento ha escuchado el testimonio de decenas de testigos y ha revisado medio millón de páginas de documentos internos de las diócesis. En ese sentido, no se descarta que el número real de víctimas ascienda a miles, ya que es posible que los registros de algunos menores se hayan perdido o que el afectado optara por guardar el silencio.


El informe acusa al cardenal Donald Wuerl, exobispo de Pittsburgh que ahora lidera la archidiócesis de Washington, de ocultar los casos. Wuerl, por su parte, ha declarado a través de un comunicado que siempre ha “actuado con diligencia, preocupado por las víctimas y para prevenir futuros actos de abuso”.


El jurado critica que todos los casos fueron dejados de lado por los líderes de la Iglesia, "que prefirieron proteger a los abusadores y a la institución, sobre todo". Como consecuencia del encubrimiento, casi todos los casos son demasiado antiguos como para ser juzgados, ya que la mayoría son anteriores al año 2000, aunque el jurado subraya que ha emitido acusaciones contra un sacerdote de la diócesis de Greensburg y otro de la de Erie, que presuntamente han estado abusando de menores en la última década.


En una rueda de prensa, el fiscal general del estado, Josh Shapiro, destacó que el informe detalla "un encubrimiento sistemático por altos cargos de la Iglesia en Pensilvania y en el Vaticano".

John Saphyro, fiscal general del estado de Pensilvania

Aparte de las diócesis de Greensburg y Erie, el resto de las afectadas son las de Scranton, Allentown, Harrisburg y Pittsburgh, todas ellas en Pensilvania. El pasado 1 de agosto, la diócesis de Harrisburg, una de las implicadas, publicó una lista de 71 religiosos y seminaristas, algunos de ellos ya fallecidos, "acusados" de abusos sexuales a menores desde 1940.


FUENTE: publico.es
Agencias - Washington
14/08/2018

Aprovechándose de su poder y de la confianza depositada en ellos por los padres, estos "sacerdotes" (debo el conocimiento de la palabra "cerdotes" a mi buen amigo Paco Navarro) han profanado la niñez, una de las cosa más sagradas del mundo, con el silencio cómplice de las autoridades eclesiásticas.

No está muy claro si fue Kropotkin o Durruti, pero voy a terminar dándole la razón al que se atrevió a decir:

"La única iglesia que ilumina, es la que arde".

4/2/18

¡QUÉ POCA VERGÜENZA!

La Fiscalía pide aplicar la doctrina Botín al PP y librarlo del caso de los discos duros de Bárcenas


Es el primer partido político que se sienta en el banquillo como responsable penal. Los delitos: daños informáticos y encubrimiento.

El extesorero del PP Luis Barcenas a su llegada al juzgado de Madrid 
para declarar sobre el borrado de los discos duros de sus ordenadores en el PP. 
REUTERS/Andrea Comas

La Fiscalía ha pedido exonerar al PP de la destrucción de los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas ya que no ha quedado acreditado cuál era la información que contenían ni que fuera “relevante” en el caso Gürtel y, además, el afectado se ha retirado del proceso.

Para el ministerio público, se debe aplicar la doctrina Botín en este caso. Esta doctrina, emanada del Tribunal Supremo, implica que la acusación popular sólo puede actuar en un asunto cuando afecte el interés general en el caso de que no exista la acusación particular; esto es, la persona directamente afectada por el delito.

Luis Bárcenas se retiró de la acusación por la destrucción de sus ordenadores, cuando fue quien presentó la querella en los juzgados de Madrid a la que se sumaron las acusaciones populares. Los ordenadores destruidos estaban en una sala de juntas de la sede central del PP donde trabajaba tras dimitir como senador al difundirse los papeles con la contabilidad paralela del PP que llevan su nombre.


En su escrito de conclusiones, el ministerio público expone que Bárcenas desistió de ejercer la acción penal por esta destrucción, por lo que ha desaparecido la acusación particular. Y considera que las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que no concurre interés general que proteger.

La Fiscalía entiende que no se ha acreditado el delito de daños informáticos ni el de encubrimiento con el que las acusaciones populares acusan al PP.

El PP será el primer partido político de la historia reciente que se siente en el banquillo como responsable penal por estos delitos, después de que en el año 2012 el gobierno de esta formación introdujera dicha figura jurídica en el Código Penal.


A pesar de la petición de la Fiscalía, las acusaciones populares han solicitado al juzgado de instrucción 32 que lleva este caso que el PP se siente en el banquillo por ambos delitos. Las acusaciones son Izquierda Unida, Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y Observatori de Drets Humans.

Además, la Fiscalía sostiene que el delito de encubrimiento no es aplicable a una persona jurídica como es el PP, sino que la ley sólo prevé que sea aplicable a una persona física.

En su escrito de conclusiones absolutorias, el Ministerio Público recuerda que en la etapa de Bárcenas como tesorero del PP se le adjudicó un despacho en la sede de dicha formación política para su utilización “exclusiva” y “personal” donde guardaba diferentes objetos, entre ellos dos ordenadores personales, cuya propiedad no se ha podido acreditar. Ni su forma concreta de adquisición.


Pese a que le ex tesorero del PP denunció a la formación política de haberse apropiado indebidamente de sus ordenadores, el juzgado de Instrucción número 21 de Madrid le respondió que para realizar una exigencia de tales características antes debía acreditar que los ordenadores eran suyos y que utilizara otra vía para reclamarlos.

Cuando Bárcenas fue interrogado en el marco del procedimiento se desdijo de sus anteriores declaraciones y señaló que en los ordenadores había datos de contabilidad e incluso aportó un pen drive “sin poder precisar en dicha declaración la información que guardaba en el Macinstosh, ya que cambió de disco duro en el mes de octubre de 2012”. 

La Fiscalía concluye que no ha quedado acreditado cuál era la información que contenían los ordenadores; no se ha podido acreditar que la información contenida en el pen drive procediera de los citados ordenadores; no se ha acreditado que dicha información fuera relevante paras la investigación del caso Gürtel que realizaba la Audiencia Nacional (Papeles de Bárcenas) y tampoco se ha acreditado que el borrado ni formateo de dichos discos duros de los citados ordenadores haya causado daño grave al extesorero o “a ninguna investigación judicial”.

Implicados en la trama Gürtel, de 1zquierda a derecha. y de arriba abajo:
Agag (yerno de Aznar), Correa (jefe de la trama), Costa (número 2 del PP valenciano),
 Pérez 'el Bigotes' (el gran conseguidor),  Camps (presidente de la Generalitat valenciana), 
Álvarez-Cascos (exministro de Fomento), González Pons (vicesecretario del PP), 
Crespo (exdirigente del PP gallego), Bárcenas (extesorero del PP), López Viejo (exconsejero madrileño)


Se da la circunstancia de que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa en reiteradas ocasiones por entender que los hechos investigados no revisten relevancia penal.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, dictó el pasado 30 de noviembre la apertura del juicio oral contra la formación política, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán por los delitos de daños informáticos y de encubrimiento.

La juez instructora señaló en el auto el que dio por concluida la instrucción, del 26 de julio de 2016, que existían claros indicios de que los documentos de Bárcenas fueron eliminados "a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".



FUENTE: publico.es 
Julia Pérez 
Madrid - 29/01/2018

10/4/15

OPACIDAD EN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

El Gobierno se resiste a dar datos sobre torturas policiales en España 


Reconoce 129 condenas por delitos de torturas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desde el año 2000, pero evita pronunciarse sobre cuántas denuncias se han interpuesto en el Estado y cuántos funcionarios han sido condenados.
 

El Ejecutivo de Mariano Rajoy continúa haciendo de la opacidad su seña de identidad. En respuesta parlamentaria al diputado de Amaiur Jon Iñarritu, el Gobierno ha vuelto a evitar dar información alguna sobre cuántas denuncias por torturas y malos tratos se han producido en España en los últimos 35 años, cuántos funcionarios han sido condenados por estos delitos y cuántos han sido indultados tras ser condenados

La respuesta del Ejecutivo, de hecho, se limita a señalar que el Sistema Estadístico de Criminalidad tiene recogidos 129 delitos de tortura por parte de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el año 2000 y reitera que éstas "llevan a cabo sus funciones bajo el más estricto cumplimiento de la legalidad vigente". Las demás peticiones del diputado Iñarritu fueron completamente ignoradas por el Ejecutivo, que en el resto de su respuesta se limita a hacer una enumeración de leyes sin aportar dato alguno y sin realizar ninguna valoración. 

Resultado de imagen de violencia policial humor pasado gris

El 'olvido' del Gobierno en aportar la información que se le solicita desde el Congreso cobra especial relevancia cuando el Estado español ha sido condenado hasta en seis ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar suficientemente denuncias de torturas y en tan sólo 10 años la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha recopilado hasta 6.621 denuncias de torturas y malos tratos policiales, así como la muerte de 883 personas bajo custodia.De hecho, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha reprochado a España su escasa voluntad para investigar las denuncias de malos tratos policiales y tanto el Relator contra la Tortura de Naciones Unidas como reconocidas organizaciones de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, también han expresado reiteradamente su preocupación por la falta de investigación y por prácticas como la incomunicación de detenidos durante 13 días.

"Una vez más queda de relieve que España tiene un problema con la tortura. Se tolera, se encubre y se obstaculiza su investigación. Son alarmantes los datos que demuestran que sólo una ínfima parte de los casos denunciados pueden demostrarse", señala el diputado de Amaiur Jon Iñarritu, que exige al Gobierno cumplir con las recomendaciones de la ONU y del Comité contra la Tortura "para evitar que hechos así se produzcan impunemente".

Hace apenas 15 días la Audiencia de Palma condenó a cuatro guardias civiles por torturas graves. La magistrada ponente en el juicio y presidenta de la Sala, Francisca Ramis, llegó a comentar: "Se me cae la cara de vergüenza, como ciudadana", en referencia al retraso policial en investigar y denunciar los hechos, las manipulaciones de atestados y de las versiones de testigos.


FUENTE: publico.es
Alejandro Torrús
Madrid - 07/04/2015