Eso es lo que está ocurriendo continuamente en este jodido y puñetero "pís". Los ciudadanos nos estamos asfixiando con tanto olor a podredumbre y mierda.
Citizen Plof
Mostrando entradas con la etiqueta Peste. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Peste. Mostrar todas las entradas
26/4/18
OLORES
Hay
olores harto desagradables que ofenden nuestra pituitaria: el olor a
heces es uno de ellos; por eso, cuando alguien remueve la hediondez de
las cloacas del Estado, y sus densos efluvios, emanando hacia la
superficie se mezclan con los vómitos radiofónicos o periodísticos de
determinados espécimenes "cuasi" humanos, la peste es de tal magnitud
que resulta irrespirable.
Eso es lo que está ocurriendo continuamente en este jodido y puñetero "pís". Los ciudadanos nos estamos asfixiando con tanto olor a podredumbre y mierda.
Citizen Plof
Eso es lo que está ocurriendo continuamente en este jodido y puñetero "pís". Los ciudadanos nos estamos asfixiando con tanto olor a podredumbre y mierda.
Citizen Plof
12/1/18
LAS CLOACAS DE INTERIOR APESTAN
Un magistrado insta a la juez del caso Nicolás a investigar de una vez a Villarejo, Pino e Inda
El Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid instruirá la querella por obstrucción a la Justicia contra los comisarios de 'las cloacas de Interior' y el tertuliano de La Sexta en el caso de que la magistrada Fernández Gamo siga sin investigar los indicios de encubrimiento y organización criminal que denuncia el informe final de la comisión judicial sobre el 'Pequeño Nicolas'.
De izquierda a derecha, el excomisario José Manuel Villarejo, el periodista Eduardo Inda,
y el ex número dos de la Policía Eugenio Pino. EFE
Hasta ahora ha impedido que prosperen las investigaciones sobre la trama que se esconde tras el escándalo del Pequeño Nicolás –lo que ha provocado quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, pero ahora la jueza María Pilar Fernández Gamo va a tener que ir adelante con esa causa o lo hará otro magistrado por ella, dejándola en evidencia. Incluso podría ser acusada de prevaricación, según señalan a Público las acusaciones populares de Podemos y Plataforma por la Honestidad.
Esto es lo que ha decidido el titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid, Marcelino Sexmero Iglesias, al admitir a trámite la querella criminal presentada por la Plataforma por la Honestidad contra los comisarios José Manuel Villarejo –hoy en prisión– y Eugenio Pino –ex director adjunto operativo de la Policía–, el tertuliano Eduardo Inda y otros presuntos cómplices de la trama para obstruir la acción de la Justicia en el escandaloso y enrevesado caso del Pequeño Nicolás.
El Pequeño Nicolás
En el auto que notificó a las partes en los últimos días de 2017, el magistrado-juez constata que "de lo actuado en las presentes diligencias previas se desprende la comisión de varios hechos aparentemente delictivos", entre los que se incluyen "los delitos de obstrucción a la Justicia, encubrimiento, calumnias e injurias continuadas contra agentes de la autoridad por hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, revelación de secretos, grupo/organización criminal" y quizá otros, según los artículos 270 y 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sin embargo, la jueza Fernández Gamo mantiene paralizado el proceso y ha efectuado numerosas maniobras con la intención de archivarlo –como ha ido revelando Público–, incluso cerrando una importante subpieza secreta del sumario sin haber concluido las diligencias que había ordenado la Audiencia Provincial, una instancia superior cuyas resoluciones es obligatorio cumplir. Además, se trata de pedir a Google en EEUU el correo electrónico del inspector José Ángel Fuentes Gago que desapareció del Centro de Protección de Datos de El Escorial en lo que parece un grave delito de destrucción de pruebas en archivos policiales centrales.
José Ángel Fuentes Gago
En vista de todo ello, el juez Sexmero Iglesias decide que "los delitos anteriormente mencionados deben considerarse como delitos conexos conforme a lo dispuesto en el artículo 17.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y dispone "la inhibición del conocimiento de este procedimiento a favor del JUZGADO DE INSTRUCCION N° 2 DE MADRID [el de la magistrada Fernández Gamo], para su unión a las diligencias abiertas por los hechos referidos: D.P. 467612014".
Es decir, el titular del Juzgado Nº4 dispone que la que debe investigar esos gravísimos hechos –relativos a la grabación ilegal en sede policial de una reunión confidencial entre mandos de Asuntos Internos y agentes del servicio secreto (CNI)– debe ser la magistrada denunciada ante el CGPJ precisamente por obstruir el procedimiento.
Miembros del Consejo General del Poder Judicial
Pero esta vez las investigaciones irán adelante aunque ella no lo haga, puesto que la "parte dispositiva" del auto judicial concluye de esta forma: "No obstante este Juzgado continuará con la instrucción de la causa hasta la aceptación de la inhibición. lnterésese acuse de recibo expresando si se acepta o no la inhibición".
Así que la jueza Fernández Gamo difícilmente va a poder continuar con sus maniobras dilatorias que procuran el archivo de una causa sobre gravísimos delitos contra la seguridad del Estado y que sólo favorecen a Villarejo, Pino, Inda y otros protagonistas de Las cloacas de Interior.
FUENTE: 09/01/2018
Carlos Enrique Bayo / Patricia López
Madrid - 09/01/2018
14/7/17
EL HEDOR DE LAS CLOACAS DEL ESTADO
La Policía destruyó pruebas en su archivo central para que Fuentes Gago mintiera al Congreso
'Público' ha obtenido los documentos que demuestran que el número dos de la brigada política engañó a los diputados de la comisión de investigación sobre el exministro del Interior, encubriendo su verdadera actuación gracias a la destrucción, en la base de datos policial de El Escorial, del original de su mail en el que reenviaba la grabación ilegal al CNI en el caso Nicolás
El ex inspector jefe de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, se prepara para su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior.
BALLESTEROS (EFE)
Fueron muchas las mentiras que pronunció –con obligación de decir la verdad– ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el uso partidario del Ministerio del Interior contra rivales políticos del PP. Pero José Ángel Fuentes Gago tenía una cobertura imbatible: la pistola humeante que hubiera demostrado su falso testimonio había sido destruida en los servidores de los mismísimos archivos informáticos centrales de la Policía Nacional, custodiados en los sótanos de El Escorial.
No una sola vez, sino muchas, el que fuera jefe de gabinete del director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, mintió a los diputados de la comisión: al pretender que no tuvo nada que ver con la grabación ilegal de una reunión secreta en el caso del pequeño Nicolás; al sostener que estaba asignado a Asuntos Internos y que obedecía las órdenes del jefe de esa Unidad, Marcelino Martín-Blas; al negar su participación en las reuniones clave de la brigada política en el despacho de Pino; al inventarse de pronto que fue Martín-Blas quien le instó a organizar las reuniones entre el exministro Jorge Fernández Díaz y el exjefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, cuya revelación por Público tiró de la manta de las cloacas de Interior...
Jorge Fernández Díaz - Daniel de Alfonso
Tantas veces mintió Fuentes Gago –y Público puede demostrar documentalmente todas esas mentiras tras dos años y medio de investigación– que su declaración ante los parlamentarios parecía temeraria: contradijo hasta el contenido de los audios y los testimonios ante el Congreso de ambos interlocutores. Pero tenía un seguro de vida: el correo electrónico que envió a Martín Blas a las 14.56 horas del 12 de diciembre de 2014 –en el que adjuntó el archivo *.mp3 de la grabación ilegal de su conversación en sede policial con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)– había sido completamente eliminado de los servidores de El Escorial.
El único fallo de ese crimen perfecto es que esa gravísima destrucción de pruebas (alojadas en un archivo policial central), de un flagrante caso de violación de la seguridad del Estado que está siendo investigado por la Justicia, puede ser demostrada. Para empezar, éste es el contenido del correo electrónico que Fuentes Gago remitió desde su iPhone a la cuenta de mail oficial de Martín-Blas:
En "Datos adjuntos" aparece el archivo VCE_141021_002.mp3 que corresponde a la grabación de la reunión en el despacho oficial de Martín-Blas en la que el jefe de Asuntos Internos y el inspector Rubén Eladio López hablaron con varios agentes del CNI sobre el curso de las investigaciones relacionadas con el pequeño Nicolás, quien se estaba haciendo pasar por agente del CNI e incluso enlace entre la Vicepresidencia y la Casa Real, con el fin de cometer estafas.
Aunque todavía es más incriminatorio, en el contenido de este mail –el que ha sido destruido de los archivos centrales de la Policía en El Escorial–, que Fuentes Gago ha borrado la identidad del remitente original antes de reenviarlo al comisario principal Martín-Blas. Ante la comisión de investigación del Congreso aseveró que él obedecía órdenes del jefe de Asuntos Internos porque era superior en rango jerárquico. Entonces, ¿cómo es que le oculta a su superior el origen del material que le reenvía y que sin duda es constitutivo de delito?
El día antes de ese e-mail incriminatorio, Pino (el DAO) había llamado a su despacho a Martín-Blas, quien se encontró allí dentro a Fuentes Gago y al periodista Eduardo Inda. Le dijeron que este último poseía una grabación de la reunión que él mantuvo con agentes del CNI dos meses antes en su despacho y el jefe de Asuntos Internos quedó asombrado y alarmado. Así que propuso enviar al día siguiente al inspector López a recoger esa grabación.
Pero cuando Rubén López fue a buscar la grabación, Inda no se la entregó. Dos veces intentó que el periodista se la entregara sin resultado, por lo que dijo telefónicamente a Martín-Blas que dudaba de que realmente existiera. Así se lo comentó el jefe de Asuntos Internos a Fuentes Gago y éste, para demostrar que sí existía, se la reenvió a su superior... borrando el remitente original de la copia que poseía. Si el remitente era Inda, no tenía por qué borrar el origen, ya que Martín-Blas había visto al periodista y ya contaba con que la fuente era él. ¿Quién era la verdadera fuente de Gago?
Pero casi al mismo tiempo (a las 15.11, o sea, sólo un cuarto de hora más tarde), Inda cedía a las presiones del inspector López y le reenviaba también copia de la grabación mediante un e-mail enviado también desde su teléfono móvil. Éste es el correo electrónico que envió el periodista, con una copia de la grabación ilegal:
Se puede comprobar que entre los datos adjuntos está el mismo archivo VCE_141021_002.mp3 que es el de la grabación. Pero, una vez más, lo más incriminatorio no es evidente y está en la parte inferior de esta captura de pantalla: con las prisas, Inda se olvida de borrar el historial del correo y resulta que esa grabación se la remitió por primera vez su colega Esteban Urreiztieta... ¡el 17 de noviembre de 2014! Es decir, los periodistas habían estado ocultando esa grabación ilegal durante casi un mes y de pronto se la ofrecían a Asuntos Internos con la intención de que la incorporase a la causa, algo que sin duda motivaría la invalidación de todas las actuaciones contra el pequeño Nicolás.
Ahora bien, cuando la comisión judicial que ayudaba al juez Arturo Zamarriego a descubrir al autor o autores de esa grabación ilegal presentó estos correos electrónicos como prueba, el fiscal se opuso a aceptarlos –pese a que procedían de ordenadores y cuentas de e-mail pertenecientes al Cuerpo de Policía Nacional– y reclamó que se aportasen los originales radicados en los servidores centrales situados en El Escorial.
El Centro de Datos tarda siete meses en informar al juez
Pero lo que hace ese auto es, precisamente, archivar la subpieza secreta que se abrió para desentrañar esos correos –y desimputar definitivamente a Fuentes Gago– porque cuando finalmente el Centro de Protección de Datos remite el informe de sus archivos al juzgado (siete meses después de que se lo hubiera solicitado el juez Zamarriego) se descubre que están todos los mails de Fuentes Gago ¡a excepción del que recibió con el remitente original de la grabación!
En consecuencia, tanto Zamarriego como Martínez Gamo deciden el sobreseimiento de la causa contra Fuentes Gago... ¡porque la prueba de cargo contra él ha desaparecido de los archivos centrales de la Policía!
¿Cómo sabemos que ese original existía y fue borrado? ¿Por qué tardó siete meses en responder a un mandamiento judicial el Centro de Protección de Datos de la Policía? ¿Cómo es que no se investiga esa clara destrucción de pruebas de un caso tan grave que afecta a la seguridad del Estado?
Público cuenta también con los documentos que dan respuesta a todas esas preguntas. Pero como esta historia es ya demasiado larga, los aportaremos en un siguiente artículo.
...CONTINUARÁ
FUENTE: publico.es
Carlos Enrique Bayo
Madrid - 12/07/2017
28/4/17
8/2/17
DE NUEVO EN LAS APESTOSAS CLOACAS DEL ESTADO
Corrupción: Villarejo & Cía: 25 millones, 92 inmuebles y cuentas en Suiza, Panamá y Delaware
Oculta sus actividades empresariales bajo la excusa de que son inversiones familiares, pero el informe policial al que ha tenido acceso 'Público' explica cómo el comisario esconde detrás de su mujer y sus hijos millones de euros procedentes de paraísos fiscales desde que en 1989, mientras el comisario estaba en excedencia, su dinero afloró de la nada en Uruguay.
El comisario de policía, José Manuel Villarejo Pérez, trata de ocultar su rostro a la salida de los juzgados de Estepona (Málaga), donde declaró por el ático del expresidente madrileño, Ignacio González. EFE
Asegura haber hecho grandes trabajos para el Estado desde que ingresó en la Policía a principios de los 70, pero el dinero de José Manuel Villarejo Pérez surge de la nada en 1989 cuando crea Financiera Omerán y Financiera Uruplan en Uruguay con unos fondos de "origen desconocido", según el informe que esconde la Fiscalía de Madrid desde hace diez meses y que fue elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, al que ha tenido acceso Público en exclusiva.
Desde entonces el comisario ha creado una estructura financiera con "cuatro niveles" de "sociedades que tienen participaciones unas en otras" sin que esta organización guarde "relación con criterios mercantiles ordinarios", subraya el informe policial. Y añade que "el dominio de unas sociedades por otras y las fusiones/absorciones que se han detectado sugieren que su finalidad responde más a la intención de dificultar una eventual investigación que a una dinámica mercantil habitual".
En ese momento Uruguay era un paraíso fiscal, desde el que llegaba el dinero para que el policía en excedencia creara sociedades en Madrid, Córdoba y la Costa del Sol. Pero es a partir de 2011 cuando, "posiblemente al desaparecer esa protección uruguaya por la firma de Convenios Internacionales, las sociedades uruguayas se transforman en dos sociedades limitadas españolas". Es entonces cuando crea en España las sociedades Lextor S.L y Club Exclusivo de Negocios y Transacciones S.L (CENYT).
Primer y segundo nivel del entramado empresarial de José Manuel Villarejo Pérez.El informe afirma que "el comisario Villarejo es, directa o indirectamente, el titular de una treintena de sociedades con un capital social desembolsado de 25 millones de euros", además de propietario de 92 inmuebles repartidos por los municipios malagueños de Estepona (48), Benalmádena (18) Marbella (1), Torrox (1); también en la Comunidad de Madrid entre Boadilla del Monte (7), Bustarviejo (1), Móstoles (1), Alcobendas (1), Las Rozas (1) y otro en la capital, además de en Sevilla (8) y una parcela en Almodóvar del Río (Córdoba). Pero, ¿de dónde salió tanto dinero?
10 años en excedencia para amasar la fortuna
Logo del SPP (Sindicato Profesional de Policía)
Seis años antes de que naciese el José Manuel Villarejo empresario, en 1983, el entonces agente había pedido la excedencia tras estar destinado en el País Vasco, en la Brigada Político Social y montar el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), conocido por haber sido la organización que defendió a los policías que asesinaron a El Nani.
Durante su etapa de sindicalista, fuentes policiales de esa época aseguran que "Villarejo estrechó relaciones con otro policía, Sebastián Fernández Dopico, que comenzó a trabajar con Mario Conde en 1983 hasta que en 1989 tuvo que pasar a un segundo plano por una investigación de régimen interno". Estas fuentes aseguran que el presunto "agente encubierto" comenzó ahí a hacer trabajos de seguridad privada, aunque en el currículum que Villarejo difunde sobre sí mismo asegura que se infiltró "en círculos periodísticos independentistas, lo que permitió la desarticulación de comandos de ETA preparados para atentar en el extranjero".
Policías uruguayos en una imagen de archivo.
Precisamente al juez que instruye la causa del pequeño Nicolás le preguntó a Villarejo en su declaración como imputado sobre su relación con Uruguay y él aseguró que a finales de los 80 había estado haciendo una investigación sobre ETA en ese país y que con ese fin se crearon empresas de hostelería allí. Según están revelando documentos recién desclasificados por los militares uruguayos, es cierto que en 1989 hubo una operación contra ETA coordinada desde la Audiencia Nacional y en la que se emplearon fondos reservados. Pero, oficialmente, Villarejo no volvió a la Policía hasta 1993, así que no pudo participar en ella... al menos de forma oficial.
En el informe que está desvelando Público, los investigadores de Asuntos Internos piden a la Fiscalía que se solicite a la Tesorería de la Seguridad Social la vida laboral del comisario Villarejo, con el fin de averiguar para quién trabajó entre 1983 y 1989 y de dónde pudo salir el dinero con el que inició sus negocios.
Sociedades familiares
En la actualidad, al frente del entramado se encuentra toda la familia del comisario, "principalmente su hijo José Manuel y su abogado Rafael Redondo", a quienes además ha otorgado poderes para manejar cuentas en Reino Unido y Suiza. Pero desde su exmujer hasta sus hijas forman o han formado parte de las empresas. Por ejemplo, su hija regenta el Hotel Don Pepe, uno de los negocios que todavía mantiene activos en Uruguay, aunque recientemente ha cambiado de nombre.
El informe explica también que el comisario ha ido haciendo cambios en el accionariado según acechaban sobre él la investigación del caso del pequeño Nicolás y las revelaciones en la prensa. Su actual mujer, Gemma Alcalá Garcés –imputada en 2016 en la misma causa que se instruye contra su marido por grabar y difundir una conversación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Asuntos internos– "hasta el año 2015 ocupaba igualmente cargos de administración en buena parte de las sociedades analizadas, pero en la actualidad ha cesado en la práctica totalidad".
En concreto, los investigadores policiales indican que "a finales de 2015 se observa cómo cesa en esos cargos, coincidiendo con la época en la que se publica por primera vez en los medios de comunicación su implicación en la estructura empresarial de Villarejo". Lo mismo ocurrió en 2014 con otro de sus socios en la página digital que dirige su esposa: en cuanto comenzó a publicarse que se investigaba la sociedad que edita Información Sensible, el periodista y socio salió del accionariado.
Cuentas en paraísos fiscales
El informe de la Unidad de Asuntos Internos, elaborado bajo la dirección del comisario Francisco Migueláñez, expone que "según la información de Inteligencia Financiera", Cenyt Consultoría Organizacional con sede en la madrileña Torre Picasso --epicentro del entramado financiero de Villarejo y de la que que dependen despachos de abogados, agencias de detectives y su medio de comunicación, entre otras sociedades-- tiene cuentas en paraísos fiscales.
Extracto del informe sobre el origen ilícito del patrimonio del comisario Villarejo.Además de las sociedades uruguayas, Villarejo también ha creado bajo las leyes de Delaware (Estado de EEUU con un sistema de impuestos equivalente a un paraíso fiscal) la sociedad Medialink Inc, con domicilio en Brickell Avenue 1401 de Miami y con una filial en España llamada Medialink Comunicación Digital. La publicidad de ambas empresas remite nuevamente a la sede del emporio del comisario, Torre Picasso.
...CONTINUARÁ.
FUENTE: publico.es
Patricia López - Madrid
06/02/2017
Este ciudadano quiere imaginar que será la propia Policía, la primera interesada en limpiar estas porquerías para que no manchen la imagen pública del Cuerpo. ¿No?
¡Ah! Y, sobre todo, aclarar de QUIÉN-ES era el dinero con el que ese individuo iniciaba los "negocios". Aunque mucho me temo que fuera nuestro, de los ciudadanos jodidos de este pís.
4/3/16
Suscribirse a:
Entradas (Atom)