Andreu exculpa al exjefe de la Casa del Rey y a otros once directivos por las tarjetas black
El juez les exculpa del delito de
apropiación indebida o administración desleal ya que sus gastos formaban
parte del paquete de retribuciones de altos ejecutivo. No obstante, los mantiene en la causa como responsables civiles a título lucrativo.
El juez considera que los responsables del delito de apropiación indebida o de administración desleal son quienes tomaron la decisión de emitir estas tarjetas opacas al fisco. Pero no quienes las usaron como empleados. No obstante, los mantiene en la causa como posibles responsables civiles subsidiarios en el delito de administración desleal en el que incurrieron los otros altos cargos de Caja Madrid y que eran miembros del Consejo de Administración y del Comité de Control de la entidad que fue rescatada con dinero público.
Esos doce exdirectivos para quienes se archiva la causa gastaron en total 3,4 millones de euros a través de estas tarjetas opacas al fisco.
En un auto dictado este martes, el magistrado
resuelve que los doce exdirectivos han declarado “de forma invariable,
uniforme y consistente que la tarjeta de crédito les era entregada como uno de los conceptos que formaban parte de su retribución; y que estas tarjetas de directivos eran asignadas directamente” por Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid.
Los exdirectivos son Matías Amat Roca, entonces director general y director financiero de Caja Madrid (389.025 euros en gastos de tarjeta black); Enrique de la Torre Martínez, secretario general de Caja Madrid (320.742 euros); Ramón Ferraz Ricarte, director general de Banca Comercial (397.860 euros en gasto de tarjeta black); Carmen Contreras Gómez, directora de Auditoría Interna (266.986 euros); Mariano Pérez Claver, Director de Banca Comercial y consejero delegado de la Corporación (379.513 euros); Rafael Spottorno Gómez, director gerente de la Fundación Caja Madrid, quien gastó 223.864 euros; Ramón Martínez Vilches, director de Riesgos (91.158); Ricardo Morado Iglesias, director de Sistemas y Organización (448.318 euros en gasto de tarjeta); Luis Gabarda Duran, director del Gabinete del presidente y director de gestión de activos de la entidad (139.707 euros); Carlos Vela García, director de Banca de Negocios (249.202); Juan Manuel Astorqui Portera, director de Comunicación de Caja Madrid (292.993 euros), así como Carlos María Martínez Martínez, director gerente de la Obra Social (276.000 euros).
En
su auto el juez distingue entre dos tipos de directivos: los miembros
del Consejo de Administración y del Comité de Control y los que ahora
han visto archivada la causa penal contra ellos al mantener una relación
estrictamente laboral como empleados por cuenta ajena de Caja Madrid.
Después de las diligencias practicadas el juez considera acreditado que en el caso de estos directivos las tarjetas tenían un concepto retributivo y por ello de libre disposición para el usuario, cuyos límites fijaba Presidencia.
Después de las diligencias practicadas el juez considera acreditado que en el caso de estos directivos las tarjetas tenían un concepto retributivo y por ello de libre disposición para el usuario, cuyos límites fijaba Presidencia.
Entre
otras razones, porque todos ellos disponían también de otra tarjeta que
la entidad les había facilitado como " tarjeta de empresa". Y esta
tarjeta de empresa debían destinarla a los gastos generados en el
ejercicio de su cargo. A diferencia de las tarjetas de empresa, a las
otras, investigadas por el juez, se les asignaba un pin o clave de forma
que era posible extraer dinero del cajero, " lo que resulta razonable si conceptuamos el uso de la tarjeta como una parte del paquete retributivo".
El
juez recuerda que la limitación en materia retributiva de la ley de
Cajas de Ahorro está marcada para los consejeros, pero no se podría
aplicar a las retribuciones que pudieran recibir los directivos de la
entidad, por lo que "ni cualitativa no cuantitativamente el pago de parte de sus retribuciones por esta vía puede considerarse irregular".
Considera el juez que los doce exdirectivos no han tenido una conducta de relevancia penal, pero los mantiene en la causa como responsables civiles a título lucrativo
(artículo 122 del Código Penal). Este artículo contempla la restitución
de lo percibido, en el caso de que se declare de manera definitiva que
la emisión, puesta en funcionamiento y gastos generados por el uso de
estas tarjetas fuera constitutivo del delito de administración desleal.
El juez imputó en enero pasado a 78 titulares de unas tarjetas con las que los altos cargos gastaron entre 2003 y 2012 unos 15 millones de euros en una entidad que luego se fusionó con otras cajas para convertirse en Bankia y que terminó siendo rescatada por el Estado. Hace unas semanas, sobreseyó la causa contra otros 14 imputados al haber prescrito los hechos.
El juez imputó en enero pasado a 78 titulares de unas tarjetas con las que los altos cargos gastaron entre 2003 y 2012 unos 15 millones de euros en una entidad que luego se fusionó con otras cajas para convertirse en Bankia y que terminó siendo rescatada por el Estado. Hace unas semanas, sobreseyó la causa contra otros 14 imputados al haber prescrito los hechos.
FUENTE: publico.es
Julia Pérez
Fíjense bien en la palabra "prescrito"; es participio irregular del verbo prescribir, al que tanto partido saca la justicia española en los últimos tiempos.
Como suele decir el amigo Magyanes, en determinadas ocasiones, el juego de cambiar una simple vocal puede dar un increible giro a la palabra, llegando a mostrar, como en este caso, la esencia oculta de la realidad.
Pruébenlo y verán cómo, aunque ya en desuso, un sinónimo de malhechor, fulge con luz propia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario