"LA EVA"

Eliminado el nombre de la infanta Cristina de la sentencia de Nóos: ahora es 'la Eva'

Se ha suprimido su identidad y título real en la base de datos de la jurisprudencia española. Iñaki Urdangarin es reemplazado por 'Julio' para la historia de la Justicia y 'Bernardo' es Jaume Matas, expresidente de Baleares. El CGPJ elimina los nombres de las sentencias, a diferencia del TC o del tribunal europeo que los respetan

La "infanta Cristina" es 'la Eva" en la sentencia del caso Nóos.

El nombre y el tratamiento de la hermana de Felipe VI han sido reemplazados en la resolución que figura en el buscador oficial de jurisprudencia, encargado de conservar para la Historia las sentencias judiciales y facilitar su consulta.

Cristina Federica de Borbón y Grecia fue juzgada y absuelta por la Audiencia Provincial de Palma este febrero pasado, y su nombre aparece en la sentencia original como el resto de los acusados. Pero el responsable de tratar y custodiar estas resoluciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reemplaza siempre los nombres de los procesados, que quedan anulados para las próximas generaciones en la única base de datos oficial de consulta pública que existe.

'Doña Eva' ha sido el nombre que ha recaído para sustituir el nombre de la infanta Cristina. Su marido, Iñaki Urdangarin, es identificado como "D. Julio" y Jaume Matas, expresidente de Baleares, como "D. Bernardo".

Jaume Matas e Iñaki Urdangarín

El CGPJ anonimiza al resto de los condenados y absueltos en el caso Nóos, sentencia dictada hace menos de un mes, el 17 de febrero de 2017.

Así ocurre en todas las resoluciones que constan en la base de datos de la jurisprudencia de los Juzgados y Tribunales que trata y mantiene el Centro de Documentación Judicial (Cendoj) del CGPJ.

La anonimización de Cristina de Borbón roza lo hilarante cuando la sentencia original se refiere a ella como infanta de España. En las seis ocasiones que el tribunal la identifica como "la infanta", ella pasa a denominarse "la Eva" en la base de datos de las sentencias.

Adán y Eva

Incluso llega al extremo de desvirtuar el sentido de la sentencia original: de su lectura no se comprende cómo un tal "D. Julio" aprovechó de su cercanía al Jefe del Estado para ejercer una presión moral sobre los cargos públicos en su beneficio propio.

Aunque contiene pistas para los investigadores del futuro: la resolución alude en varias ocasiones a que "D. Julio" y "Dña. Eva" son esposos y podrán solicitar la sentencia original a la Audiencia de Palma. 

La boda de 'la Eva', en Barcelona

La Audiencia de Palma expone en su sentencia que el Instituto Nóos tuvo entre sus vocales fundadores a "SAR Infanta Dña. Cristina de Borbón y Grecia", tratamiento e identificación sustituidos por un escueto "la Eva" en la jurisprudencia (página 5).

Otro acusado explica al tribunal cuántas veces se vieron D. Julio y D. Bernardo. "Creo que muchas. En la boda de la Eva también, en Barcelona", dice la sentencia conservada para la Historia en la base de datos de jurisprudencia. (página 359).

Otro testigo expone cómo desaconsejó que "la Eva figurara como socia en Aizoon" (página 669), pero aquí tampoco se entiende bien la razón por la cual lo desaconsejó.

En los seis párrafos dedicados a la absolución de Cristina de Borbón -de una sentencia de 741 páginas-, el tribunal explica que los clientes y proveedores de los distintos proyectos no aluden a la participación de "la Eva" en los negocios.

Bernardo, ese exministro de Nóos

"Don Bernardo"

Para la Historia judicial queda fijado que la trama de corrupción política del caso Nóos -surgida al amparo de la casa real y que arrastró a la abdicación de Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe VI-, fue perpetrada por 'D. Julio', su exsocio 'D. Cecilio' [Diego Torres] y el político 'D. Bernardo' entre otros.

'D. Julio' aprovechó su “privilegiado posicionamiento institucional, dada su proximidad con la Jefatura del Estado” para obtener contratos en Baleares que le reportaron importantes beneficios económicos. Esa posición institucional “le procuró el ejercicio de una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos” y conseguir así los contratos, según la sentencia.

"Don Julio"

El entonces presidente de la comunidad autónoma de les Illes Balears era 'D. Bernardo'. Fue el político que concedió a la trama contratos irregulares con los que Julio y Cecilio extrajeron 2,5 millones de euros públicos.

En la vida real, Jaume Matas, fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel por prevaricación, falsedad y malversación y recibió con esta sentencia su tercera condena por corrupción. En el buscador de jurisprudencia, el reproche judicial y social recae sobre 'D. Bernardo', sin más identificación.

"Don Bernardo",  partido de la risa

La Audiencia de Palma condenó a 'D. Julio' por el delito continuado de prevaricación, falsedad, malversación, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. Mientras, 'D. Cecilio', su exsocio, fue condenado además por el delito blanqueo de capitales.

El resto de los procesados en el caso Nóos figuran con estos nombres, y por orden de aparición en la sentencia: 'D. Alberto' [Jose Luis Ballester], 'D. Narciso' [Gonzalo Bernal], 'D. Ángel' [Juan Carlos Alía], 'D. Eleuterio [Miguel Ángel Bonet], 'D. Efraín' [Marco Antonio Tejeiro], 'D. Nicolás' [Miguel Tejeiro], 'D. Alejo' [Jorge Vela], 'Dña. Ascensión' [Elisa Maldonado], 'D. Matías' [José Manuel Aguilar], 'D. Bernabé' [Luis Lobón], 'Dña. Mercedes' [Ana María Tejeiro], 'D. Simón' [Alfonso Grau] y 'D. Marcial' [Salvador Trinxet].

Dimas y Constantino, condenados por las blacks

Tarjeta black

Los nombres de los 65 directivos de Caja Madrid y Bankia, condenados por la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero, tampoco aparecen en la base de datos oficial de las sentencias. Y eso que el rescate de la entidad costó 22.424 millones de euros a los contribuyentes.

Los principales responsables de este uso fraudulento de tarjetas opacas al fisco fueron los expresidentes de Caja Madrid y Bankia 'Dimas Samuel' y 'Constantino Feliciano',que son los nombres atribuidos a Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente.

"Dimas" y "Constantino", descojonados de la risa

Ambos, en compañía de 'Adolfo Paulino' [Ildefonso Sánchez Barcoj] propiciaron que los directivos dilapidaran más de 12 millones de euros.

Entre los condenados se encuentran el exconsejero del PSOE 'Valeriano Baldomero' [Ramón Espinar]; el exsecretario de Estado del PP 'Teodoro Ovidio' [José Manuel Fernández Norniella]; el expresidente de la patronal CEOE 'Prudencio Casiano' [Gerardo Díaz Ferrán], así como los empresarios 'Doroteo Constancio' [Arturo Fernández], 'Gumersindo Desiderio' [Javier López Madrid, el yerno del presidente de OHL] y 'Darío Gumersindo [Miguel Corsini]; los economistas 'Dimas Cirilo' [Juan Iranzo] o 'Cosme Everardo' [Alberto Recarte]; el exsecretario general del PP de Madrid 'Cirilo Higinio' [Ricardo Romero de Tejada] y el exjefe de la casa real 'Pascual Constantino' [Rafael Spottorno].

¿Quién suprime los nombres?

Miembros del CGPJ

El CGPJ siempre ha eliminado los datos de los condenados, a diferencia de lo establecido por los más altos tribunales de garantía de los derechos fundamentales, cuyas resoluciones tienen como encabezado el nombre de los implicados.

La supresión de los nombres es realizada en todas las sentencias de la justicia ordinaria, incluida el Tribunal Supremo. El criterio es opuesto al seguido por el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias contienen los nombres de los implicados (no así sus direcciones o DNI).

Memoria digital

Las eliminaciones de Cendoj no ponderan los derechos en conflicto en cada caso. Como puede ser la colisión entre el derecho al olvido de quien ya ha cumplido con la sociedad, frente al interés público de difundir una resolución necesaria para conformar una correcta opinión pública, conocer la propia Historia y garantizar la memoria digital de un país.

El sistema empleado sigue una lista cerrada que atribuye nombres ficticios a las personas, a semejanza de lo que hacen los meteorólogos con los nombres de huracanes.

Huracán Katrina

El juez Ceferino, de la Audiencia Nacional

En ese ‘sorteo', se dan casos como el del juez de la Audiencia Nacional 'D. Ceferino', condenado en 2012 por ordenar escuchas en los locutorios de los líderes de la trama corrupta de Gürtel llamados 'D. Arcadio', 'D. Evelio' y 'D. Julián', con su abogado 'D. Urbano'.

De esta manera son citados en la base de datos de jurisprudencia Baltasar Garzón, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, así como el letrado Ignacio Peláez.

"Don Evelio" sentado en el banquillo

Urdangarin y Torres tendrían que aparecer

En el año 2015 esta práctica de supresión general de nombres fue reconocida en la reforma de la  Ley Orgánica del Poder Judicial. Su artículo 235 sólo permite la difusión de la identidad de los condenados por delito fiscal, así como por alzamiento de bienes frente a la Hacienda Pública y en los contrabandos que perjudiquen a las cuentas públicas.

"Don Cecilio" y "Don Julio"

El CGPJ ha eliminado los nombres de Urdangarin y Torres, cuando deben ser identificados porque han sido condenados por delitos fiscales, penados en el artículo 305 del Código Penal. La sentencia de Nóos no es firme y ha sido recurrida ante el Supremo.

La reforma de 2015 no permite la difusión de la identidad de los condenados por corrupción política. Y ampara que unos golpistas, como los autores del 23-F, pasen a la Historia bajo nombres supuestos.

El golpista Tejero se llama Luis

El teniente coronel "Luis", pistola en ristre

En la Historia de la Justicia española queda fijado que el autor de la intentona golpista del 23-F de 1981 fue el teniente coronel Luis, no Antonio Tejero.

El teniente coronel Luis fue quien el 23 de febrero de 1981 se hizo con el control del Congreso de los Diputados y disparó con su arma al techo al grito de "¡Se sienten, coño!"

El golpe de Estado ocurrió durante la investidura del 'Sr. Pablo' como presidente del Gobierno, siendo presidente en funciones 'D. Alejandro'.

Intento de golpe de estado (23/02/1981)

Consta para la Historia que el teniente coronel Luis zarandeó al entonces responsable de Defensa 'D. Felipe' y dijo estar a las órdenes del rey y del Teniente General 'D. Daniel'. De esta manera se conserva la sentencia del golpe del 23-F, cuando se alude a Antonio Tejero (D. Luis), Leopoldo Calvo Sotelo (Sr. Pablo), Adolfo Suárez (D. Alejandro) y Jaime Milans del Bosch (D. Daniel).

Y así figurará para la Historia judicial 'Dña. Eva', esposa de 'D. Julio'. Fue absuelta como cooperadora de dos delitos fiscales cometidos por su marido a través de la sociedad matrimonial, donde se desvió dinero público captado por el Instituto Nóos gracias a las adjudicaciones aprobadas por políticos de máxima responsabilidad, como 'D. Bernardo', exministro de Gobierno. Se desconoce la razón de la proximidad de D. Julio al Jefe del Estado y que permitió este expolio.

FUENTE: publico.es
Julia Pérez
05/03/2017

Pues este ciudadano, en vez de sustituir nombres, va a dejar solo la primera letra de cada palabra en una oración que le sale de los C.:

"¡M. C. E. L. P. M. Q. L. P.!"

Amén.

LA AMORALIDAD DEL PP

Como Manuela Carmena, yo creo en la reinserción. El delincuente puede y debe ser reinsertable. Con el inmoral, por lo general, sabemos a qué atenernos. Cuando alguien se comporta de manera indecente, sus cartas están ya sobre la mesa… pero el problema son los AMORALES.

Con los amorales, el común de los mortales nos encontramos en inferioridad de condiciones. Como es bien conocido, “amoral” significa carente de moral, persona sin principios que, como parodiaba Groucho Marx, en el caso de tenerlos no encuentra ningún inconveniente en cambiarlos apenas entiende que eso es necesario.

En el mundo de los negocios, el amoral suele estar dispuesto a pagar el precio de su actitud ante la vida. Sabe que se la juega a cara o cruz y muchas veces sale cruz, mala suerte. Pero en el mundo de la política, en cambio, el amoral tiene muchas posibilidades de salir airoso. A costa de los ciudadanos a quienes roba, miente y empobrece.

A mí, sinceramente, se me caería la cara de vergüenza si estuviera implicado en la Púnica, Gürtel, Pokemon, Nóos, Malaya, Palma Arena, Campeón, Edu, Tarjetas black, Eres… y mi careto estuviera día sí y día no en los informativos, en los periódicos… mi nombre en los boletines de radio y televisión, en twitter y en facebook porque un juez me ha llamado a declarar, porque han registrado mi casa o mi oficina, porque me han metido en la cárcel, porque me han imputado, porque me van a juzgar, porque me pueden condenar…

¿Qué les deben decir todos estos prebostes otrora poderosos e intocables a su hijos, a sus vecinos, a sus amigos para explicar su situación? ¿Viven escondidos o salen a comprar el pan, el periódico y el cuarto y mitad de filetes como si no pasara nada?

Lo que cada uno de ellos pueda contar en su círculos privados lo desconozco, pero sí sé la actitud que mantienen en público. Y me da vergüenza. Vergüenza ajena. Intentas adivinar su pensamiento tras sus forzadas miradas sonrientes, tras sus caras de circunstancias, y lo único que te imaginas es que han conseguido llevarse tanta pasta que todo lo demás se la suda, que les da igual, que ya pasará el chaparrón y entonces ellos continuarán con el yate a punto y el riñón cubierto.

Tras las municipales y autonómicas del 24-M, muchos de esos presuntos delincuentes se han visto de súbito despojados de las cuotas de poder que hasta entonces detentaban ¿Serán conscientes de la satisfacción que existe en la ciudadanía tras haber conseguido arrebatarles tantas alcaldías de primera división, tan importante cuota de poder municipal y autonómico?


Este fin de semana estuve en Valencia y pude comprobar el aire de alivio que hay en el ambiente. Es mucha la gente que sonríe satisfecha y que te cuenta que tiene la sensación de haber conseguido quitarse un enorme, y desde hace tiempo insoportable, peso de encima.

-Ya era hora, me dice la dueña de un restaurante. Llevábamos mucho tiempo deseando que esto ocurriera, que los del PP perdieran la Generalitat y la alcaldía de Valencia. Parece un sueño, por fin lo hemos conseguido. Sabe que estamos de visita y que hemos venido de Madrid.Y por cierto, añade, felicidades también a ustedes, los madrileños, por los resultados en el ayuntamiento. Cómo me hubiera gustado poder votar a Manuela Carmena.

Escucho estas cosas y no puedo evitar preguntarme qué estarán sintiendo tanto los defenestrados como muchos de quienes aún les votan ¿Serán conscientes de la necesidad de aire fresco que existía y continúa existiendo en el ambiente? ¿No se les ocurre preguntarse por qué hay tantos ciudadanos que experimentan esa sensación de alivio?

¿Cuando llegará la hora en que, gobiernen unos u otros, se pueda afrontar un resultado electoral con la deportividad de un partido de tenis, por ejemplo, y estrecharse la mano sin más al final de la contienda? ¿Qué tiene que suceder en este país para que, cuando acudamos a las urnas, lo hagamos para elegir la papeleta que nos parezca mejor y punto? ¿Cuándo dejaremos de votar por miedo a unos, por odio a otros, por ganas de revancha a unos terceros…?

Las cosas empezarán a cambiar cuando vayamos a votar y elijamos entre ofertas y no entre trincheras.

Para eso es imprescindible acabar, cuanto antes, con los comportamientos amorales en política. 

Como yo también creo en la reinserción, no pierdo la esperanza.

FUENTE: público.es
Juan Tortosa
Las carga el diablo
29 jul 2015

DEL NEGRO AL GRIS MARENGO

Andreu exculpa al exjefe de la Casa del Rey y a otros once directivos por las tarjetas black

El juez les exculpa del delito de apropiación indebida o administración desleal ya que sus gastos formaban parte del paquete de retribuciones de altos ejecutivo. No obstante,  los mantiene en la causa como responsables civiles a título lucrativo.

Rafael Spottorno tras declarar por las tarjetas 'black' en la Audiencia Nacional. EFE

El juez central de instrucción 4, Fernando Andreu, ha dictado un auto por el que acuerda el sobreseimiento provisional del delito de apropiación indebida para Rafael Spottorno, ex jefe de la casa real, y otros once ex directivos de Caja Madrid al considerar que el dinero que gastaron con las tarjetas black opacas al fisco formaban parte de sus retribuciones.

El juez considera que los responsables del delito de apropiación indebida o de administración desleal son quienes tomaron la decisión de emitir estas tarjetas opacas al fisco. Pero no quienes las usaron como empleados. No obstante, los mantiene en la causa como posibles responsables civiles subsidiarios en el delito de administración desleal en el que incurrieron los otros altos cargos de Caja Madrid y que eran miembros del Consejo de Administración y del Comité de Control de la entidad que fue rescatada con dinero público.

 

Esos doce exdirectivos para quienes se archiva la causa gastaron en total 3,4 millones de euros a través de estas tarjetas opacas al fisco.

En un auto dictado este martes, el magistrado resuelve que los doce exdirectivos han declarado “de forma invariable, uniforme y consistente que la tarjeta de crédito les era entregada como uno de los conceptos que formaban parte de su retribución; y que estas tarjetas de directivos eran asignadas directamente” por Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid.

Los exdirectivos son Matías Amat Roca, entonces director general y director financiero de Caja Madrid (389.025 euros en gastos de tarjeta black); Enrique de la Torre Martínez, secretario general de Caja Madrid (320.742 euros); Ramón Ferraz Ricarte, director general de Banca Comercial (397.860 euros en gasto de tarjeta black); Carmen Contreras Gómez, directora de Auditoría Interna (266.986 euros); Mariano Pérez Claver, Director de Banca Comercial y consejero delegado de la Corporación (379.513 euros); Rafael Spottorno Gómez, director gerente de la Fundación Caja Madrid, quien gastó 223.864 euros; Ramón Martínez Vilches, director de Riesgos (91.158); Ricardo Morado Iglesias, director de Sistemas y Organización (448.318 euros en gasto de tarjeta); Luis Gabarda Duran, director del Gabinete del presidente y director de gestión de activos de la entidad (139.707 euros); Carlos Vela García, director de Banca de Negocios (249.202); Juan Manuel Astorqui Portera, director de Comunicación de Caja Madrid (292.993 euros), así como Carlos María Martínez Martínez, director gerente de la Obra Social (276.000 euros).

 

En su auto el juez distingue entre dos tipos de directivos: los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Control y los que ahora han visto archivada la causa penal contra ellos al mantener una relación estrictamente laboral como empleados por cuenta ajena de Caja Madrid.

Después de las diligencias practicadas el juez considera acreditado que en el caso de estos directivos las tarjetas tenían un concepto retributivo y por ello de libre disposición para el usuario, cuyos límites fijaba Presidencia.

Entre otras razones, porque todos ellos disponían también de otra tarjeta que la entidad les había facilitado como " tarjeta de empresa". Y esta tarjeta de empresa debían destinarla a los gastos generados en el ejercicio de su cargo. A diferencia de las tarjetas de empresa, a las otras, investigadas por el juez, se les asignaba un pin o clave de forma que era posible extraer dinero del cajero, " lo que resulta razonable si conceptuamos el uso de la tarjeta como una parte del paquete retributivo".

El juez recuerda que la limitación en materia retributiva de la ley de Cajas de Ahorro está marcada para los consejeros, pero no se podría aplicar a las retribuciones que pudieran recibir los directivos de la entidad, por lo que "ni cualitativa no cuantitativamente el pago de parte de sus retribuciones por esta vía puede considerarse irregular".

Considera  el juez que los doce exdirectivos no han tenido una conducta de relevancia penal, pero los mantiene en la causa como responsables civiles a título lucrativo (artículo 122 del Código Penal). Este artículo contempla la restitución de lo percibido, en el caso de que se declare de manera definitiva que la emisión, puesta en funcionamiento y gastos generados por el uso de estas tarjetas fuera constitutivo del delito de administración desleal.

El juez imputó en enero pasado a 78 titulares de unas tarjetas con las que los altos cargos gastaron entre 2003 y 2012 unos 15 millones de euros en una entidad que luego se fusionó con otras cajas para convertirse en Bankia y que terminó siendo rescatada por el Estado. Hace unas semanas, sobreseyó la causa contra otros 14 imputados al haber prescrito los hechos.

FUENTE: publico.es

Julia Pérez

Madrid - 05/05/2015

Fíjense bien en la palabra "prescrito"; es participio irregular del verbo prescribir, al que tanto partido saca la justicia española en los últimos tiempos.

Como suele decir el amigo Magyanes, en determinadas ocasiones, el juego de cambiar una simple vocal puede dar un increible giro a la palabra, llegando a mostrar, como en este caso, la esencia oculta de la realidad.

Pruébenlo y verán cómo, aunque ya en desuso, un sinónimo de malhechor, fulge con luz propia.