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28/2/19

EL PÓRTICO DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

La justicia dice que las estatuas del Pórtico de la Gloria pertenecen a la familia Franco


El alcalde compostelano, Martiño Noriega, ha cargado contra el fallo del juzgado número 41 de Madrid, al apreciar en su planteamiento "poco rigor" e incluso "cierta temeridad".

28/06/2018.- Detalle de la escultura del Apóstol Santiago en el parteluz del Pórtico de la Gloria, cuyos trabajos de restauranción han sido mostrados hoy tras una inversión millonaria y más de diez años de minuciosos trabajos para completar la recuperació
Detalle de la escultura del Apóstol Santiago en el parteluz del Pórtico de la Gloria,  
tras una inversión millonaria y más de diez años de minuciosos trabajos
para recuperar el aspecto original de la obra del Maestro Mateo. - EFE/Xoán Rey

Un regalo obligado o una adquisición. Sobre esta disyuntiva se sustancia la batalla legal por la recuperación de las estatuas de la fachada del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. "Aunque un fallo judicial ha dado la razón en primera instancia a los Franco", el Ayuntamiento seguirá peleando por recuperar una riqueza que considera expoliada.

El alcalde compostelano, Martiño Noriega, ha cargado contra el fallo del juzgado número 41 de Madrid, al apreciar en su planteamiento "poco rigor" e incluso "cierta temeridad", y ha anunciado que en los próximos días estará listo el recurso contra esa resolución, emitida, a su entender, con "beligerancia" y en tiempo récord, apenas "cinco días".

Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coruña)

Con sarcasmo, el primer edil sostiene que el veredicto brinda más argumentos "a favor de la familia Franco" que los que aporta el propio abogado de los parientes del dictador en esta causa abierta por "dos tallas en piedra del siglo XII de los patriarcas Isaac y Abraham".

La magistrada Adelaida Medrano entiende que "se da el principio de usucapión o prescripción adquisitiva", según el cual, se accede a la propiedad de una cosa -en este caso las imágenes pétreas- a través de la posesión continuada de sus derechos reales de manera pública, pacífica e ininterrumpida.

Y echa por tierra, por tanto, "la reclamación que plantea el recurso del Ayuntamiento, que expone que hubo un saqueo y que las figuras son bienes de dominio público integrantes del patrimonio histórico artístico nacional".

Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela,
una vez restaurado y recuperada su policromía original.

El responsable de Cultura en la Xunta, Román Rodríguez, ha dicho que quizás no fueron "suficientes" los argumentos para convencer en la vía judicial, mientras que el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado preguntándose si Martiño Noriega, médico de formación, es ahora un "eminente jurista" por cómo se pronuncia.

Con ambas declaraciones "se ha sorprendido mucho el aludido". Ha contestado que "la estrategia empleada es la correcta" y que, si bien no es de leyes, "ha leído mucho" y posee un desarrollado sentido de la intuición, que le permite saber que lo que se está dando es "un concurso de méritos" para ver quién dispara mejor a la ciudad de Santiago "ante la cercanía de convocatorias electorales decisiva".

Sea como fuere, remarca que "no va a dar por perdida la guerra".

Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela

Así las cosas, tras el juicio celebrado el pasado día 1,"la jueza ha visto ausencias documentales", al no haber expedientes adjuntados, a excepción de una escritura pública de adquisición del 4 de junio de 1948.

Asimismo, en su resolución cuestiona las conclusiones expuestas por la parte reclamante, y promotora de una "demanda inexplicada", obtenidas por medio de "manifestaciones verbales" de personas no identificadas, así como el tiempo transcurrido -seis décadas-, "por lo que aprecia pasividad".

Falta la prueba de la propiedad del Ayuntamiento

Las esculturas, que representan a Abraham e Isaac son dos joyas del arte románico
y habían formado parte del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela.

Los Franco habían exigido ante el Juzgado de primera Instancia número 41 de Madrid que se desestimase la demanda procedente de la capital gallega. "Sostienen que son los legítimos propietarios de las piezas porque fueron compradas a un particular a través de un anticuario", sin que, a su juicio, el Ayuntamiento haya probado que sigue siendo el dueño.

En la vista, el abogado del Consistorio, Xoaquín Monteagudo, "había aportado el contrato firmado ante notario el 4 de junio de 1948 por el que el Ayuntamiento compró al conde de Ximonde tres estatuas -dos de ellas, las que son objeto de este enfrentamiento- por 60.000 pesetas".

Explicó que fue incluida una cláusula por la cual se establecía que las piezas debían estar siempre en el patrimonio artístico municipal por imposición del conde.

El Pazo de Meirás (Sada - A Coruña)

El letrado del Consistorio consideró sin embargo que fue en 1954 cuando las estatuas fueron llevadas al pazo de Meirás de la familia Franco, en el municipio de Sada (A Coruña), como un regalo del entonces alcalde, "sin acuerdo municipal alguno y de una forma oculta, clandestina y delictiva".

Señaló que "el beneficiario de este expolio fue el jefe del Estado de un régimen dictatorial, frente al que nadie podía reaccionar" y, en ese tiempo oscuro, "ni siquiera el conde de Ximonde se habría atrevido a realizar reclamación alguna". Por eso, el letrado opina que es pertinente plantear la demanda, ya que se trata de bienes del prescripción alguna, tal y como hace la familia Franco.

A falta de cuál sea la última palabra, "los patriarcas Isaac y Abraham, dos valiosas piezas del románico, se encuentran hoy en la inmobiliaria Pristina S.L, propiedad de Francis Franco, uno de los nietos del caudillo".

Francisco Franco y Martínez-Bordiú, XI marqués de Villaverde, II señor de Meirás
y grande de España, más conocido como "Francis Franco", es un empresario español, 
nieto del extinto dictador Francisco Franco Bahamonde.

FUENTE: publico.es 
Agencia Efe

Beneficiando a la familia Franco y jodiendo al resto del pueblo español.

¡El plumero... el plumero!

11/3/17

"LA EVA"

Eliminado el nombre de la infanta Cristina de la sentencia de Nóos: ahora es 'la Eva'

Se ha suprimido su identidad y título real en la base de datos de la jurisprudencia española. Iñaki Urdangarin es reemplazado por 'Julio' para la historia de la Justicia y 'Bernardo' es Jaume Matas, expresidente de Baleares. El CGPJ elimina los nombres de las sentencias, a diferencia del TC o del tribunal europeo que los respetan

La "infanta Cristina" es 'la Eva" en la sentencia del caso Nóos.

El nombre y el tratamiento de la hermana de Felipe VI han sido reemplazados en la resolución que figura en el buscador oficial de jurisprudencia, encargado de conservar para la Historia las sentencias judiciales y facilitar su consulta.

Cristina Federica de Borbón y Grecia fue juzgada y absuelta por la Audiencia Provincial de Palma este febrero pasado, y su nombre aparece en la sentencia original como el resto de los acusados. Pero el responsable de tratar y custodiar estas resoluciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reemplaza siempre los nombres de los procesados, que quedan anulados para las próximas generaciones en la única base de datos oficial de consulta pública que existe.

'Doña Eva' ha sido el nombre que ha recaído para sustituir el nombre de la infanta Cristina. Su marido, Iñaki Urdangarin, es identificado como "D. Julio" y Jaume Matas, expresidente de Baleares, como "D. Bernardo".

Jaume Matas e Iñaki Urdangarín

El CGPJ anonimiza al resto de los condenados y absueltos en el caso Nóos, sentencia dictada hace menos de un mes, el 17 de febrero de 2017.

Así ocurre en todas las resoluciones que constan en la base de datos de la jurisprudencia de los Juzgados y Tribunales que trata y mantiene el Centro de Documentación Judicial (Cendoj) del CGPJ.

La anonimización de Cristina de Borbón roza lo hilarante cuando la sentencia original se refiere a ella como infanta de España. En las seis ocasiones que el tribunal la identifica como "la infanta", ella pasa a denominarse "la Eva" en la base de datos de las sentencias.

Adán y Eva

Incluso llega al extremo de desvirtuar el sentido de la sentencia original: de su lectura no se comprende cómo un tal "D. Julio" aprovechó de su cercanía al Jefe del Estado para ejercer una presión moral sobre los cargos públicos en su beneficio propio.

Aunque contiene pistas para los investigadores del futuro: la resolución alude en varias ocasiones a que "D. Julio" y "Dña. Eva" son esposos y podrán solicitar la sentencia original a la Audiencia de Palma. 

La boda de 'la Eva', en Barcelona


La Audiencia de Palma expone en su sentencia que el Instituto Nóos tuvo entre sus vocales fundadores a "SAR Infanta Dña. Cristina de Borbón y Grecia", tratamiento e identificación sustituidos por un escueto "la Eva" en la jurisprudencia (página 5).

Otro acusado explica al tribunal cuántas veces se vieron D. Julio y D. Bernardo. "Creo que muchas. En la boda de la Eva también, en Barcelona", dice la sentencia conservada para la Historia en la base de datos de jurisprudencia. (página 359).

Otro testigo expone cómo desaconsejó que "la Eva figurara como socia en Aizoon" (página 669), pero aquí tampoco se entiende bien la razón por la cual lo desaconsejó.


En los seis párrafos dedicados a la absolución de Cristina de Borbón -de una sentencia de 741 páginas-, el tribunal explica que los clientes y proveedores de los distintos proyectos no aluden a la participación de "la Eva" en los negocios.

Bernardo, ese exministro de Nóos

"Don Bernardo"

Para la Historia judicial queda fijado que la trama de corrupción política del caso Nóos -surgida al amparo de la casa real y que arrastró a la abdicación de Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe VI-, fue perpetrada por 'D. Julio', su exsocio 'D. Cecilio' [Diego Torres] y el político 'D. Bernardo' entre otros.

'D. Julio' aprovechó su “privilegiado posicionamiento institucional, dada su proximidad con la Jefatura del Estado” para obtener contratos en Baleares que le reportaron importantes beneficios económicos. Esa posición institucional “le procuró el ejercicio de una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos” y conseguir así los contratos, según la sentencia.

"Don Julio"

El entonces presidente de la comunidad autónoma de les Illes Balears era 'D. Bernardo'. Fue el político que concedió a la trama contratos irregulares con los que Julio y Cecilio extrajeron 2,5 millones de euros públicos.

En la vida real, Jaume Matas, fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel por prevaricación, falsedad y malversación y recibió con esta sentencia su tercera condena por corrupción. En el buscador de jurisprudencia, el reproche judicial y social recae sobre 'D. Bernardo', sin más identificación.

"Don Bernardo",  partido de la risa

La Audiencia de Palma condenó a 'D. Julio' por el delito continuado de prevaricación, falsedad, malversación, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. Mientras, 'D. Cecilio', su exsocio, fue condenado además por el delito blanqueo de capitales.

El resto de los procesados en el caso Nóos figuran con estos nombres, y por orden de aparición en la sentencia: 'D. Alberto' [Jose Luis Ballester], 'D. Narciso' [Gonzalo Bernal], 'D. Ángel' [Juan Carlos Alía], 'D. Eleuterio [Miguel Ángel Bonet], 'D. Efraín' [Marco Antonio Tejeiro], 'D. Nicolás' [Miguel Tejeiro], 'D. Alejo' [Jorge Vela], 'Dña. Ascensión' [Elisa Maldonado], 'D. Matías' [José Manuel Aguilar], 'D. Bernabé' [Luis Lobón], 'Dña. Mercedes' [Ana María Tejeiro], 'D. Simón' [Alfonso Grau] y 'D. Marcial' [Salvador Trinxet].

Dimas y Constantino, condenados por las blacks

Tarjeta black

Los nombres de los 65 directivos de Caja Madrid y Bankia, condenados por la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero, tampoco aparecen en la base de datos oficial de las sentencias. Y eso que el rescate de la entidad costó 22.424 millones de euros a los contribuyentes.

Los principales responsables de este uso fraudulento de tarjetas opacas al fisco fueron los expresidentes de Caja Madrid y Bankia 'Dimas Samuel' y 'Constantino Feliciano',que son los nombres atribuidos a Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente.

"Dimas" y "Constantino", descojonados de la risa

Ambos, en compañía de 'Adolfo Paulino' [Ildefonso Sánchez Barcoj] propiciaron que los directivos dilapidaran más de 12 millones de euros.

Entre los condenados se encuentran el exconsejero del PSOE 'Valeriano Baldomero' [Ramón Espinar]; el exsecretario de Estado del PP 'Teodoro Ovidio' [José Manuel Fernández Norniella]; el expresidente de la patronal CEOE 'Prudencio Casiano' [Gerardo Díaz Ferrán], así como los empresarios 'Doroteo Constancio' [Arturo Fernández], 'Gumersindo Desiderio' [Javier López Madrid, el yerno del presidente de OHL] y 'Darío Gumersindo [Miguel Corsini]; los economistas 'Dimas Cirilo' [Juan Iranzo] o 'Cosme Everardo' [Alberto Recarte]; el exsecretario general del PP de Madrid 'Cirilo Higinio' [Ricardo Romero de Tejada] y el exjefe de la casa real 'Pascual Constantino' [Rafael Spottorno].

¿Quién suprime los nombres?

Miembros del CGPJ

El CGPJ siempre ha eliminado los datos de los condenados, a diferencia de lo establecido por los más altos tribunales de garantía de los derechos fundamentales, cuyas resoluciones tienen como encabezado el nombre de los implicados.

La supresión de los nombres es realizada en todas las sentencias de la justicia ordinaria, incluida el Tribunal Supremo. El criterio es opuesto al seguido por el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias contienen los nombres de los implicados (no así sus direcciones o DNI).

Memoria digital


Las eliminaciones de Cendoj no ponderan los derechos en conflicto en cada caso. Como puede ser la colisión entre el derecho al olvido de quien ya ha cumplido con la sociedad, frente al interés público de difundir una resolución necesaria para conformar una correcta opinión pública, conocer la propia Historia y garantizar la memoria digital de un país.

El sistema empleado sigue una lista cerrada que atribuye nombres ficticios a las personas, a semejanza de lo que hacen los meteorólogos con los nombres de huracanes.

Huracán Katrina

El juez Ceferino, de la Audiencia Nacional

En ese ‘sorteo', se dan casos como el del juez de la Audiencia Nacional 'D. Ceferino', condenado en 2012 por ordenar escuchas en los locutorios de los líderes de la trama corrupta de Gürtel llamados 'D. Arcadio', 'D. Evelio' y 'D. Julián', con su abogado 'D. Urbano'.

De esta manera son citados en la base de datos de jurisprudencia Baltasar Garzón, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, así como el letrado Ignacio Peláez.

"Don Evelio" sentado en el banquillo

Urdangarin y Torres tendrían que aparecer

En el año 2015 esta práctica de supresión general de nombres fue reconocida en la reforma de la  Ley Orgánica del Poder Judicial. Su artículo 235 sólo permite la difusión de la identidad de los condenados por delito fiscal, así como por alzamiento de bienes frente a la Hacienda Pública y en los contrabandos que perjudiquen a las cuentas públicas.
"Don Cecilio" y "Don Julio"

El CGPJ ha eliminado los nombres de Urdangarin y Torres, cuando deben ser identificados porque han sido condenados por delitos fiscales, penados en el artículo 305 del Código Penal. La sentencia de Nóos no es firme y ha sido recurrida ante el Supremo.

La reforma de 2015 no permite la difusión de la identidad de los condenados por corrupción política. Y ampara que unos golpistas, como los autores del 23-F, pasen a la Historia bajo nombres supuestos.

El golpista Tejero se llama Luis

El teniente coronel "Luis", pistola en ristre

En la Historia de la Justicia española queda fijado que el autor de la intentona golpista del 23-F de 1981 fue el teniente coronel Luis, no Antonio Tejero.

El teniente coronel Luis fue quien el 23 de febrero de 1981 se hizo con el control del Congreso de los Diputados y disparó con su arma al techo al grito de "¡Se sienten, coño!"

El golpe de Estado ocurrió durante la investidura del 'Sr. Pablo' como presidente del Gobierno, siendo presidente en funciones 'D. Alejandro'.

Intento de golpe de estado (23/02/1981)

Consta para la Historia que el teniente coronel Luis zarandeó al entonces responsable de Defensa 'D. Felipe' y dijo estar a las órdenes del rey y del Teniente General 'D. Daniel'. De esta manera se conserva la sentencia del golpe del 23-F, cuando se alude a Antonio Tejero (D. Luis), Leopoldo Calvo Sotelo (Sr. Pablo), Adolfo Suárez (D. Alejandro) y Jaime Milans del Bosch (D. Daniel).

Y así figurará para la Historia judicial 'Dña. Eva', esposa de 'D. Julio'. Fue absuelta como cooperadora de dos delitos fiscales cometidos por su marido a través de la sociedad matrimonial, donde se desvió dinero público captado por el Instituto Nóos gracias a las adjudicaciones aprobadas por políticos de máxima responsabilidad, como 'D. Bernardo', exministro de Gobierno. Se desconoce la razón de la proximidad de D. Julio al Jefe del Estado y que permitió este expolio.

FUENTE: publico.es
Julia Pérez
05/03/2017


Pues este ciudadano, en vez de sustituir nombres, va a dejar solo la primera letra de cada palabra en una oración que le sale de los C.:


"¡M. C. E. L. P. M. Q. L. P.!"

Amén.


21/2/16

¡AY, AY, AY... LA "PUTICIA"!

El CGPJ se hace 'un Bárcenas' y borra la grabación de un Pleno: era prueba de una denuncia contra Lesmes


Los vocales progresistas recurrieron al Supremo, ya que su presidente no les dejó participar en la renovación de las comisiones. Pero el audio ya no existe. El órgano constitucional argumenta que sólo graba las sesiones para elaborar el acta y que luego se borran.

Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. EFE
Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. EFE

Las vocales progresistas críticas del Consejo General del Poder Judicial han denunciado que el órgano constitucional ha borrado el audio de la sesión plenaria del 29 de enero de 2015, grabación que habían pedido que se aportara como prueba ante el Tribunal Supremo en una denuncia presentada contra su presidente, Carlos Lesmes.

Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez recurrieron al Supremo, al considerar que en dicho Pleno se saltaron las normas legales. Denuncian que la mayoría conservadora controlada por Lesmes decidió no renovar los vocales componentes de las comisiones, cuando dicha renovación anual está prevista en la Ley Orgánica que regula a este órgano para facilitar la rotación de sus integrantes. En especial, la poderosa Comisión Permanente a través de la cual Lesmes gobierna la Justicia.
 

"Era un pleno conflictivo y es razonable que se guardara la grabación; no entendemos que se borrara", sostienen en fuentes de las vocales progresistas que recurrieron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo los acuerdos y ante la que pidieron que se aportara la grabación como prueba.

El órgano constitucional ha aclarado a través de sus fuentes oficiales que la decisión de grabar los plenos se acordó por asentimiento de todos sus integrantes en la sesión del 20 de noviembre de 2014. Antes del inicio del siguiente Pleno, Lesmes precisó que la grabación del audio tenía como objetivo la elaboración del acta por parte del secretario general hasta su aprobación, "procediéndose inmediatamente a su ulterior borrado". Como así se realizó con la grabación de la sesión del 29 de enero, una vez redactado y aprobado el acta de la sesión.

El Supremo 'perdió' cuatro quejas contra Lesmes


Las vocales aportaron en su recurso ante la Sala III del Tribunal Supremo el acta con los acuerdos del Pleno, pero querían demostrar con el audio que no se las dejó participar adecuadamente en la decisión y con ello se infringieron las normas legales.
Además, aprovechan este borrado de la grabación para proyectar las formas presidencialistas de Lesmes, a quien acusan de incurrir en la arbitrariedad y de saltarse "abiertamente" las normas legales.

El embrollo está servido, porque otras denuncias presentadas contra Carlos Lesmes han tenido un recorrido diferente que las del común de los mortales.
 

Así, el Tribunal Supremo llegó a traspapelar cuatro escritos de queja presentados contra Carlos Lesmes, asunto que fue archivado por la Audiencia de Madrid.

Estos escritos fueron presentados por el empresario José Vicente Lucas y se perdieron en los pasillos del Tribunal Supremo, tras su entrada en registro en los días 27 de junio y 5 de diciembre de 2012, y el 26 de febrero y 25 de abril de 2013.

El empresario se quejaba del proceder de Lesmes, cuando era presidente de la Sala III de la Audiencia Nacional, porque dictó una resolución favorable a una multa de la Agencia de Protección de Datos contra una de sus empresas, cuando dicha sanción había sido comunicada fuera de plazo.



José Vicente Lucas descubrió incluso entre la documentación judicial una carta de la Agencia de Protección de Datos que reconocía que la multa de 60.000 euros contra su empresa (Saberlotodo Internet)  había sido notificada fuera de plazo. Dicha carta es de febrero de 2008 y Lesmes dictó su sentencia el 1 de abril de 2009.

El empresario denunció a Lesmes ante el Tribunal Supremo, para acusarle de dictar una resolución injusta a sabiendas ya que el escrito de la Agencia se encontraba dentro del expediente judicial.

Hasta en cuatro ocasiones se quejó el empresario ante el Supremo, y en las cuatro ocasiones sus escritos se traspapelaron cuando el denunciado, Carlos Lesmes, ya era presidente del CGPJ y del TS.



Esta denuncia iba dirigida a la Sala Especial del Tribunal Supremo que enjuicia los casos de prevaricación de jueces.

El empresario se querelló después contra la secretaria judicial de la Sala II del Tribunal Supremo María Antonia Cao Barrero, que tramita las causas especiales. Dicha funcionaria consiguió demostrar en la Audiencia Provincial de Madrid que no había recibido estos escritos y la causa fue archivada sin que se sepa a dónde fueron a parar.


Una propuesta desconocida


Ahora, el órgano constitucional que preside Lesmes ha reconocido ante el Supremo que borró el audio de la sesión del 29 de enero de 2015, según ha revelado este miércoles Confilegal.

En el recurso interpuesto el pasado abril, se señala que pese a que seis vocales solicitaron la votación individualizada de la conformación de cada una de las Comisiones y que se contaba con tres candidaturas formales para la Permanente, Lesmes sólo sometió a la votación una propuesta personal, "desconocida por el Pleno al no haber sido formulada previamente por escrito, incumpliendo así de forma clara lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo".

Las vocales críticas señalan ante la Sala Tercera del alto tribunal que el presidente del CGPJ -que lo es también del Supremo-, "haciendo caso omiso" a su propuesta, se negó a someter a votación las candidaturas formuladas y la composición individualizada de cada una de las Comisiones, vulnerando su derecho de participación.


FUENTE: publico.es
Julia Pérez - Madrid
17/02/2016




¡Ay, ay, ay... la "Puticia"!

17/1/16

DISPARANDO PALABRAS (LA CATATÓNICA Y EL AFORADO)

En el mundo real, matar dos pájaros de un tiro no es algo demasiado difícil, sobre todo si hay una aglomeración de ellos y se les dispara con una escopeta de perdigones, máxime si es de dos cañones, ya que, las consecutivas nubes de plomo se abren en abanico abarcando un gran espacio. También puede hacerse de una buena pedrada; eso sí, mucho más difícil, aunque no imposible. Pero aquí, en este universo de la informática, la cosa es bien distinta. De todas formas, aunque sea de tiro virtual, voy a intentar cazar una catatónica y un aforado. Esperen y verán.


Primero hay que encontrar las palabras adecuadas: verbos, adverbios, conjunciones, artículos, adjetivos, preposiciones, pronombres, sustantivos... apuntar muy bien con ellos y, con los dos ojos bien abiertos y el resto de los sentidos en alerta, disparar directamente al meollo de las cuestiones; eso sí, una tras otra, porque si no, se forma un lío de mil pares de demonios.

¡PUM!

Sentada en la última fila de una sala judicial improvisada en un polígono de Palma de Mallorca, donde se ha visto obligada a acudir, al estar imputada como cooperadora en el fraude orquestado por su marido, Iñaki Urdangarín, en el llamado Caso Nóos, la infanta Cristina de Borbón permaneció durante toda la vista con la mirada perdida, como ausente, inexpresiva, hierática, catatónica casi, mientras la tramoya judicial se desplegaba.

La infanta Cristina de Borbón

 No me lo podía creer:  


¡El fiscal defendiendo a la acusada!
 

¡¡El tribunal rechazando la petición para que declararan 
Juan Carlos I y Felipe después VI!!


 ¡¡¡Y el ministro de Justicia en funciones, empeñado en convencernos de que la ley es igual para todos!!!


 ¡Ji, ji, ji!... 

Perdonen ustedes pero es que, a veces, 
me da la risa tonta.

¡PUM!

¡Ven!... Ahora, por culpa de la jodida risa, erré el segundo disparo y se me ha escabullido el aforado. Si ya me decía mi abuela que no se puede estar a la vez en misa y repicando.


Echaré una ojeada por Internet a ver si lo encuentro posado en algún sitio.

Ciudadano Plof

16/1/16

COSAS DE LA ENDOGAMIA JUDICIAL

Lesmes adjudica una codiciada plaza vitalicia en el CGPJ al yerno del vicepresidente del Supremo


El puesto es de nueva creación. Se sacaron cinco plazas de letrado y sólo dos han logrado la oposición. Uno de ellos, el marido de la hija de Ángel Juanes; el otro, un exletrado del Supremo.

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. EFE
El pasado 21 de diciembre, en plena tormenta de análisis de las elecciones generales, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes concedió al yerno de su vicepresidente en el Supremo un cargo de por vida altamente remunerado.

Luis Javier Mieres Mieres, que así se llama el yerno del vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, ha sido nombrado letrado del Consejo General del Poder Judicial, un cargo que ha pasado a ser vitalicio.

La oposición se había convocado en febrero de 2015 para cinco plazas permanentes de letrado del CGPJ, un tipo de funcionario que no existía hasta ahora en el órgano constitucional ya que accedían al cuerpo de letrados jueces, fiscales y secretarios judiciales tras un proceso de selección y por un plazo máximo de entre ocho y diez años.

Luis Javier Mieres Mieres

El tribunal calificador presidido por Lesmes concedió sólo dos de las cinco plazas vitalicias de letrado que se sacaron en esta oposición.

Las otras tres plazas han quedado desiertas, a pesar de que 31 personas se habían presentado al concurso.

Endogamia en la cúpula juducial


Luis Javier Mieres está casado con María José Juanes, hija de Ángel Juanes, vicepresidente del Supremo e íntimo amigo de Carlos Lesmes.

Mieres logró el primer puesto, con 102,53 puntos en la oposición, seguido por Álvaro Jiménez Bueso, quien fue letrado del Gabinete del Supremo y que logró 95,81 puntos.

Ambos formaron parte de las 17 personas que aprobaron el concurso y que se sometieron tres exámenes adicionales. Ninguno de los 15 restantes ha superado la última prueba.


El yerno de Juanes fue asesor de la vicepresidenta del Gobierno socialista, María Teresa Fernández de la Vega entre 2004 y 2008, quien a su vez fue letrada del CGPJ. Posteriormente, entre 2009 y 2011, asesoró al ministro de Justicia socialista, Francisco Caamaño. Hasta ahora ejercía como letrado del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, en Barcelona.

María José Juanes, la esposa de Mieres e hija de Ángel Juanes fue asesora del entonces secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, entre los años 2004 y 2008. Posteriormente fue directora de Gabinete de la Secretaria General del Políticas de Igualdad en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2010 y 2011 fue directora de Gabinete de la Secretaría General de Política Social.

El tribunal calificador fue designado por la Comisión Permanente del CGPJ que controla Carlos Lesmes.

 Los miembros del CGPJ en pleno

El tribunal ha estado formado por Lesmes, como presidente, así como la vocal Nuría Díaz Abad; el vicesecretario general del CGPJ, José Luis de Benito; la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Ángeles Huet de Sande; el fiscal de Sala del TS, Jaime Moreno, así como el catedrático de derecho procesal de la Autónoma de Madrid, Juan Damián Moreno. Mercedes Delgado López, letrada del CGPJ, ha actuado como secretaria.

Lesmes fue fue asesor del Gobierno del PP en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recortó las competencias de este órgano constitucional y que accedió a su presidencia en el año 2013.

También formaron parte del tribunal calificador otros dos exasesores del PP que nombró Alberto Ruiz-Gallardón para reformar la Ley del Poder Judicial: Jaime Moreno Verdejo y Juan Damián Moreno.


Tanto Lesmes como Moreno y Damián recibieron de parte del Gobierno del PP y por esta asesoría la cruz de San Raimundo de Peñafort, la más alta distinción que se otorga en la Justicia.

31/10/15

PP, MANIPULADORES Y VERICUETOS JUDICIALES

La Audiencia Nacional para los pies a los manejos del PP para controlar el juicio de la Gürtel


Dos jueces de tendencia conservadora y un progresista compondrán finalmente el tribunal juzgador de la trama corrupta, después de que la Sala de lo Penal haya apartado a Enrique López y Concepción Espejel por sus vínculos populares


La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha adoptado este viernes una decisión de largo recorrido al apartar del tribunal del caso Gürtel a los dos jueces recusados por las acusaciones, Enrique López y Concepción Espejel, porque su apariencia de imparcialidad se veía comprometida por sus relaciones con el Partido Popular.

De esta manera, el nuevo tribunal juzgador de la Gürtel estará formado por dos jueces conservadores y uno progresista, en lugar de tres conservadores como era hasta ahora.
Los otros dos miembros nuevos son los dos que quedaban de la sección segunda: Ángel Hurtado, magistrado de tendencia ultraconservadora, y José Ricardo de Prada, magistrado muy progresista. El tercer integrante es Julio de Diego, también de tendencia conservadora y amigo de Concepción Espejel.

La decisión de la Sala de lo Penal ha sido drástica e, incluso, con consecuencias personales como es el caso de Julio de Diego. Llevaba semanas transmitiendo a Espejel que se apartara voluntariamente del caso, sin lograrlo. Por ello, cuando llegó la hora de la votación, no lo dudó y adoptó una de las decisiones más difíciles de su vida: votar a favor de la recusación de López y Espejel, a pesar de la amistad que les unía.

Julio de diego (ultraconservador) - Ángel Hurtado (ultraconservador) - José Ricardo de Prada (progresista)

Otros magistrados de tendencia conservadora se sumaron también a la recusación de ambos jueces, decisión que causó sorpresa y que es considerada "simbólica" por fuentes judiciales en cuanto que supone todo un mensaje de los magistrados a quienes quieran manejar la Sala de lo Penal entre bambalinas, tanto desde la cúpula judicial como desde los partidos políticos.

López estaba fue aupado por el PP para tres cargos políticos y participó en cursos de la Fundación FAES vinculada a dicho partido.


Desde el punto de vista formal, a Espejel sólo se le podrá reprochar el haber sido aupada, como López, al cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial por el PP. O su amistad con María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, que no es causa de recusación formal.
 

Enrique López y Concepción Espejel

Pero lo importante de la votación de la Sala fue lo que no se dijo sobre Espejel y el hartazgo que se detecta entre los magistrados por sus maniobras para controlar el caso Gürtel que se detecta entre miembros de la Sala de lo Penal, explican las mismas fuentes.

Así, la ponente de la recusación de Espejel, Clara Bayarri, dejó caer en la deliberación que la magistrada había hecho todo lo posible para ser destinada a la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras dejar su cargo de vocal del CGPJ, cuando ya se sabía que dicha sección iba a ser la que conformaría el tribunal juzgador de Gürtel y de los papeles de Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Bayarri recogió velas y se centró en la causa formal de recusación: la debida apariencia de imparcialidad que debe dirigir a un juez, en especial, cuando se ve afectada la mayoría de un tribunal juzgador, como así lo dispone la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
 


Otra circunstancia que pesó en la deliberación -sin ser explicitado- fue el Plan B creado por Espejel en el caso de que Enrique López fuera recusado, con el fin de evitar que José Ricardo de Prada, el progresista, entrara en el tribunal de Gürtel.

El Plan B se puso en marcha en julio pasado, cuando Espejel consiguió que se aprobara una norma de reparto de los turnos en el caso de que uno de los miembros de la sección estuviera de vacaciones, de baja o ante otras circunstancias. Esta decisión, en apariencia inocente, se adoptó el 24 de julio por la Sala de lo Penal. Y, con ella, Espejel se aseguró que Ángel Hurtado entrara en el tribunal del caso Gürtel si López era finamente recusado.

Pero la magistrada no contaba con que ella cayera, como ha ocurrido, y que tanto Hurtado como De Prada vayan a formar parte del tribunal juzgador. La decisión causó sorpresa en la dirección del PP que no contaban con esta circunstancia de última hora.
 

Francisco Correa, Alberto López Viejo y Luis Bárcenas,
tres cabezas de serie de la trama Gürtel

Lo habitual en los tribunales es que el magistrado más antiguo sea el ponente. Y, en este caso, corresponderá a Hurtado la ponencia de la primera época de Gürtel.

Hurtado es un magistrado de lo Penal especializado que ansía llegar al Tribunal Supremo. Próximo a Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, es considera una persona muy de ultraderecha pero capaz de sacar el hacha si ve un giro durante el juicio de la primera época de Gürtel.


Votaron a favor de la recusación de Espejel los magistrados Clara Bayarri (ponente), Antonio Díaz Delgado, Julio de Diego, Manuela Fernández Prado, Carmen Paloma González, Javier Martínez Lázaro, Ángela Murillo, Teresa Palacios, José Ricardo de Prada, Ramón Sáez. Y votaron contra la recusación Fernando Grande Marlaska, presidente de la Sala, Ángeles Barreiro, Fermín Echarri, Alfonso Guevara, Ángel Hurtado, Carmen Lamela, Juan Francisco Martel y Nicolás Poveda.
 

Fernando Grande Marlasca
En el caso de Enrique López, con ponencia de Ramón Sáez, a esta mayoría anterior se sumó Fernando Grande Marlaska -cambió de voto en la deliberación-, Ángeles Barreiro, Alfonso Guevara y Carmen Lamela. En contra siguieron votando los jueces Fermín Echarri, Ángel Hurtado, Juan Francisco Martel y Nicolás Poveda.

FUENTE: publico.es
Madrid - 30/10/2015




"Gürtel: una trama nacida 
a la sombra del PP"