"LA EVA"

Eliminado el nombre de la infanta Cristina de la sentencia de Nóos: ahora es 'la Eva'

Se ha suprimido su identidad y título real en la base de datos de la jurisprudencia española. Iñaki Urdangarin es reemplazado por 'Julio' para la historia de la Justicia y 'Bernardo' es Jaume Matas, expresidente de Baleares. El CGPJ elimina los nombres de las sentencias, a diferencia del TC o del tribunal europeo que los respetan

La "infanta Cristina" es 'la Eva" en la sentencia del caso Nóos.

El nombre y el tratamiento de la hermana de Felipe VI han sido reemplazados en la resolución que figura en el buscador oficial de jurisprudencia, encargado de conservar para la Historia las sentencias judiciales y facilitar su consulta.

Cristina Federica de Borbón y Grecia fue juzgada y absuelta por la Audiencia Provincial de Palma este febrero pasado, y su nombre aparece en la sentencia original como el resto de los acusados. Pero el responsable de tratar y custodiar estas resoluciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reemplaza siempre los nombres de los procesados, que quedan anulados para las próximas generaciones en la única base de datos oficial de consulta pública que existe.

'Doña Eva' ha sido el nombre que ha recaído para sustituir el nombre de la infanta Cristina. Su marido, Iñaki Urdangarin, es identificado como "D. Julio" y Jaume Matas, expresidente de Baleares, como "D. Bernardo".

Jaume Matas e Iñaki Urdangarín

El CGPJ anonimiza al resto de los condenados y absueltos en el caso Nóos, sentencia dictada hace menos de un mes, el 17 de febrero de 2017.

Así ocurre en todas las resoluciones que constan en la base de datos de la jurisprudencia de los Juzgados y Tribunales que trata y mantiene el Centro de Documentación Judicial (Cendoj) del CGPJ.

La anonimización de Cristina de Borbón roza lo hilarante cuando la sentencia original se refiere a ella como infanta de España. En las seis ocasiones que el tribunal la identifica como "la infanta", ella pasa a denominarse "la Eva" en la base de datos de las sentencias.

Adán y Eva

Incluso llega al extremo de desvirtuar el sentido de la sentencia original: de su lectura no se comprende cómo un tal "D. Julio" aprovechó de su cercanía al Jefe del Estado para ejercer una presión moral sobre los cargos públicos en su beneficio propio.

Aunque contiene pistas para los investigadores del futuro: la resolución alude en varias ocasiones a que "D. Julio" y "Dña. Eva" son esposos y podrán solicitar la sentencia original a la Audiencia de Palma. 

La boda de 'la Eva', en Barcelona

La Audiencia de Palma expone en su sentencia que el Instituto Nóos tuvo entre sus vocales fundadores a "SAR Infanta Dña. Cristina de Borbón y Grecia", tratamiento e identificación sustituidos por un escueto "la Eva" en la jurisprudencia (página 5).

Otro acusado explica al tribunal cuántas veces se vieron D. Julio y D. Bernardo. "Creo que muchas. En la boda de la Eva también, en Barcelona", dice la sentencia conservada para la Historia en la base de datos de jurisprudencia. (página 359).

Otro testigo expone cómo desaconsejó que "la Eva figurara como socia en Aizoon" (página 669), pero aquí tampoco se entiende bien la razón por la cual lo desaconsejó.

En los seis párrafos dedicados a la absolución de Cristina de Borbón -de una sentencia de 741 páginas-, el tribunal explica que los clientes y proveedores de los distintos proyectos no aluden a la participación de "la Eva" en los negocios.

Bernardo, ese exministro de Nóos

"Don Bernardo"

Para la Historia judicial queda fijado que la trama de corrupción política del caso Nóos -surgida al amparo de la casa real y que arrastró a la abdicación de Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe VI-, fue perpetrada por 'D. Julio', su exsocio 'D. Cecilio' [Diego Torres] y el político 'D. Bernardo' entre otros.

'D. Julio' aprovechó su “privilegiado posicionamiento institucional, dada su proximidad con la Jefatura del Estado” para obtener contratos en Baleares que le reportaron importantes beneficios económicos. Esa posición institucional “le procuró el ejercicio de una presión moral de entidad suficiente como para mover la voluntad de la autoridad y los funcionarios públicos” y conseguir así los contratos, según la sentencia.

"Don Julio"

El entonces presidente de la comunidad autónoma de les Illes Balears era 'D. Bernardo'. Fue el político que concedió a la trama contratos irregulares con los que Julio y Cecilio extrajeron 2,5 millones de euros públicos.

En la vida real, Jaume Matas, fue condenado a tres años y ocho meses de cárcel por prevaricación, falsedad y malversación y recibió con esta sentencia su tercera condena por corrupción. En el buscador de jurisprudencia, el reproche judicial y social recae sobre 'D. Bernardo', sin más identificación.

"Don Bernardo",  partido de la risa

La Audiencia de Palma condenó a 'D. Julio' por el delito continuado de prevaricación, falsedad, malversación, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. Mientras, 'D. Cecilio', su exsocio, fue condenado además por el delito blanqueo de capitales.

El resto de los procesados en el caso Nóos figuran con estos nombres, y por orden de aparición en la sentencia: 'D. Alberto' [Jose Luis Ballester], 'D. Narciso' [Gonzalo Bernal], 'D. Ángel' [Juan Carlos Alía], 'D. Eleuterio [Miguel Ángel Bonet], 'D. Efraín' [Marco Antonio Tejeiro], 'D. Nicolás' [Miguel Tejeiro], 'D. Alejo' [Jorge Vela], 'Dña. Ascensión' [Elisa Maldonado], 'D. Matías' [José Manuel Aguilar], 'D. Bernabé' [Luis Lobón], 'Dña. Mercedes' [Ana María Tejeiro], 'D. Simón' [Alfonso Grau] y 'D. Marcial' [Salvador Trinxet].

Dimas y Constantino, condenados por las blacks

Tarjeta black

Los nombres de los 65 directivos de Caja Madrid y Bankia, condenados por la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero, tampoco aparecen en la base de datos oficial de las sentencias. Y eso que el rescate de la entidad costó 22.424 millones de euros a los contribuyentes.

Los principales responsables de este uso fraudulento de tarjetas opacas al fisco fueron los expresidentes de Caja Madrid y Bankia 'Dimas Samuel' y 'Constantino Feliciano',que son los nombres atribuidos a Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente.

"Dimas" y "Constantino", descojonados de la risa

Ambos, en compañía de 'Adolfo Paulino' [Ildefonso Sánchez Barcoj] propiciaron que los directivos dilapidaran más de 12 millones de euros.

Entre los condenados se encuentran el exconsejero del PSOE 'Valeriano Baldomero' [Ramón Espinar]; el exsecretario de Estado del PP 'Teodoro Ovidio' [José Manuel Fernández Norniella]; el expresidente de la patronal CEOE 'Prudencio Casiano' [Gerardo Díaz Ferrán], así como los empresarios 'Doroteo Constancio' [Arturo Fernández], 'Gumersindo Desiderio' [Javier López Madrid, el yerno del presidente de OHL] y 'Darío Gumersindo [Miguel Corsini]; los economistas 'Dimas Cirilo' [Juan Iranzo] o 'Cosme Everardo' [Alberto Recarte]; el exsecretario general del PP de Madrid 'Cirilo Higinio' [Ricardo Romero de Tejada] y el exjefe de la casa real 'Pascual Constantino' [Rafael Spottorno].

¿Quién suprime los nombres?

Miembros del CGPJ

El CGPJ siempre ha eliminado los datos de los condenados, a diferencia de lo establecido por los más altos tribunales de garantía de los derechos fundamentales, cuyas resoluciones tienen como encabezado el nombre de los implicados.

La supresión de los nombres es realizada en todas las sentencias de la justicia ordinaria, incluida el Tribunal Supremo. El criterio es opuesto al seguido por el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias contienen los nombres de los implicados (no así sus direcciones o DNI).

Memoria digital

Las eliminaciones de Cendoj no ponderan los derechos en conflicto en cada caso. Como puede ser la colisión entre el derecho al olvido de quien ya ha cumplido con la sociedad, frente al interés público de difundir una resolución necesaria para conformar una correcta opinión pública, conocer la propia Historia y garantizar la memoria digital de un país.

El sistema empleado sigue una lista cerrada que atribuye nombres ficticios a las personas, a semejanza de lo que hacen los meteorólogos con los nombres de huracanes.

Huracán Katrina

El juez Ceferino, de la Audiencia Nacional

En ese ‘sorteo', se dan casos como el del juez de la Audiencia Nacional 'D. Ceferino', condenado en 2012 por ordenar escuchas en los locutorios de los líderes de la trama corrupta de Gürtel llamados 'D. Arcadio', 'D. Evelio' y 'D. Julián', con su abogado 'D. Urbano'.

De esta manera son citados en la base de datos de jurisprudencia Baltasar Garzón, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, así como el letrado Ignacio Peláez.

"Don Evelio" sentado en el banquillo

Urdangarin y Torres tendrían que aparecer

En el año 2015 esta práctica de supresión general de nombres fue reconocida en la reforma de la  Ley Orgánica del Poder Judicial. Su artículo 235 sólo permite la difusión de la identidad de los condenados por delito fiscal, así como por alzamiento de bienes frente a la Hacienda Pública y en los contrabandos que perjudiquen a las cuentas públicas.

"Don Cecilio" y "Don Julio"

El CGPJ ha eliminado los nombres de Urdangarin y Torres, cuando deben ser identificados porque han sido condenados por delitos fiscales, penados en el artículo 305 del Código Penal. La sentencia de Nóos no es firme y ha sido recurrida ante el Supremo.

La reforma de 2015 no permite la difusión de la identidad de los condenados por corrupción política. Y ampara que unos golpistas, como los autores del 23-F, pasen a la Historia bajo nombres supuestos.

El golpista Tejero se llama Luis

El teniente coronel "Luis", pistola en ristre

En la Historia de la Justicia española queda fijado que el autor de la intentona golpista del 23-F de 1981 fue el teniente coronel Luis, no Antonio Tejero.

El teniente coronel Luis fue quien el 23 de febrero de 1981 se hizo con el control del Congreso de los Diputados y disparó con su arma al techo al grito de "¡Se sienten, coño!"

El golpe de Estado ocurrió durante la investidura del 'Sr. Pablo' como presidente del Gobierno, siendo presidente en funciones 'D. Alejandro'.

Intento de golpe de estado (23/02/1981)

Consta para la Historia que el teniente coronel Luis zarandeó al entonces responsable de Defensa 'D. Felipe' y dijo estar a las órdenes del rey y del Teniente General 'D. Daniel'. De esta manera se conserva la sentencia del golpe del 23-F, cuando se alude a Antonio Tejero (D. Luis), Leopoldo Calvo Sotelo (Sr. Pablo), Adolfo Suárez (D. Alejandro) y Jaime Milans del Bosch (D. Daniel).

Y así figurará para la Historia judicial 'Dña. Eva', esposa de 'D. Julio'. Fue absuelta como cooperadora de dos delitos fiscales cometidos por su marido a través de la sociedad matrimonial, donde se desvió dinero público captado por el Instituto Nóos gracias a las adjudicaciones aprobadas por políticos de máxima responsabilidad, como 'D. Bernardo', exministro de Gobierno. Se desconoce la razón de la proximidad de D. Julio al Jefe del Estado y que permitió este expolio.

FUENTE: publico.es
Julia Pérez
05/03/2017

Pues este ciudadano, en vez de sustituir nombres, va a dejar solo la primera letra de cada palabra en una oración que le sale de los C.:

"¡M. C. E. L. P. M. Q. L. P.!"

Amén.

EL SARCÁTICO ARTÍCULO 14

La Constitución Española es la norma legal de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico español, por eso es conocida como la ley de leyes ya que todas las demás leyes, normas y principios jurídicos deben inspirarse y subordinarse a ella. A lo largo del preámbulo y en el desarrollo del articulado podemos encontrar desde declaraciones de intenciones hasta mandatos, parafraseando a Carlos V: “el papel lo aguanta todo”. Dato este último que a lo largo de los años hemos ido corroborando. A este respecto, encontramos un artículo que sobresale por su ironía, el artículo 14 “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Y tiene sorna cuando en el artículo 56.3 dice:

“La persona del Rey es inviolable

y no está sujeta a responsabilidad”,

Así que, iguales, lo que se dice iguales, parece que no somos.

Si todavía quedaba algún ingenuo que creía que todos somos iguales ante la ley, supongo que con la sentencia o con el “fallo”, nunca mejor dicho, del caso Nóos” ya ha perdido dicha credulidad. Las redes sociales nos han expuesto un amplio muestrario que corrobora la desigualdad existente en la aplicación, o interpretación, de la ley. “El mismo juzgado que ha absuelto a la Infanta Cristina condenó en enero de 2017 a un joven a 3 años de cárcel por robar una bicicleta”. “Urdangarín condenado a 6 años por robar 6 millones de dinero público y en junio de 2016 entró en prisión un joven condenado a 6 años por pagar 79,20 euros con una tarjeta falsa”.  Seguramente como se especula en las redes sociales “Urdangarín recurrirá, le rebajarán la condena a 2 años y se irá de rositas” o “Ahora, Urdangarín esperará a ser indultado y se completará la operación Salvad a la Casa Real”. Y es que como recuerdan en otros tuits el artículo 124.4 establece que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, hecho que han destacado bajo la pregunta “¿De verdad sorprende la sentencia del Caso Noos?”.

Somos tan iguales que El Jueves ya publicó una portada muy explícita donde se ve a la Infanta Cristina sonriendo y protagonizando un anuncio de la Agencia Tributaria bajo el lema “Hacienda sois todos” ya que hasta la Agencia Tributaria decidió no acusar a la Infanta de delito fiscal, tal como criticaron los técnicos de Hacienda (Gestha) asegurando que la Agencia Tributaria elige “a su capricho” a las personas que deben responder a sus delitos. En este País, donde la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, todo vale para conseguir que los VIP de esta Sociedad salgan impunes. En el “fallo” del “Caso Noos” algunos usuarios de Twitter han destacado que los magistrados han logrado la cuadratura del círculo al asegurar que “Una sociedad de capital público, controlada por políticos y que de pende de fondos públicos NO es empresa pública” y ¡Viva España!

Cómo dice el Preámbulo de la Constitución, redactado por el viejo profesor Enrique Tierno Galván: “La Nación española… proclama su voluntad de… establecer una sociedad democrática avanzada…”, dicho queda.

En muchas ocasiones hemos visto referirse a la Constitución como la “Carta Magna” siendo éste un error, si entendemos la Constitución como una declaración de derechos universales, ya planteado por el primer presidente del Tribunal Constitucional García-Pelayo. La Carta Magna es una cédula que, en 1215, el rey Juan I de Inglaterra otorgó a los nobles ingleses en la que comprometía a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles ni la confiscación de sus bienes mientras no fuesen juzgados “por sus iguales”. Lo que evidencia que no se trataba de un documento que fuera garante de los derechos de toda persona, por el simple hecho de su condición humana. Se trataba de una declaración de preservación de los derechos de los privilegiados. Es por ello que atendiendo a lo reseñado en el preámbulo de la Constitución no debería utilizarse este término de Carta Magna para denominarla. Pero si atendemos a la aplicación que de ella se ha hecho: aforamientos, permitir incoherencias entre artículos tales como la ya reflejada entre el 14 y el 56, artículo 117 estableciendo la independencia del poder judicial entre otras cosas, etc… bien podemos decir que se trata de una auténtica Carta Magna ya que protege más a los privilegiados o españoles de primera que al resto de ciudadanos, a los hechos me remito.

Juan I de Inglaterra, apodado "Juan sin Tierra" (hermano de Ricardo "Corazón de León") 
firmando la Carta Magna, que otorgaba determinados privilegios a los nobles.

FUENTE: publico.es

El socialismo es republicano

Odalys Padrón

19/02/2017

¡Qué vergüenza!... 

¿Cómo se pudieron bajar tanto los pantalones los "padres de la constitución" para concederle total impunidad al rey?...

¡Pues vaya una mierda de democracia! 

Ponentes de la Constitución Española de 1978

PA' JUZGAR Y NO ECHAR TOGA

Tras largos años de instrucción, en algunos casos lustros, el 2016 se ha estrenado con cuatro o cinco juicios estrellas que se arrejuntan en el calendario como en la parrilla de salida de un campeonato de Fórmula 1. Todo el mundo los estaba esperando pero, al arrancar, se ha formado una pelotera espectacular, con bielas chirriando y neumáticos volando: los autos locos judiciales rugiendo entre una polvareda en que se hace difícil distinguir nada. Es la conocida táctica de la cortina de humo, sólo que con más humo y sin cortinas. Resulta bastante curioso que tres de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos hayan coincidido con la aparición estelar de la infanta Cristina en un juzgado de Baleares. Para que no se vea el fuego, lo mejor es camuflarlo en un incendio.

Puñetas

España se quema, en efecto: de Aragón a las Canarias y de Madrid a Baleares no se ven más que togas y más togas. El caso Arona, uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística del archipiélago canario, moviliza 16 acusados, casi trescientos testigos y más de tres meses de vista oral. En el centro de la polémica hay un arquitecto municipal, un aparejador municipal y, cómo no, un ex concejal de urbanismo del PP, Félix Sierra. Por su potencia y su aerodinámica, es un auto (judicial) que contaría con muchas opciones de ganar la carrera si no fuese porque parte con la desventaja del horario, según el tradicional retraso de las islas.

Félix Sierra

La Muela es un pequeño municipio de Zaragoza (no llega a los cinco mil habitantes) cuya página de Wikipedia está íntegramente dedicada a una cacique local, María Victoria Pinilla, que gobernó allí desde 1987 a 2011, transbordando del CDS al PAR, y que se encuentra en el epicentro de una trama de corruptelas tan compleja y variada que la instrucción del caso ha llevado 33.000 folios y una década entera de trabajo. Cuarenta acusados, 142 delitos y una mujer de armas tomar que no dejó el bastón de alcaldesa ni en la temporada que pasó a la sombra.

María Victoria Pinilla

Con todo, y aun por encima de la vista borbónica en Palma de Mallorca, el auto (judicial) que arranca con más posibilidades de camuflaje es el caso Arena, no por el número de imputados, ni por los millones que se llevaron, sino por la magnitud de la tragedia y lo irrisorio de la pena: cuatro años de prisión, solicitados por la fiscalía, para el principal responsable de la masacre del Madrid Arena, el empresario Miguel Ángel Flores. 

 Miguel Ángel Flores

Con cinco niñas muertas, un local que incumplía de modo flagrante diversas medidas de seguridad y una muchedumbre de 23.000 jóvenes apretujados en una ratonera que triplicaba ilegalmente su capacidad, puede decirse que, antes incluso de que se dicte sentencia, la justicia española ha obtenido desde ya un rotundo éxito. Ni un solo responsable político encausado, ni uno solo de los responsables municipales que firmaron los permisos, nadie, ni medio concejal, y mira que era difícil. Ni siquiera ha sido llamada a declarar la exalcaldesa del PP, Ana Botella, que fue a relajarse esa misma tarde a un SPA en Portugal como si la cosa no fuese con ella. Un éxito de la justicia y también del periodismo patrio, que la semana pasada movió Roma con Santiago con la chuminada de las reinas magas y ahora está callado como cinco difuntos. Todas las culpas han ido a recaer sobre el empresario y sobre el médico, Simón Viñals, que por aquel entonces contaba con 72 años: los propios enfermeros se quedaron pasmados cuando lo descubrieron al pie de la hecatombe, como que era el fundador del SAMUR y parecía que lo iba a clausurar. Cinco niñas muertas y la fiscalía asegura que no puede hacer más: ni a muerta por año. Al final ha ganado la carrera Ramoncín. Pa’ juzgar y no echar toga.

Ana Botella

FUENTE: publico.es
Punto de Fisión
David Torres
13/01/2016