PA' JUZGAR Y NO ECHAR TOGA
Tras largos años de instrucción, en algunos casos lustros, el 2016 se ha estrenado con cuatro o cinco juicios estrellas que se arrejuntan en el calendario como en la parrilla de salida de un campeonato de Fórmula 1. Todo el mundo los estaba esperando pero, al arrancar, se ha formado una pelotera espectacular, con bielas chirriando y neumáticos volando: los autos locos judiciales rugiendo entre una polvareda en que se hace difícil distinguir nada. Es la conocida táctica de la cortina de humo, sólo que con más humo y sin cortinas. Resulta bastante curioso que tres de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos hayan coincidido con la aparición estelar de la infanta Cristina en un juzgado de Baleares. Para que no se vea el fuego, lo mejor es camuflarlo en un incendio.
Puñetas
España se quema, en efecto: de Aragón a las Canarias y de Madrid a Baleares no se ven más que togas y más togas. El caso Arona, uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística del archipiélago canario, moviliza 16 acusados, casi trescientos testigos y más de tres meses de vista oral. En el centro de la polémica hay un arquitecto municipal, un aparejador municipal y, cómo no, un ex concejal de urbanismo del PP, Félix Sierra. Por su potencia y su aerodinámica, es un auto (judicial) que contaría con muchas opciones de ganar la carrera si no fuese porque parte con la desventaja del horario, según el tradicional retraso de las islas.
Félix Sierra
La Muela es un pequeño municipio de Zaragoza (no llega a los cinco mil habitantes) cuya página de Wikipedia está íntegramente dedicada a una cacique local, María Victoria Pinilla, que gobernó allí desde 1987 a 2011, transbordando del CDS al PAR, y que se encuentra en el epicentro de una trama de corruptelas tan compleja y variada que la instrucción del caso ha llevado 33.000 folios y una década entera de trabajo. Cuarenta acusados, 142 delitos y una mujer de armas tomar que no dejó el bastón de alcaldesa ni en la temporada que pasó a la sombra.
María Victoria Pinilla
Con todo, y aun por encima de la vista borbónica en Palma de Mallorca, el auto (judicial) que arranca con más posibilidades de camuflaje es el caso Arena, no por el número de imputados, ni por los millones que se llevaron, sino por la magnitud de la tragedia y lo irrisorio de la pena: cuatro años de prisión, solicitados por la fiscalía, para el principal responsable de la masacre del Madrid Arena, el empresario Miguel Ángel Flores.
Miguel Ángel Flores
Con cinco niñas muertas, un local que incumplía de modo flagrante diversas medidas de seguridad y una muchedumbre de 23.000 jóvenes apretujados en una ratonera que triplicaba ilegalmente su capacidad, puede decirse que, antes incluso de que se dicte sentencia, la justicia española ha obtenido desde ya un rotundo éxito. Ni un solo responsable político encausado, ni uno solo de los responsables municipales que firmaron los permisos, nadie, ni medio concejal, y mira que era difícil. Ni siquiera ha sido llamada a declarar la exalcaldesa del PP, Ana Botella, que fue a relajarse esa misma tarde a un SPA en Portugal como si la cosa no fuese con ella. Un éxito de la justicia y también del periodismo patrio, que la semana pasada movió Roma con Santiago con la chuminada de las reinas magas y ahora está callado como cinco difuntos. Todas las culpas han ido a recaer sobre el empresario y sobre el médico, Simón Viñals, que por aquel entonces contaba con 72 años: los propios enfermeros se quedaron pasmados cuando lo descubrieron al pie de la hecatombe, como que era el fundador del SAMUR y parecía que lo iba a clausurar. Cinco niñas muertas y la fiscalía asegura que no puede hacer más: ni a muerta por año. Al final ha ganado la carrera Ramoncín. Pa’ juzgar y no echar toga.
Ana Botella
FUENTE: publico.es
Punto de Fisión
David Torres
13/01/2016
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