"CASO GÜRTEL"

El CGPJ aprueba el 'cambiazo' del tribunal que juzgará la caja B del PP

Es el órgano encargado de velar por la legalidad de este acuerdo de la Audiencia Nacional. Todas las acusaciones anuncian recursos porque consideran que vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley

 

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, durante su intervención 

tras recoger el II Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

EFE/Fernando Villar

El Consejo General del Poder Judicial (GGPJ) ha avalado la nueva composición del tribunal que juzgará la caja B del PP, al haber aprobado las nuevas normas de reparto de la Audiencia Nacional para el año 2018, y donde se desplazan a dos jueces del caso.

El CGPJ es el órgano encargado de velar por la legalidad de los acuerdos de las salas de gobierno, como es el reparto para el año 2018 que en el ámbito penal fue propuesto por la presidenta de esta Sala de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, a pesar de que fue recusada del tribunal del caso Gürtel, una de cuyas piezas es la caja B del PP.

El acuerdo ha sido adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ el pasado 5 de diciembre y aún no ha sido divulgado en su portal de transparencia, según ha confirmado Público este 14 de diciembre.

No hubo una sola voz discrepante en la Permanente ante este acuerdo, cuyas normas de reparto supone dar el cambiazo en el tribunal de la caja B del PP de manera retroactiva.

El tribunal que ahora será alterado fue formado en el año 2016, su composición fue confirmada por la propia sala de Gobierno de la Audiencia Nacional tras un recurso presentado por una acusación popular y, desde entonces, ha dictado varias resoluciones judiciales, incluido un auto con la firma de los dos magistrados que serán desplazados.

Fuentes del CGPJ explican que ellos se han limitado a tomar en consideración el acuerdo de la Audiencia Nacional sobre sus normas de reparto para 2018 y ordenar su publicación el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A preguntas de Público, las mismas fuentes reconocen que su responsabilidad es el control de la legalidad, pero justifican la aprobación, en que ningún juez de la Audiencia Nacional lo recurrió. 

La decisión del CGPJ es administrativa y se puede recurrir antes este órgano y después ante el Tribunal Supremo.

Concepción Espejel

El origen del conflicto se encuentra en la propia Concepción Espejel. Cuando en el año 2014 fue nombrada presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió presidir todos los juicios que recayeran en su sección. De esta manera se aseguraba la presidencia del caso Gürtel que había recaído en su sección

Sin embargo, sus propios compañeros de Sala aprobaron su recusación, al igual que la del magistrado Enrique López, por haber sido votada en el Senado por el propio Bárcenas como vocal del CGPJ y por su proximidad al PP.

El tribunal del caso Gürtel quedó conformado con Ángel Hurtado (presidente) y los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada. En mayo de 2016 los tres jueces fueron nombrados integrantes del tribunal que juzgará los Papeles de Luis Bárcenas, el extesorero del PP, sobre la supuesta caja B del PP.

Pero el actual CGPJ nombró a Espejel presidenta de la Sala de lo Penal en mayo de 2017. Y, ahora, ella ha propuesto unas nuevas normas de reparto que alteran este tribunal de la caja B del PP, a pesar de que fue notificado a las partes de tal manera que no podría ser alterado salvo circunstancias excepcionales, como es un fallecimiento.

En las nuevas normas de reparto se dispone que la nueva presidenta de la sección, María José Rodríguez Duplá, presida todos los juicios. De esta manera, se desplaza a Ángel Hurtado en las piezas de Gürtel que quedan por juzgar como es esta (denominada Udef-Bla).

También se integra como ponente al magistrado Juan Pablo González en lugar de Julio de Diego, quien sustituía en Gürtel a Enrique López, recusado en su día.

Se da la circunstancia de que Julio de Diego fue el juez que apoyó a José Ricardo de Prada para citar como testigo a Mariano Rajoy en el caso Gürtel.

Todas las acusaciones personadas en este caso han interpuesto o anunciado recursos en el ámbito jurisdiccional. Consideran que este cambio vulnera el derecho al juez predeterminado por la ley; esto es, a que no se cambien las reglas de juego en mitad del proceso con magistrados nombrados ad hoc.

También recusarán a Juan Pablo González por su aparente falta de imparcialidad al haber participado en un curso de la Fundación FAES, que estuvo vinculado al PP, junto con uno de los procesados en el caso Gürtel y por su relación con el exministro popular Jaime Mayor Oreja.

Las acusaciones que han anunciado o interpuesto recursos de reforma o súplica son las ejercidas en el ámbito de la acción popular por Izquierda Unida, la Asociación de Abogados Demócratas Europeos (ADADE) y el Observatorio de Derechos Humanos.

La Comisión Permanente está formada por los vocales Fernando Grande-Marlaska, Juan Martinez Moya y Nuria Diaz Abad (nombrados a instancia del PP), así como Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda, Mar Cabrejas y Rafael Mozo (por el PSOE). Preside Carlos Lesmes, presidente del CGPJ.

FUENTE: publico.es

Julia Pérez

Madrid - 14/12/2017

¡¡¡Pffffff!!!... 

No me hagan reir "jodíos" que tengo el labio "partío". 

JUSTICIA VS DEMOCRACIA

Por: Iñaki Gabilondo

Otro factor que ha reforzado la creencia de los ciudadanos sobre la falta de independencia de la Justicia española es el permanente debate sobre el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Un amplio sector de la judicatura está decidido a recuperar el control del nombramiento de los integrantes de su órgano de gobierno en detrimento del papel del Parlamento, depositario de la soberanía nacional.

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ

El modelo español actual aprueba los estándares de independencia judicial de la Comisión Europea, que valora como un plus democrático la intervención de los ciudadanos en la elección del órgano de gobierno del Poder Judicial, tal y como ya ocurre con el Ejecutivo y el Legislativo. Pero los dos partidos por ahora mayoritarios, PP y PSOE, se han empecinado en subvertir el modelo parlamentario y convertir el CGPJ en depósito de fieles simpatizantes a los que se pagan servicios prestados.

PPSOE

Ese factor explica la percepción que tienen los ciudadanos, que han visto recrudecerse las protestas con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el actual Gobierno, que ha restado peso específico al Pleno del CGPJ frente a los crecientes poderes de su presidente. Este cambio ha contaminado a toda la institución, que en el debate público sobre la Justicia desempeña ya un papel irrelevante. El murmullo crítico de la judicatura evoluciona hacia el clamor, y no son pocos los jueces que hoy ven al consejo más como una dirección general del Ministerio de Justicia que como el órgano encargado de asegurar su independencia.

Miembros del CGPJ

¿Simple queja? No, problema serio. Tres asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y una organización defensora de los derechos y libertades civiles, Rights International Spain, han denunciado a la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Gabriela Knaul, la ‘difícil situación’ de la Justicia española, a la que presentan como víctima de los poderes Ejecutivo y Legislativo por su estrategia de ‘erosión’ del principio de separación de poderes en España y de “debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho para limitar la capacidad de nuestros tribunales para ejercer las funciones de control institucional”.

Gabriela Knaul

La denuncia, que insiste en que el actual modelo de CGPJ “supone un riesgo potencial para la independencia judicial”, reproduce un manifiesto que en su día fue firmado por unos 1.500 jueces y magistrados. Mientras la propia judicatura ponga en duda la independencia del Poder Judicial será imposible que los ciudadanos confíen en una administración de Justicia mal vista en Europa y denunciada ante la ONU, que parece manejar ritmos de trabajo arbitrarios en favor de los más poderosos. La sospecha de falta de independencia es una herida por la que se desangra la legitimidad del sistema judicial que debería ser cerrada cuanto antes.

FUENTE: http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki
Publicado por: Witness | 06/03/2017

¡AY, AY, AY... LA "PUTICIA"!

El CGPJ se hace 'un Bárcenas' y borra la grabación de un Pleno: era prueba de una denuncia contra Lesmes

Los vocales progresistas recurrieron al Supremo, ya que su presidente no les dejó participar en la renovación de las comisiones. Pero el audio ya no existe. El órgano constitucional argumenta que sólo graba las sesiones para elaborar el acta y que luego se borran.

Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. EFE

Las vocales progresistas críticas del Consejo General del Poder Judicial han denunciado que el órgano constitucional ha borrado el audio de la sesión plenaria del 29 de enero de 2015, grabación que habían pedido que se aportara como prueba ante el Tribunal Supremo en una denuncia presentada contra su presidente, Carlos Lesmes.

Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga y Concepción Sáez recurrieron al Supremo, al considerar que en dicho Pleno se saltaron las normas legales. Denuncian que la mayoría conservadora controlada por Lesmes decidió no renovar los vocales componentes de las comisiones, cuando dicha renovación anual está prevista en la Ley Orgánica que regula a este órgano para facilitar la rotación de sus integrantes. En especial, la poderosa Comisión Permanente a través de la cual Lesmes gobierna la Justicia. 

"Era un pleno conflictivo y es razonable que se guardara la grabación; no entendemos que se borrara", sostienen en fuentes de las vocales progresistas que recurrieron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo los acuerdos y ante la que pidieron que se aportara la grabación como prueba.

El órgano constitucional ha aclarado a través de sus fuentes oficiales que la decisión de grabar los plenos se acordó por asentimiento de todos sus integrantes en la sesión del 20 de noviembre de 2014. Antes del inicio del siguiente Pleno, Lesmes precisó que la grabación del audio tenía como objetivo la elaboración del acta por parte del secretario general hasta su aprobación, "procediéndose inmediatamente a su ulterior borrado". Como así se realizó con la grabación de la sesión del 29 de enero, una vez redactado y aprobado el acta de la sesión.

El Supremo 'perdió' cuatro quejas contra Lesmes

Las vocales aportaron en su recurso ante la Sala III del Tribunal Supremo el acta con los acuerdos del Pleno, pero querían demostrar con el audio que no se las dejó participar adecuadamente en la decisión y con ello se infringieron las normas legales.
Además, aprovechan este borrado de la grabación para proyectar las formas presidencialistas de Lesmes, a quien acusan de incurrir en la arbitrariedad y de saltarse "abiertamente" las normas legales.

El embrollo está servido, porque otras denuncias presentadas contra Carlos Lesmes han tenido un recorrido diferente que las del común de los mortales.
 

Así, el Tribunal Supremo llegó a traspapelar cuatro escritos de queja presentados contra Carlos Lesmes, asunto que fue archivado por la Audiencia de Madrid.

Estos escritos fueron presentados por el empresario José Vicente Lucas y se perdieron en los pasillos del Tribunal Supremo, tras su entrada en registro en los días 27 de junio y 5 de diciembre de 2012, y el 26 de febrero y 25 de abril de 2013.

El empresario se quejaba del proceder de Lesmes, cuando era presidente de la Sala III de la Audiencia Nacional, porque dictó una resolución favorable a una multa de la Agencia de Protección de Datos contra una de sus empresas, cuando dicha sanción había sido comunicada fuera de plazo.

José Vicente Lucas descubrió incluso entre la documentación judicial una carta de la Agencia de Protección de Datos que reconocía que la multa de 60.000 euros contra su empresa (Saberlotodo Internet)  había sido notificada fuera de plazo. Dicha carta es de febrero de 2008 y Lesmes dictó su sentencia el 1 de abril de 2009.

El empresario denunció a Lesmes ante el Tribunal Supremo, para acusarle de dictar una resolución injusta a sabiendas ya que el escrito de la Agencia se encontraba dentro del expediente judicial.

Hasta en cuatro ocasiones se quejó el empresario ante el Supremo, y en las cuatro ocasiones sus escritos se traspapelaron cuando el denunciado, Carlos Lesmes, ya era presidente del CGPJ y del TS.

Esta denuncia iba dirigida a la Sala Especial del Tribunal Supremo que enjuicia los casos de prevaricación de jueces.

El empresario se querelló después contra la secretaria judicial de la Sala II del Tribunal Supremo María Antonia Cao Barrero, que tramita las causas especiales. Dicha funcionaria consiguió demostrar en la Audiencia Provincial de Madrid que no había recibido estos escritos y la causa fue archivada sin que se sepa a dónde fueron a parar.

Una propuesta desconocida

Ahora, el órgano constitucional que preside Lesmes ha reconocido ante el Supremo que borró el audio de la sesión del 29 de enero de 2015, según ha revelado este miércoles Confilegal.

En el recurso interpuesto el pasado abril, se señala que pese a que seis vocales solicitaron la votación individualizada de la conformación de cada una de las Comisiones y que se contaba con tres candidaturas formales para la Permanente, Lesmes sólo sometió a la votación una propuesta personal, "desconocida por el Pleno al no haber sido formulada previamente por escrito, incumpliendo así de forma clara lo previsto en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo".

Las vocales críticas señalan ante la Sala Tercera del alto tribunal que el presidente del CGPJ -que lo es también del Supremo-, "haciendo caso omiso" a su propuesta, se negó a someter a votación las candidaturas formuladas y la composición individualizada de cada una de las Comisiones, vulnerando su derecho de participación.

FUENTE: publico.es

Julia Pérez - Madrid

17/02/2016

¡Ay, ay, ay... la "Puticia"!

COSAS DE LA ENDOGAMIA JUDICIAL

Lesmes adjudica una codiciada plaza vitalicia en el CGPJ al yerno del vicepresidente del Supremo

El puesto es de nueva creación. Se sacaron cinco plazas de letrado y sólo dos han logrado la oposición. Uno de ellos, el marido de la hija de Ángel Juanes; el otro, un exletrado del Supremo.

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. EFE

El pasado 21 de diciembre, en plena tormenta de análisis de las elecciones generales, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes concedió al yerno de su vicepresidente en el Supremo un cargo de por vida altamente remunerado.

Luis Javier Mieres Mieres, que así se llama el yerno del vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, ha sido nombrado letrado del Consejo General del Poder Judicial, un cargo que ha pasado a ser vitalicio.

La oposición se había convocado en febrero de 2015 para cinco plazas permanentes de letrado del CGPJ, un tipo de funcionario que no existía hasta ahora en el órgano constitucional ya que accedían al cuerpo de letrados jueces, fiscales y secretarios judiciales tras un proceso de selección y por un plazo máximo de entre ocho y diez años.

Luis Javier Mieres Mieres

El tribunal calificador presidido por Lesmes concedió sólo dos de las cinco plazas vitalicias de letrado que se sacaron en esta oposición.

Las otras tres plazas han quedado desiertas, a pesar de que 31 personas se habían presentado al concurso.

Endogamia en la cúpula juducial

Luis Javier Mieres está casado con María José Juanes, hija de Ángel Juanes, vicepresidente del Supremo e íntimo amigo de Carlos Lesmes.

Mieres logró el primer puesto, con 102,53 puntos en la oposición, seguido por Álvaro Jiménez Bueso, quien fue letrado del Gabinete del Supremo y que logró 95,81 puntos.

Ambos formaron parte de las 17 personas que aprobaron el concurso y que se sometieron tres exámenes adicionales. Ninguno de los 15 restantes ha superado la última prueba.

El yerno de Juanes fue asesor de la vicepresidenta del Gobierno socialista, María Teresa Fernández de la Vega entre 2004 y 2008, quien a su vez fue letrada del CGPJ. Posteriormente, entre 2009 y 2011, asesoró al ministro de Justicia socialista, Francisco Caamaño. Hasta ahora ejercía como letrado del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, en Barcelona.

María José Juanes, la esposa de Mieres e hija de Ángel Juanes fue asesora del entonces secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, entre los años 2004 y 2008. Posteriormente fue directora de Gabinete de la Secretaria General del Políticas de Igualdad en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2010 y 2011 fue directora de Gabinete de la Secretaría General de Política Social.

El tribunal calificador fue designado por la Comisión Permanente del CGPJ que controla Carlos Lesmes.

 Los miembros del CGPJ en pleno

El tribunal ha estado formado por Lesmes, como presidente, así como la vocal Nuría Díaz Abad; el vicesecretario general del CGPJ, José Luis de Benito; la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Ángeles Huet de Sande; el fiscal de Sala del TS, Jaime Moreno, así como el catedrático de derecho procesal de la Autónoma de Madrid, Juan Damián Moreno. Mercedes Delgado López, letrada del CGPJ, ha actuado como secretaria.

Lesmes fue fue asesor del Gobierno del PP en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recortó las competencias de este órgano constitucional y que accedió a su presidencia en el año 2013.

También formaron parte del tribunal calificador otros dos exasesores del PP que nombró Alberto Ruiz-Gallardón para reformar la Ley del Poder Judicial: Jaime Moreno Verdejo y Juan Damián Moreno.

Tanto Lesmes como Moreno y Damián recibieron de parte del Gobierno del PP y por esta asesoría la cruz de San Raimundo de Peñafort, la más alta distinción que se otorga en la Justicia.

FUENTE: publico.es
Julia Pérez - Madrid
08/01/2016

Recuerden ustedes que el Zar, al ser un gobernante autócrata, hacía lo que le salía del pito sin que nadie le chistara, hasta que el pueblo, "harto de estar harto", la lió parda.

LESMES VETA

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, veta a los expertos de la ONG de derechos civiles RIS en los cursos de formación de los jueces

Rights Internacional Spain ha sido excluida por el CGPJ de los cursos sobre derechos humanos y memoria histórica. Esta organización denunció recientemente la falta de independencia judicial en España ante la ONU y la Comisión Europea, junto con Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, rodeado de la sala de Gobierno del alto tribunal.
EUROPA PRESS

No podrá existir participación de persona o entidad alguna que tenga vinculación, directa o indirecta, con la organización Rights International Spain", sostiene textualmente el acuerdo de la Comisión Permanente del órgano constitucional adoptado el pasado 3 de diciembre, en el que aprueba tres cursos de formación propuestos por RIS y donde participan otras ONG como Amnistía Internacional, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) o Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

La decisión de la Permanente no está motivada, a diferencia de otros acuerdos adoptados el mismo día.

Los cursos impulsados por RIS y donde ha sido vetada son tres: “La protección y promoción de los derechos humanos a la luz de los principios y directrices de Naciones Unidas; “La memoria histórica en el marco del Derecho Internacional” y “El derecho a la traducción e interpretación en los procesos penales tras la reforma de la LECr para adaptarla a la Directiva 2010/64/UE”, basado este último en un manual de formación elaborado por la ONG dentro de la red europea de justicia. 

Fuentes del órgano constitucional sostienen que el veto habría partido del propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, quien está molesto con las denuncias que RIS ha interpuesto ante Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Europea por los ataques a la independencia judicial y el sistema de nombramientos de la cúpula judicial.

Se da la circunstancia de que los expertos de RIS han participado en el pasado en similares cursos, como en 2011. Estos seminarios son organizados por el área de Formación Continua de la Escuela Judicial, dependiente del CGPJ. Por su parte, RIS tiene como misión en sus estatutos la formación de juristas.

Fue la propia ONG RIS la que presentó en mayo pasado al Consejo su propuesta de cursos para impartir en la Escuela Judicial, en solitario y en colaboración con otras ONG, que no han sido vetadas.

Los expertos en derechos humanos internacionales que tienen prohibido formar a jueces por decisión del CGPJ son los directores de los cursos aprobados Lydia Vicente, abogada y directora de RIS; Patricia Goicoechea, directora adjunta de la ONG y miembro de la Comisión Legal Sol, así como Javier Chinchón, doctor en derecho y profesor de derecho internacional público de la Universidad Complutense.

RIS y las asociaciones Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han pedido la intervención de estos organismos internacionales por las "graves injerencias" del Gobierno del PP en la independencia judicial, la falta de recursos y la presión contra jueces ejercida por el poder político.

Así, denunciaban la generalización de las tasas judiciales, la limitación de la justicia gratuita, la ley de seguridad ciudadana o la reforma del Código Penal. También han llevado ante la UE y la ONU la reforma del propio CGPJ, que limita sus competencias, y cuyo autor fue el propio Lesmes.

Carlos Lesmes, conocido popularmente com "El Zar del Poder Judicial"

Estas tres organizaciones denunciaron además ante la ONU la difícil situación de España en materia de nombramientos de altos cargos judiciales que realiza el CGPJ. Así, han llevado ante la ONU el cese de José Manuel Sieira como presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, después de conocer las presiones ejercidas por Lesmes y su equipo sobre vocales del órgano de gobierno.

Por primera vez en la historia, el presidente una sala del alto tribunal no era renovado para el mismo cargo, pese a llevar 22 años en el Supremo -más que su sucesor, Luis Díez Picazo-. Se da la circunstancia, además, que Sieira impulsó sentencias la que supuso la anulación del indulto al conductor kamikaze.

Estos escritos de RIS, JpD y FJI fueron elevados ante el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, que depende del Consejo de Derechos Humanos. 

Uno de los cursos propuestos por RIS está centrado en la Memoria Histórica y responde a la preocupación expresada en un informe del relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, quien visitó España en julio de 2014. Dicho relator expresó que los programas de formación de jueces no incluían temas específicos de derechos humanos -en especial sobre las responsabilidades durante la Guerra Civil y la dictadura franquista- ni las obligaciones del Estado en materia de persecución penal de los delitos internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

FUENTE: publico.es

Julia Pérez

Madrid - 21/12/2015

 Vuelvan ahora sobre esta imagen:

Obsérvenla bien y díganme si no tiene una cierta similitud con esta otra escena de la película "Eyes Wide Shut" (última obra dirigida por Stanley Kubrick) cuando el Gran Maestre oficia ante sus acólitos:

¿A que sí?

CARLOS LESMES JUEGA SU BAZA

Lesmes aplaza publicar el concurso de jueces para que la Gürtel no acose al PP en campaña

Hace casi un mes que se resolvió el concurso de traslados. José de la Mata, ex alto cargo del PSOE, ganó la plaza que ocupa Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. De tomar posesión, desarrollaría su conocida hiperactividad instructora.

  

 Carlos Lesmes Serrano, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo

El Consejo General del Poder Judicial retrasa desde hace al menos tres semanas la publicación del macroconcurso de traslados de 364 plazas de jueces y magistrados, destinos a los que se acceden a partir de los mecanismos ordinarios de antigüedad y especialidad.

Fuentes internas del órgano constitucional destacan que el concurso está resuelto desde hace semanas, pero el resultado no se ha difundido ni se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.

A partir de la publicación de la lista de nuevos destinos, los afectados disponen de ocho días para tomar posesión de sus nuevas plazas, si viven en la misma ciudad, y de veinte días si tienen que desplazarse y hacer mudanza. 

José de la Mata Amaya

Las mismas fuentes explican que la dilación se debe a que se busca retrasar en lo posible que José de la Mata Amaya, magistrado, exdirector general del Gobierno del PSOE, tome posesión del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional. Es la plaza que habría ganado frente a otros 17 jueces, al ser el más antiguo del escalafón que se presentó para este cargo.

Este juzgado de la Audiencia Nacional está ocupado de forma interina por Pablo Ruz, quien entre otros asuntos ultima la instrucción del caso Gürtel, la trama de corrupción que creció al amparo del PP y que está relacionada con su caja B, la reforma con dinero negro de la sede del PP de Génova y los famosos papeles de Luis Bárcenas, extesorero popular.

De la Mata fue director general de Modernización con Francisco Caamaño, ministro socialista de Justicia, entre 2009 y 2011. Magistrado destinado en la Audiencia de Madrid, De la Mata es conocido por su gran actividad como juez, que algunos definen como “hiperactividad”.
  

Pablo Rafael Ruz Gutiérrez

Las mismas fuentes revelan que la dilación habría sido decidida por Carlos Lesmes, presidente del órgano constitucional. El retraso causa asombro entre los jueces: el documento no termina de publicarse siquiera en el área interna de la web del CGPJ, la extranet  a la que sólo tienen acceso los jueces en activo.

“El PP no termina de fiarse de De la Mata. Y existe el temor a que, tras tomar posesión, el magistrado se haga con las riendas del caso Gürtel y tome decisiones que afectan a los populares en plena campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas o en la precampaña de las generales”, revelan las mismas fuentes. 

La mayoría conservadora del CGPJ, liderada por Carlos Lesmes, decidió sacar a concurso las plazas que se ocupaban de forma interina en los juzgados, con la intención final de apartar a Pablo Ruz del juzgado central de instrucción 5, plaza que ocupa de forma interina desde el año 2010.
 

Fernando Grande-Marlaska Gómez

Grande-Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del CGPJ, fue la persona encargada de dar esta mala noticia a Pablo Ruz, quien previamente le había pedido apoyo para continuar en el puesto seis meses más, hasta culminar la instrucción del caso Gürtel.

Pero a Lesmes le ha salido mal la jugada ya que el magistrado al que se pidió sotto voce que se presentara para el puesto finalmente no se postuló. Y quien sí lo hizo fue José de la Mata, un candidato imbatible con sus 27 años de ejercicio profesional a sus espaldas. La sorpresa cundió en la sede del CGPJ al conocerse los nombres de los 18 candidatos finales.

Ruz sólo podrá permanecer en la Audiencia Nacional como juez de refuerzo, y siempre que lo solicite el juez que haya ganado.

Sede del Consejo General del Poder Judicial

FUENTE: publico.es

Julia Pérez - Madrid

25/02/2015

¡A LA CARGA!

Lesmes renueva su núcleo duro para controlar la Justicia

Ejerce un poder total a través de la comisión permanente. En el pleno de hoy se negará a cambiar a sus integrantes, en contra de las demandas de la minoría progresista y a pesar de que la ley contempla la rotación anual de sus miembros.

Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo

Si algo ha demostrado este año de ejercicio del poder por parte de Carlos Lesmes es un marcado presidencialismo al frente del Consejo General del Poder Judicial. Todo el control lo ejerce a través de la comisión permanente, a donde llegan los asuntos ‘cocinados’ por un comité de dirección cuyos integrantes son designados directamente por él.

Sólo cinco de los veinte vocales tienen dedicación exclusiva y sueldo correspondiente: son los integrantes de la Permanente. Los demás están obligados a compaginar sus trabajos con las funciones recortadas de este órgano, lo que les provoca numerosas dificultades para enterarse de lo que realmente ocurre dentro del CGPJ.

Salón de Plenos del CGPJ

El Pleno del CGPJ afronta este jueves una sesión polémica por esta causa. Seis vocales que conforman la minoría progresista demandan a Lesmes que renueve la comisión permanente, de tal manera que de entrada a nuevas voces diferentes a las que le han servido en este año para controlar la cúpula de los órganos de gobierno de la administración de justicia.

La minoría progresista reclama que cumpla con el espíritu de la ley que reformó el CGPJ y que, por cierto, fue elaborada por el propio Lesmes quien, a pesar de ejercer como magistrado, asesoró al Gobierno del PP para recortar las competencias de este órgano constitucional.

La norma proclama en su preámbulo que para permitir “una mayor pluralidad en la composición de la Comisión Permanente se prevé su renovación anual, estableciendo de este modo la posibilidad de que todos los Vocales, con excepción de los que integren la Comisión Disciplinaria, puedan llegar a formar parte de la misma”.

Ya en su articulado la ley introdujo la expresión “se procurará” la rotación anual de los integrantes de la Permanente (artículo 601.2).

Lesmes se niega a tal renovación: no quiere renunciar al control presidencial que ejerce a través de la Permanente. Cuenta con los votos seguros de los vocales nombrados a propuesta del PP -Juan Manuel Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán-, al igual que con la aquiescencia habitual del exdiputado socialista Álvaro Cuesta y de la magistrada Mar Cabrejas, nombrada esta última a iniciativa de Antonio Camacho, ex secretario de Estado de Interior socialista.

FUENTE: publico.es
Julia Pérez
28/01/2015