Mostrando entradas con la etiqueta Ministerio de Justicia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Ministerio de Justicia. Mostrar todas las entradas
23/4/17
JUSTICIA VS DEMOCRACIA
Por: Iñaki Gabilondo
Otro factor que ha reforzado la creencia de los ciudadanos sobre la falta de independencia de la Justicia española es el permanente debate sobre el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Un amplio sector de la judicatura está decidido a recuperar el control del nombramiento de los integrantes de su órgano de gobierno en detrimento del papel del Parlamento, depositario de la soberanía nacional.
El modelo español actual aprueba los estándares de independencia judicial de la Comisión Europea, que valora como un plus democrático la intervención de los ciudadanos en la elección del órgano de gobierno del Poder Judicial, tal y como ya ocurre con el Ejecutivo y el Legislativo. Pero los dos partidos por ahora mayoritarios, PP y PSOE, se han empecinado en subvertir el modelo parlamentario y convertir el CGPJ en depósito de fieles simpatizantes a los que se pagan servicios prestados.
Ese factor explica la percepción que tienen los ciudadanos, que han visto recrudecerse las protestas con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el actual Gobierno, que ha restado peso específico al Pleno del CGPJ frente a los crecientes poderes de su presidente. Este cambio ha contaminado a toda la institución, que en el debate público sobre la Justicia desempeña ya un papel irrelevante. El murmullo crítico de la judicatura evoluciona hacia el clamor, y no son pocos los jueces que hoy ven al consejo más como una dirección general del Ministerio de Justicia que como el órgano encargado de asegurar su independencia.
Miembros del CGPJ
¿Simple queja? No, problema serio. Tres asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y una organización defensora de los derechos y libertades civiles, Rights International Spain, han denunciado a la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Gabriela Knaul, la ‘difícil situación’ de la Justicia española, a la que presentan como víctima de los poderes Ejecutivo y Legislativo por su estrategia de ‘erosión’ del principio de separación de poderes en España y de “debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho para limitar la capacidad de nuestros tribunales para ejercer las funciones de control institucional”.
Gabriela Knaul
La denuncia, que insiste en que el actual modelo de CGPJ “supone un riesgo potencial para la independencia judicial”, reproduce un manifiesto que en su día fue firmado por unos 1.500 jueces y magistrados. Mientras la propia judicatura ponga en duda la independencia del Poder Judicial será imposible que los ciudadanos confíen en una administración de Justicia mal vista en Europa y denunciada ante la ONU, que parece manejar ritmos de trabajo arbitrarios en favor de los más poderosos. La sospecha de falta de independencia es una herida por la que se desangra la legitimidad del sistema judicial que debería ser cerrada cuanto antes.
FUENTE: http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki
Publicado por: Witness | 06/03/2017
Otro factor que ha reforzado la creencia de los ciudadanos sobre la falta de independencia de la Justicia española es el permanente debate sobre el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Un amplio sector de la judicatura está decidido a recuperar el control del nombramiento de los integrantes de su órgano de gobierno en detrimento del papel del Parlamento, depositario de la soberanía nacional.
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ
El modelo español actual aprueba los estándares de independencia judicial de la Comisión Europea, que valora como un plus democrático la intervención de los ciudadanos en la elección del órgano de gobierno del Poder Judicial, tal y como ya ocurre con el Ejecutivo y el Legislativo. Pero los dos partidos por ahora mayoritarios, PP y PSOE, se han empecinado en subvertir el modelo parlamentario y convertir el CGPJ en depósito de fieles simpatizantes a los que se pagan servicios prestados.
PPSOE
Ese factor explica la percepción que tienen los ciudadanos, que han visto recrudecerse las protestas con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el actual Gobierno, que ha restado peso específico al Pleno del CGPJ frente a los crecientes poderes de su presidente. Este cambio ha contaminado a toda la institución, que en el debate público sobre la Justicia desempeña ya un papel irrelevante. El murmullo crítico de la judicatura evoluciona hacia el clamor, y no son pocos los jueces que hoy ven al consejo más como una dirección general del Ministerio de Justicia que como el órgano encargado de asegurar su independencia.
¿Simple queja? No, problema serio. Tres asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y una organización defensora de los derechos y libertades civiles, Rights International Spain, han denunciado a la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Gabriela Knaul, la ‘difícil situación’ de la Justicia española, a la que presentan como víctima de los poderes Ejecutivo y Legislativo por su estrategia de ‘erosión’ del principio de separación de poderes en España y de “debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho para limitar la capacidad de nuestros tribunales para ejercer las funciones de control institucional”.
La denuncia, que insiste en que el actual modelo de CGPJ “supone un riesgo potencial para la independencia judicial”, reproduce un manifiesto que en su día fue firmado por unos 1.500 jueces y magistrados. Mientras la propia judicatura ponga en duda la independencia del Poder Judicial será imposible que los ciudadanos confíen en una administración de Justicia mal vista en Europa y denunciada ante la ONU, que parece manejar ritmos de trabajo arbitrarios en favor de los más poderosos. La sospecha de falta de independencia es una herida por la que se desangra la legitimidad del sistema judicial que debería ser cerrada cuanto antes.
FUENTE: http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki
Publicado por: Witness | 06/03/2017
24/2/15
512 MILLONES DE EUROS DESAPARECIDOS
¿Dónde están los 512 millones de euros recaudados con las tasas judiciales?
Consumidores reclaman al Gobierno que elimine las tasas judiciales que impuso Ruiz-Gallardón y aclare el destino del dinero recaudado.
Alberto Ruiz-Gallardón - Exministro español de Justicia
Ante la respuesta del Ejecutivo en el Parlamento sobre el desconocimiento del fin de los más de 512 millones de euros que la tasa ha generado, la asociación recuerda que la norma se aprobó para financiar la justicia gratuita
Facua-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que deje de anunciar revisiones de la ley y elimine de una vez las tasas judiciales que han establecido en España desde hace dos años una justicia para ricos y otra para pobres. Mariano Rajoy ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en una modificación del sistema de tasas que se incluirá a través de una enmienda en el Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita que está tramitándose en el Congreso.
La asociación recuerda que dicho impuesto, en vigor desde noviembre de 2012, ha limitado el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tienen los ciudadanos. FACUA reclama al Gobierno que deje de tomar medidas en contra de los intereses de los ciudadanos y derogue de una vez la ley.
Mariano Rajoy - Presidente del Gobierno español
Además, FACUA exige al Ministerio de Justicia que aclare el destino de los más de 512 millones de euros recaudados a través de la mencionada tasa, que tendrían que haber servido para financiar la justicia gratuita, tal y como en su día anunció el ministro impulsor de la ley, Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, el pasado 12 de febrero Justicia indicó que "el Ministerio no dispone de información al respecto" ante la pregunta del diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví en la Mesa del Congreso.
Esta ley vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal y como está recogida en el artículo 24 de la Constitución españolaMientras tanto, las comunidades autónomas que tienen cedidas las competencias relativas a la administración de justicia gratuita han indicado que no han recibido ninguna partida procedente de la tasa.
FACUA considera inaceptable que el Gobierno no aclare para qué se ha utilizado lo que se ha recaudado a través de una medida que lo que ha provocado es la imposibilidad de hecho para que muchos ciudadanos puedan acudir a la administración de justicia. A esto se une la falta de recursos materiales y personales en los juzgados, que hace que estén desbordados y con importantes carencias y retrasos, que dejan en evidencia que no han sido el destino de los fondos recaudados.
La asociación rechaza la respuesta del Ministerio, que indica que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico" y exige al ministro Rafael Catalá que explique para qué sirve entonces la recaudación a partir de una ley que se aprobó con la oposición de jueces, abogados, procuradores, fiscales y el resto del sector de la Justicia.
Desde finales de 2012 la ley obliga a los ciudadanos que presentan una denuncia a pagar una tasa fija dependiendo del litigio (y cuya cantidad aumenta en el caso de presentar un recurso en primera instancia o ante el Supremo) y otra tasa variable sobre el valor de lo reclamado hasta un máximo de 10.000 euros, salvo para las personas que tienen derecho a la justicia gratuita (determinado por un criterio de renta). Son obligatorias en el caso de demandas civiles y contencioso-administrativas.
Rafael Catalá - Actual ministro de Justicia español
Recuerda también FACUA que esta ley, recurrida en el Tribunal Constitucional por parte de numerosas comunidades autónomas, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal y como está recogida en el artículo 24 de la Constitución española. Esto es, impide el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia para defender sus legítimos intereses. La Audiencia Nacional ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad en el mismo sentido.
La asociación advierte que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y el Estado debe garantizarla en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.
FUENTE:
19 Febrero 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)