Otro factor que ha reforzado la creencia de los ciudadanos sobre la falta de independencia de la Justicia española es el permanente debate sobre el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Un amplio sector de la judicatura está decidido a recuperar el control del nombramiento de los integrantes de su órgano de gobierno en detrimento del papel del Parlamento, depositario de la soberanía nacional.
Carlos Lesmes, presidente del CGPJ
El modelo español actual aprueba los estándares de independencia judicial de la Comisión Europea, que valora como un plus democrático la intervención de los ciudadanos en la elección del órgano de gobierno del Poder Judicial, tal y como ya ocurre con el Ejecutivo y el Legislativo. Pero los dos partidos por ahora mayoritarios, PP y PSOE, se han empecinado en subvertir el modelo parlamentario y convertir el CGPJ en depósito de fieles simpatizantes a los que se pagan servicios prestados.
PPSOE
Ese factor explica la percepción que tienen los ciudadanos, que han visto recrudecerse las protestas con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el actual Gobierno, que ha restado peso específico al Pleno del CGPJ frente a los crecientes poderes de su presidente. Este cambio ha contaminado a toda la institución, que en el debate público sobre la Justicia desempeña ya un papel irrelevante. El murmullo crítico de la judicatura evoluciona hacia el clamor, y no son pocos los jueces que hoy ven al consejo más como una dirección general del Ministerio de Justicia que como el órgano encargado de asegurar su independencia.
¿Simple queja? No, problema serio. Tres asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) y una organización defensora de los derechos y libertades civiles, Rights International Spain, han denunciado a la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Gabriela Knaul, la ‘difícil situación’ de la Justicia española, a la que presentan como víctima de los poderes Ejecutivo y Legislativo por su estrategia de ‘erosión’ del principio de separación de poderes en España y de “debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho para limitar la capacidad de nuestros tribunales para ejercer las funciones de control institucional”.
La denuncia, que insiste en que el actual modelo de CGPJ “supone un riesgo potencial para la independencia judicial”, reproduce un manifiesto que en su día fue firmado por unos 1.500 jueces y magistrados. Mientras la propia judicatura ponga en duda la independencia del Poder Judicial será imposible que los ciudadanos confíen en una administración de Justicia mal vista en Europa y denunciada ante la ONU, que parece manejar ritmos de trabajo arbitrarios en favor de los más poderosos. La sospecha de falta de independencia es una herida por la que se desangra la legitimidad del sistema judicial que debería ser cerrada cuanto antes.
FUENTE: http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki
Publicado por: Witness | 06/03/2017
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