OPERACIÓN LEZO

Ignacio González: "Rajoy fue chantajeado con un audio y mandó a Bárcenas a taparlo"

Ignacio González afirma que un empresario confiesa en un audio el pago de mordidas al entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta. Cospedal supo del audio a finales de 2008, cinco años antes de que estallara el 'caso Bárcenas' Presuntamente, el presidente del Gobierno recurrió a Bárcenas para comprar el silencio del empresario.

Mariano Rajoy Brey, presidente de Gobierno de España

Los nombres de Mariano Rajoy y Alberto Ruiz Gallardón han aparecido en las investigaciones de la operación Lezo. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid encarcelado por este caso, asegura en una de las conversaciones grabadas que aparecen en la investigación que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue chantajeado con un audio en el que se reconocían los pagos en negro en el PP. 

Ignacio González afirma en la grabación que en el audio un empresario confesaba el pago de mordidas al entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta. González: “Le soltaron pasta por la puta cinta. Para taparlo”, según publica El Español.

Ignacio González

Presuntamente Rajoy recurrió a Luis Bárcenas para acabar con la amenaza pagando al empresario que poseía la grabación.

“Empiezo a pensar que fue bastante más listo. Le sacó una grabación a un empresario que tengo que hacer memoria de la empresa que era, diciendo que le daba pasta a Álvaro Lapuerta y no se si a Rajoy”, explica González. 

Álvaro Lapuerta

El expresidente de la Comunidad de Madrid relaciona con las presiones a Julio Ariza, cabeza del Grupo Intereconomía. En este sentido, el diario El Español informa de que la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el exministro del mismo departamento Federico Trillo conocieron la existencia del audio a finales 2008, cinco años antes de que saltara a la luz pública el 'caso Bárcenas' y los pagos en 'b' dentro del PP. Según esta información, fue el propio Ariza quien mostró a Cospedal y Trillo el audio. El dueño Intereconomía no ha desmentido el encuentro. 

María Dolores de Cospedal y Federico Trillo

González mantiene en la conversación que el audio también "se la ofrecieron al gobierno venezolano por diez millones de euros". González habla abiertamente de la "guerra" que mantiene con Rajoy y la cúpula del partido.

Pacto de silencio entre Gallardón y González

Alberto Ruiz-Gallardón

Paralelamente, la investigación  de la Audiencia Nacional contra el desvío de fondos públicos en el Canal de Isabel II apunta también a Alberto Ruiz-Gallardón, antiguo presidente de la Comunidad de Madrid. En 2001, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, acordó comprar la colombiana Inassa por parte del Canal por un valor muy superior al real, según eldiario.es.

"Presuntamente Alberto Ruiz Gallardón tuvo el control de la adquisición fraudulenta de Inassa y, de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González", afirman los fiscales de la  Operación Lezo.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó en noviembre al juez del caso que dictara un auto de dirección de procedimiento contra Ruiz-Gallardón que podría haber participado quince años antes. 

FUENTE: publico.es
12/05/2016

512 MILLONES DE EUROS DESAPARECIDOS

¿Dónde están los 512 millones de euros recaudados con las tasas judiciales?

Consumidores reclaman al Gobierno que elimine las tasas judiciales que impuso Ruiz-Gallardón y aclare el destino del dinero recaudado.

 

Alberto Ruiz-Gallardón - Exministro español de Justicia

Ante la respuesta del Ejecutivo en el Parlamento sobre el desconocimiento del fin de los más de 512 millones de euros que la tasa ha generado, la asociación recuerda que la norma se aprobó para financiar la justicia gratuita

Facua-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que deje de anunciar revisiones de la ley y elimine de una vez las tasas judiciales que han establecido en España desde hace dos años una justicia para ricos y otra para pobres. Mariano Rajoy ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en una modificación del sistema de tasas que se incluirá a través de una enmienda en el Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita que está tramitándose en el Congreso.

La asociación recuerda que dicho impuesto, en vigor desde noviembre de 2012, ha limitado el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tienen los ciudadanos. FACUA reclama al Gobierno que deje de tomar medidas en contra de los intereses de los ciudadanos y derogue de una vez la ley.

 Mariano Rajoy - Presidente del Gobierno español

Además, FACUA exige al Ministerio de Justicia que aclare el destino de los más de 512 millones de euros recaudados a través de la mencionada tasa, que tendrían que haber servido para financiar la justicia gratuita, tal y como en su día anunció el ministro impulsor de la ley, Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, el pasado 12 de febrero Justicia indicó que "el Ministerio no dispone de información al respecto" ante la pregunta del diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví en la Mesa del Congreso.

Esta ley vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal y como está recogida en el artículo 24 de la Constitución española

Mientras tanto, las comunidades autónomas que tienen cedidas las competencias relativas a la administración de justicia gratuita han indicado que no han recibido ninguna partida procedente de la tasa.

FACUA considera inaceptable que el Gobierno no aclare para qué se ha utilizado lo que se ha recaudado a través de una medida que lo que ha provocado es la imposibilidad de hecho para que muchos ciudadanos puedan acudir a la administración de justicia. A esto se une la falta de recursos materiales y personales en los juzgados, que hace que estén desbordados y con importantes carencias y retrasos, que dejan en evidencia que no han sido el destino de los fondos recaudados.

La asociación rechaza la respuesta del Ministerio, que indica que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico" y exige al ministro Rafael Catalá que explique para qué sirve entonces la recaudación a partir de una ley que se aprobó con la oposición de jueces, abogados, procuradores, fiscales y el resto del sector de la Justicia.

Desde finales de 2012 la ley obliga a los ciudadanos que presentan una denuncia a pagar una tasa fija dependiendo del litigio (y cuya cantidad aumenta en el caso de presentar un recurso en primera instancia o ante el Supremo) y otra tasa variable sobre el valor de lo reclamado hasta un máximo de 10.000 euros, salvo para las personas que tienen derecho a la justicia gratuita (determinado por un criterio de renta). Son obligatorias en el caso de demandas civiles y contencioso-administrativas.

Rafael Catalá - Actual ministro de Justicia español

Recuerda también FACUA que esta ley, recurrida en el Tribunal Constitucional por parte de numerosas comunidades autónomas, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal y como está recogida en el artículo 24 de la Constitución española. Esto es, impide el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia para defender sus legítimos intereses. La Audiencia Nacional ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad en el mismo sentido.

La asociación advierte que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y el Estado debe garantizarla en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

FUENTE: nuevatribuna.es
19 Febrero 2015