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23/10/18

LA BANCA PROTESTA Y EL SUPREMO RECULA

Tras la "corrección" del Alto Tribunal

Hipotecados lanzan una campaña masiva contra la “incomprensible” posición del Supremo

Protesta por las cláusulas suelo. (Imagen de archivo. ADICAE)
 Protesta por las cláusulas suelo. (Imagen de archivo. ADICAE)
“La banca lleva muchos años amedrentando y chantajeando a la sociedad civil, al Gobierno y a la justicia”
Manuel Pardo presidente de ADICAE
La reacción de las asociaciones de consumidores tras la “corrección” del Tribunal Supremo del fallo sobre el impuesto de las hipotecas no se ha hecho esperar y advierten de que pese “a la confusión generada”, continuarán con su hoja de ruta porque la sentencia “es firme” y “a día de hoy no ha sido revocada, anulada ni suspendida”.

De “sorprendente” y de “irresponsable” ha tachado ADICAE el último anuncio del Supremo. “La banca lleva muchos años amedrentando y chantajeando a la sociedad civil, al Gobierno y a la justicia”, ha declarado Manuel Pardos, presidente de la asociación.


Por ello, mantendrán su hoja de ruta lanzando una campaña a los millones de afectados por los gastos hipotecarios para informar a la ciudadanía de lo que califican como “engaños de la banca” que “tiene que abandonar toda esa inercia conservadora del siglo XIX", advierte Pardo.

Este sábado se celebran diferentes acciones en varias ciudades de España, representaciones, performances y acciones de reivindicación e información y, el próximo lunes, ADICAE convocará una gran asamblea de afectados que se concentrarán en más de 30 reuniones informativas simultáneas y conectadas por videoconferencia desde todas las Comunidades Autónomas.
"Esto es un escándalo y huele muy mal"
Rubén Sánchez, portavoz de FACUA

ADICAE recuerda que los afectados no tienen que demandar a Hacienda y que las hipotecas afectadas no son solo las que se hicieron a partir de 2014. Critican “los abusos sistemáticos de la banca” como el último de paralizar la concesión de hipotecas por parte de BBVA y Santander, y la “amenaza de subir los tipos de interés en un nuevo ejercicio de desfachatez y que exige una reacción conjunta por parte de toda la ciudadanía”, afirman, en lo que Manuel Pardo califica de "actitud cacique y usurera que solo busca ganar tiempo".

La asociación buscará una solución global a esta cuestión con la presentación de 60 demandas colectivas frente a 60 entidades diferentes. Hasta el momento son casi 20.000 los hipotecados que se han agrupado en la asociación para reclamar la devolución de las cantidades indebidamente pagadas por la cláusula, ya declarada abusiva, por la que la banca les trasladaba todos los gastos de formalización de hipotecas, incluido el impuesto.

"Actitud caciquil y usurera"

Manuel Pardo presidente de ADICAE
Por su parte, Facua Consumidores ha criticado “la incertidumbre que genera para los consumidores las declaraciones efectuadas por el presidente de la Sala Tercera del Supremo”, Luis María Díez-Picazo, al señalar que ha tomado esta decisión por tratarse de un "giro radical" en la jurisprudencia y habida cuenta de "su enorme repercusión económica y social".

La asociación recuerda que en 2013 el Supremo dijo que no se podía recuperar lo defraudado con la cláusula suelo por "riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico". Fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien finalmente dictó una resolución que protegía a los consumidores. Ahora, “el TS pretende hacer uso de un argumento similar al que fue rechazado por el tribunal europeo”. La asociación no entiende que apenas un día después se vuelva a plantear una cuestión que previamente había resuelto con una sentencia firme.

Tribunal de Justicia de la UE.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, ha afirmado que "esto es un escándalo y huele muy mal. El Supremo paraliza la sentencia que dice que los bancos tienen que pagar el impuesto de las hipotecas. ¿Hará ahora como en 2013, cuando decidió que no tenían que devolver lo defraudado con la cláusula suelo? ¿Tendremos que esperar a otro varapalo del TJUE?".

FUENTE: nuevatribuna.es
20/10/2018


Lo de la Justicia en este "pís" es para descojonarse.

¡La Banca protesta y el Supremo recula!

24/10/15

"TIMOCRACIA"

El portavoz de FACUA recoge las "300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo"

El periodista y activista, Rubén Sánchez, presenta su nuevo libro 'Timocracia' que pretende ofrecer a los consumidores "armas de contraataque" para acabar con la situación actual en la que "las autoridades han mirado hacia otro lado a medida que han aumentado los fraudes".
Rubén Sánchez / EFE

"Las corporaciones que están cometiendo más abusos están en sectores como la banca, la energía, las telecomunicaciones..." es lo que denuncia Rubén Sánchez, periodista y portavoz de FACUA. Presenta este miércoles su nuevo libro, Timocracia, “una guía de supervivencia por el oscuro mundo del fraude y una cura de desintoxicación para quienes viven narcotizados por las mentiras con las que nos manipulan gobiernos y corporaciones".

Según el autor, el espíritu del libro que verá la luz esta semana tiene la intención de ser un arma de contraataque para los consumidores hacia la ‘timocracia’ que define como una “situación inadmisible”. Para ello, hace un recorrido por las "300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores".
 
 

En declaraciones a Público, ha explicado cómo los abusos de las grandes corporaciones se permiten en nuestro país: “el control de los gobiernos es inversamente proporcional al tamaño de las corporaciones, es decir, cuanto más grande es una empresa, menos control gubernamental tiene y más fuerza tiene como lobby frente a ese gobierno para convencerle de que regule a la medida de sus intereses”. 

Las que más se aprovechan de los consumidores, asegura son la banca, las telefónicas y las eléctricas, aunque también ha señalado al sector de la automoción, destacado el reciente fraude “masivo e histórico” de Volkswagen que ha afectado a cientos de miles de consumidores en España y a millones a nivel mundial.


Además, Sánchez asegura que las autoridades han mirado hacia otro lado a medida que han aumentado los fraudes: “La desregulación, el recorte de obligaciones para las empresas y de los derechos para los consumidores ha venido aparejado de un aumento del índice de fraude de estas empresas” e insiste que, en algunas ocasiones, ha habido “una absoluta ausencia de controles desde el Gobierno central y desde las comunidades autónomas”.


El libro, que estará lleno de alusiones a películas, cómics de superhéroes y series de televisión, tomados como referencia por el autor para hacer más digerible el atracón de fraudes, ofrecerá una colección de armas para la defensa de los consumidores, entre las que Sánchez aboga por la movilización: "No podemos quedarnos de brazos cruzados", asegura. Defiende que las víctimas de estos fraudes tienen que tomar ejemplo de determinadas movilizaciones como el 15-M o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

El portavoz de FACUA informa de que en los próximos días anunciarán "una acción judicial contra una multinacional a la que podrán sumarse de forma gratuita cerca de 4 millones de afectados por uno de sus últimos grandes fraudes"

La obra, en castellano e inglés (bajo el título de Scamocracy), puede descargarse gratis y por entregas en la web Timocracia.com.

24/2/15

512 MILLONES DE EUROS DESAPARECIDOS

¿Dónde están los 512 millones de euros recaudados con las tasas judiciales?


Consumidores reclaman al Gobierno que elimine las tasas judiciales que impuso Ruiz-Gallardón y aclare el destino del dinero recaudado.

 
Alberto Ruiz-Gallardón - Exministro español de Justicia

Ante la respuesta del Ejecutivo en el Parlamento sobre el desconocimiento del fin de los más de 512 millones de euros que la tasa ha generado, la asociación recuerda que la norma se aprobó para financiar la justicia gratuita

Facua-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que deje de anunciar revisiones de la ley y elimine de una vez las tasas judiciales que han establecido en España desde hace dos años una justicia para ricos y otra para pobres. Mariano Rajoy ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en una modificación del sistema de tasas que se incluirá a través de una enmienda en el Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita que está tramitándose en el Congreso.

La asociación recuerda que dicho impuesto, en vigor desde noviembre de 2012, ha limitado el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tienen los ciudadanos. FACUA reclama al Gobierno que deje de tomar medidas en contra de los intereses de los ciudadanos y derogue de una vez la ley.

 Mariano Rajoy - Presidente del Gobierno español

Además, FACUA exige al Ministerio de Justicia que aclare el destino de los más de 512 millones de euros recaudados a través de la mencionada tasa, que tendrían que haber servido para financiar la justicia gratuita, tal y como en su día anunció el ministro impulsor de la ley, Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, el pasado 12 de febrero Justicia indicó que "el Ministerio no dispone de información al respecto" ante la pregunta del diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví en la Mesa del Congreso.
Esta ley vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal y como está recogida en el artículo 24 de la Constitución española
Mientras tanto, las comunidades autónomas que tienen cedidas las competencias relativas a la administración de justicia gratuita han indicado que no han recibido ninguna partida procedente de la tasa.


FACUA considera inaceptable que el Gobierno no aclare para qué se ha utilizado lo que se ha recaudado a través de una medida que lo que ha provocado es la imposibilidad de hecho para que muchos ciudadanos puedan acudir a la administración de justicia. A esto se une la falta de recursos materiales y personales en los juzgados, que hace que estén desbordados y con importantes carencias y retrasos, que dejan en evidencia que no han sido el destino de los fondos recaudados.

La asociación rechaza la respuesta del Ministerio, que indica que "no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico" y exige al ministro Rafael Catalá que explique para qué sirve entonces la recaudación a partir de una ley que se aprobó con la oposición de jueces, abogados, procuradores, fiscales y el resto del sector de la Justicia.

Desde finales de 2012 la ley obliga a los ciudadanos que presentan una denuncia a pagar una tasa fija dependiendo del litigio (y cuya cantidad aumenta en el caso de presentar un recurso en primera instancia o ante el Supremo) y otra tasa variable sobre el valor de lo reclamado hasta un máximo de 10.000 euros, salvo para las personas que tienen derecho a la justicia gratuita (determinado por un criterio de renta). Son obligatorias en el caso de demandas civiles y contencioso-administrativas.

Rafael Catalá - Actual ministro de Justicia español

Recuerda también FACUA que esta ley, recurrida en el Tribunal Constitucional por parte de numerosas comunidades autónomas, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, tal y como está recogida en el artículo 24 de la Constitución española. Esto es, impide el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia para defender sus legítimos intereses. La Audiencia Nacional ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad en el mismo sentido.

La asociación advierte que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y el Estado debe garantizarla en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.

FUENTE:
19 Febrero 2015