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15/7/17

LA CUESTIÓN DE LA X

X solidaria en la declaración de la renta: ¿sí o no?


¿Fines sociales, Iglesia, ambas o nada? Estas son las cuatro opciones que se nos plantean en la declaración de la renta cuando llegamos al último punto de asignación tributaria del IRPF. Las opciones son fáciles, pero a partir de ahí el lugar al que va a parar el dinero de los contribuyentes siempre genera algunas dudas y polémicas.

Las casillas


A fines sociales. Si se marca la casilla llamada de Actividades de Interés General consideradas de Interés Social, más comunmente conocida como de fines sociales o la 'X solidaria', cada contribuyente decide destinar el 0,7% de la cuota íntegra (es decir antes de aplicar las retenciones y las deducciones) a ONG y entidades sociales para sufragar proyectos de acción social. 

El dinero lo distribuye el Estado a través de una convocatoria pública de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF. "El 79,14% del total de los fondos recaudados se destinan a proyectos de acción social y la convocatoria la establece el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 19,43% son para proyectos de cooperación en países en desarrollo a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y el 1,43% a proyectos de medio ambiente a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente", explica Juan Lara, presidente de la Plataforma ONG de Acción Social.


En el caso de las partidas de acción social, prosigue, los proyectos que presentan a esa convocatoria de ayudas "están agrupados por familias de actividad: Infancia y familia, exclusión social y, en los últimos años con la crisis, a proyectos de urgencia social".

A la Iglesia. El procedimiento es igual pero al marcar la casilla de la Iglesia ese montante va directamente a sus arcas, "a su sostenimiento económico", recoge la normativa, y la propia Iglesia es la que decide en qué lo utiliza.


La diferencia estriba, explica Lara, en que "el dinero que sale la X solidaria se utiliza única y exclusivamente para proyectos concretos de acción social, no para financiar la estructura de las ONG, mientras que el de la Iglesia sí se utiliza para financiar su estructura". Además, destaca que "los ciudadanos pueden tener la seguridad de que sus fondos están magníficamente administrados no sólo por el régimen de buenas prácticas y transparencia que rigen las ONG, sino porque estas ayudas también están sujetas a la supervisión del ministerio, la intervención general del Estado y, en algún caso, hasta por el Tribunal de Cuentas".

Ambas. Las ONG se quejan de que es una opción desconocida para la mayoría de ciudadanos y que descarta cualquier rivalidad absurda con la Iglesia. La realidad es que cualquier contribuyente puede marcar la casilla de fines sociales y la de la Iglesia, y así su aportación se doblará. Es decir, destinará un total de un 1,4%: 0,7% para proyectos de acción social y 0,7% para la Iglesia.


Ninguna. Ese 0,7% pasa al Estado directamente integrando los Presupuestos Generales del Estado "con destino a fines sociales". "No hay una asignación concreta. No se conoce dónde va ese dinero. Queda para los fines generales del Estado", matiza Lara.

Las críticas


 La Iglesia gana marcando cualquiera de las dos casillas. "Hay más de 40 organizaciones dependientes o relacionadas con la Iglesia" que se benefician de la asignación tributaria por fines sociales, afirma Lara a eldiario.es. Desde Cáritas hasta Mensajeros por la Paz, Manos Unidas o la Fundación Juan Ciudad, ejemplifica. De hecho, y a falta del listado de organizaciones con subvención otorgada, en la pasada campaña de la renta fueron en concreto 42 ONG católicas que gestionaron 52 millones de euros, el 25% del total del dinero de la casilla solidaria.

Por tanto, es cierto que sin necesidad de marcar la casilla de la Iglesia sus organizaciones reciben dinero para para proyectos concretos de acción social. Quizás uno de los casos sobre los que más se ha puesto el foco históricamente ha sido Cáritas, que recibe dinero por ambos lados (casillas) para sus proyectos.


La elección de las ONG.  "Puedo asegurar que se hace con absoluta limpieza y transparencia", afirma sobre el concurso público para las asignaciones tributarias del IRPF y la posibilidad de que las organizaciones más afines a un Gobierno puedan salir beneficiadas. El presidente de la Plataforma de ONG Acción Social garantiza la rigurosidad del proceso, los requisitos para acceder a las ayudas y el ajuste de las cifras para cada proyecto así como la supervisión posterior. "Esas críticas no tienen fundamento. Si ha existido en algún momento, no es ni la milésima parte", dice tajante.

Dejación de funciones del Estado. Los proyectos de acción social no tienen una partida en los Presupuestos Generales del Estado. Es cierto que muchas administraciones regionales y locales también cooperan en proyectos determinados pero "en acción social no hay consignación en el presupuesto. La única partida en los PGE son para cooperación internacional", explica Lara. Por eso, la crítica más extendida es que los PGE deberían recoger una partida destinada a fines sociales para no depender de la solidaridad de los contribuyentes y más en la actual coyuntura económica.


"No habría que marcar ninguna X sino que directamente el estado debería retirar como mínimo un 1% para nutrir estas partidas, pero desgraciadamente no es así y estamos muy lejos de que lo sea", matiza Lara.

FUENTE: eldiario.es
Prado Campos


La Iglesia debe financiarse solo con las aportaciones de sus fieles. Lo manda la lógica, la razón y la justicia social.





"Ni un céntimo para el clero; 
menos pa' la monarquía"

23/5/16

NO TE DEJES ENGAÑAR

Ni a la Iglesia ni a fines sociales

Ante la nueva campaña de declaración de la renta, Europa Laica (www.europalaica.com), el Observatorio de la Laicidad (www.laicismo.org) y otras organizaciones laicistas consideramos que, desde una óptica no confesional, de convivencia democrática y de justicia social, los contribuyentes no debemos marcar la casilla de “asignación tributaria a la iglesia católica”, ni la destinada a “fines sociales”, ya que de hacerlo se está participando en una presunta malversación de fondos públicos, ya que ese dinero se detrae de la recaudación de todos los contribuyentes, lo deseen o no.


Si no marcas ninguna de las casillas de la asignación (o marcas la que indica "a ninguna", tus impuestos pasan a la Hacienda Pública en su totalidad para atender las inversiones públicas, los gastos sociales previstos en los Presupuestos...

Motivos para no marcar las casillas de asignación tributaria.

1.-Supone una discriminación para los contribuyentes.


Quienes marcan estas casillas reducen su aportación a los gastos públicos en un 0,7%, conculcando el artículo 31 de la Constitución española que señala que debemos contribuir a los gastos públicos en condiciones de igualdad. Además tienen el privilegio de decidir que el Estado dedique el 0,7% de sus impuestos a atender los gastos de la iglesia católica. Lo que atenta contra el artículo 14 de la Constitución española, que impide la discriminación.

2.-Implica un perjuicio de lo público (lo que es de todos) para beneficiar lo privado (que es sólo de una parte), lo que podría suponer una presunta malversación de fondos públicos. 


Se detraen recursos (252 millones de euros en 2009) de la financiación de necesidades públicas (escuelas, hospitales, servicios sociales, infraestructuras, medio ambiente, promoción del empleo, etc.), para destinarlos a lo que sólo beneficia a una parte: la Iglesia católica, para el sustento del culto y el clero, así como para mantener diócesis, seminarios, asambleas, congresos, realizar manifestaciones políticas partidarias, lanzar enormes y costosas campañas de propaganda destinada a la represión sexual, a la discriminación y segregación en razón del género, en contra de la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, a la libre elección de la orientación sexual, los avances científicos para mejorar las condiciones de vida y de salud, la eutanasia y la muerte digna, etc. 

Además la iglesia católica cuenta con otras fuentes de financiación directa o de exenciones, que elevan la aportación del Estado a unos 7.000 millones de euros, sin contar con diversas dádivas de CCAA, municipios, provincias,... cuya cuantía total asciende a varios miles de millones más, detraídos de todos los ciudadanos, para beneficio de una creencia concreta, que no toda la ciudadanía comparte.

3.-Por discriminar a otras creencias distintas de la católica.



La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la religión católica. Se conculca así el principio de no discriminación por razón de creencias regulado en el artículo 14 de nuestra Constitución.

En todo caso, rechazamos la existencia de casillas, por lo que rechazaríamos también cualquier otra nueva casilla, exigiendo su anulación, ya que el culto y clero de las distintas religiones las han de financiar sus fieles de forma directa.


El Estado no se debe convertir en recaudador y más en este caso que se detrae del conjunto de la ciudadanía.

Motivos para no marcar la casilla de asignación tributaria destinada a fines sociales.

1.-Porque el origen de su existencia está basado en un ENGAÑO:


La causa y origen de su existencia no fue otra que servir de gran coartada para introducir y tratar de perpetuar la casilla de la Iglesia católica en el IRPF.

2.-Porque desvirtúa el deber público de atención a los fines de interés social


Los fines sociales que puedan cubrir las ONG son de tal importancia que deben ser definidos por el Parlamento y, en definitiva, formar parte de la política de Estado. Por ello, la financiación de estos fines no puede depender:

A- De la decisión del contribuyente, ni de los vaivenes de la recaudación del IRPF,en lugar de ser el resultado del debate presupuestario, en función del interés general y de la voluntad popular representada en el Parlamento. 

B- De la discrecionalidad o arbitrariedad de la Administración en la distribución de los fondos recaudados, al sustraerse al debate y control parlamentario. Actualmente estos fondos quedan al margen de los procedimientos que garantizan la objetividad y equidad en su concesión.

3.- Porque el Estado incumple su labor de garante de la libertad de conciencia:


Una cuantiosa parte (aproximadamente un 40%) de la asignación para “fines sociales” se entrega a organizaciones y fundaciones católicas, muchas de las cuales, aparte del fin social que puedan desarrollar, lo utilizan básicamente como vehículo de proselitismo y propaganda confesional católica. En ocasiones, para tratar de deslegitimar leyes aprobadas por el Parlamento. De ahí que la jerarquía católica anime a señalar las dos casillas: ¡Ya que saca beneficio de ambas! 

Además, estas organizaciones católicas se rigen por el derecho canónico y normas internas y no por las leyes generales a las que sí están obligadas el resto de asociaciones y entidades, por lo que, generalmente, carecen de democracia interna, discriminan a las mujeres, etc. 

4.- Porque trata discriminadamente a las ONG y a los contribuyentes: 


En el caso de la Iglesia católica SI se puede elegir la casilla, pero en la de “fines de interés social” NO se puede elegir a qué ONG desea designar su financiación y apoyo.

FUENTE:
europalaica.com
laicismo.org


¿Se han preguntado el por qué del empeño de la Iglesia en que los contribuyentes marquen las dos casillas de la asignación tributaria?

Pues muy fácil: porque se beneficia de ambas, ya que, la mayoría de las ONG están bajo la tutela de la Iglesia Católica. Pero para eso estamos los laicos, para obligarlos a que paguen sus creencias de sus propios bolsilllos, no de los ajenos.

¡Ah! Y eso de que "a ti no te cuesta nada" es falso. Sí que nos cuesta, ya que, se detrae de lo que el estado debería gestionar en beneficio de todos.
 


¡No es cierto!... ¡Sí que te cuesta!

¡¡¡NO TE DEJES ENGAÑAR!!!
 

23/12/15

LESMES VETA

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, veta a los expertos de la ONG de derechos civiles RIS en los cursos de formación de los jueces

Rights Internacional Spain ha sido excluida por el CGPJ de los cursos sobre derechos humanos y memoria histórica. Esta organización denunció recientemente la falta de independencia judicial en España ante la ONU y la Comisión Europea, junto con Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.
El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, rodeado de la sala de Gobierno del alto tribunal.
EUROPA PRESS

No podrá existir participación de persona o entidad alguna que tenga vinculación, directa o indirecta, con la organización Rights International Spain", sostiene textualmente el acuerdo de la Comisión Permanente del órgano constitucional adoptado el pasado 3 de diciembre, en el que aprueba tres cursos de formación propuestos por RIS y donde participan otras ONG como Amnistía Internacional, Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) o Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

La decisión de la Permanente no está motivada, a diferencia de otros acuerdos adoptados el mismo día.

Los cursos impulsados por RIS y donde ha sido vetada son tres: “La protección y promoción de los derechos humanos a la luz de los principios y directrices de Naciones Unidas; “La memoria histórica en el marco del Derecho Internacional” y “El derecho a la traducción e interpretación en los procesos penales tras la reforma de la LECr para adaptarla a la Directiva 2010/64/UE”, basado este último en un manual de formación elaborado por la ONG dentro de la red europea de justicia. 



Fuentes del órgano constitucional sostienen que el veto habría partido del propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, quien está molesto con las denuncias que RIS ha interpuesto ante Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Europea por los ataques a la independencia judicial y el sistema de nombramientos de la cúpula judicial.

Se da la circunstancia de que los expertos de RIS han participado en el pasado en similares cursos, como en 2011. Estos seminarios son organizados por el área de Formación Continua de la Escuela Judicial, dependiente del CGPJ. Por su parte, RIS tiene como misión en sus estatutos la formación de juristas.

Fue la propia ONG RIS la que presentó en mayo pasado al Consejo su propuesta de cursos para impartir en la Escuela Judicial, en solitario y en colaboración con otras ONG, que no han sido vetadas.



Los expertos en derechos humanos internacionales que tienen prohibido formar a jueces por decisión del CGPJ son los directores de los cursos aprobados Lydia Vicente, abogada y directora de RIS; Patricia Goicoechea, directora adjunta de la ONG y miembro de la Comisión Legal Sol, así como Javier Chinchón, doctor en derecho y profesor de derecho internacional público de la Universidad Complutense.

RIS y las asociaciones Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han pedido la intervención de estos organismos internacionales por las "graves injerencias" del Gobierno del PP en la independencia judicial, la falta de recursos y la presión contra jueces ejercida por el poder político.

Así, denunciaban la generalización de las tasas judiciales, la limitación de la justicia gratuita, la ley de seguridad ciudadana o la reforma del Código Penal. También han llevado ante la UE y la ONU la reforma del propio CGPJ, que limita sus competencias, y cuyo autor fue el propio Lesmes.


Carlos Lesmes, conocido popularmente com "El Zar del Poder Judicial"

Estas tres organizaciones denunciaron además ante la ONU la difícil situación de España en materia de nombramientos de altos cargos judiciales que realiza el CGPJ. Así, han llevado ante la ONU el cese de José Manuel Sieira como presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, después de conocer las presiones ejercidas por Lesmes y su equipo sobre vocales del órgano de gobierno.

Por primera vez en la historia, el presidente una sala del alto tribunal no era renovado para el mismo cargo, pese a llevar 22 años en el Supremo -más que su sucesor, Luis Díez Picazo-. Se da la circunstancia, además, que Sieira impulsó sentencias la que supuso la anulación del indulto al conductor kamikaze.

Estos escritos de RIS, JpD y FJI fueron elevados ante el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, que depende del Consejo de Derechos Humanos. 



Uno de los cursos propuestos por RIS está centrado en la Memoria Histórica y responde a la preocupación expresada en un informe del relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, quien visitó España en julio de 2014. Dicho relator expresó que los programas de formación de jueces no incluían temas específicos de derechos humanos -en especial sobre las responsabilidades durante la Guerra Civil y la dictadura franquista- ni las obligaciones del Estado en materia de persecución penal de los delitos internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

FUENTE: publico.es
Madrid - 21/12/2015

 Vuelvan ahora sobre esta imagen:

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes./ EUROPA PRESS

Obsérvenla bien y díganme si no tiene una cierta similitud con esta otra escena de la película "Eyes Wide Shut" (última obra dirigida por Stanley Kubrick) cuando el Gran Maestre oficia ante sus acólitos:


¿A que sí?