Fernando Luego
Las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía han sido ampliamente postergadas por el gobierno actual (y también por los precedentes). La irrupción de Podemos en las instituciones cambiará las cosas. Frente a las pretensiones de las élites y las oligarquías, la política económica que llevaremos a cabo atenderá las demandas de la mayoría social, especialmente las de aquellos grupos que se encuentran en posición más vulnerable o que han padecido discriminación. Alcanzar mayores niveles de equidad ha constituido desde su nacimiento una de las señas de identidad más reconocibles del compromiso y del proyecto político de Podemos.
Consideramos necesario detener y corregir la fractura social actual, porque no queremos ser cómplices de la inmoralidad que comporta esta injusta situación y porque democracia y exclusión son, finalmente, términos antagónicos, pero también porque la desigualdad está en el origen más profundo de la crisis económica y porque un país que avanza por la senda de la equidad es social y económicamente más eficiente, y menos vulnerable.
Actuamos con el convencimiento de que vivimos una situación de emergencia productiva, social, ocupacional y ecológica, que obliga a integrar en la acción política lo urgente y lo necesario. De ahí la lógica de presentar un plan de rescate ciudadano y un programa más amplio a desarrollar a lo largo de la legislatura. Uno y otro colocarán los cimientos de una economía renovada y moderna, social, y materialmente sostenible. Nuestro programa presta una atención prioritaria a toda la problemática asociada a la economía de los cuidados. Por un lado, la configuración de la pirámide poblacional revela el inevitable envejecimiento de una población que tiene una mayor esperanza de vida y que, fuera de los circuitos productivos, necesita que la sociedad comprometa los recursos necesarios para llevar una existencia digna.
Muy relacionado con este debate, aunque también lo trasciende, se encuentra el papel de las mujeres en los trabajos reproductivos y asistenciales. Su incorporación a todos los niveles educativos y su inserción en el mercado laboral cuestiona de raíz la división sexual del trabajo y su papel como ejército de reserva. Esta situación exige un cambio igualitario en el reparto de las tareas reproductivas entre mujeres y hombres.
Asimismo, pone en primer plano la necesidad de que se ofrezcan servicios desde el ámbito público, lo que obliga a que las administraciones asuman una parte de esas tareas, y se regulen de forma justa los derechos laborales de los asalariados que prestan esos servicios.
Situamos la creación de empleo en el eje central de la política económica. Con esa perspectiva, tomaremos medidas a corto plazo encaminadas a reactivar la economía, y, en paralelo, actuaremos en la esfera de la oferta productiva, procediendo a una profunda transformación de la misma.
La estrategia ocupacional de Podemos tendrá muy en cuenta que la democracia, dentro y fuera de los centros de trabajo, es un instrumento esencial de la política económica, para la generación de puestos de trabajo y para asegurar una distribución equitativa de las ganancias de productividad entre salarios y beneficios.
Estamos comprometidos con la creación de riqueza y empleo al servicio de la mayoría social. Alcanzar este objetivo pasa por emprender una acción política en clave distributiva. En la lógica capitalista, de manera muy acentuada en los últimos años, la distribución también ha ocupado una indudable relevancia, la que imponen los mercados y las grandes corporaciones. De modo que defendemos “otra” distribución, que apunta justo en el sentido contrario, sin la cual es imposible lanzar otra política económica para salir de la crisis.
Redistribuir renta y riqueza es necesario para encontrar los recursos que necesita una ambiciosa política ocupacional; redistribuir es asimismo necesario para dotar de legitimidad y credibilidad nuestro proyecto político; la lógica del reparto ayuda en fin a que se abra camino el mensaje de la solidaridad, del esfuerzo mancomunado y de la sostenibilidad.
En una política económica al servicio de la mayoría social, las instituciones y las políticas públicas deberán desempeñar un papel nuclear; eso sí, dotadas de una nueva legitimidad, que en buena medida han perdido, fruto de los innumerables episodios de corrupción y del despotismo con el que las elites ejercen el poder y despachan las necesidades de la ciudadanía. Porque la intervención estatal (de un estado renovado) forma parte de la solución, será necesario comprometer y movilizar recursos públicos, al tiempo que se garantizan los intereses y los derechos de la mayoría social. En este contexto de intenso activismo estatal y ciudadano, la iniciativa privada puede y debe jugar un papel destacado. Una sinergia público-privada, en definitiva, para debilitar los privilegios y reducir los espacios de las grandes empresas y la oligarquía.
FUENTE: publico.es
EconoNuestra
Fernando Luengo
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