31/10/14
EL LODAZAL DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA
El rodillo del PP veta el pleno monográfico sobre corrupción
La propuesta del PSOE e IU, apoyada por el resto de partidos de la oposición, cae en saco roto pese a los últimos escándalos que salpican al partido en el Gobierno
Al PP le basta con las testimoniales disculpas de Rajoy en el Senado y el acalorado cara a cara entre el presidente y Pedro Sánchez ayer en el Congreso para dar por zanjadas todas las explicaciones sobre la corrupción, pese a los últimos escándalos que vuelven a salpicar directamente al partido en el Gobierno. Las tarjetas 'black' de Rodrigo Rato, la imputación de Ángel Acebes por usar la caja B del partido para comprar acciones de Libertad Digital, la detención de Francisco Granados en la macroperación Púnica... Ninguna de esas causas se verán sometidas al debate en el Congreso de los Diputados.
El PP ha rechazado este viernes en la Junta de Portavoces del Congreso la convocatoria de un pleno extraordinario de la Cámara Baja, solicitado por el PSOE e IU y apoyado por todos los grupos de la oposición, en el que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, diera explicaciones sobre los últimos casos de corrupción.
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A la salida de la reunión, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, ha justificado su rechazo en que ayer ya se celebró un debate sobre la corrupción en el Congreso y en que no desea más debates "destructivos" como ése, sino en "positivo", como los que se plantearán en el mes de noviembre con reformas legislativas y medidas de regeneración democrática.
"No vamos a dar más espacio para el enfrentamiento ni para un espectáculo del que el señor Sánchez no puede sentirse orgulloso", ha dicho Alonso, tras subrayar que "este mes habrá debates importantes" sobre las propuestas que el PP llevará a la cámara y que espera "acordar" con el resto de grupos, "aunque con el PSOE no haya sido posible".
El portavoz socialista Antonio Hernando ha replicado que para combatir la corrupción hay que dar "tres pasos": dar explicaciones, asumir responsabilidades y poner medidas encima de la mesa, y ha criticado que Rajoy pretenda "saltarse los dos primeros pasos e ir directamente al tercero".
Hernando, que ha apuntado que el PSOE seguirá insistiendo en pedir la comparecencia de Rajoy, ha hecho hincapié en que la sociedad está "indignada" y "harta", y se ha mostrado convencido de que el PP se está "despeñando" y de que sus medidas no tendrán "ninguna credibilidad" si antes no asume responsabilidades.
José Luis Centella
En nombre de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha dicho sentir "vergüenza" y "estupor" por la decisión del PP, convencido de que "en mes y medio o dos meses" el presidente Rajoy terminará compareciendo en el parlamento. "Ya lo hizo a rastras en agosto del año pasado y lo hará también con este tema, con la diferencia de que el mes y medio o dos meses que tarde va a ser un periodo de anormalidad parlamentaria", ha advertido, tras acusar al PP de querer "tapar" la corrupción: "Quien teme es que algo debe y, en este caso, el PP debe temer mucho y deber mucho más", ha afirmado.
Aitor Esteban (PNV) ha sostenido que "hubiera sido bueno" un pleno monográfico con la comparecencia de Rajoy, ya que, a su juicio, lo que ayer vivió el Congreso fue una sesión en la que "algunos grupos se enzarzaron en acusaciones mutuas, pero no se entró a hablar sobre el problema y sobre cómo atajarlo", ni se dio "explicación alguna sobre asuntos que importan mucho a la ciudadanía".
Por su parte, el portavoz de ERC, Alfred Bosch, ha anunciado que, a la vista de la decisión del PP, va a promover la propuesta, junto a otros grupos de la oposición, de una comisión de investigación sobre todos los casos de corrupción destapados a partir de la fecha que acuerden entre ellos, a modo de "causa general".
A DIOS ROGANDO Y LOS BIENES EXPOLIANDO
Izquierda Unida (IU) promueve un recurso para frenar el "expolio" de los bienes públicos por parte de la Iglesia.
El Gobierno usa la protección de datos para ocultar los inmuebles que adquirió la Iglesia desde 1998
Protesta contra la "apropiación", por parte de la Iglesia, de edificios públicos, frente al Arzobispado de Pamplona. AGENCIA EFE
El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA) promoverá la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley que permite la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica, la cual considera un "expolio". Se refieren, concretamente, al artículo 206 de la Ley Hipotecaria, cuya reforma está actualmente en tramitación aunque no corrige ese tratamiento para la Iglesia, que mantiene su equiparación con el Estado a la hora de inmatricular bienes, es decir, inscribir a su nombre inmuebles que en realidad son patrimonio del Estado.
Según ha explicado a Público el portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, IU tratará de buscar apoyos en todos los grupos hasta reunir los 50 diputados necesarios para impulsar este recurso de inconstitucionalidad, al entender que se trata de una "situación escandalosa" que se remonta a 1946, cuando el régimen de Franco redactó la ley que aún hoy sigue en vigor. Pero fue a partir del reforma de 1998 cuando se pudo empezar a registrar la propiedad de unos bienes que hasta ese momento no podía reclamar nadie.
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Mezquita de Córdoba (vista aérea)
La decisión la han tomado después de que, este jueves, el coordinador general de IU, Cayo Lara, recibiera a los representantes de las plataformas "Mezquita-catedral de Córdoba. Patrimonio de todos" y "Defensa del Patrimonio navarro", que también se ha reunido con el PSOE para pedir este mismo recurso de inconstitucionalidad.
Mezquita de Córdoba (vista interior)
Denuncian que desde 1998 y hasta 2007 la Iglesia matriculó 1.087 bienes público"No se trata de una cuestión religiosa, sino constitucional. La Iglesia forma parte de otro Estado, el Vaticano, y es responsabilidad del Gobierno español defender sus propios bienes. Cualquier país del mundo pelearía con uñas y diente por defender su patrimonio", explica Centella.
30/10/14
OPERACIÓN "PÚNICA"
El juez envía a prisión al alcalde de Parla y a otros tres imputados
La medida es eludible bajo fianza. Otros seis interrogados salen en libertad
Eloy Velasco Núñez
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco califica la red desarticulada en la Operación Púnica como una “trama organizada con perduración temporal y reparto de roles” que logró obtener de manera irregular la adjudicación de “numerosos” contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones euros. Así consta en un auto dictado anoche por el magistrado, en el que ordena el ingreso en prisión bajo fianza de cuatro de los 12 detenidos en la redada que comparecieron ayer, entre ellos los alcaldes de las localidades madrileñas de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla (PSOE), José María Fraile.
En el auto —resolución razonada— emitido a las 22.30 del 28/10/2014, el instructor considera que “el origen de los fondos” descubiertos en cuentas de bancos suizos a nombre de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid, y su esposa, Nieves Alarcón, y de su socio David Marjaliza y la mujer de este “pueden proceder de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística la contratación administrativa”.
Cuadro de detenidos en la operación policial:
El magistrado afirma en su resolución que la investigación, iniciada en febrero de 2014, ha confirmado “la existencia de nuevas cuentas en Suiza”. En ellas “constan numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas, transferencias internacionales de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares”. Y añade: “Las investigaciones realizadas han permitido cerrar el círculo de operativa de blanqueo, en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación”.
El magistrado asume que Granados, con su “trama organizada” de “relaciones personales e influencias políticas”, consiguió la adjudicación irregular de contratos públicos en su beneficio. “En diversos Ayuntamientos se han instrumentado procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de los investigados”. La red de Granados influía “a lo largo de todo el expediente de contratación (...) desde su preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y la adjudicación”.
Francisco Granados
Velasco destaca que en algunos casos dichos contratos “han alcanzado los 100 millones de euros”. Según el magistrado, los alcaldes imputados “se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo”.
La sesión de interrogatorios de ayer, que se inició sobre las doce de la mañana (con tres horas de retraso sobre el horario previsto) y se prolongó más allá de las 22.00, estuvo centrada en imputados que no pertenecían al núcleo duro de la trama corrupta, pero cuyas gestiones fueron claves para que los principales encausados —Granados y el constructor David Marjaliza, amigo de juventud de este— amasaran una fortuna gracias al amaño de contratos públicos.
José María Fraile
En el caso del regidor de Parla, el socialista Fraile, que ayer durmió en prisión, el juez ve indicios de que cobró una comisión por adjudicar a Cofely un contrato de eficiencia energética de 54 millones. El dinero de la supuesta mordida se camufló en una empresa auditora vinculada al conseguidor Marjaliza.
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David Marjaliza
Gonzalo Cubas, alcalde del PP de Torrejón de Velasco y también encarcelado, permitió que su cuñado David Marjaliza influyera en su municipio “hasta el punto de que el alcalde sigue sus instrucciones sobre cuándo y a quién facturar”.
Gonzalo Cubas
Tras una larga jornada de interrogatorios, el magistrado acordó también libertad bajo fianza de 40.000 y 20.000 euros respectivamente para Agustín Juárez, alcalde popular de Collado Villalba y Avelino Pérez, cargo de confianza de IU del Ayuntamiento de Parla. Estos dos imputados disponen de diez días para depositar la garantía y eludir la cárcel.
Para los otros seis imputados que declararon ayer, el magistrado decretó libertad sin medidas cautelares, aunque siguen imputados. Se trata de José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia Informática de Madrid; David Rodríguez Sanz, alcalde de Casarrubuelos; Alejandro Utrilla, concejal adjunto de Medio Ambiente de Móstoles; Jesús Norberto Galindo, del Instituto de Turismo de Murcia; Marco Durán, técnico municipal de Serranillos del Valle; y Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela, empresario.
Otros cinco imputados fueron enviados por el juez para que pernoctaran en la prisión al no haber tenido tiempo para tomarles declaración. Se trata del consejero delegado y el director comercial de la empresa de servicios Cofely, filial del gigante francés GDF Suez y principal beneficiaria de los contratos que se investigan en la Operación Púnica, y tres empleados de Marjaliza. Se trata de Didier Maurice, director general de Cofely y Constantino Álvarez, director comercial de esta firma, así como los empresarios Eduardo de la Peña, Antonio Serrano y José Luis Huerta.
FUENTE: elpais.com
Política
Fernando J. Pérez
Madrid - 29/10/2014
FUERA DE TODA SOSPECHA
Leopoldo López, un venezolano fuera de toda sospecha democrática
Hay figuras públicas de dudosa reputación, personajes que ocultan un pasado o un oscuro presente, figuras públicas anodinas, políticos corruptos, embusteros y pusilánimes, oposiciones reaccionarias y retrógradas…
Desde que Hugo Chávez asumió la Presidencia de Venezuela no ha habido día en que la oposición no intentara derrocar al presidente electo. Golpes de Estado, sabotajes, asesinatos, acaparamiento de alimentos, actos terroristas… El método menos utilizado ha sido la contienda electoral.
Para la oposición venezolana las elecciones han tenido, desde el triunfo continuado del proyecto bolivariano, un carácter complementario de la desestabilización. Tal vez porque, a diferencia de los tradicionales golpes en Latinoamérica, estamos en otro momento histórico en el que las fuerzas progresistas europeas son débiles y los procesos transformadores están más localizados geográficamente. De ahí que los gobiernos europeos reconozcan sin sonrojarse a gobiernos como el de Ucrania, resultado de un golpe de Estado de corte fascista o apoyen las campañas de opositores fanáticos y agresivos.
El caso es que la oposición venezolana parece entender las votaciones como una tapadera para obtener legitimidad internacional que avale sus desmanes y maquille a unos líderes con amplio historial violento. Algo que sólo es posible por la complicidad de los medios de comunicación y la connivencia de gobiernos como el español, que no dudan en apoyar a personajes como Leopoldo López, situándose así a su altura democrática.
Sobre los medios de comunicación, venimos denunciando desde hace años la guerra mediática contra Venezuela, pero ¿acaso podrían hacer otra cosa unos medios de contaminación cuya propiedad está en manos de grandes corporaciones? No olvidemos que sólo seis conglomerados de empresas controlan toda la información que circula por el planeta y de ellos, cuatro son de capital estadounidense y en el quinto tiene participación. Así, no es descabellado sostener que más del 99% de la información que recibimos sobre Venezuela, es decir, la difamación sistemática de su Gobierno así como la ocultación y tergiversación de las acciones de la oposición, sigue criterios muy interesados.
Lo que resulta un tanto sorprendente, sólo un poco, es que un Gobierno como el español haga declaraciones y actúe en contra de los intereses del Estado y del pueblo al que dice representar. Caben dos hipótesis: una, que nuestros gobernantes desconozcan el perfil de la oposición venezolana; dos, que estén actuando al servicio de intereses ajenos.
La actuación de Mariano Rajoy entrevistándose con la mujer de Leopoldo López —que anda de campaña contra el Gobierno venezolano—, y sus declaraciones respecto al juicio que se sigue contra su marido por delitos de daños, incendios, instigación y asociación para delinquir, no son sólo actos de ingerencia en un país soberano, son acciones que definen el talante democrático del presidente español y su Gobierno. Por un lado, la proximidad entre la derecha golpista venezolana y el Partido Popular, por otro, su servilismo hacia una potencia extranjera, Estados Unidos.
El pedigrí golpista de Leopoldo López es tan puro como el de Enrique Capriles (hasta hace poco cara visible de la oposición venezolana). Pero tras la derrota electoral de Capriles y su partido en las elecciones del 2013 y 2014, hubo que cambiar el rostro opositor, pues también cambió la estrategia desestabilizadora. Si las elecciones eran un complemento para derrocar al Gobierno, ahora ya ni siquiera serán eso. Cambió el plan de intervención en Venezuela.
Leopoldo López, que hasta el 2011 no era una opción política —según los cables de wikileaks— para derrocar electoralmente al Gobierno venezolano, porque generaba división dentro de la propia oposición y era excesivamente beligerante y extremista, pasó a convertirse en el rostro opositor venezolano en las calles o, como gusta decir a nuestra derecha ultramontana, “la disidencia” venezolana. Cualquier parecido con la terminología anticubana es pura casualidad: damas de blanco, maridos encarcelados, giras europeas, denuncias del Alto Comisionado de Derechos Humanos de NNUU, etc.
Está ampliamente documentado el vínculo de Estados Unidos con la oposición venezolana, a la que ha financiado durante más de 12 años. Pero también es pública la vinculación de Leopoldo López con el golpe de Estado de 2002 contra Chávez, encabezando la marcha al Palacio de Miraflores que provocó la muerte de decenas de personas, o su inhabilitación política por la malversación de recursos públicos cuando era alcalde de Chacao.
Cualquier demócrata bien informado pondría el grito en el cielo temiendo que el currículo de Leopoldo López salpicara a las instituciones de su país. Pero aquí, en el Estado español, nos limitamos a denunciar a la “casta” por lo que roban económicamente, sin pararnos a denunciar lo que nos roban en términos de dignidad. Mariano Rajoy y su política exterior hacia Venezuela es un ejemplo más de que no somos, a diferencia de los venezolanos, un pueblo soberano, sino un pueblo intervenido al que cada día que pasa le roban otro pedazo más de dignidad.
FUENTE: publico.es
Leopoldo López Mendoza
Desde que Hugo Chávez asumió la Presidencia de Venezuela no ha habido día en que la oposición no intentara derrocar al presidente electo. Golpes de Estado, sabotajes, asesinatos, acaparamiento de alimentos, actos terroristas… El método menos utilizado ha sido la contienda electoral.
Para la oposición venezolana las elecciones han tenido, desde el triunfo continuado del proyecto bolivariano, un carácter complementario de la desestabilización. Tal vez porque, a diferencia de los tradicionales golpes en Latinoamérica, estamos en otro momento histórico en el que las fuerzas progresistas europeas son débiles y los procesos transformadores están más localizados geográficamente. De ahí que los gobiernos europeos reconozcan sin sonrojarse a gobiernos como el de Ucrania, resultado de un golpe de Estado de corte fascista o apoyen las campañas de opositores fanáticos y agresivos.
El caso es que la oposición venezolana parece entender las votaciones como una tapadera para obtener legitimidad internacional que avale sus desmanes y maquille a unos líderes con amplio historial violento. Algo que sólo es posible por la complicidad de los medios de comunicación y la connivencia de gobiernos como el español, que no dudan en apoyar a personajes como Leopoldo López, situándose así a su altura democrática.
Lo que resulta un tanto sorprendente, sólo un poco, es que un Gobierno como el español haga declaraciones y actúe en contra de los intereses del Estado y del pueblo al que dice representar. Caben dos hipótesis: una, que nuestros gobernantes desconozcan el perfil de la oposición venezolana; dos, que estén actuando al servicio de intereses ajenos.
Mariano Rajoy y Lilián Tintori
La actuación de Mariano Rajoy entrevistándose con la mujer de Leopoldo López —que anda de campaña contra el Gobierno venezolano—, y sus declaraciones respecto al juicio que se sigue contra su marido por delitos de daños, incendios, instigación y asociación para delinquir, no son sólo actos de ingerencia en un país soberano, son acciones que definen el talante democrático del presidente español y su Gobierno. Por un lado, la proximidad entre la derecha golpista venezolana y el Partido Popular, por otro, su servilismo hacia una potencia extranjera, Estados Unidos.
El pedigrí golpista de Leopoldo López es tan puro como el de Enrique Capriles (hasta hace poco cara visible de la oposición venezolana). Pero tras la derrota electoral de Capriles y su partido en las elecciones del 2013 y 2014, hubo que cambiar el rostro opositor, pues también cambió la estrategia desestabilizadora. Si las elecciones eran un complemento para derrocar al Gobierno, ahora ya ni siquiera serán eso. Cambió el plan de intervención en Venezuela.
Enrique Capriles - Leopoldo López
Está ampliamente documentado el vínculo de Estados Unidos con la oposición venezolana, a la que ha financiado durante más de 12 años. Pero también es pública la vinculación de Leopoldo López con el golpe de Estado de 2002 contra Chávez, encabezando la marcha al Palacio de Miraflores que provocó la muerte de decenas de personas, o su inhabilitación política por la malversación de recursos públicos cuando era alcalde de Chacao.
FUENTE: publico.es
Otras miradas
Ángeles Diez (Doctora en Ciencias Políticas y Sociología y profesora de la UCM)
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