Citizen Plof
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21/1/18
NADA MÁS
Como no andemos listos con "nuestros políticos",
en breve, España tendrá que colgar un cartel como éste.
Citizen Plof
20/1/18
ALGO VA MAL
Privatizando los servicios públicos se desmantela el tejido del Estado
Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizan su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada tradición liberal
Copiosa nevada y caos circulatorio en al autopista AP-6
El fin de semana de la festividad de Reyes, coincidiendo con el retorno de las vacaciones navideñas, nos hemos visto sorprendidos por una fortísima nevada, que ha dejado tirados en la AP-6 a millares de ciudadanos. Tal autopista está siendo administrada bajo el régimen de concesión por una empresa privada, Iberpistas, una filial de Abertis. En definitiva se ha producido una privatización o externalización de un servicio básico.
Parece claro que la responsabilidad de la seguridad es competencia exclusiva de dicha empresa. Y tal como acabamos de constatar, millares de ciudadanos han quedado tirados y abandonados a su suerte durante muchas horas. Aquí se viene abajo estrepitosamente el discurso dominante desde hace unas décadas de la mejor eficacia, competencia y ahorro del sector privado con respecto al sector público. Discurso clave dentro del neoliberalismo.
Tales ventajas del sector privado no han sido demostradas empíricamente, es una cuestión de creencia, es como un dogma de fe. Se repite una y otra vez y nadie puede cuestionarla.
A este proceso de privatización-venta de empresas del sector público- o externalización de servicios básicos de carácter público, el geógrafo británico David Harvey lo ha llamado la "acumulación por desposesión". La acumulación por desposesión no es algo nuevo. Forma parte del ADN originario del capitalismo. Así es como se hizo la famosa "acumulación originaria" a la que Carlos Marx dedica gran parte de las páginas de su obra.
Lo novedoso es que las energías de los mercantilizadores se dedicaron además, en la deriva neoliberal de las últimas décadas, a privatizar y convertir en yacimientos de plusvalía muchos de los servicios que habían formado parte del Estado de Bienestar keynesiano, que había fundamentado la paz social en el Centro mismo del sistema global.
Lo ocurrido lo explica muy bien Fernando Álvarez Uría en "La privatización es un robo".
Para legitimar este expolio tenemos una amarga experiencia los españoles.
Bien poniendo en venta empresas públicas de tal circunstancia, y a la que me referiré más delante de una manera explícita, o externalizando servicios públicos, fue preciso descalificar las instituciones públicas, la función pública, la fiscalidad sobre las grandes fortunas, los servicios públicos, denunciar sus inercias, burocracias y rigideces, a la vez que proliferaron los cánticos laudatorios a la iniciativa privada, al espíritu de empresa y a la cultura empresarial. Y este discurso ha sido asumido inconscientemente por la sociedad española.
Fue así como en esta economía sin sociedad, el suelo y el subsuelo públicos pasaron a manos de especuladores privados, fue así como empresas públicas o semipúblicas fueron entregadas por los gobiernos de turno a los viejos amigos del colegio, fue así como los contratos discrecionales y con grandes dosis de corrupción en los procesos de externalización pasaron a adquirir una especie de carta de naturaleza en nuestros sistemas políticos, a la vez que viejas formas ya olvidadas de capitalismo salvaje irrumpían en la escena social.
En España, la primera etapa de las privatizaciones-venta de empresas públicas- se inició a mediados de los años 80 hasta el 96 con gobiernos socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y tecnológicas. A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones formaron parte del programa electoral, planificándose como un programa gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos políticos fueron tan importantes o más que los económicos.
Así las joyas de la corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. ¡Qué bien nos vendría ahora una banca pública para financiar nuestra deuda!
La ciudadanía permaneció impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo.
Hoy nos queda poca empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, aún están pendientes de este proceso Las Loterías y Apuestas del Estado, los Paradores Nacionales...
Más, según Mariano Fernández Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el actual asalto está dirigido, ya lo estamos constatando, hacia los servicios públicos del Estado del Bienestar, entre otros en educación, sanidad, y dependencia, con una demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, tanto es así que se han considerado como derechos.
Hay capitales abundantes con unos mercados cautivos y muy prometedores. Pero además de capitales ávidos, las políticas de privatización o externalización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Como la universalización de estos servicios genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario o que los españoles no quieren que sus hijos compartan pupitre con inmigrantes, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada.
Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad).
El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos. De esto podría ser un paradigma la Comunidad de Madrid.
Mas en este proceso de privatización de la propiedad colectiva nos pasa desapercibida una circunstancia extraordinariamente grave. Al respecto parece muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei en su artículo "Límite a las privatizaciones". Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido en Le Monde Diplomatique, en el que plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado.
Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.
Retorno al hecho que propiciaba este artículo, cual es lo ocurrido en la AP-6. Es una obviedad por lo ya expuesto que cuando una empresa privada asume, bajo una concesión, un servicio público, del abastecimiento de agua, recogida de basuras, limpieza de jardines, transporte público, sanidad, educación o dependencia, el objetivo fundamental dentro de la más estricta lógica de su funcionamiento interno en un sistema capitalista, es de conseguir unos beneficios económicos, el afán de lucro, para lo cual reducen costos: bien reduciendo prestaciones o el costo del factor trabajo. Y lo acabamos de constatar con una contundencia apabullante en la nevada de la AP-6.
Los cientos de afectados han criticado la escasez de máquinas quitanieves y la falta de personal e información por parte de la empresa. Pero es un hecho extensible a muchas de las empresas concesionarias de las autopistas que, entre 2011-2015, han llevado a cabo unas severas y duras políticas de recortes de personal.
Según El Confidencial, las concesionarias de autopistas pasaron de 5.100 empleados a 3.200. Por supuesto, incrementaron los peajes de 10,6 a 12,4 céntimos por kilómetro en el caso de las autopistas estatales y de 15,6 a 17 céntimos en las de concesión autonómica.
Mientras en 2011 Iberpistas contaba con 96 trabajadores para mantenimiento y 107 para los puestos de peaje, en 2015 estas cifras bajaron hasta los 79 y 73, respectivamente. La AP-6 es la vía de pago donde más se han elevado las tarifas en el período 2011-2015, con un incremento del 23% (la subida media fue del 17%).
La conclusión es clara. Aquí hay trampa. Y si hay trampa, hay tramposos. Especialmente los responsables del gobierno.
Lo de las privatizaciones del sector público, fue un auténtico regalo a determinadas élites y amigos de colegio, además de una fuente de corrupción vergonzosa.
En cuanto a las concesiones de las autopistas, los pliegos de condiciones se redactan con unos objetivos muy claros: si son rentables las empresas hacen grandes negocios y si no lo son, se produce su rescate por parte del Estado. ¡Qué desvergüenza! ¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las autopistas radiales de Madrid? ¿Lo sabremos algún día? Según la patronal de las grandes constructoras unos 5.000 millones.
La factura que las autopistas en quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones. Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más.
Los precios por estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de los tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar que los terrenos no debían considerarse rústicos ya que había expectativas de urbanización.
Dentro de la más estricta ideología neoliberal, se trataba de la búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos relacionados, etc. Entre los beneficiados había conocidas familias (Franco, Serrano Suñer o Abelló).
En un aviso a navegantes, Tony Judt en su libro "Algo va mal" nos señala que Edmund Burke, en sus "Reflexiones sobre la Revolución Francesa" ya nos advirtió:
“Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos empezado a desmantelar el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas de la individualidad, a lo que más se parece es a la guerra de todos contra todos de la que hablaba Hobbes.”
FUENTE: nuevatribuna.es
Cándido Marquesán Millán
Zaragoza - 13/01/2018
Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizan su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada tradición liberal
El fin de semana de la festividad de Reyes, coincidiendo con el retorno de las vacaciones navideñas, nos hemos visto sorprendidos por una fortísima nevada, que ha dejado tirados en la AP-6 a millares de ciudadanos. Tal autopista está siendo administrada bajo el régimen de concesión por una empresa privada, Iberpistas, una filial de Abertis. En definitiva se ha producido una privatización o externalización de un servicio básico.
Parece claro que la responsabilidad de la seguridad es competencia exclusiva de dicha empresa. Y tal como acabamos de constatar, millares de ciudadanos han quedado tirados y abandonados a su suerte durante muchas horas. Aquí se viene abajo estrepitosamente el discurso dominante desde hace unas décadas de la mejor eficacia, competencia y ahorro del sector privado con respecto al sector público. Discurso clave dentro del neoliberalismo.
Tales ventajas del sector privado no han sido demostradas empíricamente, es una cuestión de creencia, es como un dogma de fe. Se repite una y otra vez y nadie puede cuestionarla.
Lo novedoso es que las energías de los mercantilizadores se dedicaron además, en la deriva neoliberal de las últimas décadas, a privatizar y convertir en yacimientos de plusvalía muchos de los servicios que habían formado parte del Estado de Bienestar keynesiano, que había fundamentado la paz social en el Centro mismo del sistema global.
Lo ocurrido lo explica muy bien Fernando Álvarez Uría en "La privatización es un robo".
Para legitimar este expolio tenemos una amarga experiencia los españoles.
Bien poniendo en venta empresas públicas de tal circunstancia, y a la que me referiré más delante de una manera explícita, o externalizando servicios públicos, fue preciso descalificar las instituciones públicas, la función pública, la fiscalidad sobre las grandes fortunas, los servicios públicos, denunciar sus inercias, burocracias y rigideces, a la vez que proliferaron los cánticos laudatorios a la iniciativa privada, al espíritu de empresa y a la cultura empresarial. Y este discurso ha sido asumido inconscientemente por la sociedad española.
Fue así como en esta economía sin sociedad, el suelo y el subsuelo públicos pasaron a manos de especuladores privados, fue así como empresas públicas o semipúblicas fueron entregadas por los gobiernos de turno a los viejos amigos del colegio, fue así como los contratos discrecionales y con grandes dosis de corrupción en los procesos de externalización pasaron a adquirir una especie de carta de naturaleza en nuestros sistemas políticos, a la vez que viejas formas ya olvidadas de capitalismo salvaje irrumpían en la escena social.
En España, la primera etapa de las privatizaciones-venta de empresas públicas- se inició a mediados de los años 80 hasta el 96 con gobiernos socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y tecnológicas. A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones formaron parte del programa electoral, planificándose como un programa gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos políticos fueron tan importantes o más que los económicos.
Así las joyas de la corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. ¡Qué bien nos vendría ahora una banca pública para financiar nuestra deuda!
La ciudadanía permaneció impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo.
Hoy nos queda poca empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, aún están pendientes de este proceso Las Loterías y Apuestas del Estado, los Paradores Nacionales...
Más, según Mariano Fernández Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el actual asalto está dirigido, ya lo estamos constatando, hacia los servicios públicos del Estado del Bienestar, entre otros en educación, sanidad, y dependencia, con una demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, tanto es así que se han considerado como derechos.
Hay capitales abundantes con unos mercados cautivos y muy prometedores. Pero además de capitales ávidos, las políticas de privatización o externalización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Como la universalización de estos servicios genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario o que los españoles no quieren que sus hijos compartan pupitre con inmigrantes, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada.
El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos. De esto podría ser un paradigma la Comunidad de Madrid.
Mas en este proceso de privatización de la propiedad colectiva nos pasa desapercibida una circunstancia extraordinariamente grave. Al respecto parece muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei en su artículo "Límite a las privatizaciones". Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido en Le Monde Diplomatique, en el que plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado.
Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.
Retorno al hecho que propiciaba este artículo, cual es lo ocurrido en la AP-6. Es una obviedad por lo ya expuesto que cuando una empresa privada asume, bajo una concesión, un servicio público, del abastecimiento de agua, recogida de basuras, limpieza de jardines, transporte público, sanidad, educación o dependencia, el objetivo fundamental dentro de la más estricta lógica de su funcionamiento interno en un sistema capitalista, es de conseguir unos beneficios económicos, el afán de lucro, para lo cual reducen costos: bien reduciendo prestaciones o el costo del factor trabajo. Y lo acabamos de constatar con una contundencia apabullante en la nevada de la AP-6.
Los cientos de afectados han criticado la escasez de máquinas quitanieves y la falta de personal e información por parte de la empresa. Pero es un hecho extensible a muchas de las empresas concesionarias de las autopistas que, entre 2011-2015, han llevado a cabo unas severas y duras políticas de recortes de personal.
Mientras en 2011 Iberpistas contaba con 96 trabajadores para mantenimiento y 107 para los puestos de peaje, en 2015 estas cifras bajaron hasta los 79 y 73, respectivamente. La AP-6 es la vía de pago donde más se han elevado las tarifas en el período 2011-2015, con un incremento del 23% (la subida media fue del 17%).
La conclusión es clara. Aquí hay trampa. Y si hay trampa, hay tramposos. Especialmente los responsables del gobierno.
Lo de las privatizaciones del sector público, fue un auténtico regalo a determinadas élites y amigos de colegio, además de una fuente de corrupción vergonzosa.
En cuanto a las concesiones de las autopistas, los pliegos de condiciones se redactan con unos objetivos muy claros: si son rentables las empresas hacen grandes negocios y si no lo son, se produce su rescate por parte del Estado. ¡Qué desvergüenza! ¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las autopistas radiales de Madrid? ¿Lo sabremos algún día? Según la patronal de las grandes constructoras unos 5.000 millones.
La factura que las autopistas en quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones. Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más.
Los precios por estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de los tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar que los terrenos no debían considerarse rústicos ya que había expectativas de urbanización.
Dentro de la más estricta ideología neoliberal, se trataba de la búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos relacionados, etc. Entre los beneficiados había conocidas familias (Franco, Serrano Suñer o Abelló).
En un aviso a navegantes, Tony Judt en su libro "Algo va mal" nos señala que Edmund Burke, en sus "Reflexiones sobre la Revolución Francesa" ya nos advirtió:
FUENTE: nuevatribuna.es
Cándido Marquesán Millán
Zaragoza - 13/01/2018
1/8/17
EL EXPOLIO FRANQUISTA
Lo que la dictadura robó y la democracia nunca devolvió
Distintos documentos permiten conocer el sistema elaborado por la dictadura para “legalizar” los robos de bienes a sus enemigos. Para ello, el franquismo ordenó dividir a la población entre “afectos, desafectos y dudosos”. Alcanzaba con haber sentido simpatía hacia un partido político para perderlo todo.
Documento del Ayuntamiento del Concejo del Sestao del año 1937. / D.A.
Domingo Epalza pagó muy caro su compromiso con la libertad. Los franquistas no sólo le robaron el derecho a seguir soñando con una Euskadi libre, sino que también le arrebataron todas y cada una de sus pertenencias. Cuando este veterano nacionalista vasco ya había huido a Francia, los hombres de Franco en la pequeña localidad vizcaína de Orozko entraron a su casa y la vaciaron. En un detallado inventario, los verdugos apuntaron cada uno de los objetos apropiados. Las camas, las sillas, los espejos… Ya nada, absolutamente nada, volvería a ser suyo.
Fechada y sellada el 11 de julio de 1938, la detallada lista de los bienes robados a Epalza resume una de las prácticas favoritas del franquismo: la “incautación” de las pertenencias de sus “enemigos”, un concepto que el régimen utilizó de manera muy amplia. Así queda constatado en las órdenes elaboradas por la dictadura para perpetrar ese expolio contra un amplio sector de la población. Un robo de proporciones gigantescas que aún hoy, ochenta años después, continúa: los particulares expoliados por la dictadura nunca pudieron recuperar sus bienes.
Según consta en distintos documentos obtenidos por Público, el franquismo organizó meticulosamente este proceso. Las órdenes eran elaboradas desde altas instancias del régimen, y posteriormente llegaban a los municipios para que las “juntas locales de incautaciones” hicieran el trabajo sucio: serían sus miembros quienes se encargarían de decretar quiénes debían perderlo todo, e incluso cuál sería la dimensión de ese “todo”. El paripé dictatorial incluía un supuesto “juzgado especial de incautaciones” que jamás impartió justicia, sino que se limitó a coordinar el expolio para que se hiciera de manera ordenada.
De esta manera, las comisiones locales debían asumir la “realización de ficheros de presuntos responsables” y la “adopción de medidas precautorias para evitar la desaparición de los bienes abandonados por los rojos y separatistas, organizando la administración provisional de los mismos, así como preparándose para en su día poder administrar los bienes embargados”, tal como puede leerse en un documento de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Bizkaia, en la que participaba el gobernador civil de turno y el abogado del Estado.
Siguiendo las directrices del régimen, las comisiones de incautación clasificaron a los “vecinos y afincados” de los municipios en tres grupos: “afectos al Movimiento Nacional, desafectos y dudosos”. Se considerarán "afectos" los que por su actuación y patriotismo deban ser considerados como oro de ley”, señalaban. Por su parte, la categoría de “desafectos” abarcaba a “todos los que hayan incurrido en cualquiera de las causas de responsabilidad civil aunque tengan a su favor atenuantes o eximentes”, mientras que el término “dudosos” sería aplicado a “todos aquellos que no pueden ser incluidos en ninguno de los otros dos grupos, incluso los desconocidos si los hubiere”.
En ese documento también se detallaba quiénes serían identificados como “responsables políticos por su intervención en la preparación o desarrollo de la revolución rojo-separatista”. En primer lugar estarían "todos aquellos que acordaron levantarse en armas contra nuestro Ejército, hayan llevado o no a la práctica su proyecto”, así como “todos los que antes o después de haber estallado el Movimiento Nacional hayan hecho propaganda de cualquier clase en favor del Frente Popular o del Partido Nacionalista Vasco”, incluyendo a “los que formaron parte de dichos partidos políticos o hubiesen cedido u arrendado locales a dichas organizaciones”.
Del mismo modo, el régimen ordenaba expropiar “a todos los que por cualquier otro medio hayan colaborado con actos u omisiones que revelen su ánimo de favorecer el triunfo de la revolución rojo-separatista” o “hubieran servido u obtenido cargos o comisión en empresas comerciales o industrias que hayan trabajado para el Gobierno de Euzkadi o rojo (sic)”. Tampoco escaparían los que “a partir del movimiento revolucionario de octubre de 1934 hayan desempeñado cargos directos o de asesores políticos en los partidos que luego integraron el Frente Popular o el Nacionalismo Vasco o desempeñaron cargos similares en asociaciones inspiradas en dichos partidos o simplemente figuraron como afiliados de los mismos”. Ese último concepto, el de “afiliados de los mismos”, figura subrayado en rojo.
Del mismo modo, el régimen ordenaba expropiar “a todos los que por cualquier otro medio hayan colaborado con actos u omisiones que revelen su ánimo de favorecer el triunfo de la revolución rojo-separatista” o “hubieran servido u obtenido cargos o comisión en empresas comerciales o industrias que hayan trabajado para el Gobierno de Euzkadi o rojo (sic)”. Tampoco escaparían los que “a partir del movimiento revolucionario de octubre de 1934 hayan desempeñado cargos directos o de asesores políticos en los partidos que luego integraron el Frente Popular o el Nacionalismo Vasco o desempeñaron cargos similares en asociaciones inspiradas en dichos partidos o simplemente figuraron como afiliados de los mismos”. Ese último concepto, el de “afiliados de los mismos”, figura subrayado en rojo.
De manera paralela, el régimen franquista fijó las bases para el denominado “servicio de recuperación de muebles y enseres”, dirigido a dar vía libre a todas aquellas personas afines a la dictadura que quisieran hacerse con los bienes de sus enemigos. Tal como se detallaba en una resolución del 3 de julio de 1937,bastaba con alegar que una pertenencia era de su propiedad para que un “español de bien” se hiciera con objetos de los denominados “rojo-separatistas”.
El Estado actual se niega a devolver a sus legítimos propietarios miles de bienes incautados por el franquismo,
tales como el edificio de la presente fotografía, hoy en dia ocupado por dependencias municipales.
Las víctimas jamás recuperarían sus pertenencias ni serían recompensadas. No ocurriría durante el resto de la dictadura, pero tampoco en la actual "democracia".
FUENTE: publico.es
Danilo Albín
Bilbao - 29/07/2017
4/7/17
EL EXPOLIO
Atraco a cara descubierta de la Seguridad Social
Tras pulirse en cinco años algo más de 70.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el Gobierno ha recurrido a un préstamo del Estado de 10.192 millones para abonar en parte las pagas extras de los pensionistas, que es la manera de comunicar al respetable que la hucha está tiritando y que si se agita el cerdito de barro a la altura de la oreja sólo se escuchará el tintineo de algunas monedas.
Como se ha venido explicando aquí, el saqueo del Fondo no ha sido una circunstancia obligada por la crisis económica sino algo mucho más premeditado. Así, junto al vaciamiento de las reservas y pese a las constantes pérdidas de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas gracias a la última reforma del sistema, se ha institucionalizado un déficit de más de 15.000 millones al año. ¿Objetivo? Propiciar una nueva reforma con más recortes en las que vuelva ampliarse la edad de jubilación y, paralelamente favorecer a los fondos privados, que si para alguien han sido rentables es para los bancos.
Para desvalijar el Fondo de Reserva se ha recurrido al atraco a cara descubierta ya que ni siquiera ha hecho falta recurrir a la media de nailon en la cara. Sencillamente, se ha privado a la Seguridad Social de ingresos y se han multiplicado los desembolsos. De esta manera, se ha obligado al sistema a financiar las bonificaciones y tarifas planas con las que el Gobierno ha regado a los empresarios para que contraten y que vienen a sumar unos 4.000 millones de euros al año. Por el otro lado, se ha favorecido una devaluación salarial de tal calibre que el aumento de cotizantes no ha servido para equilibrar las cuentas. Finalmente, al vaciar la hucha se han perdido también sus réditos, que venían a suponer unos 3.000 millones al año.
Para completar el cuadro, se ha usado la Seguridad Social para tapar agujeros de otros organismos públicos a costa de aumentar el suyo. Un ejemplo es el de los desempleados por los que el Servicio Público de Empleo, el antiguo INEM, ha de cotizar a la Seguridad Social. Si se bajan sus bases de cotización y sólo se hace por los mayores de 55 años –antes se cotizaba por los mayores de 52-, el SEPE se ahorra el dinero que la Seguridad Social deja de recaudar. Y así.
Todo ello explica que durante los primeros años de la crisis, posiblemente en su etapa más virulenta, la Seguridad Social esquivara el déficit sin tocar un céntimo de las reservas y que, sin embargo, a partir de 2001 se abriera a sus pies un abismo insondable. Estamos ante un crimen con alevosía que se ha pretendido hacer pasar por un accidente.
Se está perpetrando un nuevo atraco a los pensionistas actuales y a los futuros, a los que se intentará convencer que el sistema no es financiable y que sólo puede sostenerse con pensiones de miseria. Corregir el rumbo es posible. Basta con dejar de esquilmar la caja, aumentar los ingresos eliminando los topes de cotización de los salarios más altos y perseguir el fraude en las contrataciones. Y para ello es imprescindible salarios dignos y no tercermundistas. Las pensiones públicas representan como media en la UE más del 13% del PIB cuando aquí no llegan al 11%. Hablan de quiebra pero es un expolio.
FUENTE: publico.es
Tierra de nadie
Juan Carlos Escudier
30/06/2017
Tras pulirse en cinco años algo más de 70.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el Gobierno ha recurrido a un préstamo del Estado de 10.192 millones para abonar en parte las pagas extras de los pensionistas, que es la manera de comunicar al respetable que la hucha está tiritando y que si se agita el cerdito de barro a la altura de la oreja sólo se escuchará el tintineo de algunas monedas.
Como se ha venido explicando aquí, el saqueo del Fondo no ha sido una circunstancia obligada por la crisis económica sino algo mucho más premeditado. Así, junto al vaciamiento de las reservas y pese a las constantes pérdidas de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas gracias a la última reforma del sistema, se ha institucionalizado un déficit de más de 15.000 millones al año. ¿Objetivo? Propiciar una nueva reforma con más recortes en las que vuelva ampliarse la edad de jubilación y, paralelamente favorecer a los fondos privados, que si para alguien han sido rentables es para los bancos.
Para desvalijar el Fondo de Reserva se ha recurrido al atraco a cara descubierta ya que ni siquiera ha hecho falta recurrir a la media de nailon en la cara. Sencillamente, se ha privado a la Seguridad Social de ingresos y se han multiplicado los desembolsos. De esta manera, se ha obligado al sistema a financiar las bonificaciones y tarifas planas con las que el Gobierno ha regado a los empresarios para que contraten y que vienen a sumar unos 4.000 millones de euros al año. Por el otro lado, se ha favorecido una devaluación salarial de tal calibre que el aumento de cotizantes no ha servido para equilibrar las cuentas. Finalmente, al vaciar la hucha se han perdido también sus réditos, que venían a suponer unos 3.000 millones al año.
Para completar el cuadro, se ha usado la Seguridad Social para tapar agujeros de otros organismos públicos a costa de aumentar el suyo. Un ejemplo es el de los desempleados por los que el Servicio Público de Empleo, el antiguo INEM, ha de cotizar a la Seguridad Social. Si se bajan sus bases de cotización y sólo se hace por los mayores de 55 años –antes se cotizaba por los mayores de 52-, el SEPE se ahorra el dinero que la Seguridad Social deja de recaudar. Y así.
Todo ello explica que durante los primeros años de la crisis, posiblemente en su etapa más virulenta, la Seguridad Social esquivara el déficit sin tocar un céntimo de las reservas y que, sin embargo, a partir de 2001 se abriera a sus pies un abismo insondable. Estamos ante un crimen con alevosía que se ha pretendido hacer pasar por un accidente.
Se está perpetrando un nuevo atraco a los pensionistas actuales y a los futuros, a los que se intentará convencer que el sistema no es financiable y que sólo puede sostenerse con pensiones de miseria. Corregir el rumbo es posible. Basta con dejar de esquilmar la caja, aumentar los ingresos eliminando los topes de cotización de los salarios más altos y perseguir el fraude en las contrataciones. Y para ello es imprescindible salarios dignos y no tercermundistas. Las pensiones públicas representan como media en la UE más del 13% del PIB cuando aquí no llegan al 11%. Hablan de quiebra pero es un expolio.
Tierra de nadie
Juan Carlos Escudier
30/06/2017
28/1/15
REPÚBLICA E IZQUIERDA NACIONAL
El actual Estado Español es una máquina de quemar dinero sin otro objeto que su propia subsistencia y la de las personas y entidades a las que cobija: funcionarios, partidos políticos, sindicatos, patronales, bancos y grandes empresas que medran parasitando la pocilga nacional. El Estado no se preocupa ni un instante por la suerte de los españoles, sino de obtener dinero.
Y lo extrae de abajo, expoliando al pueblo, y de arriba, financiándose de la élite internacional bancaria, de los Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank... Siempre ha sido así, y mucho más desde que perdió la capacidad de hacerse su propia moneda cuando le falta liquidez.
La entrada en el Euro es la mayor traición que los políticos del postfranquismo monárquico-parlamentario han perpetrado a los españoles. España jamás cumplió las condiciones para su integración en la moneda única. Goldman Sachs pergeñó el fraude contable mediante ingeniosos credit swaps para que la España de Aznar bajase a los infiernos del Euro. Lo mismo que hizo con Grecia, Italia, Portugal o Irlanda. Con la moneda única, los partidos han desarmado a los españoles y han asolado al propio Estado, entregándolo a la corrupción de las finanzas internacionales.
Por eso esta es la verdad que más se oculta de todas: por eso, hasta el supercalifragilísticoespialidoso líder Pablo Iglesias (y me alegro de que exista, os lo aseguro) se siente europeo. Porque le paga Europa para que se sienta así. Todos los partidos en España son europeístas. Y los que no lo son no salen de los pequeños blogs. Porque no tienen financiación ni presencia mediática, como sí la ha tenido Podemos.
¡Que no me parece el peor partido de España, al contrario! Habrá que seguir su evolución hasta las Generales de 2015. El resto de partidos son la peste. Todos, de izquierdas y de derechas, se han vendido al internacionalismo capitalista aun al precio de poner en peligro la propia subsistencia de millones de familias españolas.
Que la derecha venda España a pedazos, como si fuera carne de vaca, era de esperar. Pero lo que es vergonzoso, humillante, es que la izquierda española desprecie la idea de España como nación de esta manera tan escandalosa. A ver, yo pregunto: ¿Quién ha dicho que no se puede ser patriota y de izquierdas? Me refiero a un patriota lúcido, un patriota que no piense que su patria es la mejor, por supuesto, sino que es la suya, la quiere y punto. Como sabe que su esposa no es la más sexi, pero es la suya, la quiere y es lo que hay. Como sabe que sus hijos no son los más listos, pero son los suyos, los quiere y no hay nada que discutir...Un sencillo patriota que sea además hombre de izquierdas, pues prefiera luchar por la justicia social (la llamada democracia social) que por ciertas "libertades individuales" (¿por qué los think tanks de la derechona contraponen la libertad individual y la justicia social? ¿Qué clase de "libertades" son esas que se toman con nosotros que resultan tan socialmente injustas?)
Y añado más... ¿Por qué si digo que soy un patriota español de izquierdas corren los creadores de opinión a identificarme con un fascista, pero si digo que soy un patriota de izquierdas catalán (de ERC), o que soy un patriota de izquierdas vasco (de Bildu) se me tolera o hasta se me considera un paladín de la libertad? ¿Acaso ya no se acuerda nadie de que el discurso fascista era: "No somos de derechas ni de izquierdas..."?
¡Pues yo soy bien de izquierdas!, estoy incluso contra la propiedad privada de bancos y empresas estratégicas, y creo en el justo reparto de beneficios y cargas sociales y en unos impuestos geométricamente más gravosos para los que más tienen. Y amo a España porque quien no ama a su propia madre, por fea que sea, es un hijo de puta.
Oídme, españolitos de a pie: O resucitamos España o nos entierran con ella. Por debajo, nos come la escoria del postizo cantonalismo nacionalista, más falsificado que la factura de la luz; y por encima, las toneladas de mierda del internacionalismo financiero:
El neoliberalismo (como lo fue el comunismo de la URSS), es internacionalista, y sus élites (judías, cristianas, sintoístas y hasta musulmanas, que no es cosa de religión ni de etnia) son sionistas. Pues todo internacionalismo es un apoyo descarado al establecimiento de un Gobierno Mundial Único sobre las ruinas de los estados, sea en forma de una ONU venida a más o por el advenimiento del Rey del Mundo, me la sopla. Porque viene a ser lo mismo: un intento de que las élites financieras posean el planeta Tierra con todo lo que contiene: tierras, animales y personas.
Españolito: ¿Quieres ser propiedad de alguien? ¿O quieres formar parte de una nación de hombres libres? Si es lo primero, sal a celebrar el advenimiento de la era filiposextista. Vete al bar y tómate unas cervezas con los socialistas y peperos de tu barrio. Si es lo segundo, si quieres ser libre, la primera providencia es descerrajar este Estado opresor, esta máquina de aplastar voluntades y libertades, este extractor de riqueza que solo respeta la voluntd superior de quienes lo financian cuando el Pueblo Español, exhausto, no puede ya pagar más impuestos.
Anímate, españolito, que no es una tarea imposible: El actual Estado Español monárquico parlamentario tiene muchos puntos débiles. El más importante de ellos es que su Constitución no es ni se comporta como debe hacerlo: toda constitución es una carta de condiciones que el pueblo pone al Estado para el ejercicio del poder, es un contrato social. Y la Constitución del 78 es un contrato leonino que, por si fuera poco, el Poder Único vulnera cada vez que le viene bien
Y sus modificaciones son escandalosas, como la del 2 de septiembre del 2011, que avaló con los propios españoles, con todo lo que tienen, sus cuerpos y sus almas, los créditos contraídos con los acreedores de Deuda Pública; y cuyas interpretaciones corresponden a un oráculo llamado Tribunal Constitucional, engendro que no existe en ninguna democracia, que es el garante de que la corrupción siga amparada por los dioses. El segundo punto débil es que ya no hay excusa para no consultar al pueblo sobre la forma de estado a la que prefiere someterse, monárquica o republicana.
Franco murió hace casi 40 años y no queda ni un militar franquista que "amenace la democracia". Decir que la República es incompatible con los españoles es despreciarnos hasta el escupitajo. ¿Cómo que no? ¿Acaso no merecemos lo que sí meritan los franceses, los italianos o nuestros hermanos los portugueses? Lo que es incompatible con la III República es la corrupción de las actuales élites de los partidos. Y nada más.
Y una estructura político-social que se basa en falsedades puede caer en cuanto una chispa salte y electrice al pueblo. Hay que perseverar dándole al pedernal sin parar, haste que la chispa acierte con la hojarasca y arda el chiringuito entero.
¿Cómo justifico, como patriota español, mi lucha por la III República? Como bien dice ácratas, "La verdadera democracia es la asamblearia, no la representativa. Pero el Estado es el último baluarte frente al poder global, el nuevo orden mundial. ¿Cómo resolver esa contradicción en pleno siglo XXI? Yendo siempre en la dirección de la máxima libertad". A lo que añado yo: debemos ocupar el Estado y transformarlo en una República de corte libertario. Y si alguien cree que ambas posturas son incompatibles, es que ha leído poco y ha escuchado demasiado a los políticos, que son unos profesionales de la propalación de la incultura.
¡Viva España, entonces! Pero no cualquier España. No esta España. No la humillada ante la Sinarquía Financiera Internacional. No la España opresora de los españoles. ¡Viva España libre de hipócritas, de traidores, de sediciosos! ¡Viva España libre de las personas que no quieran pertenecer a ella! Si catalanes o vascos quieren irse, adiós y buen viaje. Pero con un referéndum claro: "¿Quieres una Cataluña con un estado independiente o quieres que Cataluña sea una región más de España, sin autonomía, sino colíder con el resto de regiones de la III República Española?"
Blanco o negro. Sin grises. No eso de "si no me sale, quiero seguir con mi derecho a medrar a costa de los españoles dinamitando su moral cada día". Y para las minorías que no quieran ser españolas, estatuto de apátrida. Nadie debe ser obligado a ser español. Porque ser español debe convertirse en un honor, aunque sea un honor tan modesto que ruborice, no en una obligación. Libertad. Siempre la máxima libertad.
¿Y los partidos? Los partidos a existir fuera del Estado, sometidos a reglas democráticas internas obligatorias y a una censura de cuentas que impida la financiación ilegal por parte de las élites. El Parlamento fuera del Estado, pues es propiedad exclusiva del Pueblo. Es el Pueblo Español el que debe hacer las leyes que él mismo ha de respetar.
Y las que debe respetar también el Estado, suma del poder Ejecutivo y el Poder Judicial (todos funcionarios). El Estado debe ser un Gran Funcionario al que pagamos entre todos, un funcionario que no tiene derecho a promulgar leyes.
Porque un estado que se cocina sus propias leyes, que incluye en él a los partidos y al Parlamento, se convierte pronto en un estado opresor, en un representante de la oligarquía financiera y religiosa. Víctima de la corrupción, abierto a toda influencia extra-política.
Y convierte al país, a la larga, en un gran campo de concentración. Que es lo que soportamos los españoles ahora mismo. Por lo tanto, lo dejo claro: soy español, de izquierdas, revolucionario y patriota.
De un humilde país llamado España, que no es el mejor del mundo, ni el que tiene la raza más bella, ni la mayor cultura. Pero que ES Y SERÁ SIEMPRE LIBRE, porque los españoles asumimos de una vez por todas que la diferencia entre ser un hombre o ser un animal es solo eso: LA LIBERTAD.
Y para decir esto no necesito a los fascistas ni a los liberales ni a los anarquistas. Me basta con saber que todos los ciudadanos por debajo de los Pirineos tienen el mismo problema que yo. Que son mis hermanos de desgracia. Y si, una vez lograda la III República, los españoles deciden que la quieren comunista libertaria, pues mucho mejor.
Y si prefieren votar a partidos como la democracia cristiana o los liberales, pues me conformaré. Pero asumir una monarquía partitocrática impuesta en pleno siglo XXI es renunciar a todo atisbo de libertad para los próximos mil años. A eso no me conformaré nunca. No sin un referéndum monarquía/república que lo avale.
FUENTE: acratas.net
DIEGO, un patriota cartesiano
26/01/2015
24/11/14
MÁS CLARO EL AGUA
El saqueo del agua en Madrid
El libro que se presenta este lunes en el Ateneo de Madrid documenta los planes privatizadores de uno de los mayores patrimonios de España, el Canal de Isabel II. Esta obra colectiva ilustra el saqueo de lo público que se ha ido practicando por ciertas élites.
Desde que fuera creado en 1851, el Canal de Isabel II, que abastece Madrid, ha sido siempre una pieza codiciada. Ahora, esta empresa pública afronta un nuevo embate que pretende parar la plataforma contra la privatización del CYII y Marea Azul, surgida del 15-M en contra de la privatización del agua.
Embalse de la comunidad madrileña
Ambos movimientos presentan este lunes el libro "Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II" (Editorial Traficantes de sueños), una obra colectiva que documenta los planes privatizadores inmediatos de determinadas élites sobre esta joya de los madrileños, proceso que el PP inició hace cinco años.
"Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II" es fruto del trabajo de José Manuel Naredo, doctor en Ciencias Económicas y socio fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de la Asociación para el Estudio de los Recursos Naturales y Ambientales; Pedro Arrojo, investigador de la Economía del Agua y profesor de la Universidad de Zaragoza; José Manuel Caballero Boland, escritor; Liliana Pineda, abogada penalista y miembro del Grupo de Economía de Acampada Sol; Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS); Enrique Ortega de Miguel, especialista en estudios hidrográficos; Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), proyecto de la Asociación Paz con Dignidad, así como Santiago Martín Barajas, miembro de Ecologistas en Acción.
¡Es un bien común!
Los colectivos contra la privatización del Canal han retomado sus acciones y convocan una concentración para el mediodía del domingo 30 de noviembre en la Puerta del Sol.
Acueducto del Canal de Isabel II
En concreto, la Junta del Canal aprobará una primera emisión de deuda de 600 millones de euros en valores negociables de renta fija. Paralelamente, aprobará por primera vez una retribución para los miembros del Consejo de Administración.
Comienzo del canal al pie del embalse
Los beneficios del Canal de Isabel II (Canal Gestión, S.A.) crecieron en los años 2012 y 2013 del orden del 43,2%, según la Plataforma contra su privatización. La empresa repartió entre los accionistas públicos unos dividendos de 280 millones de euros, que se han detraido de la gestión integral del agua y de la propia sostenibilidad de la sociedad, denuncia la Plataforma.
El Canal de Isabel II, añade, se ha negado a dar información a la Asamblea de Madrid sobre esta operación financiera o la naturaleza de los bonos con el argumento de que son una sociedad anónima.
Antiguo depósito del canal de Isabel II
Esta operación de endeudamiento será llevada a cabo por el Banco de Santander, BBVA, Societé General, Caixa Bank y HSBC, según las primeras informaciones difundidas por Cinco Días.
El Canal es una pieza codiciada por determinadas élites económicas por el alto valor que alcanzaría en el mercado inmobiliario su patrimonio y el suelo que posee, con grandes líneas de terreno desde la Sierra de Guadarrama hasta la capital, embalses en paisajes privilegiados y, sobre todo, con grandes propiedades en el centro de la capital.
FUENTE: publico.es
23/11/2014
COMENTARIOS
Esto de que un fulano se haga con el control de una administración, con sus empresas públicas, pagadas con dinero de los ciudadanos y aproveche para venderlas como si fueran de su propiedad, seguro que no es legal, salvo que el país sea una dictadura donde los del aparato del Régimen estén por encima de la ley. Entonces sí. Los italianos le tumbaron esto mismo a Berlusconi haciendo que se votara en referéndum, pero los españoles no, porque las autoridades les han prohibido ejercer la democracia.
COMENTARIOS
Esto de que un fulano se haga con el control de una administración, con sus empresas públicas, pagadas con dinero de los ciudadanos y aproveche para venderlas como si fueran de su propiedad, seguro que no es legal, salvo que el país sea una dictadura donde los del aparato del Régimen estén por encima de la ley. Entonces sí. Los italianos le tumbaron esto mismo a Berlusconi haciendo que se votara en referéndum, pero los españoles no, porque las autoridades les han prohibido ejercer la democracia.
!Ésa!
¡Ésa es la clave...!
¡Ésa es la clave...!
¡¡¡Nos han hurtado la democracia!!!
31/10/14
A DIOS ROGANDO Y LOS BIENES EXPOLIANDO
Izquierda Unida (IU) promueve un recurso para frenar el "expolio" de los bienes públicos por parte de la Iglesia.
El Gobierno usa la protección de datos para ocultar los inmuebles que adquirió la Iglesia desde 1998
Protesta contra la "apropiación", por parte de la Iglesia, de edificios públicos, frente al Arzobispado de Pamplona. AGENCIA EFE
El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA) promoverá la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley que permite la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica, la cual considera un "expolio". Se refieren, concretamente, al artículo 206 de la Ley Hipotecaria, cuya reforma está actualmente en tramitación aunque no corrige ese tratamiento para la Iglesia, que mantiene su equiparación con el Estado a la hora de inmatricular bienes, es decir, inscribir a su nombre inmuebles que en realidad son patrimonio del Estado.
Según ha explicado a Público el portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, IU tratará de buscar apoyos en todos los grupos hasta reunir los 50 diputados necesarios para impulsar este recurso de inconstitucionalidad, al entender que se trata de una "situación escandalosa" que se remonta a 1946, cuando el régimen de Franco redactó la ley que aún hoy sigue en vigor. Pero fue a partir del reforma de 1998 cuando se pudo empezar a registrar la propiedad de unos bienes que hasta ese momento no podía reclamar nadie.
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Mezquita de Córdoba (vista aérea)
La decisión la han tomado después de que, este jueves, el coordinador general de IU, Cayo Lara, recibiera a los representantes de las plataformas "Mezquita-catedral de Córdoba. Patrimonio de todos" y "Defensa del Patrimonio navarro", que también se ha reunido con el PSOE para pedir este mismo recurso de inconstitucionalidad.
Mezquita de Córdoba (vista interior)
Denuncian que desde 1998 y hasta 2007 la Iglesia matriculó 1.087 bienes público"No se trata de una cuestión religiosa, sino constitucional. La Iglesia forma parte de otro Estado, el Vaticano, y es responsabilidad del Gobierno español defender sus propios bienes. Cualquier país del mundo pelearía con uñas y diente por defender su patrimonio", explica Centella.
24/7/13
"BUENAS LANCHAS" TAMBIÉN
El juez concluye que CDC se lucró con casi 5 millones del expolio del Palau
Piden investigar también si se desviaron fondos del Palau a la FAES de Aznar
El juez del "caso Palau" ha concluido al finalizar la instrucción que Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) se lucró con casi cinco millones de euros del expolio al Palau de la Música con comisiones de la constructora Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obra pública.
Casi cuatro años después de la irrupción de los Mossos en el Palau de la Música, el juez Josep Maria Pijuan ha dado por terminada la instrucción de la causa en un auto en el que ratifica la acusación contra los saqueadores confesos Félix Millet y Jordi Montull y mantiene a CDC como responsable civil a título lucrativo por cobrar supuestamente a través del Palau comisiones de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública en Catalunya.
El titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, ha cerrado la investigación del 'caso Palau'. Lo ha hecho sosteniendo que CDC recibió a través de la institución musical pagos de la empresa Ferrovial como comisiones a cambio de "adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat".
"Para evitar el descubrimiento del expolio, en los años 2007 y 2009 Félix Millet --expresidente del Palau de la Música imputado--, con la colaboración de los imputados que se dirán, procedió a crear diversa documentación falsa", sostiene el auto de conclusión de la instrucción e incoación del procedimiento abreviado dictado este martes.
El juez mantiene al término de la investigación como "responsable civil subsidiario a título lucrativo" a CDC e imputados a Millet, a su mano derecha en el Palau, Jordi Montull; a su hija, Gemma Montull, al extesorero convergente, Daniel Osácar, y a otras 13 personas.
FUENTE: PÚBLICO.ES
AGENCIAS BARCELONA
16/07/2013
Piden investigar también si se desviaron fondos del Palau a la FAES de Aznar
El juez del "caso Palau" ha concluido al finalizar la instrucción que Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) se lucró con casi cinco millones de euros del expolio al Palau de la Música con comisiones de la constructora Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obra pública.
Casi cuatro años después de la irrupción de los Mossos en el Palau de la Música, el juez Josep Maria Pijuan ha dado por terminada la instrucción de la causa en un auto en el que ratifica la acusación contra los saqueadores confesos Félix Millet y Jordi Montull y mantiene a CDC como responsable civil a título lucrativo por cobrar supuestamente a través del Palau comisiones de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública en Catalunya.
Félix Millet Jordi Montull
El titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, ha cerrado la investigación del 'caso Palau'. Lo ha hecho sosteniendo que CDC recibió a través de la institución musical pagos de la empresa Ferrovial como comisiones a cambio de "adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat".
"Para evitar el descubrimiento del expolio, en los años 2007 y 2009 Félix Millet --expresidente del Palau de la Música imputado--, con la colaboración de los imputados que se dirán, procedió a crear diversa documentación falsa", sostiene el auto de conclusión de la instrucción e incoación del procedimiento abreviado dictado este martes.
Palau de la Música Catalana
El juez mantiene al término de la investigación como "responsable civil subsidiario a título lucrativo" a CDC e imputados a Millet, a su mano derecha en el Palau, Jordi Montull; a su hija, Gemma Montull, al extesorero convergente, Daniel Osácar, y a otras 13 personas.
FUENTE: PÚBLICO.ES
AGENCIAS BARCELONA
16/07/2013
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