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29/10/18

LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN CANARIAS

Hombres asesinados, mujeres valientes: historia de la represión franquista en Canarias

Sin una contienda bélica como la que sí hubo en la península, las islas fueron usadas desde los inicios como posición estratégica. Sin embargo, eso no frenó a los fascistas para dejar miles de muertos que, hoy día, continúan en fosas y sin justicia.

Las manos de Lola Tejera - Eduardo Robaina

Han trascurrido 82 años pero ese libro sigue sin tener un final. No al menos el que se merece. El paso del tiempo viene acompasado por el desprecio de muchos. Demasiados. Cada vez son menos los protagonistas de aquella historia, y llegará una mañana en la que ya no quede nadie. Relatos de terceros, libros y documentos tendrán la difícil tarea de evitar la absoluta desmemoria de los horrores e injusticias que se perpetraron a partir de aquel 18 de julio de 1936.

Lola Tejera, al igual que la II República, tiene 87 años. Natural de Tamaraceite (Gran Canaria), es la mayor de cuatro hermanos que ya nos están. Su edad se antoja como su mayor baza. Tiene mente e ideas tan frescas como los peores recuerdos que habitan en su interior. Ahora siente que es el momento de no guardarse ninguno de estas crueldades. Porque Lola representa en Canarias a las miles de mujeres que sufrieron la represión fascista y todo lo que conllevó después. Su padre, Juan Tejera Pérez, apodado “el comunista”, fue condenado a pena de muerte tras un consejo de guerra que consiguió conmutar a cambio de 12 años encarcelado. 
Lola Tejera - Eduardo Robaina

Como a tantos otros, le privaron de su libertad por no pensar como los criminales falangistas. Lola tuvo que ver cómo su madre Frasquita sacaba adelante a sus hijos sin ningún recurso y siendo señalada por los vecinos. Por roja. Por tener a un rojo en la cárcel. Se las tuvo que ingeniar para no ver a sus pequeños sufrir ante la ausencia de su padre. Cada mes, se llevaba a uno de ellos para que pudieran verlo. A lo lejos. 

“Papá está en el coche”, decían inocentemente. Pero estaba tras las alambradas del campo de concentración de La Isleta. Cuando finalmente salió de prisión, lo hizo arrastrando una tuberculosis. “Lo querían mandar al sanatorio, pero mi madre no quiso. Se acabó curando gracias a la estreptomicina y a que ella le traía huevos y leche”, narra su hija orgullosa.

La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria)

Lola creció, pero su futuro seguiría ligado a fantasmas del pasado. Se casó con Diego González, hijo de Francisco González Santana, uno de los “cinco fusilados de San Lorenzo”. Así fueron apodados el alcalde comunista Juan Santana Vega y el resto de miembros del consistorio del extinto barrio, asesinados el 29 de marzo de 1937 a las 16:00 tras un consejo de guerra sumarísimo. González Santana tenía 41 años. Jornalero de profesión, pertenecer a la Federación Obrera de Canarias fue su penitencia.

Su cuerpo, tras ser ejecutado, fue lanzado a una fosa común del cementerio de Vegueta, en la capital grancanaria. Allí permanece aún, junto al alcalde. “El sepulturero, cuando le tocó enterrarlos, se la jugó y los enterró juntos, colocando una lámina de mármol encima para ubicarlos”, relata su nieto Paco González. Él ha sido la voz en Canarias de todas aquellas personas que ya no pueden hacerlo, y en concreto de su padre Diego. A sus 92 años, una demencia comienza a llevarse sus buenos recuerdos. También los malos.

Cementerio de Vegueta

Una noche, los falangistas entraron a su casa en busca de su progenitor Francisco González, escondido entonces en una cueva. Se fueron sin él, pero no sin antes sacar de la cuna a su hijo Braulio de tan solo cuatro meses. Las Brigadas del Amanecer lo estamparon contra la pared. Al día siguiente, la familia fue caminando hasta el cementerio, donde lo enterraron sin ninguna ayuda. Era época navideña.

Humillarlas hasta deshumanizarlas
Hombres fusilados, mujeres denigradas y recuerdos imborrables para una historia inacabada que solo tendrá su final
en el momento en el que no quede bajo tierra ni un solo hueso sin exhumar.- EDUARDO ROBAINA

Sin marido y sin su pequeño de cuatro meses. A Dolores la habían matado sin necesidad de ninguna bala. Trabajar sin poder cotizar y no poder comer porque significaba enfrentarse a una auténtica humillación. Con cartilla de racionamiento en mano, era mandada al final de la cola cuando llegaba su turno, teniendo que alimentarse de las limosnas de los pocos que aún no la señalaban por ser la viuda de un rojo.

Por si fuese poco dolor, dos de sus tres hijos fueron llevados a la Casa del Niño, un centro para niños de la posguerra. Dolores, ante el miedo de que sus hijos fuesen vendidos o les ocurriese algo peor, iba todas las semanas y les regalaba a las monjas telas bordadas por ella con punto de cruz.

Estado actual de la Casa del Niño en Las Palmas de Gran Canaria

Otra de las mujeres de la familia que quedó marcada para siempre fue Rosa García López, prima-hermana de Lola. Era un paseo matutino de los tantos que hacía para comprar cada mañana cuando un grupo de falangistas la secuestraron. Al día siguiente, la ropa rota, la cabeza rapada y signos de haber sido violada fue lo que quedó de aquel día. La deshumanizaron “hasta el punto de no querer contar nada de aquello”, relatan sus descendientes.

Justicia entre interminables tiras y aflojas


Lola se sienta cada tarde al lado de Diego. Le coge de la mano y no le suelta. Transmite coraje y amor por partes iguales. Sabe el sufrimiento que hay detrás de esos ojos. Nunca perdió la esperanza de que llegase el día de la exhumación, aunque confía en que no sea demasiado tarde para él, como sí lo fue el indulto que, cuenta la familia, “llegó al ayuntamiento un día después de ser fusilados”. Un asesinato que, en 2010, le reclamaban. 2000 pesetas, exactamente. Ahora, entre interminables tiras y aflojas, un rayo de luz ha acabado por colarse entre las persianas de sus hogares.

El momento de recuperar los restos llegará gracias a una inversión de 30.000 mil euros por parte del consistorio y el Cabildo, impulsor del proyecto.

Sima de Jinámar
 
Será presumiblemente antes de verano, donde se esperan rescatar más de 80 cuerpos, de los que 30 corresponderían a militares que resistieron el inicio del golpe en Marruecos. Pero no será el único enclave en el que se se hará memoria. También está previsto para finales de año recuperar todos los cuerpos que yacen en uno de los mayores símbolos de la violencia franquista en Canarias. Se trata de la Sima de Jinámar, un cono volcánico de 80 metros de profundidad al que se arrojó, vivos y muertos, a cientos de personas que pensaban diferente. 

Unos actos de reparación que se tornan proezas, cuando deberían ser la norma. Sin embargo, un año más -desde que Rajoy gobierna-, los Presupuestos Generales del Estado no destinarán ni un solo euro de su partida a la ley de Memoria Histórica, condenando nuevamente el derecho a cicatrizar de tantas personas. A eso hay que sumarle el rechazo del PSOE, PP y Ciudadanos a una posible reforma de la Ley de Amnistía de 1977 que permitiese juzgar los crímenes franquistas de torturadores que hoy pasean por Madrid, como es el caso de "Billy El Niño".

Billy el Niño

Hombres fusilados, mujeres denigradas y recuerdos imborrables para una historia inacabada que solo tendrá su final en el momento en el que no quede bajo tierra ni un solo hueso sin exhumar. Las muertes producidas en esos 40 años de represión se siguen aferrando a una guerra en la que uno de los bandos solo hizo por defenderse. No obstante, en Canarias no hubo siquiera confrontación bélica con la que poder justificarse de algún modo. Las islas, usadas como territorio de retaguardia del ejército sublevado durante la Guerra Civil, fueron vestigios durante el golpe de Estado de una cruenta represión política sobre los militantes o simpatizantes de los partidos y sindicatos de obreros y republicanos.

Aunque muchos datan en más de 5.000 las muertes durante estos años, no existe un estudio profundo que lo verifique, dada la dificultad documental. El historiador Aarón León estima en 1.032 las personas ejecutadas tras sentencias de consejos de guerra y víctimas de "desapariciones" extrajudiciales. Unas cifras que hoy, más de 80 años después, siguen en el olvido como parte una amnesia colectiva.
Hombres asesinados, mujeres valientes - Eduardo Robaina

FUENTE: publico.es
Eduardo Robaina
01/05/2018
Según información aparecida reciéntemente en el periódico Canarias7, Jesús Cantero Sarmiento, montañero, espeleólogo, y una de las personas que más tiempo ha dedicado a investigar y denunciar los asesinatos llevados a cabo en la sima durante la guerra civil, corroboró que entre 1975 y 2005 se habían hecho desaparecer pruebas. Entre 1967 y 1975, Cantero bajó unas quince veces a la sima y descubrió unos 20 esqueleto , muchos zapatos, botas y suelas de alpargata. En 2005, Francisco Etxeberría (catedrático en Medicina Legal y Forense de la Universidad del País Vasco) sólo halló restos de dos individuos y ahora, según el montañero Marcos Alonso, nada.

9/8/18

LA "TOMATINA" DEL BANCO SANTANDER


Casa de Bolsa del Banco Santander en México
Citizen Plof

1/8/17

EL EXPOLIO FRANQUISTA

Lo que la dictadura robó y la democracia nunca devolvió


Distintos documentos permiten conocer el sistema elaborado por la dictadura para “legalizar” los robos de bienes a sus enemigos. Para ello, el franquismo ordenó dividir a la población entre “afectos, desafectos y dudosos”. Alcanzaba con haber sentido simpatía hacia un partido político para perderlo todo.

Documento del Ayuntamiento del Concejo del Sestao del año 1937. / D.A.

Domingo Epalza pagó muy caro su compromiso con la libertad. Los franquistas no sólo le robaron el derecho a seguir soñando con una Euskadi libre, sino que también le arrebataron todas y cada una de sus pertenencias. Cuando este veterano nacionalista vasco ya había huido a Francia, los hombres de Franco en la pequeña localidad vizcaína de Orozko entraron a su casa y la vaciaron. En un detallado inventario, los verdugos apuntaron cada uno de los objetos apropiados. Las camas, las sillas, los espejos… Ya nada, absolutamente nada, volvería a ser suyo.

Fechada y sellada el 11 de julio de 1938, la detallada lista de los bienes robados a Epalza resume una de las prácticas favoritas del franquismo: la “incautación” de las pertenencias de sus “enemigos”, un concepto que el régimen utilizó de manera muy amplia. Así queda constatado en las órdenes elaboradas por la dictadura para perpetrar ese expolio contra un amplio sector de la población. Un robo de proporciones gigantescas que aún hoy, ochenta años después, continúa: los particulares expoliados por la dictadura nunca pudieron recuperar sus bienes.

Republicanos dejados en la miseria

Según consta en distintos documentos obtenidos por Público, el franquismo organizó meticulosamente este proceso. Las órdenes eran elaboradas desde altas instancias del régimen, y posteriormente llegaban a los municipios para que las “juntas locales de incautaciones” hicieran el trabajo sucio: serían sus miembros quienes se encargarían de decretar quiénes debían perderlo todo, e incluso cuál sería la dimensión de ese “todo”. El paripé dictatorial incluía un supuesto “juzgado especial de incautaciones” que jamás impartió justicia, sino que se limitó a coordinar el expolio para que se hiciera de manera ordenada.

De esta manera, las comisiones locales debían asumir la “realización de ficheros de presuntos responsables” y la “adopción de medidas precautorias para evitar la desaparición de los bienes abandonados por los rojos y separatistas, organizando la administración provisional de los mismos, así como preparándose para en su día poder administrar los bienes embargados”, tal como puede leerse en un documento de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Bizkaia, en la que participaba el gobernador civil de turno y el abogado del Estado.

Escritos de documento encontrado del Ayuntamiento del Concejo de Sestao de 1937. / D.A.
Escritos de documento encontrado del Ayuntamiento del Concejo de Sestao de 1937. / D.A.

Tres categorías

Siguiendo las directrices del régimen, las comisiones de incautación clasificaron a los “vecinos y afincados” de los municipios en tres grupos: “afectos al Movimiento Nacional, desafectos y dudosos”. Se considerarán "afectos" los que por su actuación y patriotismo deban ser considerados como oro de ley”, señalaban. Por su parte, la categoría de “desafectos” abarcaba a “todos los que hayan incurrido en cualquiera de las causas de responsabilidad civil aunque tengan a su favor atenuantes o eximentes”, mientras que el término “dudosos” sería aplicado a “todos aquellos que no pueden ser incluidos en ninguno de los otros dos grupos, incluso los desconocidos si los hubiere”.

Presos del franquismo

En ese documento también se detallaba quiénes serían identificados como “responsables políticos por su intervención en la preparación o desarrollo de la revolución rojo-separatista”. En primer lugar estarían "todos aquellos que acordaron levantarse en armas contra nuestro Ejército, hayan llevado o no a la práctica su proyecto”, así como “todos los que antes o después de haber estallado el Movimiento Nacional hayan hecho propaganda de cualquier clase en favor del Frente Popular o del Partido Nacionalista Vasco”, incluyendo a “los que formaron parte de dichos partidos políticos o hubiesen cedido u arrendado locales a dichas organizaciones”.

Del mismo modo, el régimen ordenaba expropiar “a todos los que por cualquier otro medio hayan colaborado con actos u omisiones que revelen su ánimo de favorecer el triunfo de la revolución rojo-separatista” o “hubieran servido u obtenido cargos o comisión en empresas comerciales o industrias que hayan trabajado para el Gobierno de Euzkadi o rojo (sic)”. Tampoco escaparían los que “a partir del movimiento revolucionario de octubre de 1934 hayan desempeñado cargos directos o de asesores políticos en los partidos que luego integraron el Frente Popular o el Nacionalismo Vasco o desempeñaron cargos similares en asociaciones inspiradas en dichos partidos o simplemente figuraron como afiliados de los mismos”. Ese último concepto, el de “afiliados de los mismos”, figura subrayado en rojo.
Beneficiarios de casas baratas según el documento consultado. / D.A.

"Pedestales de oro"

Tal como se detalla en uno de los documentos obtenidos por Público, el franquismo identificaba el robo de bienes como un asunto de “suma trascendencia, porque la Justicia de la Nueva España ha de administrase de arriba abajo, empezando por los grandes y poderosos plutócratas que aprovecharon sus pedestales de oro para manejos turbios en contubernio con los personajes rojo-separatistas”.  Asimismo, se dejaba claramente escrito cuáles serían las “medidas precautorias y de administración” sobre los bienes expoliados a las víctimas de la dictadura. “Tan pronto como la Junta tenga conocimiento de la existencia de bienes de cualquier clase que hayan sido abandonados, mereciendo por tal motivo la calificación de bienes presuntamente incautables, procederá con la mayor urgencia formar con los mismos un inventario y adoptar las medidas precautorias que estime la Junta Local necesarias para su conservación y mejor rentabilidad y evitar su desaparición”. En esa línea, ordenaba realizar “una exacta contabilidad de los ingresos que por tal concepto puedan obtenerse”.


De manera paralela, el régimen franquista fijó las bases para el denominado “servicio de recuperación de muebles y enseres”, dirigido a dar vía libre a todas aquellas personas afines a la dictadura que quisieran hacerse con los bienes de sus enemigos. Tal como se detallaba en una resolución del 3 de julio de 1937,bastaba  con alegar que una pertenencia era de su propiedad para que un “español de bien” se hiciera con objetos de los denominados “rojo-separatistas”.

Esas órdenes estuvieron seguidas de las “investigaciones” efectuadas por los integrantes de las comisiones de “recuperación civil”, las cuales se encargarían de materializar este robo generalizado. En otras palabras, ya nadie podría escapar. “Esta comisión se propone practicar investigaciones domiciliarias por medio de sus agentes al objeto de la imposición de las severas sanciones que procedan”, advirtieron sus responsables en Bizkaia mediante una nota enviada a los ayuntamientos en julio de 1937. A partir de entonces, los grupos locales iniciaron sus tareas de “incautación”, lo que derivó en horrendos inventarios que detallaban los bienes robados.

El Estado actual se niega a devolver a sus legítimos propietarios miles de bienes incautados por el franquismo,
tales como el edificio de la presente fotografía, hoy en dia ocupado por dependencias municipales.

Las víctimas jamás recuperarían sus pertenencias ni serían recompensadas. No ocurriría durante el resto de la dictadura, pero tampoco en la actual "democracia".

FUENTE: publico.es 
Danilo Albín