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27/11/18

TRES MEDIDAS URGENTES

Desmontando a la OCDE: tres medidas que darían 12.000 millones anuales para pensiones


La exención de cotizar para 26.000 millones en salarios altos resta al Seguro 7.500 cada ejercicio y la infracotización de los precarios otros 2.000, mientras las bonificaciones se llevan 1.800 más.

Dos jubilados con pancartas en la manifestación de Zaragoza, en el Día Internacional
de las Personas Mayores, para reclamar unas pensiones dignas. EFE/Javier Cebollada

¿Qué efectos demográficos y sociales puede tener un nuevo retraso de la edad de jubilación, como acaba de sugerir el último Informe Económico de España de la OCDE, cuando se está acortando la esperanza de vida saludable de los mayores?

¿Podría una medida de ese tipo acabar generando un mayor desajuste presupuestario al elevar el gasto en sanidad, servicios sociales y atención dependencia?

La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un organismo creado para coordinar las políticas económicas y sociales de los 37 estados más industrializados del planeta, no tiene respuesta para esas preguntas en los pasajes del informe en los que analiza la sostenibilidad del sistema español de pensiones.


Para ello ofrece cinco recetas: ampliar a toda la vida laboral el período de cálculo para determinar el subsidio, elevar el mínimo de años para cobrarlo completo, ofrecer flexibilidad para combinar trabajo y pensión, aplicar un nuevo retraso a la edad de jubilación obligatoria conforme avance a la esperanza de vida y ampliar el acceso a los fondos de pensiones.

Expertos consultados por Público, el economista Eduardo Garzón, el inspector de Trabajo y profesor de Derecho Social en la Universidad de Valencia Héctor Illueca y el responsable confederal de Políticas Públicas y Previsión Social de CCOO, Carlos Bravo, coinciden en rechazar los planteamientos austericidas de la OCDE al tiempo que ponen sobre la mesa una serie de medidas para mejorar los ingresos de la Seguridad Social. 

Tres de esas propuestas generarían unos ingresos cercanos a los 12.000 millones anuales. Por una parte, eliminar el tope de cotización que acaba con la proporcionalidad entre salario y cuota social a partir de un sueldo bruto mensual de 3.803 euros haría que la masa salarial de más de 26.000 millones que ahora queda exenta, aportara unos 7.500 millones al año al Seguro.


Atajar el fraude de la infracotización, en el que las empresas cotizan por sus empleados solo por las horas que figuran en su contrato cuando en realidad trabajan muchas más, generaría la recaudación de otros 2.000, ya que esos salarios sumergidos rondan los 7.000 millones de euros.

Y plantearse el mantenimiento de las actuales bonificaciones, incluida la tarifa plana de los nuevos autónomos, supone hablar de si entran o no en la caja otros 1.800 millones de euros, lo que, con los conceptos anteriores, daría un mínimo de 11.300 millones de euros, suficiente para reducir a menos de la mitad el déficit de la Seguridad Social, que el año pasado alcanzó los 16.800 millones.

“Proponen bajar las pensiones y que los jubilados trabajen”


“Lo que propone la OCDE es bajar las pensiones y que los jubilados trabajen”, resume Illueca. 

“Es una trampa. El informe habla de la esperanza de vida pero no tiene en cuenta la calidad de esa etapa, cuando según la Organización Mundial de la Salud cada vez vivimos más años pero en peores condiciones”, señala Garzón.

Los datos, en este sentido, resultan inquietantes, ya que la Esperanza de Vida Saludable, que mide el tiempo que una persona vive sin enfermedades que lo incapaciten, se está reduciendo.


Según los datos del Ministerio de Sanidad, entre 2011 y 2015 ese indicador cayó de 12,4 a 9,5 años en los hombres y de 11,9 a 8,9 en las mujeres, con un repunte de unos meses en 2016, según el INE (Instituto Nacional de Estadística).

La ampliación de la edad de jubilación a partir de 2019 irá recortando esa Esperanza de Vida Saludable en otros dos, por abajo, más las consecuencias que el trabajo a esa edad pueda tener, por arriba, en la salud de los afectados por la reforma.

“Es ideología, carece de base científica”


“Los planteamientos de la OCDE son ideológicos, carecen de cualquier fundamento científico, coinciden Garzón e Illueca, que añade que “indudablemente medidas de ese tipo tendrán efectos en el gasto en sanidad y dependencia, además de incluir un componente de injusticia”.

“El problema de elevar la edad de jubilación es que, al final, la gente con menores ingresos financia las pensiones de quienes tienen mayores rentas y esperanza de vida”, señala Bravo.

Otras medidas, como calcular la pensión con base en toda la vida laboral (el año que viene pasa de 15 a 25 años), entraña el riesgo de ampliar la brecha de género en la jubilación, en la que el subsidio medio de las mujeres es un 37% inferior al de los hombres por tener a menudo una peor carrera de cotización.


El informe admite que “España se enfrenta a una serie de desafíos demográficos, que podrían dar lugar a un incremento significativo del gasto relacionado con el envejecimiento, como el gasto en sanidad, en cuidados de larga duración y en pensiones”, y pronostica que en el próximo medio siglo la pensión media caerá del 58% del salario medio que ahora supone al 38%. De hecho, los cobros han comenzado a reducirse. 

Sin embargo, a renglón seguido, anota que “la edad media de salida del mercado de trabajo se ha estancado y se sitúa más de dos años por debajo de la media de la OCDE”.

“Se trata de equiparar ingresos y cotización”


“Hay soluciones como crear empleo, y si además este es de calidad, aumentarán los ingresos de la Seguridad Social”, apunta Garzón, que recuerda cómo las mejoras salariales, entre ellas la del Mínimo Interprofesional, tienen una incidencia directa en la recaudación.

“En España hay más de cinco millones de trabajadores, de 19, que no cotizan por sus ingresos reales”, anota Bravo en referencia a los asalariados que superan esos 3.803 euros brutos mensuales, buena parte de los autónomos (cuyo sistema está en revisión) y las empleadas del hogar y, obviamente, quien se gana la vida en la economía sumergida. “Se trata de equiparar la cotización a los ingresos”, añade.

Paralelamente, señalan otras recetas de gestión y contabilidad que ayudarían a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, como trasladar a otro organismo las pensiones no contributivas, como las de maternidad y paternidad, orfandad o viudedad, o convertir las aportaciones que ahora hace el Estado vía préstamo en transferencias, lo que no afectaría al déficit pero sí dejaría de aumentar la deuda. “Dieciocho de los 28 países de la UE no financian exclusivamente su sistema de previsión con salarios ¿Por qué no puede hacerse eso aquí?”, se pregunta Garzón.


De hecho, hoy las cotizaciones resultan insuficientes para generar los recursos que requiere el pago de las pensiones contributivas y en cinco comunidades no dan ni siquiera para pagar las jubilaciones.

Illueca se pronuncia en una línea similar. “El pacto de Toledo, que fue muy útil, está agotado –indica-; se rompió con la reforma de 2013 que eliminó la revisión de las pensiones de acuerdo con el IPC. ¿Por qué no se plantea que el mantenimiento de las pensiones deje de cargarse solo a los salarios?”.

“Lo que hay que hacer es equilibrar la estructura de ingresos de la Seguridad Social y derogar la reforma de 2013”, anota Bravo, que llama a “recuperar el marco de consenso para empezar a poner respuestas y soluciones sobre la mesa y mantener equilibradas las pensiones entre las distintas generaciones, en lugar de buscar cómo recortarlas”.


FUENTE: publico.es

13/1/18

LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES EN LA UE


En España, las pensiones deberían volver a revalorizarse según el IPC anual. Para que esto ocurriera tendría que derogarse la última reforma de pensiones aprobada por el Gobierno en 2013, que creó el denominado factor de revalorización, con el las vienen actualizando desde 2014.

Este factor consiste en un indicador creado a partir de una fórmula que analiza la marcha del sistema (ingresos, gastos y número de pensionistas, de los últimos cinco años y las previsiones del Gobierno para los cinco siguientes). El resultado de esta fórmula indica la capacidad del sistema para actualizar las pensiones.


No obstante, en previsión de que en épocas de crisis –como la actual– la fórmula instara a una rebaja de las pensiones, la ley que regula el factor de revalorización fijó un suelo mínimo de incremento de las prestaciones del 0,25% anual, y un tope máximo para épocas de bonanza y a discreción del Gobierno, del IPCmás un 0,5%.

Dado que la Seguridad Social tiene actualmente un agujero presupuestario de 18.000 millones, según el cierre de 2016, la aplicación del factor de sostentibilidad determina solo una subida del 0,25% anual. Y este incremento mínimo seguirá aplicándose mientras el sistema esté en déficit, algo que según todas las previsiones seguirá ocurriendo durante años.


De ahí que hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya admitido recientemente que los pensionistas van a perder poder adquisitivo a partir de ahora, algo que no ha ocurrido desde que se aplica el factor de revalorización, debido al bajo nivel de los precios que ha habido.

Ante esta esperada pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, los sindicatos CCOO y UGT instaron a la oposición a presentar una proposición de ley para que las pensiones subieran a partir del 1 de enero un 1,2%. Pero el Gobierno bloqueó esta proposición que contó con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos Esquerra, PNV y el Grupo Mixto.

Foto

España es el único país europeo donde las pensiones
no se actualizan con el IPC.

FUENTE: Cinco Días
27/02/2017

Y ahora:

¡sigan votando, sigan votando, sigan votando...! 

19/12/17

OCULTACIÓN DE GASTOS MILITARES A LA CIUDADANÍA

El Gobierno ocultó en 2015 el 78% del gasto militar

El gasto en defensa representa 236’94 veces más que el gasto en fomento del empleo y 14’66 veces más que el gasto en servicios sociales.


El Presupuesto del Ministerio de Defensa sólo llegó para pagar 110 días, el 30'13 % del Gasto Militar total de 2015.

El resto de los 365 días, es decir, 255 fueron ocultados de diversas maneras pero se acabaron gastando a beneficio del Ministerio de Defensa:

  • Luego, 88 días más se pagaron con lo que audita como Gasto Militar la IGAE, con esto se llegó hasta el 17 de julio.
  • Luego, otros 167 días se ocultaron las cifras para acabar acumulando el Gasto Militar de 2015.  Sin ellos, el Ministerio de Defensa no hubiese sobrevivido.


Todos estos datos y muchos más sobre la opacidad del militarismo español y el engaño continuo que suponen para los contribuyentes y para los votantes se pueden encontrar en Liquidación del Gasto Militar 2015:

Datos más relevantes:


En términos generales podríamos destacar los siguientes y abrumadores datos:
  • Presupuesto del Ministerio de Defensa 2015:  5.767’78 millones €
  • Gasto Militar (auditado por la IGAE) en 2015:  10.250’46 millones de €
  • Sobregasto militar (auditado por la IGAE) en 2014:  4.482’68 millones €
  • % de desviación sobre lo presupuestado:  77’72 %


En lo que concierne, exclusivamente, al Ministerio de Defensa habría que señalar que:
  • Presupuesto del Ministerio de Defensa en 2015:  5.767’78 millones de €
  • Liquidación del Presupuesto del Ministerio de  Defensa en 2015:  8.102’26 millones de €
  • + 2.934’48 millones (+ 40’47 %)
  • Diferencia entre lo presupuestado y lo liquidado: 6’39 millones € /día
  • La IGAE no audita el 46’41 % del Gasto Militar
  • Defensa es el 2º ministerio con más ingresos:  1.047’88 millones de €
  • IGAE sólo audita el 13’89 % del total de las clases pasivas militares
  • El 90’8 de la I+D relacionada con Defensa está oculta en otros ministerios
  • El 34’65 de las inversiones reales del Estado se destinan a Defensa


También se pueden hacer análisis a largo plazo, en concreto entre 2002 y 2015:
  • Presupuestado para el Ministerio de Defensa:  96.656’89 millones de €
  • Liquidado por el Ministerio de Defensa:  115.955’52 millones de €
  • + 19.298’63 millones de € (+ 19’96 %)

Estas cifras nos hacen comprender que las continuas quejas y llantos de los militares y políticos militaristas sobre la escasez de gasto en Defensa no se corresponden con la realidad porque, al menos, gasta un 19’96 %, lo que no disfrutan, ni de lejos, el resto de los ministerios.

Gasto Militar vs. Gasto Social


Otro aspecto que es importante tener en cuenta es comparar el gasto militar con el gasto social, lo que indica la opción social del gobierno en 2015 (el Partido Popular) que como se ve en los siguientes datos es una apuesta abrumadora por el militarismo despreciando los servicios sociales, el empleo, la vivienda, la educación y la sanidad, por ejemplo.

El Gasto Militar representa:
  • 14’66 veces más que el gasto en Servicios Sociales y Promoción Social
  • 236’94 veces más que el gasto en Fomento del Empleo
  • 12’92 veces más que el gasto en Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
  • 3’6 veces más que el gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 2’77 veces más que el gasto en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
  • 4’99 veces más que el gasto en el Ministerio de Justicia


 COMENTARIOS:

urisamir
A los defensores de la patria y tal. Seguid agitando banderas, mientras ellos se lo llevan crudo.

eloy_85
A ver, retrasao, no se oculta, porque si está oculto no lo va a ver el panfletero de turno, solo que como en este país no se fusila rojos al alba tiempo ha, hay que asignar el gasto en industria militar al ministerios de fomento o industria para que los rojos no pongan el grito en el cielo.
Por otra parte, la OTAN a la que pertenecemos aunque no nos guste a muchos, exije una inversión mínima del 2%, cosa que España lleva incumpliendo lustros, es decir que se invierte en Defensa menos de lo que estamos comprometidos voluntariamente.
Y por último, el puto gasto social de mierda, es decir, que se lo lleven muerto los parásitos habría que reducirlo a su mínima expresión, como forma de limpiar el gasto público.


Futuroscuro
Tradicionalmente, el presupuesto destinado a Defensa es, junto al de la Seguridad Social, el más saqueado por la mafia del 78. Después están los hospitales colapsados, y el ejército con menos medios que el de Zapata.

FUENTE: nuevatribuna.es
15/12/2017
¡"Biba", "biba"! En estas fiestas vamos a comer submarinos, aviones, tanques, helicópteros, cañones, proyectiles y todas esas golosinas militares tan sabrosas.

¡Ah!... Al prepotente e impresentable ese de eloy_85, le deseo feliz vanidad y próspero facho nuevo.

    16/12/17

    AHORRO GUBERNATIVO

    El Gobierno ahorra 1.700 millones a costa de empobrecer a los pensionistas

    Por segundo año consecutivo, las pensiones pierden capacidad de compra en 2017, tras haberse suprimido el mecanismo automático que las vinculaba a la evolución de los precios.


    Las pensiones contributivas se actualizaron durante tres lustros de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Eso permitió que sus perceptores mantuvieran el poder adquisitivo incluso en los años en que se registraron altos niveles de inflación.

    Sin embargo, desde la última reforma de la Seguridad Social, impulsada en plena crisis económica por el Gobierno de Mariano Rajoy, las cosas han cambiado mucho.

    Con la regulación anterior, vigente desde 1995, si el IPC anual superaba en noviembre la subida aplicada a las pensiones el 1 de enero, se producía una actualización automática y el Estado abonaba la diferencia a través de una paga extra.


    Esa norma se mantuvo intacta hasta 2011, cuando José Luis Rodríguez Zapatero incluyó la congelación de las pensiones en su paquete de medidas contra el déficit público, por exigencia de las autoridades de Bruselas.

    Como consecuencia de ello, el poder adquisitivo de los pensionistas españoles sufrió aquel año una merma del 2,9%, que fue la tasa anual de inflación registrada en noviembre. La historia se repitió en 2012, a pesar de que los primeros Presupuestos Generales de Rajoy habían revalorizado las pensiones un 1%, pues el IPC replicó exactamente el dato del ejercicio anterior, sin que estuviera prevista para tal caso ninguna medida compensatoria.

    Entre 2013 y 2015, con los precios bajo control, se recuperó parte del terreno perdido; pero en 2016 repuntó la inflación y el bolsillo de los pensionistas se volvió a resentir. Para entonces ya estaba en funcionamiento la reforma ahora en vigor, que desvincula las pensiones de la evolución del IPC y condiciona su subida a la situación financiera de la Seguridad Social.


    Como ésta es incapaz de cuadrar sus cuentas, debido a los suficientes ingresos que genera una política de empleo basada en la precariedad laboral y en los sueldos bajos, las pensiones llevan cuatro años sin subir más del 0,25%, el mínimo previsto en la ley. Lo cual significa que en 2017, con el IPC anual de noviembre en la mano, la capacidad de compra de los pensionistas va a retroceder un 1,35%, que se suma al 1,25% de 2016.

    Si todavía rigiera el antiguo sistema de revisión, la Seguridad Social debería desembolsar ahora 1.700 millones de euros adicionales, que paliarían el quebranto infligido al bolsillo de los pensionistas por el crecimiento de los precios. 

    Aunque para ello tendría que recurrir de nuevo al ya exhausto Fondo de Reserva o seguir tirando de la línea de crédito de 10.000 millones que le concedió en julio el Estado para evitar la mala imagen de vaciarlo del todo.

    La gestión del PP comienza en 2012 (X legislatura de la democracia)
    cuando el Fondo contaba con 65.830 millones de euros

    FUENTE: publico.es
    Vicente Clavero 
    Madrid - 13/12/2017

    ¡Manda "carallo"!

    Toda la puta vida cotizando para que, a la vejez, el gobierno de turno nos deje con el culo al aire.

    Somos casi 9 MILLONES de pensionistas en este "pís"; mira que como a alguien se le ocurra inventar la figura del "pensionista-bomba", al Estado se le van a desparramar los enanos.

    8/12/17

    LA QUIEBRA PREMEDITADA DE LA SEGURIDAD SOCIAL


    Para prevenir que el Gobierno se hubiera quedado corto en la dosis de miedo que debía inocularnos, en las últimas semanas asistimos a un bombardeo nada inocente sobre la supuesta quiebra de la Seguridad Social y la urgente necesidad de recortar las pensiones para que sea sostenible.

    La ofensiva fue iniciada por Fedea, la fundación auspiciada por el Ibex 35, que viene colocando en los grandes medios de comunicación amplios reportajes sobre las bondades de las llamadas cuentas nocionales, un sistema implantado en países como Suecia, Polonia y Letonia que vincula la pensión a lo cotizado y lo distribuye en función de la esperanza de vida a la manera de un fondo privado. Su gran virtud es que abarataría la pensiones en una cuantía no inferior al 40%.

    Por si el mensaje no había calado o por si la crisis catalana nos había distraído, hemos conocido esta semana un informe de la OCDE que describe el Apocalipsis y le pone fecha: 2050. En ese año, según las predicciones del organismo, seremos el segundo país más envejecido del mundo desarrollado tras Japón con 77,5 pensionistas por cada 100 habitantes. 

    El corolario es evidente: si no se reforma el sistema, al que se califica como uno de los más generosos del mundo en términos relativos pese a que cinco millones de personas reciben importes inferiores al salario mínimo, el naufragio será inevitable.


    La publicación del informe ha coincidido con el nuevo sablazo a la hucha de las pensiones, reducida ya a un cerdito de barro, aunque, para no pasar a la historia como el Gobierno que se pulió 67.000 millones del Fondo de Reserva de una sentada, Moncloa intenta demorar lo inevitable. Así, para pagar la extra de diciembre a los jubilados usará sólo 3.500 millones del calcetín y sufragará el resto con un crédito de Hacienda.

    Todo ello después de haber propiciado un déficit estructural de 15.000 millones al año, pese a haber establecido en la última reforma un mecanismo que impide la revalorización y jibariza los importes de manera que los pensionistas financian parte del agujero a costa de perder poder adquisitivo. Entre tanto, se han modificado las condiciones de los planes privados por si a alguien le da por picar en el tocomocho.

    Tal y como se ha explicado aquí en varias ocasiones, el desvalijamiento de la Seguridad Social ha sido premeditado, el resultado obvio de aminorar los ingresos y multiplicar los desembolsos.

    No ha sido producto de la crisis, ya que en los primeros años, durante su etapa más virulenta, el sistema escapó del déficit y no fue necesario recurrir a las reservas. Se ha hecho que el crimen parezca un accidente.


    El déficit de 15.000 millones no es sino el resultado de la combinación de varios factores. El primero, el vaciamiento de la hucha, que en su mejor momento ofrecía réditos de hasta 3.000 millones al año.

    El segundo, el uso de la Seguridad Social como pagador de las regalías gubernamentales, hasta el punto que de su caja han salido las bonificaciones y tarifas planas con las que, supuestamente, se animaba a la contratación y que han supuesto hasta 4.000 millones al año.

    Paralelamente, se ha trasladado a la Seguridad Social quebrantos que han permitido a otros organismos públicos cuadrar sus cuentas.

    El ejemplo obvio es del Servicio Público de Empleo, que en tiempos cotizaba por los parados mayores de 52 años y ahora sólo lo hace por los mayores de 55 años y con bases inferiores.


    Finalmente, la devaluación salarial impulsada por la reforma laboral ha provocado que el incremento de afiliados al sistema no redunde en mayores ingresos.

    La apariencia es la de un minucioso plan que aboca a la tijera, a la ampliación de la edad de jubilación y a la promoción del ahorro privado en beneficio de la banca, la misma que promueve las cuentas nocionales antes descritas.

    Para enjugar gran parte del déficit no son necesarias grandes reflexiones de los expertos que van pasando por la Comisión del Pacto de Toledo para que nos hagamos el cuerpo a lo peor. 

    Bastaría con un puñado de medidas que corrigieran las actuales vías de agua, que han sido enumeradas por el exsecretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado.

    Octavio Granado

    A saber:

    Reembolsar desde el Estado a la Seguridad Social las reducciones de cotización y bonificaciones que ahora paga.

    Devolver la cotización a los parados mayores de 52 años por el 125% del SMI.

    Hacer cotizar a los centros de enseñanza y a las empresas por los estudiantes en prácticas y becarios.

    Devolver la cotización a los cuidadores de dependientes.

    Eliminar el fraude en la cotización por contratos inferiores a cinco días para que incorporen festivos y vacaciones no trabajados y el de las horas extras.

    Aumentar las bases de cotización de los contratos temporales de duración muy reducida y los de a tiempo parcial.

    Recargar la cotización de los empleos con coeficientes reductores de la edad de jubilación.


    No es lo mismo abordar una reforma de las pensiones con un sistema prácticamente en equilibrio que con otro desangrado.

    De dicha reforma debería formar parte un pacto que impulse los salarios, que fomente la natalidad –que se consigue con ayudas públicas reales y no con 100 euros por niño- y que valore la aportación de los inmigrantes, tanto tiempo demonizados.

    No debería ser un anatema que una parte de las pensiones se paguen con impuestos ni que las medidas que se propongan persigan prioritariamente aumentar los ingresos en vez de recortar los gastos.

    Hablar de quiebra cuando las pensiones públicas en España representan un 11% del PIB frente al 13% de la media de la UE es la coartada de un atraco.
    FUENTE: publico.es
    Tierra de nadie
    Juan Carlos Escudier
    07/12/2017

    27/7/17

    EL FUTURO DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA

    El FMI y los recortes de nuestro sistema de pensiones

    Si se quiere asegurar el bienestar de toda la población, jóvenes y mayores, se necesita romper el bucle de precariedad y recortes frente a un mercado de trabajo con derechos y salarios menguantes


    El pasado día 13, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) hacía pública su previsión de que, hasta 2022, las pensiones se van a revalorizar muy por debajo del aumento del coste de la vida: aplicando el índice aprobado por el Partido Popular, crecerán a una tasa anual de sólo el 0,25%. Como consecuencia, en estos próximos cinco años los pensionistas perderán un 7% de su poder adquisitivo.

    Es decir, se confirma lo que ya sabíamos y lo que vienen advirtiendo los sucesivos estudios: que las llamadas “reformas de las pensiones” han sido, en realidad, recortes. Porque a la decisión de desligar del IPC la revisión de las pensiones hay que añadir el resto de aspectos de estas reformas: retraso en la edad de jubilación, cálculo más desfavorable de la pensión inicial y aplicación del llamado “factor de sostenibilidad”.

    La misión que el Fondo Monetario Internacional ha enviado a España durante la pasada semana acaba de decir que estas reformas le parecen muy positivas, y nos animan a aplicarlas “en su totalidad, evitando los ajustes puntuales”. Con desparpajo, afirman incluso que estas reformas “aseguran la revalorización nominal” de todas las pensiones (señores del FMI: sabemos qué es la inflación, y sabemos restarla de los aumentos nominales: 0,25% nominal - 2% de inflación =   -1,75% real).


    El FMI califica esta pérdida de poder adquisitivo como una “transición suave” hacia un sistema “socialmente aceptable”. Conviene detenerse en los tres argumentos que ofrece para apoyar su recomendación de recortar las pensiones, que de forma tan entusiasta está aplicando nuestro gobierno.

    El primer argumento es ya conocido: hace falta garantizar la suficiencia financiera y prevenir los posibles efectos del envejecimiento. Aparte de la elevada incertidumbre que existe sobre la dimensión de estas previsiones demográficas, es importante recordar siempre que reducir las pensiones (hasta ajustarlas a unos ingresos dados como porcentaje del PIB) no es la única forma de abordar este problema. La sostenibilidad financiera también puede asegurarse con una financiación suficiente de la Seguridad Social mediante medidas que incrementen los ingresos (hasta ajustarlos a lo necesario para garantizar unas pensiones dignas). De esta forma, además, cumpliríamos con nuestra propia Constitución, según la cual debe asegurarse la suficiencia de las prestaciones de la Seguridad Social.

    Esta es la cuestión clave: articular un sistema de financiación que garantice el principio de suficiencia, y no a la inversa. Esto pasa por la aplicación de una política económica centrada en la creación de empleo de calidad (puesto que los salarios basura generan cotizaciones basura) y por medidas concretas e inmediatas para asegurar los ingresos del sistema.


    El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem ha presentado una Proposición de Ley de Pensiones que va precisamente en la dirección de “reformar las reformas” de 2011 y 2013, apuntalando tanto la sostenibilidad financiera del sistema como las prestaciones futuras. En la propuesta de reforma se contempla la necesidad de recuperar y ampliar los ingresos por cotizaciones (incluyendo el destope de los salarios más altos o la eliminación de las deducciones actualmente existentes), así como la posibilidad de ampliar la financiación de la Seguridad Social con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

    En segundo lugar, el FMI parece sugerir que, al fin y al cabo, España tiene ya un sistema de pensiones bastante generoso, que puede asumir estos ajustes. Sólo algunos datos, para espantar tal despropósito. En el año 2015 aproximadamente 4.670.000 pensiones, la mitad del total, estuvieron por debajo del umbral de pobreza, es decir, fueron inferiores a 667 € mensuales. Y la pensión no contributiva media está incluso muy por debajo de ese umbral, en 376 €/mes (en 2016, por cierto, un 66,4% fueron percibidas por mujeres).

    Un tercer argumento –particularmente preocupante– aparece también en escena: el empeoramiento de las condiciones de vida de los pensionistas se quiere justificar a través del conflicto entre generaciones. Así, si no recortamos las pensiones, viene a decir el FMI, su sostenimiento se producirá a costa de los ingresos de la siguiente generación. Pensamos que es positivo que se introduzca en el debate la cuestión de la distribución, pero esta es la peor forma de  hacerlo.


    El conflicto distributivo que hay que resolver no es el que, supuestamente, enfrenta a unos pensionistas empobrecidos contra unos trabajadores precarios con salarios menguantes (y que, en muchos casos, acaban dependiendo de una pensión para que la familia llegue a fin de mes). El que de verdad hay que resolver es el que se deriva de la desigualdad creciente entre las rentas del trabajo y las del capital.

    Desde 1995, el peso de las rentas salariales en el PIB se ha reducido en 5 puntos, 2 de los cuales corresponden al último periodo de gobierno del Partido Popular. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios entre 2008 y 2014 superó el 10%, y además los salarios siguen estancados a pesar del crecimiento del PIB: en el primer trimestre de 2017, el coste laboral por hora ha caído un 0,1% respecto al año anterior.

    A esta creciente desigualdad en la distribución de la renta ha contribuido sin duda la política de devaluación salarial impulsada por organismos como el FMI y aplicada por el gobierno del Partido Popular, principalmente a través del desmantelamiento de la negociación colectiva. Y esta devaluación salarial tiene además un sesgo generacional: según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario de quienes tienen menos de 40 años se ha reducido aún en mayor medida que el del resto de asalariados.


    Por ello, si tanto preocupa al FMI la carga del ajuste que asumirán los jóvenes españoles, bien haría en reevaluar el impacto que los recortes salariales han tenido en este colectivo. La extensión de los bajos salarios se suma además a los efectos de las reformas de pensiones: son precisamente los jóvenes quienes experimentarán un mayor retraso de su futura edad de jubilación así como un mayor recorte de sus prestaciones (al entrar en vigor plenamente las denominadas “medidas paramétricas”). Sin embargo, en la declaración hecha pública por el FMI no se menciona ni una sola vez este problema de los salarios, aunque  reconoce que el crecimiento del PIB que registra la economía española es compatible con la cronificación de la precariedad: mucho más empleo temporal que indefinido y trabajadores sin más remedio que aceptar trabajar a tiempo parcial, queriendo hacerlo a jornada completa. 

    A pesar de reconocer esto, el FMI no hace autocrítica alguna a sus repetidas recomendaciones a favor de la reforma laboral. La precariedad que ésta favorece, y la inexistencia de unas pensiones dignas, es lo que amenaza el porvenir de los jóvenes. Sin olvidar que el círculo vicioso se cierra cuando los bajos salarios provocan cotizaciones insuficientes, y esto se utiliza para justificar las bajadas de las pensiones.

    Si se quiere asegurar el bienestar de toda la población, jóvenes y mayores, la solución no está ni en los recortes de las pensiones ni en un mercado de trabajo con derechos y salarios menguantes.


    Lo que se necesita es romper el bucle de precariedad y recortes, impulsar un cambio en el patrón de distribución y desarrollar políticas públicas activas que favorezcan una verdadera transformación de nuestro modelo de crecimiento. En pocas palabras:

    Hacer lo contrario de lo que recomienda el FMI.

    FUENTE: www.ctxt.es 
    Jorge Uxó - Carlos Ochando - Nacho Álvarez
    Tribuna - 21/04/2017

    16/7/17

    LOS PENSIONISTAS PERDERÁN MÁS DE 200 EUROS ANUALES

    Las últimas previsiones apuntan a una inflación media de 2% en 2017, frente al 0,25% que subió la prestación.

    Pensionistas en la Explanada de Alicante. AFP

    Después de tres ejercicios en que los pensionistas han mantenido mal que bien su poder adquisitivo gracias a la estabilidad de los precios, su situación económica en 2017 va a empeorar. Si se cumplen las últimas previsiones de los expertos,la inflación media rondará este año el 2%, ocho veces más de lo que aumentaron las pensiones en aplicación de la reforma aprobada en 2013.

    Uno de los cambios fundamentales introducidos entonces fue que la subida no estuviese vinculada a la evolución de los precios, como era tradicional, sino a factores relacionados con la sostenibilidad del sistema, deficitario desde 2012. Siempre con un límite superior del IPC más 0,50% y otro inferior del 0,25%, que es el que el Gobierno ha venido aplicando con carácter general desde 2014.


    Esa exigua subida no mermaba la capacidad de compra de las pensiones cuando el crecimiento de los precios registraba tasas incluso negativas, debido en buena medida al abaratamiento del coste del petróleo. Pero en 2017 la situación ya no es igual, y los analistas pronostican una inflación media para el conjunto del año que haría perder 1,75 puntos de poder adquisitivo a las pensiones.

    En 2016, las pensioness exigieron un desembolso de más de 111.000 millones de euros, incluyendo las de jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares, según el avance de la liquidación del presupuesto de la Seguridad Social. Por lo tanto, si la subida de 2017 hubiese igualado a la inflación prevista, el gasto adicional sería de 2.200 millones; pero, al aplicarse el 0,25%, será de sólo 275.


    Eso significa que los 9,5 millones de pensionistas que había en España a 31 de diciembre van a disponer durante el presente año de 1.925 millones de euros menos que en el caso de que la prestación hubiese sido actualizada de acuerdo con el comportamiento de los precios. Por término medio, cada perceptor perderá 202 euros, casi 15 por cada una de las 14 pagas que le corresponden.

    Antes existía una cláusula de revisión que se activaba a final del ejercicio cuando el IPC real sobrepasaba el que había sido tomado como referencia para fijar la subida de las pensiones. Ese mecanismo, sin embargo, ha desaparecido so pretexto de no ahondar el desequilibrio financiero del sistema, que ha llevado al Gobierno a recurrir al Fondo de Reserva hasta casi agotarlo.


    De todas formas, la Seguridad Social no arrastra tanto un problema de gastos como de ingresos, pues las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores serían suficientes si el empleo que se está creando fuese menos precario y estuviera mejor pagado. 

    De ahí que los sindicatos y la mayoría de los partidos de la oposición sean partidarios de buscar fórmulas que permitan volver al sistema de actualización anterior.


    FUENTE: publico.es 
    Vicente Clavero 
    Madrid - 13/07/2017

    Los cabritos que nos gobiernan vaciaron la hucha de las pensiones para darle el dinero (¡¡¡60.000 MILLONES DE EUROS!!!) a la banca y "ahorrarse" así el rescate de la UE, con lo cual quedaron de p. m. en la foto... y a los pensionistas q. n. d. p. c. (Lo escribo así porque dice mi mujer que utilizo demasiadas palabrotas). Ustedes disculpen; son cosas de la Inseguridad Social.

    p. m. = de puta madre.
    q. n. d. p. c.= que nos den por culo. 

    4/7/17

    EL EXPOLIO

    Atraco a cara descubierta de la Seguridad Social


    Tras pulirse en cinco años algo más de 70.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el Gobierno ha recurrido a un préstamo del Estado de 10.192 millones para abonar en parte las pagas extras de los pensionistas, que es la manera de comunicar al respetable que la hucha está tiritando y que si se agita el cerdito de barro a la altura de la oreja sólo se escuchará el tintineo de algunas monedas.

    Como se ha venido explicando aquí, el saqueo del Fondo no ha sido una circunstancia obligada por la crisis económica sino algo mucho más premeditado. Así, junto al vaciamiento de las reservas y pese a las constantes pérdidas de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas gracias a la última reforma del sistema, se ha institucionalizado un déficit de más de 15.000 millones al año. ¿Objetivo? Propiciar una nueva reforma con más recortes en las que vuelva ampliarse la edad de jubilación y, paralelamente favorecer a los fondos privados, que si para alguien han sido rentables es para los bancos.


    Para desvalijar el Fondo de Reserva se ha recurrido al atraco a cara descubierta ya que ni siquiera ha hecho falta recurrir a la media de nailon en la cara. Sencillamente, se ha privado a la Seguridad Social de ingresos y se han multiplicado los desembolsos. De esta manera, se ha obligado al sistema a financiar las bonificaciones y tarifas planas con las que el Gobierno ha regado a los empresarios para que contraten y que vienen a sumar unos 4.000 millones de euros al año. Por el otro lado, se ha favorecido una devaluación salarial de tal calibre que el aumento de cotizantes no ha servido para equilibrar las cuentas. Finalmente, al vaciar la hucha se han perdido también sus réditos, que venían a suponer unos 3.000 millones al año.

    Para completar el cuadro, se ha usado la Seguridad Social para tapar agujeros de otros organismos públicos a costa de aumentar el suyo. Un ejemplo es el de los desempleados por los que el Servicio Público de Empleo, el antiguo INEM, ha de cotizar a la Seguridad Social. Si se bajan sus bases de cotización y sólo se hace por los mayores de 55 años –antes se cotizaba por los mayores de 52-, el SEPE se ahorra el dinero que la Seguridad Social deja de recaudar. Y así.


    Todo ello explica que durante los primeros años de la crisis, posiblemente en su etapa más virulenta, la Seguridad Social esquivara el déficit sin tocar un céntimo de las reservas y que, sin embargo, a partir de 2001 se abriera a sus pies un abismo insondable. Estamos ante un crimen con alevosía que se ha pretendido hacer pasar por un accidente.

    Se está perpetrando un nuevo atraco a los pensionistas actuales y a los futuros, a los que se intentará convencer que el sistema no es financiable y que sólo puede sostenerse con pensiones de miseria. Corregir el rumbo es posible. Basta con dejar de esquilmar la caja, aumentar los ingresos eliminando los topes de cotización de los salarios más altos y perseguir el fraude en las contrataciones. Y para ello es imprescindible salarios dignos y no tercermundistas. Las pensiones públicas representan como media en la UE más del 13% del PIB cuando aquí no llegan al 11%. Hablan de quiebra pero es un expolio.


    FUENTE: publico.es
    Tierra de nadie
    Juan Carlos Escudier
    30/06/2017