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8/8/18

EL ABARATAMIENTO DEL DESPIDO

Despedir a un trabajador es hoy un 64% más barato que hace seis años


El avance del empleo temporal, la congelación de los salarios y el recorte de las condiciones económicas de los ceses provocan una caída en picado de los resarcimientos a los trabajadores


Echar a la calle a un trabajador cuesta cada vez menos dinero en España:

La reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso con su mayoría absoluta en 2012 y la intensificación de la precariedad, pese a los niveles de récord de algunas variables macroeconómicas, han provocado un desplome del coste de las indemnizaciones por despido. En solo seis años se han reducido a una tercera parte de lo que suponían antes de esa medida.

La Encuesta de Coste Laboral del INE (Instituto Nacional de Estadística) revela cómo entre diciembre de 2011, dos meses antes de la reforma, y el mismo mes de 2017, el coste laboral de las indemnizaciones por despido cayó de una media de 530,37 euros por trabajador a 197,87, un 63,1% menos.


Cuando finaliza la relación laboral de un trabajador con una empresa, esta debe abonarle el finiquito, con los conceptos retributivos como salario no recibido, horas extra no cobradas, vacaciones no disfrutadas, parte proporcional de las pagas extraordinarias y dietas y gastos pendientes de percibir, entre otros, y la indemnización por despido; salvo que se trate de una baja voluntaria, obviamente. 

La indemnización, libre de impuestos, se calcula con base en tres factores: el salario (sueldo base, pluses y gratificaciones), la antigüedad en la plantilla, con independencia de que entrara como eventual o como indefinido, y el tipo de despido. Una vez determinado el salario diario, esa cifra se multiplica por los años que ha trabajado, incluyendo el sobrante de meses como decimal (seis = 0,5, ocho = 0,75), y por la cuantía que marca la normativa para cada tipo de cese.

El abaratamiento de la reforma


La reforma laboral tuvo efectos determinantes sobre este último factor al reducir de 45 a 33 días de salario por año trabajado las indemnizaciones por despido improcedente y rebajar de 42 a 24 el máximo de mensualidades que podía recibir el despedido.

Al mismo tiempo se ampliaba las causas en las que el empresario puede optar por el cese objetivo, que recorta el salario por año a 20 días y el tope de mensualidades a doce.

La primera de esas medidas abarataba la indemnización mínima por cese improcedente un 26,7%, mientras la segunda, caso de tramitarse como objetivo, lo hacía en un 57,6%. Su combinación desplomaba la máxima un 87,3%: de 1.890 jornadas de salario a 240.

 

No obstante, el Tribunal Supremo determinó hace dos años que al calcular el resarcimiento debía diferenciarse el tramo anterior al 12 de febrero de 2012, en el que se aplicaban las normas anteriores a la reforma, y el posterior.

En el abaratamiento del despido ha influido también la congelación ‘de facto’ de los salarios, que en esos seis años han subido menos de un 1% (de 22.775 a 22.806 euros anuales) según la misma Encuesta de Coste Laboral.

Cada vez más eventuales


Ese desplome del coste de las indemnizaciones por despido coincide en el tiempo con otras dos tendencias que han alterado el mercado laboral.

Por una parte, la intensa destrucción de empleo, principal pero no exclusivamente mediante EREs, que en los primeros cinco años de aplicación de la reforma se llevaron por delante 235.914 contratos, además de suspender 733.747 y reducir la jornada de otros 228.085, y otros 20.813 el año pasado. 

Por otra, la paulatina sustitución de esos empleos por otros más precarios: prácticamente dos tercios de los puestos de trabajo asalariados creados en ese sexenio (495.300 de 772.100) son eventuales, sin indemnización por despido cuando finalizan.


La evolución del empleo asalariado desde el inicio de los llamados ‘brotes verdes’ deja patente, más si cabe, esa tendencia precarizadora. En esos seis años se crearon en España dos millones de puestos de trabajo asalariados (de 13,9 a 15,9 millones repartidos prácticamente a medias entre temporales e indefinidos, si bien con una pequeña ventaja de los segundos, que han pasado de suponer el 23,1% del total (3,22 millones de 13,92) al 26,7% (4,25 de 15,92) y cuyo ritmo de crecimiento prácticamente cuadruplica al de los indefinidos (35,9% por 9%).

Es decir, que las empresas imponen la tendencia a contratar personal sin derecho a indemnización por despido mientras mantienen, con una ligera tendencia al alza, la parte fija de sus plantillas, cuyas condiciones de salida se devaluaron hace seis años.

La industria de energías fósiles quintuplica las indemnizaciones


Por sectores, los costes laborales por despido cayeron en esos seis años un 52% en la industria (de 612,57 a 294,33) y más de un 63% en la construcción (de 689,91 a 152,34) y en los servicios (de 497,19 a 180,72).

Los descensos han sido también considerables en los escasos sectores que mantienen elevadas indemnizaciones, caso de la Banca, en pleno proceso de reconversión tras el rescate y por la transformación digital, cuyos 978,45 euros por trabajador son menos de un 37% de los 2.666 euros que percibían en 2011.

En la industria extractiva, que agrupa a las empresas que trabajan con combustibles fósiles (minería, gas y petróleo), la caída de más del 50% de los cuatro primeros años del periodo (de 737 a 309 euros por trabajador) se ha recuperado en los dos últimos, en los que este indicador se ha quintuplicado para alcanzar los 1.578.


FUENTE: publico.es
Eduardo Bayona 
Zaragoza - 06/08/2018

Una falsa crisis, creada por las élites económicas, les ha permitido enriquecerse más aún a costa de estrujar a la clase trabajadora. Lo que deja claro que todo el dinero que en el mundo se mueve, sale del trabajo de los pobres; los ricos no generan nada, solo nos explotan.

30/6/18

ESPAÑA, PAÍS DE RÉCORDS

Las 25 asignaturas pendientes de España


1. SUBCAMPEONES EN TASA DE PARO


2. JÓVENES DESEMPLEADOS


3. PRECARIEDAD Y EMPLEOS TEMPORALES


4. SINIESTRALIDAD LABORAL


5. LA LIGA DE LA CORRUPCIÓN


6. RECORTES EN GASTO PÚBLICO


7. SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL


8. PENSIONES DE JUBILACIÓN


9. EXCLUSIÓN E INDIGENCIA


10. POBREZA INFANTIL


11. MENOS INGRESOS MEDIOS DISPONIBLES


12. CAÍDA DE LA RENTA MEDIA


13. JIBARIZACIÓN DE LA CLASE MEDIA


14. CRECIENTE DESIGUALDAD SOCIAL


15. FRACASO ESCOLAR


16. HORAS LECTIVAS OBLIGATORIAS


17. BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO


18. TASAS UNIVERSITARIAS CARAS


19. MENOR DESARROLLO DE LOS JÓVENES


20. SUPERÁVIT DE NINIS


21. CAÍDA DE LA INVERSIÓN EN CIENCIA E I+D


22. ACOGIDA DE REFUGIADOS


23. CONSUMO DE COCAÍNA


24. TABAQUISMO


25. SOBREPESO Y OBESIDAD



FUENTE: elperiodico.com
Andreu Farràs
07/12/2016

25/6/18

PROBLEMA ESTRUCTURAL DEL MERCADO DE TRABAJO

Hay que derogar las reformas laborales para combatir la precariedad

Los cambios anunciados por la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio son limitados porque para combatir la precariedad es necesario un nuevo marco normativo.

 La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. 
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.  

Una nota de Eurostat de abril de 2018 indica que España es el cuarto país con la menor tasa de empleo de toda la Unión Europea, solo Grecia, Italia y Croacia están por debajo. Un informe del Banco Central Europeo de mayo de 2017 destaca que España es el segundo país de la Unión Europea con más subempleo, solo por detrás de Chipre.

En las estadísticas de Eurostat se refleja que en 2017 España es el estado de la Unión con más personas en paro en cifras absolutas y la segunda tasa de paro más alta, solo por detrás de Grecia. Un informe de la OCDE de 2014 sitúa a España como el país en el que las personas tienen el mayor riesgo de perder su empleo y en el que hay mayor dificultad para salir de la situación de desempleo.

Otro informe de Eurostat, señala que España encabeza el empleo a tiempo parcial no deseado, solo Grecia está peor. Un informe de la OCDE dice que España es el tercer estado de la Unión Europea con el mayor porcentaje de trabajadores pobres, solo Rumanía y Grecia tienen más pobreza laboral.


En abril de 2018 Eurostat informó que España es el segundo estado con menor incremento salarial de toda la UE en 2017: los salarios crecieron aquí cinco veces menos que en la media europea. Un informe de Eurostat de Abril de 2018 demuestra que España es el tercer país con mayor desigualdad salarial de Europa, solo Lituania y Rumanía tienen una diferencia mayor entre los salarios más altos y los más bajos.

España es el estado de la Unión Europea con más personas trabajando con un contrato temporal, como demuestran los datos de Eurostat. Un informe reciente de la UE afirma que sólo el 8% de las personas con contrato temporal en España se convierten en indefinidas frente a una media del 24% en Europa.

Un informe de la Comisión Europea de mayo de 2018 destaca que España es el estado con la mayor tasa de temporalidad de Europa. En ese documento la UE dice, textualmente, que “el mayor uso de la temporalidad por encima de la media europea no puede ser atribuido a una diferente estructura sectorial de la economía.

Tasa de temporalidad en la UE

La cuota del empleo con contrato temporal es superior en España que en la UE en todos los sectores, no solo en aquellos con una naturaleza estacional como la agricultura, el turismo y la construcción”.

El Banco de España, en su informe anual sobre la economía española correspondiente a 2017 dice textualmente: “en la presente recuperación se está manifestando de nuevo un rasgo característico de las fases expansivas de la economía española, consistente en un aumento de la tasa de temporalidad, acompañada de una disminución de la duración de los contratos y de un incremento de la parcialidad no deseada”.

Resulta evidente que tenemos un problema, un enorme problema con el empleo, con la falta de empleo, con la calidad del empleo. España es la quinta economía de la UE pero es el Estado que tiene el mercado de trabajo más precario, con menos oportunidades de empleo, con más paro, más temporalidad, más trabajo parcial no deseado, más subempleo, más desigualdad salarial, más trabajadores pobres, con salarios estancados y con más fórmulas irregulares de contratación.

La precariedad laboral ya es una característica estructural del mercado de trabajo en España porque prácticamente la mitad de las personas que participan en él están en situación de precariedad, en cualquiera de las diferentes formas en las que se materializa.

En España de cada cien asalariados 26 tienen un contrato temporal, 16 trabajan a tiempo parcial y tenemos una tasa de paro del 18%.

La suma de estas tres tasas de temporalidad, parcialidad y paro elevarían el universo de la precariedad muy por encima del 50%, pero esta operación aritmética no es correcta porque las diferentes tasas no se pueden sumar directamente sin tener en cuenta que en muchos casos se superponen unas sobre otras.


Precariedad laboral en la UE

La precariedad en el trabajo es un mal con muchas caras: las personas que buscan trabajo y no lo encuentran, las que rotan entre el desempleo y el trabajo temporal de bajo salario, las que trabajan a tiempo parcial no deseado, las personas que se convierten en autónomos a la fuerza, los falsos autónomos, las que sufren las nuevas fórmulas de empleo vinculadas a las plataformas digitales que sustituyen relaciones laborales colectivas por relaciones mercantiles individualizadas.

Las personas jóvenes que trabajan como becarias, las que hacen falsas prácticas e incluso llegan a pagar por trabajar, las que trabajan unos meses al año, las personas que sufren el deterioro de sus condiciones laborales por culpa de la subcontratación en cascada y la denominada descentralización, las que acceden el empleo a través de empresas multiservizos o de ETTs, las que tuvieron que rebajarse el salario para no perder el empleo, las personas  que tienen formación superior y trabajan en empleos sin cualificación, las que tuvieron que emigrar para encontrar trabajo...

Tenemos un grave problema que además de estructural es permanente, porque llevamos así desde 1984, con consecuencias muy negativas sobre las personas que la padecen pero también sobre el modelo productivo, sobre la economía en general, sobre la demografía, sobre las cuentas públicas, sobre la productividad, sobre el bienestar de la inmensa mayoría social.

Esta es la herencia que deja el Gobierno Rajoy y el desafío a lo que se tiene que enfrentar el nuevo gobierno: cambiar un modelo laboral precario resultado de las 54 reformas laborales impuestas desde 1984, todas con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo a costa de recortar derechos laborales. Ahora hay que cambiar de paradigma, recuperando la estabilidad laboral como principio básico de funcionamiento del mercado de trabajo.

Y para eso son insuficientes los cambios limitados como los que anuncio la nueva Ministra de Trabajo, porque para combatir la precariedad es necesario un nuevo marco normativo que debe tener como primer paso ineludible la derogación de las últimas reformas laborales.

FUENTE: nuevatribuna.es
Manuel Lago
22/06/2018
Así como Felipe González no se atrevió nunca a convocar el famoso referédum para que el pueblo español eligiera libremente la forma de gobierno que quería, a este ciudadano le da en la nariz que Pedro Sánchez tampoco se atreverá a derogar las reformas laborales impuestas por el PP

Porque "de casta le viene a... los galgos del PSOE". 

Y el que no me ha entendido, tiempo ha tenido.
 

22/6/18

LA POBREZA EN ESPAÑA

España, entre los países de la UE con mayor nivel de pobreza, mientras el número de millonarios se dispara un 76% en diez años


Cruz Roja alerta de que la tasa de pobreza relativa es casi cuatro veces superior a la de la población residente en el país. Se ha incrementado el número de personas sin ingresos, mientras del 40% de los hogares sufren pobreza energética.

Personas sin hogar duermen en una calle de Málaga. - REUTERS
Personas sin hogar duermen en una calle de Málaga. - REUTERS

MÁS INFORMACIÓN:

España está entre los países con la tasa de riesgo de pobreza y niveles de desigualdad más altos de la Unión Europea.

El presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, alerta de que la temporalidad en el empleo y una política social de baja redistribución están haciendo estragos en el país, cuando este año se cumplen diez años del estallido de la crisis.

En un artículo publicado este martes por EFE, Senent detalla que, si bien "a nivel macroeconómico Europa y España han emprendido la senda de la recuperación", la crisis "no sólo continúa afectando a personas que partían de una situación socieconómica desventajosa". También, agrega, afecta "a personas y familias situadas en entornos normalizados y aparentemente seguros, que han emprendido una trayectoria social descendente".

Javier Senent, presidente de Cruz Roja Española

Unas declaraciones que contrastan de forma muy cruel con los datos del informe Mundial de Riqueza publicado este martes por la consultora Capgemini: el número de millonarios en España se ha disparado un 76% desde 2008. Sólo en el último año, el número de grandes patrimonios se ha incrementado un 10,9 % con respecto a 2016, lo que equivale a 22.100 millonarios más. España  contaba a cierre del pasado año con un total de 224.000 millonarios quienes representaban una riqueza de 566.000.000.000 euros (quinientos sesenta y seis mil millones de euros), la mitad de todo el dinero que produce cada año el país.

Junto al aumento del número de millonarios también se ha disparado la riqueza que acumulan. En concreto, un 11,9 % a cierre de 2017 en comparación con el año anterior. Con estos datos, España es el séptimo país de Europa con más millonarios, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza, Italia y Países Bajos, y por delante de Noruega, Austria y Suecia. Atendiendo al ránking mundial, España se coloca en el decimocuarto puesto por detrás de Corea del Sur y por delante de Rusia.

En contraposición, según datos de Cruz Roja, se ha incrementado el número de personas sin ingresos y cerca del 40% de los hogares experimentan situaciones de pobreza energética, mientras la mayoría de los desempleados carece de cobertura. Asimismo, la tasa de pobreza relativa es casi cuatro veces superior a la de la población residente en España y la pobreza infantil afecta a más del 90% de los niños y niñas que atiende la ONG.

Niños atendidos por miembros de Cruz Roja

La recuperación económica nacional no se ha traducido en una mejora de los indicadores de bienestar de la mayoría de las personas vulnerables", asegura Senent. Y advierte: "La tasa de desempleo ha subido entre las personas que atendemos un 6,4 puntos porcentuales en un año, alcanzando al 73,7%". El presidente de Cruz Roja alerta además de que, aunque "un pequeño grupo de los atendidos experimenta cierta recuperación", un porcentaje muy elevado se encuentra "en situación de pobreza o precariedad con tendencia a la cronificación".

A su juicio, "es importante que el proceso de recuperación económica marque la oportunidad de reforzar las políticas sociales", al reafirmar que "la salida de la crisis no puede hacerse sin corregir la desigualdad".

FUENTE: publico.es 
Madrid - 19/06/2018

18/9/17

SEGUIMOS EN PRECARIO

Una recuperación que no llega a los de abajo


Con base en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, la oficina estadística europea, Eurostat, publica la distribución de la renta disponible de los hogares de la Unión Europea. Esto facilita observar la evolución de la desigualdad de renta, menos significativa como medida de la desigualdad que la desigualdad de patrimonio, pero más urgente de atajar cuando crece en exceso. Sin patrimonio se puede vivir, y muy bien si hay buenas rentas. Sin rentas, siquiera en especie en un comedor social, es difícil sobrevivir.

Según los datos de Eurostat, entre 2008 y 2016 la desigualdad de renta empeoró notablemente en España.  

Los que estaban peor han ido empeorando progresivamente, y los que estaban mejor han mejorado en forma creciente. Un resultado de política económica irracional: sacar del bolsillo de los más pobres para engordar el de los más ricos.


El primer decil, el 10% de la población con menos renta, que en 2008 se llevaba tan sólo el 2,5% de la renta disponible total, perdió cinco décimas de peso en el reparto hasta 2016, un adelgazamiento del 20%. En 2008, ese 10% de españoles más pobres se llevaba la cuarta parte de lo que le correspondería en un reparto equitativo; en 2016, sólo la quinta parte. En el otro extremo, el 10% de la población con mayor renta es la que más ganó en el reparto, 7 décimas. No es mucho sobre la magnitud de su porción, casi la cuarta parte de la renta total en 2016, pero de haberse aplicado al decil de los más desfavorecidos, estos tendrían una participación sobre la renta un 60% mayor de lo que es ahora (el 3,2% en vez del 2%). No habría estado mal.

Quienes defienden la austeridad suelen sostener que la desigualdad es consecuencia del paro, y que por tanto se aliviará conforme se recupere el empleo, pero según los datos de Eurostat no parece que eso esté ocurriendo. 

La distribución de la renta disponible en España empeoró desde el comienzo de la crisis hasta 2013, cuando la destrucción de empleo tocó fondo, pero viene ocurriendo lo mismo entre 2013 y 2016, desde que se recupera el empleo.


Se observa en el gráfico que el 30% más pobre, el precariado, continuó su caída: entre 2013 y 2008 perdió el 7% de su peso en la distribución de la renta (del 12,9% de los tres primeros deciles al 12%), y entre 2016 y 2013 perdió un 2,5% adicional (hasta el 11,7%), con la excepción del primer decil, que arrancó una décima positiva tras su dramática caída anterior.

Por arriba la evolución fue siempre a mejor: los tres últimos deciles mejoraron su peso tanto durante la caída del empleo (pasaron del 52,1% al 53%) como en la recuperación (hasta el 53,6% de 2016). En los cuatro deciles intermedios (clase media y media-baja) se produjo poca variación, aunque el cuarto decil parece deslizarse hacia el precariado.


La estadística de Eurostat permite también observar los movimientos en los puntos de corte superiores de cada decil, esto es, los euros que sitúan a cada persona en esos 10 porcentajes iguales de población, lo que ofrece nuevos indicios sobre el reparto de la renta y su evolución.


Entre 2008 y 2016 la brecha de la desigualdad se amplió, tanto durante la destrucción de empleo como durante la recuperación

Según los datos de Eurostat, en 2008 la relación entre el límite superior del noveno decil (que vendría a ser el límite inferior del último decil) y el primer decil fue 4,5, esto es, quienes pertenecían al último decil percibieron rentas 4,5 veces mayores, como mínimo, que quienes estaban en el primer decil. En el año 2013 la brecha se amplió en forma notable, hasta las 5 veces más. Y en 2016, cuando se contaban tres años de creación de empleo, la brecha todavía creció hasta el 5,4. Los del útimo decil percibían ya 5,4 veces más renta, como mínimo, que quienes estaban en el primer decil.

El reparto de rentas según las necesidades ¡pero a la inversa! se ha instalado en la economía de los hogares españoles, sin importar el ciclo en que estemos. Los más vulnerables pagaron de más durante la crisis y siguen pagando de más durante la recuperación.





Los datos sobre distribución de la renta de los hogares de Eurostat corroboran el informe de OXFAM Intermón: el crecimiento económico está dejando fuera a los más vulnerables. Su renta, el único recurso para aliviar su maltrecho patrimonio, sigue deteriorándose con la recuperación.

FUENTE: http://economistasfrentealacrisis.com
Por Luis Molina Temboury, economista y miembro de EFC
04/08/2017
 




¡Menos recuperación y más reparto!

15/8/17

SALARIOS Y BENEFICIOS EMPRESARIALES

Los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo, mientras aumentan los beneficios empresariales

Esta negativa evolución se explica por la cerrazón de las organizaciones empresariales a permitir que los trabajadores participen de la prosperidad de las empresas

 

Los salarios pactados en convenio han perdido un punto de poder de compra en los siete primeros meses del año, mientras que los beneficios empresariales ya superan su nivel previo a la crisis. Esta negativa evolución se explica por la cerrazón de las organizaciones empresariales a permitir que los trabajadores participen de la prosperidad de las empresas, por la reforma laboral diseñada para devaluar los salarios, por un modelo de crecimiento que prioriza la amortización de la deuda de las empresas a la rebaja del desempleo, y por la falta de un presupuesto público que impulse el crecimiento económico.

Los salarios pactados en convenio han crecido un 1,33% hasta julio, mientras que los precios de consumo aumentaron un 2,3% acumulado entre enero y julio, resultando una pérdida de un punto en su poder adquisitivo durante los primeros siete meses del año. Los salarios pierden, además, participación en la renta generada en las empresas en 2017: mientras que la productividad por hora creció un 1,3% en el primer trimestre del año, el salario medio por hora se recortó un -0,3%. Como se observa en el gráfico, el salario medio por hora aumenta menos que la productividad nominal desde 2012. En 2014 y 2015, con el inicio de la recuperación, esta tendencia parecía que había empezado a revertirse, pero en 2016 vuelve y en el primer trimestre de 2017 se hunde la participación de la población asalariada en la renta.

Sin título1

La baja inflación estructural, que muestra el mantenimiento de la inflación subyacente en torno al 1%, es un motivo de preocupación, pues se basa en la desaceleración de la demanda interna, lo que significa menos empleo y una reducción más lenta del elevado paro. El crecimiento económico se mantiene en el 3% gracias al aumento de la demanda externa, pero las mejoras en el sector exterior se filtran poco al resto de la sociedad debido a que las exportaciones están muy concentradas en pocas empresas, que pagan pocos impuestos, son menos intensivas en trabajo e importan gran parte de sus factores productivos, lo que no genera empleo en España.

El aumento anual de los precios se mantiene en julio en el 1,5%. No obstante, consumos tan relevantes para las familias como gas, electricidad y agua (5,7%), aceite (6,1%), carne de ave (3,2%), pescado (3,5%) o carburantes y combustibles (3,7%) registran crecimientos muy superiores, lastrando el poder adquisitivo de la población.



Los precios  registraron en julio un descenso mensual del -0,7% respecto a junio, marcado por el efecto bajista de las rebajas de verano y el descenso de vestido y calzado, solo compensado parcialmente por el incremento de los precios del grupo de ocio y cultura, por la subida de los paquetes turísticos en la temporada vacacional. El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sube en julio una décima en España hasta el 1,7% anual, y aumenta una décima su diferencia con el de la Eurozona, que se mantiene en el 1,3% anual. El IPCA subyacente (sin energía y alimentos frescos) se situaba en junio en el 1,3% interanual en España, tras subir tres décimas, mientras que en la Eurozona el IPCA subyacente subía dos décimas hasta el 1,2%, lejos todavía del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. 

La baja inflación y el moderado crecimiento económico europeo justifican mantener la política monetaria expansiva del BCE y aplicar una política presupuestaria expansiva en el conjunto de la UE que abandone las políticas de austeridad e impulse el crecimiento y el empleo, para reducir los 16,2 millones de personas desempleadas de la Eurozona, de los que más de la cuarta parte reside en España. Fortalecer la negociación colectiva para que los trabajadores y trabajadoras participen de los beneficios de las empresas y acabar con la precariedad en el empleo, exige reequilibrar la capacidad de negociación entre las partes, derogando las dos últimas reformas laborales
El crecimiento económico en España se situó en el 3,1% interanual en el segundo trimestre según el dato adelantado, con una previsión de crecimiento algo menor en el conjunto del año.

Mientras, los ingresos y los beneficios empresariales continúan creciendo gracias a que las empresas no trasladan a precios toda la caída del precio del petróleo y de las materias primas, al recorte de sus costes de financiación, la bajada del impuesto de sociedades y la devaluación de los salarios provocada por la crisis y la reforma laboral. Es necesario que el crecimiento y los mayores beneficios se repartan ahora en forma más justa, a través de más puestos de trabajo, de empleo más estable, y de salarios que recuperen y ganen poder de compra. La creación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de salarios y pensiones son los dos factores que más hacen por consolidar el crecimiento y su sostenibilidad, gracias a la rebaja de la desigualdad que generan.

Los datos provisionales de 2016 indicaban que 9,8 millones de trabajadores y trabajadoras que habían dispuesto de un convenio colectivo, ganaron poder adquisitivo, gracias a una subida media (1,02%) superior a la inflación media (-0,2%). Sin embargo, en 2017, con datos hasta julio, los convenios colectivos cubren a 5,1 millones de trabajadores y trabajadoras, con una subida salarial pactada del 1,33%, un punto por debajo de la subida media del IPC entre enero y julio. Solo un 25% de esta población asalariado cuenta con clausula de garantía salarial en su convenio colectivo.


Impulsar los salarios de los trabajadores públicos y privados y la mejora de la protección social, que eviten la pobreza laboral, permitan una vida digna y contribuyan a garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.

FUENTE: nuevatribuna.es  
11/08/2017



El empleo creado es temporal, en precarias condiciones laborales y con unos salarios miserables. Una mierda, vaya.

27/7/17

EL FUTURO DE LAS PENSIONES EN ESPAÑA

El FMI y los recortes de nuestro sistema de pensiones

Si se quiere asegurar el bienestar de toda la población, jóvenes y mayores, se necesita romper el bucle de precariedad y recortes frente a un mercado de trabajo con derechos y salarios menguantes


El pasado día 13, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) hacía pública su previsión de que, hasta 2022, las pensiones se van a revalorizar muy por debajo del aumento del coste de la vida: aplicando el índice aprobado por el Partido Popular, crecerán a una tasa anual de sólo el 0,25%. Como consecuencia, en estos próximos cinco años los pensionistas perderán un 7% de su poder adquisitivo.

Es decir, se confirma lo que ya sabíamos y lo que vienen advirtiendo los sucesivos estudios: que las llamadas “reformas de las pensiones” han sido, en realidad, recortes. Porque a la decisión de desligar del IPC la revisión de las pensiones hay que añadir el resto de aspectos de estas reformas: retraso en la edad de jubilación, cálculo más desfavorable de la pensión inicial y aplicación del llamado “factor de sostenibilidad”.

La misión que el Fondo Monetario Internacional ha enviado a España durante la pasada semana acaba de decir que estas reformas le parecen muy positivas, y nos animan a aplicarlas “en su totalidad, evitando los ajustes puntuales”. Con desparpajo, afirman incluso que estas reformas “aseguran la revalorización nominal” de todas las pensiones (señores del FMI: sabemos qué es la inflación, y sabemos restarla de los aumentos nominales: 0,25% nominal - 2% de inflación =   -1,75% real).


El FMI califica esta pérdida de poder adquisitivo como una “transición suave” hacia un sistema “socialmente aceptable”. Conviene detenerse en los tres argumentos que ofrece para apoyar su recomendación de recortar las pensiones, que de forma tan entusiasta está aplicando nuestro gobierno.

El primer argumento es ya conocido: hace falta garantizar la suficiencia financiera y prevenir los posibles efectos del envejecimiento. Aparte de la elevada incertidumbre que existe sobre la dimensión de estas previsiones demográficas, es importante recordar siempre que reducir las pensiones (hasta ajustarlas a unos ingresos dados como porcentaje del PIB) no es la única forma de abordar este problema. La sostenibilidad financiera también puede asegurarse con una financiación suficiente de la Seguridad Social mediante medidas que incrementen los ingresos (hasta ajustarlos a lo necesario para garantizar unas pensiones dignas). De esta forma, además, cumpliríamos con nuestra propia Constitución, según la cual debe asegurarse la suficiencia de las prestaciones de la Seguridad Social.

Esta es la cuestión clave: articular un sistema de financiación que garantice el principio de suficiencia, y no a la inversa. Esto pasa por la aplicación de una política económica centrada en la creación de empleo de calidad (puesto que los salarios basura generan cotizaciones basura) y por medidas concretas e inmediatas para asegurar los ingresos del sistema.


El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem ha presentado una Proposición de Ley de Pensiones que va precisamente en la dirección de “reformar las reformas” de 2011 y 2013, apuntalando tanto la sostenibilidad financiera del sistema como las prestaciones futuras. En la propuesta de reforma se contempla la necesidad de recuperar y ampliar los ingresos por cotizaciones (incluyendo el destope de los salarios más altos o la eliminación de las deducciones actualmente existentes), así como la posibilidad de ampliar la financiación de la Seguridad Social con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

En segundo lugar, el FMI parece sugerir que, al fin y al cabo, España tiene ya un sistema de pensiones bastante generoso, que puede asumir estos ajustes. Sólo algunos datos, para espantar tal despropósito. En el año 2015 aproximadamente 4.670.000 pensiones, la mitad del total, estuvieron por debajo del umbral de pobreza, es decir, fueron inferiores a 667 € mensuales. Y la pensión no contributiva media está incluso muy por debajo de ese umbral, en 376 €/mes (en 2016, por cierto, un 66,4% fueron percibidas por mujeres).

Un tercer argumento –particularmente preocupante– aparece también en escena: el empeoramiento de las condiciones de vida de los pensionistas se quiere justificar a través del conflicto entre generaciones. Así, si no recortamos las pensiones, viene a decir el FMI, su sostenimiento se producirá a costa de los ingresos de la siguiente generación. Pensamos que es positivo que se introduzca en el debate la cuestión de la distribución, pero esta es la peor forma de  hacerlo.


El conflicto distributivo que hay que resolver no es el que, supuestamente, enfrenta a unos pensionistas empobrecidos contra unos trabajadores precarios con salarios menguantes (y que, en muchos casos, acaban dependiendo de una pensión para que la familia llegue a fin de mes). El que de verdad hay que resolver es el que se deriva de la desigualdad creciente entre las rentas del trabajo y las del capital.

Desde 1995, el peso de las rentas salariales en el PIB se ha reducido en 5 puntos, 2 de los cuales corresponden al último periodo de gobierno del Partido Popular. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios entre 2008 y 2014 superó el 10%, y además los salarios siguen estancados a pesar del crecimiento del PIB: en el primer trimestre de 2017, el coste laboral por hora ha caído un 0,1% respecto al año anterior.

A esta creciente desigualdad en la distribución de la renta ha contribuido sin duda la política de devaluación salarial impulsada por organismos como el FMI y aplicada por el gobierno del Partido Popular, principalmente a través del desmantelamiento de la negociación colectiva. Y esta devaluación salarial tiene además un sesgo generacional: según la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario de quienes tienen menos de 40 años se ha reducido aún en mayor medida que el del resto de asalariados.


Por ello, si tanto preocupa al FMI la carga del ajuste que asumirán los jóvenes españoles, bien haría en reevaluar el impacto que los recortes salariales han tenido en este colectivo. La extensión de los bajos salarios se suma además a los efectos de las reformas de pensiones: son precisamente los jóvenes quienes experimentarán un mayor retraso de su futura edad de jubilación así como un mayor recorte de sus prestaciones (al entrar en vigor plenamente las denominadas “medidas paramétricas”). Sin embargo, en la declaración hecha pública por el FMI no se menciona ni una sola vez este problema de los salarios, aunque  reconoce que el crecimiento del PIB que registra la economía española es compatible con la cronificación de la precariedad: mucho más empleo temporal que indefinido y trabajadores sin más remedio que aceptar trabajar a tiempo parcial, queriendo hacerlo a jornada completa. 

A pesar de reconocer esto, el FMI no hace autocrítica alguna a sus repetidas recomendaciones a favor de la reforma laboral. La precariedad que ésta favorece, y la inexistencia de unas pensiones dignas, es lo que amenaza el porvenir de los jóvenes. Sin olvidar que el círculo vicioso se cierra cuando los bajos salarios provocan cotizaciones insuficientes, y esto se utiliza para justificar las bajadas de las pensiones.

Si se quiere asegurar el bienestar de toda la población, jóvenes y mayores, la solución no está ni en los recortes de las pensiones ni en un mercado de trabajo con derechos y salarios menguantes.


Lo que se necesita es romper el bucle de precariedad y recortes, impulsar un cambio en el patrón de distribución y desarrollar políticas públicas activas que favorezcan una verdadera transformación de nuestro modelo de crecimiento. En pocas palabras:

Hacer lo contrario de lo que recomienda el FMI.

FUENTE: www.ctxt.es 
Jorge Uxó - Carlos Ochando - Nacho Álvarez
Tribuna - 21/04/2017