EL ABARATAMIENTO DEL DESPIDO

Despedir a un trabajador es hoy un 64% más barato que hace seis años

El avance del empleo temporal, la congelación de los salarios y el recorte de las condiciones económicas de los ceses provocan una caída en picado de los resarcimientos a los trabajadores

Echar a la calle a un trabajador cuesta cada vez menos dinero en España:

La reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso con su mayoría absoluta en 2012 y la intensificación de la precariedad, pese a los niveles de récord de algunas variables macroeconómicas, han provocado un desplome del coste de las indemnizaciones por despido. En solo seis años se han reducido a una tercera parte de lo que suponían antes de esa medida.

La Encuesta de Coste Laboral del INE (Instituto Nacional de Estadística) revela cómo entre diciembre de 2011, dos meses antes de la reforma, y el mismo mes de 2017, el coste laboral de las indemnizaciones por despido cayó de una media de 530,37 euros por trabajador a 197,87, un 63,1% menos.

Cuando finaliza la relación laboral de un trabajador con una empresa, esta debe abonarle el finiquito, con los conceptos retributivos como salario no recibido, horas extra no cobradas, vacaciones no disfrutadas, parte proporcional de las pagas extraordinarias y dietas y gastos pendientes de percibir, entre otros, y la indemnización por despido; salvo que se trate de una baja voluntaria, obviamente. 

La indemnización, libre de impuestos, se calcula con base en tres factores: el salario (sueldo base, pluses y gratificaciones), la antigüedad en la plantilla, con independencia de que entrara como eventual o como indefinido, y el tipo de despido. Una vez determinado el salario diario, esa cifra se multiplica por los años que ha trabajado, incluyendo el sobrante de meses como decimal (seis = 0,5, ocho = 0,75), y por la cuantía que marca la normativa para cada tipo de cese.

El abaratamiento de la reforma

La reforma laboral tuvo efectos determinantes sobre este último factor al reducir de 45 a 33 días de salario por año trabajado las indemnizaciones por despido improcedente y rebajar de 42 a 24 el máximo de mensualidades que podía recibir el despedido.

Al mismo tiempo se ampliaba las causas en las que el empresario puede optar por el cese objetivo, que recorta el salario por año a 20 días y el tope de mensualidades a doce.

La primera de esas medidas abarataba la indemnización mínima por cese improcedente un 26,7%, mientras la segunda, caso de tramitarse como objetivo, lo hacía en un 57,6%. Su combinación desplomaba la máxima un 87,3%: de 1.890 jornadas de salario a 240.

 

No obstante, el Tribunal Supremo determinó hace dos años que al calcular el resarcimiento debía diferenciarse el tramo anterior al 12 de febrero de 2012, en el que se aplicaban las normas anteriores a la reforma, y el posterior.

En el abaratamiento del despido ha influido también la congelación ‘de facto’ de los salarios, que en esos seis años han subido menos de un 1% (de 22.775 a 22.806 euros anuales) según la misma Encuesta de Coste Laboral.

Cada vez más eventuales

Ese desplome del coste de las indemnizaciones por despido coincide en el tiempo con otras dos tendencias que han alterado el mercado laboral.

Por una parte, la intensa destrucción de empleo, principal pero no exclusivamente mediante EREs, que en los primeros cinco años de aplicación de la reforma se llevaron por delante 235.914 contratos, además de suspender 733.747 y reducir la jornada de otros 228.085, y otros 20.813 el año pasado. 

Por otra, la paulatina sustitución de esos empleos por otros más precarios: prácticamente dos tercios de los puestos de trabajo asalariados creados en ese sexenio (495.300 de 772.100) son eventuales, sin indemnización por despido cuando finalizan.

La evolución del empleo asalariado desde el inicio de los llamados ‘brotes verdes’ deja patente, más si cabe, esa tendencia precarizadora. En esos seis años se crearon en España dos millones de puestos de trabajo asalariados (de 13,9 a 15,9 millones repartidos prácticamente a medias entre temporales e indefinidos, si bien con una pequeña ventaja de los segundos, que han pasado de suponer el 23,1% del total (3,22 millones de 13,92) al 26,7% (4,25 de 15,92) y cuyo ritmo de crecimiento prácticamente cuadruplica al de los indefinidos (35,9% por 9%).

Es decir, que las empresas imponen la tendencia a contratar personal sin derecho a indemnización por despido mientras mantienen, con una ligera tendencia al alza, la parte fija de sus plantillas, cuyas condiciones de salida se devaluaron hace seis años.

La industria de energías fósiles quintuplica las indemnizaciones

Por sectores, los costes laborales por despido cayeron en esos seis años un 52% en la industria (de 612,57 a 294,33) y más de un 63% en la construcción (de 689,91 a 152,34) y en los servicios (de 497,19 a 180,72).

Los descensos han sido también considerables en los escasos sectores que mantienen elevadas indemnizaciones, caso de la Banca, en pleno proceso de reconversión tras el rescate y por la transformación digital, cuyos 978,45 euros por trabajador son menos de un 37% de los 2.666 euros que percibían en 2011.

En la industria extractiva, que agrupa a las empresas que trabajan con combustibles fósiles (minería, gas y petróleo), la caída de más del 50% de los cuatro primeros años del periodo (de 737 a 309 euros por trabajador) se ha recuperado en los dos últimos, en los que este indicador se ha quintuplicado para alcanzar los 1.578.

FUENTE: publico.es
Eduardo Bayona 
Zaragoza - 06/08/2018

Una falsa crisis, creada por las élites económicas, les ha permitido enriquecerse más aún a costa de estrujar a la clase trabajadora. Lo que deja claro que todo el dinero que en el mundo se mueve, sale del trabajo de los pobres; los ricos no generan nada, solo nos explotan.

SALARIOS Y BENEFICIOS EMPRESARIALES

Los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo, mientras aumentan los beneficios empresariales

Esta negativa evolución se explica por la cerrazón de las organizaciones empresariales a permitir que los trabajadores participen de la prosperidad de las empresas

 

Los salarios pactados en convenio han perdido un punto de poder de compra en los siete primeros meses del año, mientras que los beneficios empresariales ya superan su nivel previo a la crisis. Esta negativa evolución se explica por la cerrazón de las organizaciones empresariales a permitir que los trabajadores participen de la prosperidad de las empresas, por la reforma laboral diseñada para devaluar los salarios, por un modelo de crecimiento que prioriza la amortización de la deuda de las empresas a la rebaja del desempleo, y por la falta de un presupuesto público que impulse el crecimiento económico.

Los salarios pactados en convenio han crecido un 1,33% hasta julio, mientras que los precios de consumo aumentaron un 2,3% acumulado entre enero y julio, resultando una pérdida de un punto en su poder adquisitivo durante los primeros siete meses del año. Los salarios pierden, además, participación en la renta generada en las empresas en 2017: mientras que la productividad por hora creció un 1,3% en el primer trimestre del año, el salario medio por hora se recortó un -0,3%. Como se observa en el gráfico, el salario medio por hora aumenta menos que la productividad nominal desde 2012. En 2014 y 2015, con el inicio de la recuperación, esta tendencia parecía que había empezado a revertirse, pero en 2016 vuelve y en el primer trimestre de 2017 se hunde la participación de la población asalariada en la renta.

La baja inflación estructural, que muestra el mantenimiento de la inflación subyacente en torno al 1%, es un motivo de preocupación, pues se basa en la desaceleración de la demanda interna, lo que significa menos empleo y una reducción más lenta del elevado paro. El crecimiento económico se mantiene en el 3% gracias al aumento de la demanda externa, pero las mejoras en el sector exterior se filtran poco al resto de la sociedad debido a que las exportaciones están muy concentradas en pocas empresas, que pagan pocos impuestos, son menos intensivas en trabajo e importan gran parte de sus factores productivos, lo que no genera empleo en España.

El aumento anual de los precios se mantiene en julio en el 1,5%. No obstante, consumos tan relevantes para las familias como gas, electricidad y agua (5,7%), aceite (6,1%), carne de ave (3,2%), pescado (3,5%) o carburantes y combustibles (3,7%) registran crecimientos muy superiores, lastrando el poder adquisitivo de la población.

Los precios  registraron en julio un descenso mensual del -0,7% respecto a junio, marcado por el efecto bajista de las rebajas de verano y el descenso de vestido y calzado, solo compensado parcialmente por el incremento de los precios del grupo de ocio y cultura, por la subida de los paquetes turísticos en la temporada vacacional. El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sube en julio una décima en España hasta el 1,7% anual, y aumenta una décima su diferencia con el de la Eurozona, que se mantiene en el 1,3% anual. El IPCA subyacente (sin energía y alimentos frescos) se situaba en junio en el 1,3% interanual en España, tras subir tres décimas, mientras que en la Eurozona el IPCA subyacente subía dos décimas hasta el 1,2%, lejos todavía del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. 

La baja inflación y el moderado crecimiento económico europeo justifican mantener la política monetaria expansiva del BCE y aplicar una política presupuestaria expansiva en el conjunto de la UE que abandone las políticas de austeridad e impulse el crecimiento y el empleo, para reducir los 16,2 millones de personas desempleadas de la Eurozona, de los que más de la cuarta parte reside en España. Fortalecer la negociación colectiva para que los trabajadores y trabajadoras participen de los beneficios de las empresas y acabar con la precariedad en el empleo, exige reequilibrar la capacidad de negociación entre las partes, derogando las dos últimas reformas laborales
El crecimiento económico en España se situó en el 3,1% interanual en el segundo trimestre según el dato adelantado, con una previsión de crecimiento algo menor en el conjunto del año.

Mientras, los ingresos y los beneficios empresariales continúan creciendo gracias a que las empresas no trasladan a precios toda la caída del precio del petróleo y de las materias primas, al recorte de sus costes de financiación, la bajada del impuesto de sociedades y la devaluación de los salarios provocada por la crisis y la reforma laboral. Es necesario que el crecimiento y los mayores beneficios se repartan ahora en forma más justa, a través de más puestos de trabajo, de empleo más estable, y de salarios que recuperen y ganen poder de compra. La creación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de salarios y pensiones son los dos factores que más hacen por consolidar el crecimiento y su sostenibilidad, gracias a la rebaja de la desigualdad que generan.

Los datos provisionales de 2016 indicaban que 9,8 millones de trabajadores y trabajadoras que habían dispuesto de un convenio colectivo, ganaron poder adquisitivo, gracias a una subida media (1,02%) superior a la inflación media (-0,2%). Sin embargo, en 2017, con datos hasta julio, los convenios colectivos cubren a 5,1 millones de trabajadores y trabajadoras, con una subida salarial pactada del 1,33%, un punto por debajo de la subida media del IPC entre enero y julio. Solo un 25% de esta población asalariado cuenta con clausula de garantía salarial en su convenio colectivo.

Impulsar los salarios de los trabajadores públicos y privados y la mejora de la protección social, que eviten la pobreza laboral, permitan una vida digna y contribuyan a garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.

FUENTE: nuevatribuna.es  
11/08/2017

El empleo creado es temporal, en precarias condiciones laborales y con unos salarios miserables. Una mierda, vaya.