Izquierda Unida (IU) promueve un recurso para frenar el "expolio" de los bienes públicos por parte de la Iglesia.
El Gobierno usa la protección de datos para ocultar los inmuebles que adquirió la Iglesia desde 1998
Protesta contra la "apropiación", por parte de la Iglesia, de edificios públicos, frente al Arzobispado de Pamplona. AGENCIA EFE
El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA) promoverá la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley que permite la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica, la cual considera un "expolio". Se refieren, concretamente, al artículo 206 de la Ley Hipotecaria, cuya reforma está actualmente en tramitación aunque no corrige ese tratamiento para la Iglesia, que mantiene su equiparación con el Estado a la hora de inmatricular bienes, es decir, inscribir a su nombre inmuebles que en realidad son patrimonio del Estado.
Según ha explicado a Público el portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, IU tratará de buscar apoyos en todos los grupos hasta reunir los 50 diputados necesarios para impulsar este recurso de inconstitucionalidad, al entender que se trata de una "situación escandalosa" que se remonta a 1946, cuando el régimen de Franco redactó la ley que aún hoy sigue en vigor. Pero fue a partir del reforma de 1998 cuando se pudo empezar a registrar la propiedad de unos bienes que hasta ese momento no podía reclamar nadie.
Mezquita de Córdoba (vista aérea)
La decisión la han tomado después de que, este jueves, el coordinador general de IU, Cayo Lara, recibiera a los representantes de las plataformas "Mezquita-catedral de Córdoba. Patrimonio de todos" y "Defensa del Patrimonio navarro", que también se ha reunido con el PSOE para pedir este mismo recurso de inconstitucionalidad.
Mezquita de Córdoba (vista interior)
Denuncian que desde 1998 y hasta 2007 la Iglesia matriculó 1.087 bienes público"No se trata de una cuestión religiosa, sino constitucional. La Iglesia forma parte de otro Estado, el Vaticano, y es responsabilidad del Gobierno español defender sus propios bienes. Cualquier país del mundo pelearía con uñas y diente por defender su patrimonio", explica Centella.
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