La Asamblea francesa elimina las disposiciones de censura en los medios previstas por la ley de seguridad, ante la presión de las organizaciones de periodistas.
Sede de la Asamblea Nacional
Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha recibido con satisfacción la enmienda aprobada por la Asamblea Nacional de Francia que elimina las disposiciones de censura en los medios previstas por la ley de seguridad.
Las exigencias de los sindicatos de periodistas y otras organizaciones ciudadanas han contribuido a esta enmienda aprobada tras la prórroga de tres meses del estado de emergencia propuesta por François Hollande.
Françoise Hollande, presidente de la República Francesa
“Incluso aunque nunca se aplicase, estas disposiciones representan una amenaza para la libertad de información en Francia, por lo que celebramos la decisión del gobierno de eliminarlos definitivamente”, expresó el Secretario General de RSF, Christophe Deloire.
Además de la imposición de controles sobre los medios de comunicación, la ley permitía a la policía registrar las oficinas de periodistas, jueces y cargos electos sin tener que pedir permiso a un tribunal. Esta disposición también se ha eliminado.
Christophe Deloire, Secretario Gral. de RSF
Unos 20 parlamentarios encabezados la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Sandrine Mazetier (del Partido Socialista), trató de bloquear la enmienda, pero su propuesta fue rechazada. Las razones que dieron para oponerse al cambio fueron “las deficiencias observadas en la cobertura de los medios de comunicación” en los atentados de enero en París.
Aunque no fue difundido por casi ningún medio español, seis diputados de la Asamble Nacional –Pouria Amirshahi, Isabelle Attard, Sergio Coronado, Noel Mamere, Barbara Romagnan y Gerard Sebaoun– votaron contra la ley que renueva y extiende el estado de urgencia en Francia.
Sergio Coronado, diputado ecologista
El diputado ecologista Sergio Coronado ha manifestado que “el estado de urgencia no es en sí mismo, desgraciadamente, capaz de eliminar el peligro. Sirve, sobre todo, para demostrar que algo se hace, sin que se haya demostrado su verdadera eficacia. Descartar la institución judicial constituye un peligro para nuestra democracia. Unas 2.500 personas se dedican a las labores de inteligencia mientras que apenas 150 laboran del lado judicial. Ese desequilibrio significa que los jueces no disponen de medios para examinar la información que se les entrega.
FUENTE:http:// www.rsf-es.org
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