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17/8/17

HUELGA EN EL PRAT

El Gobierno se escuda en la alerta antiterrorista para arrollar el derecho de huelga


La Guardia Civil trabaja en los escáner del aeropuerto de Barcelona, en la segunda jornada de huelga legal de los vigilantes jurados de Eulen

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras presidir este lunes la comisión de seguimiento de la huelga de los vigilantes jurados del aeropuerto de El Prat. EFE/Toni Albir
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras presidir este lunes la comisión de seguimiento de la huelga de los vigilantes jurados del aeropuerto de El Prat. EFE / Toni Albir

El Gobierno planea escudarse en el terrorismo para arrollar el derecho de huelga de los vigilantes jurados de Barcelona-El Prat, que abordan este martes su segunda jornada de protesta legal, con el cumplimiento de los servicios mínimos fijados por el Ejecutivo y con un tráfico de viajeros normalizado.

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, recordó en RNE que España se encuentra en el Nivel 4 de Alerta Antiterrorista, y aseguró que la Guardia Civil ha sido desplazada a El Prat para garantizar la seguridad nacional y como "refuerzo". Al mismo tiempo, explicó que el Ejecutivo aprobará un laudo arbitral obligatorio en este conflicto laboral.

Sin declarar el estado de alarma



Al recurrir a la alerta antiterrorista, el Gobierno se blinda por haber desplegado la Guardia Civil en los escáners del aeropuerto de El Prat. En la terminal, los agentes de este cuerpo militar suplen de hecho las funciones de los vigilantes jurados.

En España sólo se pueden sustituir a trabajadores en huelga por medio de la declaración del estado de alarma, que debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Así ocurrió con la huelga de los controladores aéreos de 2010, que fue convocada de manera ilegal a diferencia de los vigilantes del Grupo Eulen.

La garantía del cumplimiento de los servicios esenciales está en manos de la Secretaría de Estado de Seguridad, que dirige José Antonio Nieto, tras la reorganización del Ministerio del Interior en pleno verano.

Agentes de la Guardia Civil en los controles de acceso de los pasajeros de El Prat. EFE

La huelga se ha convocado en pleno puente de agosto, con salidas de más de 90.000 pasajeros diarios desde el aeropuerto de El Prat. En su segunda jornada, todas las informaciones recabadas en Barcelona confirman que los aviones despegan en el horario previsto.

AENA ha pedido a los pasajeros que no lleguen con demasiada antelación a los mostradores de embarque porque los tiempos de espera oscilan entre los 10 y 20 minutos. En el primer día de huelga, las colas se formaron de madrugada, por los pasajeros temerosos de quedarse en tierra.

La protesta fue precedida por un conflicto de tres semanas, donde los vigilantes se limitaron a cumplir horario y 40 de ellos estaban de baja laboral, de tal manera que las colas se extendían por la terminal. Nadie recurrió dichas bajas médicas.


Arrollar su derecho de huelga

El comité de huelga de los vigilantes del aeropuerto se reunirá esta tarde del martes para decidir si denuncian al Gobierno por arrollar su derecho de huelga.

El despliegue de la Guardia Civil en los escáners del aeropuerto es totalmente ilegal”, denuncia Juan Carlos Giménez, asesor sindical de los huelguistas, quien recuerda que la protesta se debe a las “pésimas” condiciones laborales de los vigilantes, obligados a hacer excesivasas horas extra porque su sueldo es de 900 euros al mes.

Juan Carlos Giménez

El Consejo de Ministros se reunirá este miércoles por la tarde porque pretende imponer el laudo arbitral forzoso en este conflicto laboral con una huelga convocada de manera legal.

El arbitraje forzoso -todo arbitraje es obligatorio- figura en el ley de huelga de 1977, que es preconstitucional. La norma establece que se debe tener en cuenta “la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional”.

Ministro y parte

Fátima Báñez 

El arbitraje debe ser propuesto al Gobierno por el Ministro de Trabajo. Pero la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se encuentra desaparecida y no ha hecho declaración alguna sobre la huelga de los vigilantes jurados.

El ministro Iñigo de la Serna lleva el impulso en el Gobierno. De él depende AENA (Aeropuertos Nacionales de Navegación Aérea), epicentro y es parte del conflicto laboral. La empresa es de capital público en su mayoría, 51%, ya que fue privatizada en su 49% en el año 2015.

AENA subcontrató el servicio de vigilancia a Eulen en 2016, que arrebató el contrato a Prosegur al presentar una rebaja del 2%.


Ambas empresas han rechazado que la oferta fuera temeraria, pero se adjudicó a pesar de que el número de viajeros había crecido en Barcelona un 12% en sólo un año.

La Guardia Civil dejó de realizar en el año 2010 el control de seguridad de los pasajeros en los aeropuertos, así como de la supervisión de las tarjetas de embarque y la revisión de los equipajes de mano.

PSOE, UGT y CCOO: se vulnera el derecho de huelga


Tanto el PSOE como UGT y CCOO han criticado al Gobierno por vulnerar el derecho de huelga y recurrir a la Guardia Civil en este conflicto laboral.

Para el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se trata de “una forma de esquirolaje" que atenta contra el derecho a huelga de los trabajadores de Eulen. Critica además que el Gobierno y AENA -que subcontrata el servicio de seguridad- sólo han actuado “de manera autoritaria” cuando la situación es insostenible.

Daniel Barragán, secretario de acción sindical de CCOO de Construcción y Servicios, denuncia en Nueva Tribuna la “vulneración gravísima” del derecho de huelga y reclama una solución para los trabajadores de los servicios aeroportuarios que sufren “turnos interminables, ninguna compensación por tener que cumplir con requisitos muy exigentes de formación, total flexibilidad de turnos y horarios...”

Colas en el aeropuerto del Prat

Por su parte, el secretario de seguridad de UGT, Sergio Picallo, considera en la Ser que el Gobierno está violando "completamente" el derecho de huelga de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat. Este sindicato, es contrario al laudo arbitral que pretende imponer el Gobierno, porque sería “ilegal” ya que los trabajadores no están poniendo en peligro la seguridad y cumplen con los servicios mínimos.“

Aquí no hay siglas, la huelga no ha sido convocada por los sindicatos”, explica Juan Carlos Giménez, el asesor sindicales de los vigilantes jurados de Eulen que lidera este conflicto. “Agradecemos estas declaraciones, aunque no hemos tenido llamadas de apoyo. Nadie nos ha llamado: ni Podemos, ni PSOE, ni sindicatos”, denuncia.

Hay especialistas que defienden que los vigilantes están obligados a regresar al trabajo desde el momento en que el Gobierno declare el laudo arbitral obligatorio este miércoles. Otros consideran que se debe esperar a la designación del árbitro.

Laudo de obligado cumplimiento

FUENTE: publico.es 
Barcelona - Julia Pérez
15/08/2017

Tan aberrante como que la Guardia Civil esté actuando en el aeropuerto del Prat sin haberse declarado un estado de emergencia, o que vaya a hacerse efectivo un laudo franquista, es el hecho de que el gobierno de turno haya fijado los servicios mínimos en el... ¡¡¡90%!!! 

Un abuso más y una forma de reventar la huelga. "Joder al trabajador", parece ser la máxima.

26/7/16

GOLPE Y CONTRAGOLPE

Recep Tayyip Erdogan

El presidente turco pretende contrarrestar el fallido golpe de estado con un autoritario contragolpe,  haciendo uso de los ilimitados poderes que le confiere el actual estado de emergencia. 

Recep Tayyip Erdogan, ha extendido de 4 a 30 días el periodo máximo de detención policial sin cargos, ordenando también la clausura e ilegalización de más de 2.300 escuelas y universidades, supuestamente vinculadas al clérigo Fethullah Gülen, exiliado en EEUU, al que se acusa de estar tras el levantamiento militar.

Fethullah Gülen

La purga llevada a cabo por el gobierno turco en los diferentes estamentos de la administración del estado, le ha costado el puesto a más de 60.000 personas (entre ellas unos 8.000 policías) en el plazo de una semana, amén de los más de 7.500 militares de distintos rangos que han ido a parar a prisión, incluyendo a 103 generales y almirantes.

Se han clausurado también 35 clínicas, la mayoría de ellas pertenecientes a la sanidad privada, así como más de 1.200 asociaciones, y han sido ilegalizados 19 sindicatos.


Entre las asociaciones ilegalizadas se encuentra la Unión de Jueces y Fiscales (Yarsav), a la que pertenecían magistrados kemalistas, nacionalistas e izquierdistas, y que se había mostrado muy crítica con el creciente autoritarismo de Erdogan.


El presidente Erdogán acusó a la UE de que la respuesta dada por la Unión al intento de golpe de Estado en Turquía, demuestra prejuicios e incapacidad para evaluar correctamente lo acontecido y las posteriores medidas llevadas a cabo. 

Por lo visto la única solución posible, según Erdo, es...

Mano dura

Y, aprovechando la coyuntura,  a la democracia, a la justicia, a las libertades y al pueblo en si, que les den con ganas.

Está dispuesto incluso a reinstaurar la pena de muerte.

Citizen Plof

29/3/16

HUELGA GENERAL

Francia afronta una huelga general en estado de emergencia

La impopular reforma laboral de Hollande ahonda la ruptura en el Partido Socialista francés y recrudece el conflicto callejero

Estudiantes de secundaria y universitarios durante una protesta contra la reforma laboral del Gobierno francés en París.- REUTERS/Benoit Tessier
Protesta contra la reforma laboral del Gobierno francés en París
REUTERS/Benoit Tessier

La reforma laboral propuesta por el Gobierno francés ha generado un marzo caliente que culminará con una huelga general el día 31. El proyecto de ley de nuevas libertades y nuevas protecciones para las empresas y los activos, conocida como la ley del trabajo o ley El Khomri, por la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, ha causado la respuesta de los sindicatos y de estudiantes. El objetivo del Gobierno es “favorecer la competitividad y el empleo, apoyándose en el diálogo social, en beneficio de los derechos de los trabajadores”.

Esta reforma laboral llega tras años de presiones y peticiones de organizaciones internacionales como la Comisión Europea o el Gobierno alemán para realizar un ajuste en la legislación laboral similar al de otros países europeos como España, en la que el primer ministro, Manuel Valls, admite haberse inspirado.

Manuel Valls

La ministra El Khomri defiende esta reforma que propone “a la vez nuevas flexibilidades a las empresas para mejorar la competitividad de nuestra economía y nuevas protecciones, nuevos derechos para los asalariados” y la considera “un verdadero impulso para la democracia social de nuestro país”. La nueva ley permitirá que las empresas puedan despedir a trabajadores si reduce beneficios sin entrar en pérdidas y las bajas laborales por enfermedad dependerán exclusivamente de los convenios colectivos y dejarán de estar garantizadas por ley. Las indemnizaciones por despido improcedente también se verán reducidas: pasarán de un mínimo de doce meses de salario a seis meses y solamente si el trabajador llevaba al menos dos años en la empresa.

La reforma permite despedir a trabajadores si la empresa reduce beneficios


La ley del trabajo ha generado semanas de movilización en las calles, con manifestaciones multitudinarias en todo el país. El 9 de marzo se manifestaron entre 200.000 y 450.000 personas contra este proyecto de ley. El 24 de marzo fue otra jornada de lucha, con manifestaciones menos masivas a lo ancho y largo del país. En París, la violencia policial contra un adolescente de 15 años de raza negra que se manifestaba contra la reforma gubernamental generó gran indignación y nuevas protestas, llegando a ser atacadas dos comisarías de policía.

En respuesta a la movilización en contra del proyecto, el pasado 24 de marzo el Consejo de Ministros francés aprobó una versión modificada respecto al borrador inicial. Algunas de las medidas más duras finalmente retiradas incluían no garantizar la baja por muerte de un familiar cercano o aumentar de 12 a 16 el número de semanas consecutivas con 44 horas de trabajo pero la filosofía de la ley no varía.

El CFDT, sindicato con más afiliados, apoya la reforma
 

La modificación del proyecto original ha logrado que la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), el primer sindicato por número de afiliados, deje de oponerse a la ley El Khomri pero ha supuesto que la patronal Medef no apoye a esta reforma laboral reformulada. CFDT considera que “las numerosas modificaciones posibilitan avances para los trabajadores y los jóvenes”.

La huelga general de este jueves está convocada por cuatro sindicatos interprofesionales y tres organizaciones estudiantiles, incluyendo a la Confederación General del Trabajo (CGT), el primer sindicato por número de representantes sindicales. “Ofrece una libertad total a la patronal y supondría un retroceso histórico de derechos para los trabajadores” denuncia CGT. El Movimiento de Jóvenes Socialistas, organización autónoma del Partido Socialista, también se opone.

Trabajadores y estudiantes franceses en una manifestación contra de la  laboral francesa, en Marsella, Francia.- REUTERS / Jean-Paul Pelissier
Manifestación contra la reforma laboral en Marsella - Francia.
REUTERS / Jean-Paul Pelissier

Según un sondeo del periódico Le Parisien, el 71% de los franceses está en contra de la nueva ley del trabajo. Los votantes del Frente Nacional, con un 83%, son los más reacios a esta reforma, seguidos por los de izquierda (70%). Aquellos que se consideran de derecha también están mayoritariamente en contra de esta reforma (55%). Una recogida de firmas online contra esta reforma laboral ha alcanzado cerca de 1.300.000.

Tras la huelga está la playa


"Seus les pavés, la plage"

El colectivo informal Convergencia de luchas, llama a permanecer en las calles tras la manifestación del 31 de marzo. “No volveremos a casa después del 31 mientras sigan empecinados en construir un mundo contra nosotros”. La conocida como Nuit debout (noche en pie) o Nuit rouge (noche roja) aspira a ser un 15-­M mediante ocupaciones y acampadas en espacios públicos y una “Asamblea Ciudadana Permanente”.

Los organizadores invitan “a todos aquellos que, más allá de su oposición al destructivo Código de Trabajo, aspiran a construir un ambicioso proyecto político, progresista y emancipador, a unirse a nosotros al final de la manifestación del 31 de marzo”. ¿Qué ocurrirá a partir del 1 de abril? Sólo el tiempo lo dirá pero una intensificación en las luchas sociales parece una posibilidad.

Deriva liberal

 El primer ministro francés, Manuel Valls (izq); la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri (C) y el ministro de Economía, Emmanuel Macron, tras una conferencia de prensa para dar a conocer el proyecto de reforma laboral.- REUTERS / Charles Platiau
El primer ministro francés, Manuel Valls (izq); la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri
y el ministro de Economía, Emmanuel Macron
REUTERS / Charles Platiau

La deriva socioliberal del Gobierno, denunciada por el sector más a la izquierda del gobernante Partido Socialista, la ha marcado Manuel Valls. Su nombramiento como primer ministro en 2014 tras la derrota electoral de los socialistas en las elecciones municipales supuso la remodelación del gobierno. Tres ministros del ejecutivo anterior decidieron no continuar bajo el mando de Valls. Arnaud Montebourg, elegido ministro de Economía, criticó la política económica del nuevo gobierno de Valls, lo que supuso la formación de otro gabinete y su expulsión del Ejecutivo.
Arnaud Montebourg

Su sustituto, Emmanuel Macron, es considerado como liberal por sus críticos y autor de una ley liberalizadora de la economía. Macron, exbanquero, prometió mantener las prometidas rebajas fiscales de 41.000 millones de euros a las compañías en la universidad de verano de la patronal francesa Medef. Allí fue aclamado por los grandes empresarios de Francia y dijo que el Gobierno actúa “a favor de las empresas”.

La propuesta se debatirá en la asamblea nacional a principios de mayo. Un grupo de 10 parlamentarios socialistas rebeldes ha redactado un contraproyecto de reforma laboral que incluye aumentar las cotizaciones de las empresas destinadas a financiar el desempleo en función de la cantidad de personas que despidan y reforzar las sanciones administrativas para castigar a las compañías que abusen del trabajo precario, entre otras medidas.

 Manifestación estudiantil en mayo de 1968 (París - Francia)

FUENTE: publico.es

1/12/15

LA LEY DE EMERGENCIA

Francia: Se retira la censura de la ley de emergencia ante presión de asociaciones de periodistas

La Asamblea francesa elimina las disposiciones de censura en los medios previstas por la ley de seguridad, ante la presión de las organizaciones de periodistas.

Sede de la Asamblea Nacional

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha recibido con satisfacción la enmienda aprobada por la Asamblea Nacional de Francia que elimina las disposiciones de censura en los medios previstas por la ley de seguridad.

Las exigencias de los sindicatos de periodistas y otras organizaciones ciudadanas han contribuido a esta enmienda aprobada tras la prórroga de tres meses del estado de emergencia propuesta por François Hollande.

 Françoise Hollande, presidente de la República Francesa

“Incluso aunque nunca se aplicase, estas disposiciones representan una amenaza para la libertad de información en Francia, por lo que celebramos la decisión del gobierno de eliminarlos definitivamente”, expresó el Secretario General de RSF, Christophe Deloire.

Además de la imposición de controles sobre los medios de comunicación, la ley permitía a la policía registrar las oficinas de periodistas, jueces y cargos electos sin tener que pedir permiso a un tribunal. Esta disposición también se ha eliminado.

Christophe Deloire, Secretario Gral. de RSF

Unos 20 parlamentarios encabezados la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Sandrine Mazetier (del Partido Socialista), trató de bloquear la enmienda, pero su propuesta fue rechazada. Las razones que dieron para oponerse al cambio fueron “las deficiencias observadas en la cobertura de los medios de comunicación” en los atentados de enero en París.

Aunque no fue difundido por casi ningún medio español, seis diputados de la Asamble Nacional –Pouria Amirshahi, Isabelle Attard, Sergio Coronado, Noel Mamere, Barbara Romagnan y Gerard Sebaoun– votaron contra la ley que renueva y extiende el estado de urgencia en Francia.

Sergio Coronado, diputado ecologista

El diputado ecologista Sergio Coronado ha manifestado que “el estado de urgencia no es en sí mismo, desgraciadamente, capaz de eliminar el peligro. Sirve, sobre todo, para demostrar que algo se hace, sin que se haya demostrado su verdadera eficacia. Descartar la institución judicial constituye un peligro para nuestra democracia. Unas 2.500 personas se dedican a las labores de inteligencia mientras que apenas 150 laboran del lado judicial. Ese desequilibrio significa que los jueces no disponen de medios para examinar la información que se les entrega.

FUENTE:http:// www.rsf-es.org
29/11/2015
Este ciudadano considera también que no es demostrable que el estado de excepción sirva para luchar contra el terrorismo. Parece más una triquiñuela gubernativa para (amparándose en él) restringir las legítimas libertades que otorga el estado de derecho, de cara al control total de la ciudadanía.