"Designar con el nombre de fraternidad universal la explotación en su aspecto cosmopolita, es una idea que sólo podía nacer en el seno de la burguesía". Eso decía Marx en 1848 de los defensores del librecambio. Sus palabras encajan como un guante para referirnos a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), que es el acuerdo que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Se la define como una propuesta “ambiciosa e innovadora” que “podría generar crecimiento y empleo”. Pero los trabajadores y trabajadoras nunca deberíamos perder de vista que, en una sociedad capitalista, “libertad de comercio” es un eufemismo para hablar de “libertad de explotación” de los trabajadores y de los recursos naturales.
¿Quién se beneficiará del acuerdo?
No dudamos que el TTIP pueda beneficiar a una parte de la población, la cuestión es si va a beneficiar a una mayoría o sólo a una minoría, ¿a qué clase social beneficiará el acuerdo?. La propia Unión Europea reconoce que lo normal en estos procesos es que se destruya empleo en los sectores que no puedan competir, y se cree, más adelante, empleo en los nuevos sectores que surjan. Por tanto, no es casual el uso del condicional “podría” cuando se trata de crear empleo. Tampoco que la Comisión Europea no especifique qué clase de empleo, con qué salarios y en qué condiciones.
Pero podemos augurar que la precarización del empleo crecerá puesto que llevará las condiciones de trabajo a igualarse a la baja como consecuencia natural de la profundización en una economía de mercado, que sólo podría evitarse con una lucha decidida de los trabajadores y trabajadoras que también se vería dificultada, cuando no directamente imposibilitada, con el TTIP.
Eso ha sucedido con el NAFTA, el tratado que firmaron Estados Unidos, México y Canadá. El empleo que se creaba en un sector se destruía en otros y, en general, los salarios de los trabajadores han seguido cayendo tanto en México como en Estados Unidos.
En el caso español, los estudios más optimistas plantean que, a partir de la entrada en vigor del TTIP en 2020, se podrían crear 83.514 empleos al año y aumentar el PIB en un 0,74% anual (unos 9.000 millones) lo que supondría la reducción del número de total de parados en un 1,5%, es decir, acabar con el paro en 65 años y gracias a empleos en condiciones de explotación y precariedad.
El TTIP va a garantizar, por encima de todo, la eliminación de obstáculos a la rentabilidad de las inversiones de las grandes corporaciones, al someter cualquier medida que lesione las mismas a tribunales internacionales privados de arbitraje (ISDS) que tendrán capacidad para sancionar a los Estados. Eso obstaculizaría la lucha de los trabajadores y trabajadoras, pues cualquier mejora sustancial de derechos que lograsen podría ser cuestionada en dichos tribunales.
Para los trabajadores y trabajadoras europeas supondrá una mayor presión para equiparar las condiciones laborales y de derechos a las de los trabajadores y trabajadoras estadounidenses —sustancialmente peores—, y, en última instancia, el conjunto de los trabajadores de uno y otro lado del Atlántico, nos veremos inmersos en una carrera para ver quien atrae más inversiones a cambio de ofrecer esa mano de obra más barata.
El espejo de la Unión Europea
En el Estado español tenemos casi cinco millones de parados —y la mayor parte de ellos, sin prestación por desempleo—, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que tienen un puesto de trabajo, lo tienen en condiciones precarias, con los salarios en los niveles más bajos desde la caída de la dictadura: en 1978, los salarios suponían el 67,5% de la renta nacional mientras que en 2013 sólo un 51,3%.
Y este fenómeno ha alcanzado a toda Europa, porque no es un problema de países sino de clase. En Alemania, donde las desigualdades han crecido fuertemente, un 24% de los trabajadores tienen minijobs y contratos en precario con sueldos que no superan los 450 euros mensuales.
Desde de la Unión Europea han venido las directrices, no para aplicar la Carta Social Europea y establecer un salario mínimo digno, por ejemplo, sino para facilitar todo el proceso de privatización de los sectores y servicios públicos en aras de la “libre competencia” y recortes en los derechos sociales.
Hoy la Comisión Europea y el Banco Europeo son los primeros responsables de los recortes en nuestros servicios sociales y rescates multimillonarios al sector financiero se condena cada vez a más personas a la pobreza y la exclusión en todo el continente.
El TTIP no se negocia pensando en la mayoría
Por supuesto, quienes negocian el TTIP en secreto aseguran que se garantizarán los estándares de protección ecológica, de la salud, de los servicios públicos y los derechos laborales. Visto, por ejemplo, que el escándalo sobre las emisiones de gases de Volkswagen lo descubrió una organización sin ánimo de lucro, tenemos motivos para dudar de la eficacia de las regulaciones europeas y de los organismos de vigilancia cuando se trata de grandes corporaciones multinacionales.
Sin duda, como es tradicional en la derecha, se argumenta que todo se hace para beneficiar a la mayoría de la población y, en especial, a la pequeña y mediana empresa, pero el acuerdo irá en beneficio de las grandes corporaciones multinacionales, que son las que ya controlan la mayor parte del comercio mundial y las que disponen de fuerza para imponer sus criterios en la negociación del acuerdo, así como influir en los futuros tribunales de arbitraje que surgirían de este tratado.
Necesitamos otra Unión Europea
Que rechacemos el TTIP no implica que seamos partidarios de volver al refugio de los estados nacionales. El problema de fondo no es el Tratado sino el capitalismo. Igualmente, no criticamos a la Unión Europea por su carácter europeo, como hace la extrema derecha, sino por los intereses de clase que defiende. La UE es, hoy en día, un entramado burocrático institucional hecho a medida de los grandes lobbies empresariales.
Frente a ello, la solución es otro modelo de integración regional en Europa, basada en la unión voluntaria y democrática de los pueblos que, gracias a la lucha común de los trabajadores y trabajadoras de toda Europa, iguale al alza unas mismas leyes sociales para toda Europa.
Una reducción drástica de la jornada laboral, sin disminución salarial, el cumplimiento estricto de la Carta Social europea estableciendo un salario mínimo digno, anticipar la edad de jubilación a los 60 años, garantizar unos servicios sociales públicos de calidad, con acceso de todas a la vivienda, la educación y o la sanidad, y con derechos democráticos para todos, es el programa que debería unir a la clase trabajadora de toda Europa.
Esas medidas chocan hoy en día con las reglas del juego de la sociedad capitalista, y lo harán aún más con el escenario que nos dejará el TTIP de ser aprobado. Por eso, ese programa no solo va unido al rechazo frontal del TTIP sino también a la necesidad de nacionalizar los sectores estratégicos para lograr democratizar la economía, y poder poner en marcha una planificación democrática, que tenga como prioridad unas condiciones de vida dignas y un respeto imprescindible al medioambiente.
Una Europa así sí podría buscar la cooperación en beneficio mutuo con los pueblos norteamericanos y con el resto de pueblos del mundo.
FUENTE: publico.es
Dominio Público - Opinión a fondo
Marina Albiol
Eurodiputada de IU y portavoz de Izquierda Plural en el Parlamento Europeo
Jordi Escuer
Coordinador de IU Latina-Madrid
05/12/2015
No hay comentarios:
Publicar un comentario