La reforma del bono social deja intactos los privilegios del oligopolio
Las mejoras implantadas por el Gobierno socialista son sustanciales, pero dejan a la mitad de la población del país fuera
Sede central de Endesa (Madrid)
Gracias a este sistema de financiación aprobado por el Gobierno del Partido Popular, el porcentaje que dedica Endesa al bono social es infinitamente más pequeño que el que aporta Eléctrica de Cádiz, que en 2017 estuvo obligada a transferir 479.000 euros para costear un bono social que no puede facilitar a sus clientes.
Esto supuso para la empresa entregar un 40% de sus beneficios anuales al oligopolio vía Estado, sin poder facilitar a sus clientes ayuda alguna. Y entre esto y que la luz ha subido y dicha empresa ha tratado de no repercutir el alza a sus clientes hasta el extremo (para eso, entre otras cosas, sirve una empresa pública) en 2018 por primera vez en décadas, la comercializadora no ha repartido dividendos.
Mientras que en España el grueso de los fondos para combatir la pobreza energética es gestionado por el propio oligopolio a través de sus comercializadoras del mercado regulado, en Portugal, independientemente de la compañía con la que se tenga el contrato eléctrico, la tarifa social se aplica desde 2016 de manera automática.
¿Por qué en un sistema eléctrico teóricamente liberalizado hace 20 años un puñado de empresas tiene el privilegio de gestionar a todos los clientes vulnerables mientras las demás empresas les transfieren sus recursos?
Oligopolio eléctrico español
Aunque en teoría cualquier empresa que cumpla ciertos requisitos puede ser comercializadora de referencia, lo cierto es que solo las grandes pueden permitirse tener dos estructuras empresariales, y compensar los limitados beneficios de la comercializadora regulada con los del mercado libre y el resto de actividades económicas de sus matrices.
Si estuvieran haciendo una gestión eficiente y responsable de esta ayuda, podría tener algún tipo de justificación, pero no es el caso. A pesar de tener el monopolio del bono social, al no tener la obligación legal de ajustar los contratos de las familias beneficiarias a sus necesidades reales, no lo hacen. Y aplican el descuento tal cual, lo que supone un derroche de recursos, tanto de las familias vulnerables, como de los financiadores del bono (que finalmente somos todas y todos), para su propio beneficio.
Acompañamos a Susana a Eléctrica de Cádiz a bajar su potencia y a contratar la tarifa 2.0DHA. Le explicamos que con esos cambios su factura bajaría a la mitad y le animamos a usar toda la energía que necesitara. Susana paga menos ahora que si recibiera el descuento del 40% del bono social que le corresponde por su situación.
Pero lo justo sería que, una vez optimizado el contrato, tuviera acceso al bono y se beneficiara de la protección contra el corte. Como también sería justo que las empresas que gestionan el bono social estuvieran obligadas a optimizar los contratos antes de aplicarlo.
Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica
Las mejoras implantadas por Teresa Ribera son sustanciales, es verdad, pero dejan a la mitad de la población del país fuera y deja intactos los privilegios del oligopolio. Y la ministra lo sabe, como sabe el tremendo problema que hay en Cádiz sin darle solución, pues el alcalde de esta ciudad lo puso en su conocimiento, solicitando incluir urgentemente en su reforma que todas las comercializadoras que lo deseen puedan facilitar el bono social.
Porque, ¿qué pasa con los 15 millones de contratos del mercado libre? Que no tendrán ningún tipo de ayuda y ninguna protección. Se quedan fuera, al igual que todas aquellas personas que por motivos éticos tienen contratado el suministro con una comercializadora 100% renovable, como es el caso de la cooperativa Som Energía, y sus más de 80.000 contratos.
Gracias a la derogación del “Impuesto al Sol” y de las múltiples trabas que lo acompañaban, el pasado 5 de octubre fue para muchas un día de fiesta. Se abrió una ventana de esperanza hacia la implantación de un sistema eléctrico renovable y distribuido, potencialmente más democrático y generador de empleo.
Sin embargo, en Cádiz cuesta celebrarlo, sabiendo que la mayor parte de la gente de la ciudad se queda fuera del bono social. Gracias a ese mismo decreto, Antonio seguirá disfrutando un bono que no necesita, y Susana, seguirá desprotegida y sin acceso a la única ayuda estatal existente contra la pobreza energética.
FUENTE: ctxt.es
Tribuna
Alba del Campo
14/10/2018
