BONO SOCIAL ELÉCTRICO

La reforma del bono social deja intactos los privilegios del oligopolio

Las mejoras implantadas por el Gobierno socialista son sustanciales, pero dejan a la mitad de la población del país fuera

Susana acudió a un taller con un recibo eléctrico alarmante. Pagaba 7 euros por la energía consumida y 20 euros por la potencia contratada. Susana había utilizado ese mes 36 kilovatios, lo que equivale al consumo de la nevera, de alguna lavadora y muy poco más. Tenía 4,6kW de potencia contratada. Cuando le preguntamos qué aparatos utilizaba a la vez, nos relató que ninguno. 

Tenía pánico a que la factura se le fuera de las manos y para evitarlo, apagaba la nevera cuando ponía la televisión. No encendía la luz, y ni hablar de poner una estufa. Susana tiene más de 75 años, vive sola, sus ingresos no llegan a 500 euros al mes y nunca ha accedido al bono social. Es un caso extremo, pero completamente real.

A pesar de la aprobación del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, si no se cambia a una comercializadora de referencia, Susana seguirá sin poder tener acceso al bono social y tampoco podrá acceder al bono social térmico creado por la ministra Teresa Ribera.

Susana es usuaria de Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de Cádiz paga su factura eléctrica mes sí, mes no, y tiene la luz contratada con Eléctrica de Cádiz, empresa que no puede facilitar el bono social, por no ser comercializadora de referencia.

Sede de Eléctrica de Cádiz

En nuestro país solo 8 comercializadoras de las 728 que operan son de referencia. Y en España más de 4,6 millones de personas tienen problemas para asumir el coste de sus suministros energéticos y, a día de hoy, la única ayuda que hay a nivel estatal es un bono social, ayuda que, curiosamente, solo pueden proporcionar las comercializadoras del oligopolio (en su versión regulada) y tres empresas más (CHC Energía y las comercializadoras de Ceuta y de Melilla).ste hecho supone en la práctica una transferencia neta de fondos y de clientes de las pequeñas y medianas comercializadoras al oligopolio.

Teresa Ribera ofreció recientemente datos de las familias que habían logrado superar la odisea de la renovación del bono social antiguo y ya tenían el nuevo bono reformado por el Partido Popular: Solo 715.000 familias. Entre ellas está la de Antonio, que trabaja en el sector financiero y tiene unos ingresos que superan los 100.000 euros anuales. Al ser familia numerosa recibe una bonificación el 25% de la energía y de la potencia que consume. Y les viene muy bien, porque la luz se ha puesto por las nubes.

El de Antonio también es un caso extremo, pero no tanto. Hay miles de familias de altas rentas beneficiándose del bono social sin necesitar ninguna ayuda desde su creación en 2009, y el decreto aprobado sigue sin poner un tope a la renta de las familias numerosas que se benefician del mismo.

El bono social al que accede Antonio, al tener la luz contratada con Endesa, y al que no accede Susana, al tener la luz con Eléctrica de Cádiz, es financiado por todas las comercializadoras de electricidad en proporción a su número de clientes.

Sede central de Endesa (Madrid)

Gracias a este sistema de financiación aprobado por el Gobierno del Partido Popular, el porcentaje que dedica Endesa al bono social es infinitamente más pequeño que el que aporta Eléctrica de Cádiz, que en 2017 estuvo obligada a transferir 479.000 euros para costear un bono social que no puede facilitar a sus clientes.

Esto supuso para la empresa entregar un 40% de sus beneficios anuales al oligopolio vía Estado, sin poder facilitar a sus clientes ayuda alguna. Y entre esto y que la luz ha subido y dicha empresa ha tratado de no repercutir el alza a sus clientes hasta el extremo (para eso, entre otras cosas, sirve una empresa pública) en 2018 por primera vez en décadas, la comercializadora no ha repartido dividendos.

Mientras que en España el grueso de los fondos para combatir la pobreza energética es gestionado por el propio oligopolio a través de sus comercializadoras del mercado regulado, en Portugal, independientemente de la compañía con la que se tenga el contrato eléctrico, la tarifa social se aplica desde 2016 de manera automática.

¿Por qué en un sistema eléctrico teóricamente liberalizado hace 20 años un puñado de empresas tiene el privilegio de gestionar a todos los clientes vulnerables mientras las demás empresas les transfieren sus recursos?

Oligopolio eléctrico español

Aunque en teoría cualquier empresa que cumpla ciertos requisitos puede ser comercializadora de referencia, lo cierto es que solo las grandes pueden permitirse tener dos estructuras empresariales, y compensar los limitados beneficios de la comercializadora regulada con los del mercado libre y el resto de actividades económicas de sus matrices.

Si estuvieran haciendo una gestión eficiente y responsable de esta ayuda, podría tener algún tipo de justificación, pero no es el caso. A pesar de tener el monopolio del bono social, al no tener la obligación legal de ajustar los contratos de las familias beneficiarias a sus necesidades reales, no lo hacen. Y aplican el descuento tal cual, lo que supone un derroche de recursos, tanto de las familias vulnerables, como de los financiadores del bono (que finalmente somos todas y todos), para su propio beneficio.

Acompañamos a Susana a Eléctrica de Cádiz a bajar su potencia y a contratar la tarifa 2.0DHA. Le explicamos que con esos cambios su factura bajaría a la mitad y le animamos a usar toda la energía que necesitara. Susana paga menos ahora que si recibiera el descuento del 40% del bono social que le corresponde por su situación.

Pero lo justo sería que, una vez optimizado el contrato, tuviera acceso al bono y se beneficiara de la protección contra el corte. Como también sería justo que las empresas que gestionan el bono social estuvieran obligadas a optimizar los contratos antes de aplicarlo.

Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica

Las mejoras implantadas por Teresa Ribera son sustanciales, es verdad, pero dejan a la mitad de la población del país fuera y deja intactos los privilegios del oligopolio. Y la ministra lo sabe, como sabe el tremendo problema que hay en Cádiz sin darle solución, pues el alcalde de esta ciudad lo puso en su conocimiento, solicitando incluir urgentemente en su reforma que todas las comercializadoras que lo deseen puedan facilitar el bono social.

Porque, ¿qué pasa con los 15 millones de contratos del mercado libre? Que no tendrán ningún tipo de ayuda y ninguna protección. Se quedan fuera, al igual que todas aquellas personas que por motivos éticos tienen contratado el suministro con una comercializadora 100% renovable, como es el caso de la cooperativa Som Energía, y sus más de 80.000 contratos.

Gracias a la derogación del “Impuesto al Sol” y de las múltiples trabas que lo acompañaban, el pasado 5 de octubre fue para muchas un día de fiesta. Se abrió una ventana de esperanza hacia la implantación de un sistema eléctrico renovable y distribuido, potencialmente más democrático y generador de empleo.

Sin embargo, en Cádiz cuesta celebrarlo, sabiendo que la mayor parte de la gente de la ciudad se queda fuera del bono social. Gracias a ese mismo decreto, Antonio seguirá disfrutando un bono que no necesita, y Susana, seguirá desprotegida y sin acceso a la única ayuda estatal existente contra la pobreza energética.

FUENTE: ctxt.es

Tribuna

Alba del Campo

14/10/2018

LA OSCURIDAD DE LA LUZ

Es preciso reconstruir un nuevo mercado de la electricidad distinto del sistema vigente donde siempre gana el dueño del kilovatio. Tenemos que saber de verdad cuánto cuesta producir y distribuir la electricidad, mediante una auditoría de costes

“Si los tártaros invadiesen hoy Europa, resultaría muy difícil hacerles comprender lo que es entre nosotros un financiero”, escribía Montesquieu en 1748. Si lo hubiera hecho ahora en nuestro país, habría podido aplicar la frase al mercado eléctrico, o más exactamente al sistema por el que se decide cuánto debe pagar por la electricidad el usuario. En mayo pasado, el precio de la electricidad en España rebasó todos los precios pasados en el mismo mes al menos en los últimos ocho años, mientras que el consumo de electricidad se mantuvo en línea similar a los años previos.

El precio de producción de la electricidad fue de 55 euros por megavatio hora, lo que representa un 27 por ciento más que el mes anterior y un 16 por ciento más que el año pasado. La consecuencia es que en un solo mes el recibo de la luz para un usuario medio ha aumentado un 8 por ciento.

La complejidad del asunto no viene dada por las dificultades de producir electricidad y trasladarla a cada vivienda. El negocio eléctrico es como otros muchos. Unos actúan en un mercado más o menos competitivo, como la producción y distribución de ordenadores. Otros, en mercados más regulados, por la naturaleza del servicio que prestan. Pero en ninguno hay montado un tinglado tan complicado y confuso como en el de la electricidad. Y eso que las empresas que la producen y comercializan en España son muy pocas: tan sólo cinco y tres de ellas disponen de la gran mayoría del negocio.

Cuando Aznar llegó al Gobierno, decidió liberalizar el sector. Aparentemente es casi imposible y además llevarlo a rajatabla sería ineficiente. Si cada compañía compite de verdad por producir la energía y vendérsela a los clientes, significaría que debería disponer de centrales distintas de las de su competidor, producir electricidad más barata que este y hacerse con la máxima cartera de clientes en todo el país. Se daría así el caso de solapamientos en el número de centrales y múltiples redes de hilo de cobre en cada edificio, para, en competencia, hacer llegar la energía a los usuarios que hayan escogido cada compañía.

Esto, claro, no es así. Lo que se consiguió aquí, y posiblemente en otros países llevados de la fiebre ideológica de liberalizar, es hacer un simulacro de competencia. Se estableció que debían ser diferentes las empresas dedicadas a producir la energía de las encargadas de distribuirla y de las ocupadas en comercializarla. Es el primer simulacro, porque simplemente consistió en que Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico separaban nominalmente en filiales sus actividades de generación, es decir, la producción de electricidad, de distribución y comercialización.

Cada compañía produce electricidad en sus centrales, y se la venden unas a otras mediante un procedimiento de subasta. Es decir, Iberdrola Generación vende electricidad en subasta a su propia empresa de distribución… y al resto, que hacen lo mismo. También participan en la subasta inversores financieros, que pueden adquirir la energía producida para venderla después a una compañía de las de verdad.

El juego de los trileros es mucho más bondadoso que este sucedáneo de competencia. Y, sobre todo, más transparente porque el procedimiento establecido en la puja es de una complejidad tal que imposibilita una pretendida limpieza, a pesar de la vigilancia de numerosos técnicos de la Comisión de los Mercados y la Competencia. Vigilancia en cierto modo estéril, si se tiene en cuenta que los que compran y venden vienen a ser los mismos.

Sin embargo, un cálculo validado por las autoridades determina que las compañías, constituidas de hecho en un oligopolio, cobran menos por la electricidad de lo que cuesta producirla. Por ello cada año se anota una deuda de los clientes que habrán de pagar poco a poco, con los respectivos intereses. El año pasado ese llamado déficit de tarifa fue menor de lo que habían calculado, a Dios gracias. 

En total, 645 millones de euros que se acumulan a los casi 24.000 millones de euros pendientes de pago. Cada mes se incluye en el recibo una parte de ese enorme déficit, pongamos 3.000 millones anuales. Pero hay más pagos que se llevan las eléctricas al cobrar a los usuarios: la distribución y comercialización, que también reporta beneficios a las compañías. En el recibo se paga además una cantidad para que las eléctricas tengan disponibles algunas centrales, aunque produzcan poco porque no hay demanda para ellas.

Reciben igualmente dinero en cada factura como compensación porque en las islas Canarias y Baleares, Ceuta y Melilla cobren lo mismo por la luz que en la península, aunque allí salga más caro producirla. Incluso se añade un montante para compensarlas de la decisión del Gobierno socialista en los años 80 y 90 que paralizó la construcción de nuevas centrales nucleares. O una tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para que vigile que el mercado eléctrico funciona bien. Todo esto encierra la factura de la luz.

Las eléctricas no pasan una, con el beneplácito del Gobierno y del BOE, que les retribuye así una aparente competencia. Estos conceptos se engloban en la denominación de peajes, que aprueba periódicamente el ministerio competente en energía, ahora el ministerio para la Transición Ecológica. Además, se paga, claro está, el IVA, el 21 por ciento, y el impuesto especial de la electricidad, poco más de 5 por ciento.

Una comparación con el resto de la Unión Europea indica que España es el tercer país con la electricidad más cara para los hogares, excluidos los impuestos. Sólo nos superan por muy poco Irlanda y Bélgica. Y la cuarta para los grandes consumidores, es decir, las empresas y las administraciones públicas. Sólo son más caras Malta, Chipre e Irlanda, todas ellas islas.

Esto, y la búsqueda de una electricidad más limpia y sostenible, ha llevado al Ayuntamiento de Barcelona a constituir su propia compañía, con la que además espera ahorrarse 500.000 euros al año. Sin embargo, tal es la posición de dominio de las grandes empresas que constituyen el oligopolio, que hasta ahora Endesa lo ha evitado con el recurso a los tribunales. Un hecho más que pone de manifiesto que la liberalización es sólo una farsa.

Aplicados los impuestos, España tiene por delante cinco países. Teniendo en cuenta que los impuestos se aplican en porcentaje sobre el coste de la electricidad, significa que nuestros tributos están en la franja entre los países de la UE y que ese no es el verdadero problema del coste de la luz.

Podría pensarse que el encarecimiento del recibo de la luz es un episodio pasajero, pero los datos dicen que no es así. Entre 2008 y 2018 la electricidad para hogares ha subido en España un 37 por ciento, cuando el IPC, el coste de la vida, se ha incrementado el 12. Incluso el petróleo, calculado en euros, ha subido menos, el 30 por ciento.

Las grandes compañías eléctricas y de gas, que cotizan en el IBEX, ganaron el año pasado 9.000 millones de euros. Desde la liberalización falaz sus ganancias en España han sido tales que les han posibilitado con su excedente salir a comprar empresas fuera de España. En contraste, el número de hogares con pobreza energética se acerca a los dos millones.

Cuando se habla de los retos que debe asumir un nuevo Gobierno, estos no deberían pasar sólo por impedir el corte del suministro a los que no pueden pagarlo, asumiendo parte del recibo, por necesario y urgente que sea, o por corregir injusticias palmarias y abusos. Es preciso reconstruir un nuevo mercado de la electricidad distinto del sistema vigente, donde siempre gana el dueño del kilovatio. Para ello debe saberse de verdad cuánto cuesta producir y distribuir la electricidad, mediante una auditoría de costes. También recuperar la apuesta por las energías renovables, como la fotovoltaica.

Los problemas no son técnicos, sino políticos. Es casi una tradición considerar a las compañías eléctricas como el primer lobby de España. Por ahí hay que empezar.

FUENTE: ctxt.es
Emilio de la Peña 
04/07/2018

El estentóreo grito de Miguelito lo dice todo.

Huelga algún comentario por parte de este ciudadano.

RAJOY TOCA EL VIOLÍN, NERÓN LA LIRA

Estarán preguntándose ustedes qué relación existe entre ambos hechos; pues mucha. Síganme y lo verán:

Nerón tocaba la lira displicente mientras la ciudad de Roma ardía ante sus ojos, y nuestro Rajoy sigue tocándose los (lapsus) tocando el violín con los ojos cerrados mientras la economía española amenaza con irse por el desagüe. No irán a decirme que no existe similitud: a ambos la cosa les importa dos cojones... siempre y cuando alguno de ellos no sea monórquido*, o ambos. Aunque siempre hay oscuros intereses que al pueblo se le escapan.

Sube el petróleo mientras Rajoy toca el violín

En lo que se refiere a cuestiones energéticas, el Gobierno de Rajoy tiene la memoria corta, y por eso no parece preocuparle demasiado el incremento en el precio del petróleo, que ha alcanzado ya los 75 dólares/barril. No parece ese dato tampoco hacer mella en un Gobierno cuyo interés por el desarrollo de las alternativas energéticas renovables tiende a cero, y al que tampoco  la crisis ecológica le importa. No sorprende por tanto que en los presupuestos generales recorten los fondos destinados a la lucha contra el cambio climático, mientras el petróleo recupera su tendencia alcista . Quizás se pregunte usted qué tiene que ver una cosa con la otra. Lo voy a tratar de explicar.

Empecemos recordando que los máximos en el precio del petróleo se alcanzaron en 2008, precisamente en pleno hundimiento de la economía española: el barril Brent llegó hasta su récord histórico absoluto en 145 dólares el 15 de julio de 2008 . Han pasado diez años ya, pero la relativa tregua para nuestra economía de los bajos precios del petróleo no ha sido aprovechada para impulsar las energías renovables.

En España no tenemos petróleo; pero tenemos mucho sol y mucho viento. Sin embargo en estos años las políticas de impulso a las renovables han estado absolutamente paralizadas, a pesar de que todos sabemos que los bajos precios del petróleo son una cuestión puramente temporal. Parece que no hemos aprendido nada de la crisis, y nuestra economía sigue tan vulnerable a los precios del petróleo como lo fue en 2008. ¿Acaso hace falta recordar la situación económica que vivimos en aquellas fechas en este país, y las consecuencias sociales que tuvo de las que aún no nos hemos recuperado?

España depende energéticamente del exterior  en un 72,3%, 20 puntos por encima de la media de los países de la UE. El 100% del petróleo que consume la economía española es importado, por lo que cualquier subida  en el precio tiene impactos devastadores sobre nuestra economía. Llama la atención por ello la falta de previsión que esta mostrando el Gobierno para reducir nuestra dependencia del crudo.

La mayor parte del consumo de petróleo en España se utiliza para el transporte, sector que cada vez tiene más peso en el conjunto de las emisiones. Tradicionalmente se argumentaba que impulsar las renovables no tendría impacto sobre el consumo de petróleo al ser usado sobre todo en transporte, pero ese paradigma ya no es cierto: la electrificación del transporte es una estrategia clara para reducir esa dependencia. El consenso sobre esta estrategia en materia de lucha contra el cambio climático es amplio, e incluso la recoge el informe de los técnicos del ministerio de industria, pero es que no se está haciendo… Pero claro, para ello sería necesario tener una estrategia y una Ley para combatir el cambio climático, algo que desgraciadamente no existe en España.

Así que la nueva subida del petróleo nos devuelve a la incertidumbre. Hemos perdido otros diez años más. Ni la grave crisis ambiental en que estamos inmersos, ni el objetivo de reducir nuestra dependencia energética exterior han sido suficientes para mover la política energética española, cuyos responsables siguen más atentos a mantener los intereses del oligopolio energético que de defender el interés común que, en este caso se debería concretar en la reducción de  la dependencia energética exterior. Tenemos viento y tenemos sol… ¿a qué están esperando?

FUENTE: publico.es
Juan López de Uralde
09/05/2018

Queda claro que gobiernan gracias a los votos de la ciudadanía, pero no lo hacen en beneficio de todos, sino de una minoría de privilegiados.

(*) Monórquido.
Esta palabra en su etimología viene del griego “μονορχις” (monorchis); formado de “μονο” (mono) único y “ορχις” (orchis) que quiere decir testículo.

O lo que es lo mismo, monotesticular. Dicho en román paladino, que tiene un solo huevo, vaya.