BONO SOCIAL ELÉCTRICO

La reforma del bono social deja intactos los privilegios del oligopolio

Las mejoras implantadas por el Gobierno socialista son sustanciales, pero dejan a la mitad de la población del país fuera

Susana acudió a un taller con un recibo eléctrico alarmante. Pagaba 7 euros por la energía consumida y 20 euros por la potencia contratada. Susana había utilizado ese mes 36 kilovatios, lo que equivale al consumo de la nevera, de alguna lavadora y muy poco más. Tenía 4,6kW de potencia contratada. Cuando le preguntamos qué aparatos utilizaba a la vez, nos relató que ninguno. 

Tenía pánico a que la factura se le fuera de las manos y para evitarlo, apagaba la nevera cuando ponía la televisión. No encendía la luz, y ni hablar de poner una estufa. Susana tiene más de 75 años, vive sola, sus ingresos no llegan a 500 euros al mes y nunca ha accedido al bono social. Es un caso extremo, pero completamente real.

A pesar de la aprobación del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, si no se cambia a una comercializadora de referencia, Susana seguirá sin poder tener acceso al bono social y tampoco podrá acceder al bono social térmico creado por la ministra Teresa Ribera.

Susana es usuaria de Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de Cádiz paga su factura eléctrica mes sí, mes no, y tiene la luz contratada con Eléctrica de Cádiz, empresa que no puede facilitar el bono social, por no ser comercializadora de referencia.

Sede de Eléctrica de Cádiz

En nuestro país solo 8 comercializadoras de las 728 que operan son de referencia. Y en España más de 4,6 millones de personas tienen problemas para asumir el coste de sus suministros energéticos y, a día de hoy, la única ayuda que hay a nivel estatal es un bono social, ayuda que, curiosamente, solo pueden proporcionar las comercializadoras del oligopolio (en su versión regulada) y tres empresas más (CHC Energía y las comercializadoras de Ceuta y de Melilla).ste hecho supone en la práctica una transferencia neta de fondos y de clientes de las pequeñas y medianas comercializadoras al oligopolio.

Teresa Ribera ofreció recientemente datos de las familias que habían logrado superar la odisea de la renovación del bono social antiguo y ya tenían el nuevo bono reformado por el Partido Popular: Solo 715.000 familias. Entre ellas está la de Antonio, que trabaja en el sector financiero y tiene unos ingresos que superan los 100.000 euros anuales. Al ser familia numerosa recibe una bonificación el 25% de la energía y de la potencia que consume. Y les viene muy bien, porque la luz se ha puesto por las nubes.

El de Antonio también es un caso extremo, pero no tanto. Hay miles de familias de altas rentas beneficiándose del bono social sin necesitar ninguna ayuda desde su creación en 2009, y el decreto aprobado sigue sin poner un tope a la renta de las familias numerosas que se benefician del mismo.

El bono social al que accede Antonio, al tener la luz contratada con Endesa, y al que no accede Susana, al tener la luz con Eléctrica de Cádiz, es financiado por todas las comercializadoras de electricidad en proporción a su número de clientes.

Sede central de Endesa (Madrid)

Gracias a este sistema de financiación aprobado por el Gobierno del Partido Popular, el porcentaje que dedica Endesa al bono social es infinitamente más pequeño que el que aporta Eléctrica de Cádiz, que en 2017 estuvo obligada a transferir 479.000 euros para costear un bono social que no puede facilitar a sus clientes.

Esto supuso para la empresa entregar un 40% de sus beneficios anuales al oligopolio vía Estado, sin poder facilitar a sus clientes ayuda alguna. Y entre esto y que la luz ha subido y dicha empresa ha tratado de no repercutir el alza a sus clientes hasta el extremo (para eso, entre otras cosas, sirve una empresa pública) en 2018 por primera vez en décadas, la comercializadora no ha repartido dividendos.

Mientras que en España el grueso de los fondos para combatir la pobreza energética es gestionado por el propio oligopolio a través de sus comercializadoras del mercado regulado, en Portugal, independientemente de la compañía con la que se tenga el contrato eléctrico, la tarifa social se aplica desde 2016 de manera automática.

¿Por qué en un sistema eléctrico teóricamente liberalizado hace 20 años un puñado de empresas tiene el privilegio de gestionar a todos los clientes vulnerables mientras las demás empresas les transfieren sus recursos?

Oligopolio eléctrico español

Aunque en teoría cualquier empresa que cumpla ciertos requisitos puede ser comercializadora de referencia, lo cierto es que solo las grandes pueden permitirse tener dos estructuras empresariales, y compensar los limitados beneficios de la comercializadora regulada con los del mercado libre y el resto de actividades económicas de sus matrices.

Si estuvieran haciendo una gestión eficiente y responsable de esta ayuda, podría tener algún tipo de justificación, pero no es el caso. A pesar de tener el monopolio del bono social, al no tener la obligación legal de ajustar los contratos de las familias beneficiarias a sus necesidades reales, no lo hacen. Y aplican el descuento tal cual, lo que supone un derroche de recursos, tanto de las familias vulnerables, como de los financiadores del bono (que finalmente somos todas y todos), para su propio beneficio.

Acompañamos a Susana a Eléctrica de Cádiz a bajar su potencia y a contratar la tarifa 2.0DHA. Le explicamos que con esos cambios su factura bajaría a la mitad y le animamos a usar toda la energía que necesitara. Susana paga menos ahora que si recibiera el descuento del 40% del bono social que le corresponde por su situación.

Pero lo justo sería que, una vez optimizado el contrato, tuviera acceso al bono y se beneficiara de la protección contra el corte. Como también sería justo que las empresas que gestionan el bono social estuvieran obligadas a optimizar los contratos antes de aplicarlo.

Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica

Las mejoras implantadas por Teresa Ribera son sustanciales, es verdad, pero dejan a la mitad de la población del país fuera y deja intactos los privilegios del oligopolio. Y la ministra lo sabe, como sabe el tremendo problema que hay en Cádiz sin darle solución, pues el alcalde de esta ciudad lo puso en su conocimiento, solicitando incluir urgentemente en su reforma que todas las comercializadoras que lo deseen puedan facilitar el bono social.

Porque, ¿qué pasa con los 15 millones de contratos del mercado libre? Que no tendrán ningún tipo de ayuda y ninguna protección. Se quedan fuera, al igual que todas aquellas personas que por motivos éticos tienen contratado el suministro con una comercializadora 100% renovable, como es el caso de la cooperativa Som Energía, y sus más de 80.000 contratos.

Gracias a la derogación del “Impuesto al Sol” y de las múltiples trabas que lo acompañaban, el pasado 5 de octubre fue para muchas un día de fiesta. Se abrió una ventana de esperanza hacia la implantación de un sistema eléctrico renovable y distribuido, potencialmente más democrático y generador de empleo.

Sin embargo, en Cádiz cuesta celebrarlo, sabiendo que la mayor parte de la gente de la ciudad se queda fuera del bono social. Gracias a ese mismo decreto, Antonio seguirá disfrutando un bono que no necesita, y Susana, seguirá desprotegida y sin acceso a la única ayuda estatal existente contra la pobreza energética.

FUENTE: ctxt.es

Tribuna

Alba del Campo

14/10/2018

UNA AUTÉNTICA CATÁSTROFE NACIONAL

La Iglesia Católica, una catástrofe para la España contemporánea

Franco, con el entonces futuro rey Juan Carlos durante una visita a la tumba de José Antonio en Cuelgamuros en 1972. Les acompañan en segunda línea Carrero Blanco y Torcuato Fernández-Miranda.

La Iglesia católica hace todo lo que está en su mano para mantener el orden establecido desde el franquismo, que no es otro que el del privilegio, el nepotismo y la corrupción.

Es bien sabido que, sin la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista, el golpe de Estado de los militares africanistas nunca se habría transformado en una guerra de las dimensiones de la que asoló a España durante tres años. Del mismo modo, conviene considerar que la dictadura franquista no habría subsistido durante cuarenta años sin el apoyo incondicional de Gran Bretaña y Estados Unidos, y el silencio cómplice de las grandes democracias europeas, Santiago Matamoros y su caballo blanco y el fuerte impulso moralizador del brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús, brazo que acompañaba al asesino en su alcoba de El Pardo.

Relicario conteniendo la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús

Tras la derrota de las potencias nazi-fascistas, las dos naciones de habla inglesa arriba mencionadas y la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana se convirtieron en los verdaderos sustentadores del régimen más tiránico y destructor que ha conocido España a lo largo de su historia. Ni el internamiento mortífero de cientos de miles de presos en campos de concentración, ni los fusilamientos en masa, ni las torturas generalizadas que se practicaban en cualquier institución del Estado, ni el exilio de miles de compatriotas, ni el robo de niños, ni la expropiación forzosa de los dineros y propiedades de los vencidos, nada, absolutamente nada, ninguno de los horrores mencionados indujeron jamás a la Iglesia católica española a denunciar ante el mundo la destrucción y la tremenda represión a la que fue sometido el pueblo español. No obstante, era esa institución la columna vertebral sobre la que se asentó el fascismo español hasta la llamada transición, periodo que sentó las bases -pues nada se hizo para recortar su inmenso poder- para su actual vigor pese a que las iglesias sólo se llenen por la afluencia de turistas.

En esa imbricación entre militarismo reaccionario y catolicismo, jugaron papel fundamental dos arzobispos catalanes: Los cardenales Gomá y Pla y Deniel. Del primero de ellos, Isidro Gomá, reproducimos un fragmento de la Instrucción a los Diocesanos de noviembre de 1936, en la que, ajeno a la más mínima noción de justicia, de piedad y ecuanimidad, el Primado de España, justifica y ensalza la rebelión militar y el baño de sangre que propició: 

Isidro Gomá, arzobispo catalán

“Esta cruentísima guerra es, en el fondo, una guerra de principios, de doctrinas, de un concepto de la vida y del hecho social contra otro, de una civilización contra otra. Es la guerra que sostiene el espíritu cristiano y español contra este otro espíritu, si espíritu puede llamarse, que quisiera fundir todo lo humano, desde las cumbres del pensamiento a la pequeñez del vivir cotidiano, en el molde del materialismo marxista. De una parte, combatientes de toda ideología que represente, parcial o integralmente, la vieja tradición e historia de España; de otra, un informe conglomerado de combatientes cuyo empeño principal es, más que vencer al enemigo, o, si se quiere, por el triunfo sobre el enemigo, destruir todos los valores de nuestra vieja civilización... No será la primera vez que España lleve su frente a un tiempo marchita por el dolor y nimbada por la gloria; ella que supo contener con rudo esfuerzo las invasiones del sur y mantenerse indemne de las herejías del norte; que se desangró al alumbrar para la civilización y para Jesucristo un Mundo Nuevo; ella, que ha engendrado héroes sacrificados y gloriosos como los de Tarifa y el Alcázar toledano. ¡Quién sabe si el gesto heroico de nuestra España, que ha sacado del relicario de su alma y de los viejos cofres de su historia la fe y las armas que son hoy la admiración del Cmundo, se adelantó al gesto trágico, destructor, preparado por la diplomacia moscovita contra la Europa occidental! ¡Quién sabe si la operación quirúrgica, cruentísima, que se obra en nuestro país, miembro de Europa, será el remedio que expela del cuerpo del viejo continente el humor pestífero que lo tiene en gravísimo peligro! Las señales del cielo consienten presagiar las tormentas; no faltan signos de mal tiempo en el cielo de Europa. Y España es la nación de los grandes destinos. Quiera Dios que nos hagamos dignos de ellos. Los hombres se mueven y Dios los dirige. Su voluntad triunfa de todas las armas, y ante la diplomacia de sus inescrutables designios sobre el mundo humano son castillo de naipes todos los proyectos y combinaciones de las cancillerías....”.

Carmen Polo, Francisco Franco y el cardenal Pla y Deniel

Dios, que en otros tiempos nos envió a Santiago Matamoros para librarnos del Islam, nos bendijo en esa ocasión trágica con Franco, Mola, Sanjurjo, Yagüe, Gomá, Pla y Deniel, Escrivá de Balaguer, Herrera Oria y monseñor Eijó y Garay, todos ellos dedicados en cuerpo y alma a procurar nuestra salvación salvando primero a banqueros, altos dirigentes de la dictadura, plutócratas de todas las lenguas patrias y arrimados de cien ropajes. La guerra no había acabado, la guerra, de manos del nacional-catolicismo entró en otra fase, la del exterminio, la lobotomización general, la anulación de la mujer y el embrutecimiento del pueblo, de un pueblo que mayoritariamente sobrevivió aquellas décadas bajo el síndrome de Estocolmo que acompaña al terror.

El periodo dirigido por el cardenal Tarancón, hombre muy de derechas pero pragmático, supuso un breve paréntesis que concluyó con la sustitución de Díaz Merchán al frente de la sección española de la multinacional católica. Superado ese periodo, la Iglesia -que conservó absolutamente todos los privilegios que adquirió en la dictadura- volvió a lo suyo, es decir, al monte, a lo rupestre, invocando a Dios, a las Sagradas Escrituras y al Sursum Corda para combatir todos los derechos que el pueblo español iba conquistando, lanzando a la calle a sus acólitos para impedir la legalidad del divorcio, del aborto, de la igualdad de géneros, inmiscuyéndose en asuntos políticos que le eran totalmente ajenos, callando ante la explotación, el avance de la pobreza, los abusos de sus empleados contra niños, adolescentes y jóvenes que jamás deberían haber caído en sus redes si este país, en todas sus comunidades, no hubiese sido el que tiene más colegios católicos concertados de Europa, superando con mucho a la muy católica Italia, dónde reside el jefe de la multinacional.

Plaza de San Pedro en el Vaticano - Roma

Entre las distintas asignaciones que el Estado español otorga a la Iglesia, ésta recibe -de una Hacienda maltrecha- la nada despreciable cantidad de once mil millones de euros, un dinero que a día de hoy bastaría para cubrir el déficit de la Seguridad Social o para dotar a nuestras escuelas públicas -que son las de todos y las únicas que debiera financiar el Estado- de los elementos humanos y materiales que necesita para que seamos un país culto, despegado de las mixtificaciones sobrenaturales, y apegado al bienestar y el progreso de todos y cada uno de sus habitantes independientemente de sus apellidos, creencias o lugar de nacimiento. Sin embargo, aunque muchos crean que ya no es así, que ha perdido poder, la Iglesia católica hace todo lo que está en su mano -que es mucho porque Dios está de su parte y ya sabemos cómo se las gasta- para mantener el orden establecido desde el franquismo, que no es otro que el del privilegio, el nepotismo y la corrupción.

Como colofón, y en un gesto de chulería intolerable para un Estado Democrático que se precie, los ejecutivos de esa multinacional se disponen en la actualidad a asestar otro golpe más a la dignidad del país entero, al consentir que en uno de sus locales -la horrorosa catedral de la Almudena de Madrid- se entierre al más sangriento y brutal de los dictadores de Europa Occidental: Francisco Franco Bahamonde, que dormirá el sueño eterno -si no lo evitamos obligando al Gobierno a denunciar ya el Concordato, cosa bastante difícil porque los nacionalistas son católicos y la iglesia les ha prestado impagables servicios- en sagrado, convirtiendo esa construcción patética en un centro mundial de peregrinación de fascistas y ultramontanos.

Fachada principal de la catedral de La Almudena - Madrid

FUENTE: nuevatribuna.es
Pedro Luis Angosto
21/10/2018

En el fondo, todos esos integristas católicos, aparte de reaccionarios, son una pila de chiflados adoradores de "reliquias".

AFORADOS

¿Cómo está regulado el aforamiento en España?

Un ‘privilegio’ para políticos y otros cargos institucionales que otorga la Constitución de 1978.

En España hay casi 18.000 aforados entre políticos, jueces, fiscales y miembros de distintos órganos del Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos que “entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se anuncie su tramitación en el Congreso de los Diputados”, según ha dicho durante un acto en Casa de América para hacer balance de sus cien primeros días de mandato.

El aforamiento es un privilegio que otorga el texto constitucional para cargos políticos y altos representantes institucionales por el cual no serán juzgados, en caso de ser imputados, por los tribunales ordinarios sino por una instancia superior, en este caso el Tribunal Supremo.

Según datos aportados por el CGPJ, actualmente hay en España en torno a 250.000 aforados, de los que buena parte son miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estatales y autonómicas (con aforamiento parcial), unos 232.000.

Excepto los miembros de la familia real, el resto (17.603) pertenecen a políticos, jueces, fiscales y miembros de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos.

El artículo 102.1 de la Constitución establece una prerrogativa de aforamiento a favor del presidente del Gobierno y sus ministros, y el artículo 71 a favor de diputados y senadores, de tal forma que si incurren en presunta responsabilidad criminal deberán ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

Para los parlamentarios, el artículo 71.2 determina que gozarán de inmunidad, sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de Congreso y Senado.

De igual manera gozan de aforamiento los miembros de los gobiernos y parlamentos autonómicos, según establecen los respectivos Estatutos de Autonomía.

Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) incluyó en esta figura jurídica a los jueces y fiscales, a los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas de España, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a los miembros del Consejo de Estado de España, al Defensor del Pueblo y a sus dos adjuntos.

En el caso de la Familia Real, el aforamiento llegó en 2014 con una reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, que afora por lo penal y lo civil ante el Tribunal Supremo a los reyes que abdican (Juan Carlos I) y sus consortes (doña Sofía), los consortes del rey (la Reina Letizia) y los Príncipes de Asturias (Doña Leonor y su futuro cónyuge).

Familia real española

Respecto a la figura del rey actual Felipe VI, el artículo 56 de la Constitución mandata que no está sujeto a responsabilidad por lo que no puede ser juzgado por ningún tribunal.​

FUENTE: nuevatribuna.es
17/09/2018

¡¡¡¡¡VER-GON-ZO-SO!!!!!

UNA RELACIÓN PRIVILEGIADA

La “privilegiada” relación entre la Iglesia y el Estado, explicada en un hilo de Twitter

La cúpula eclesiástica española reunida con Mariano Rajoy

La Iglesia y el estado español tienen, a pesar de la separación de poderes, una relación interesada y favorecedora; o eso ha querido explicar el tuitero @FiloPolitics. Esta semana, la cuenta que habla de actualidad y política, sin dejar de lado el sentido del humor, ha abierto un hilo donde ha detallado a la "juventud" la relación entre ambas instituciones.

Filosofía Perdida@FiloPolitics

Debido a la reciente renovación de Carlos Herrera con la COPE (cadena de radio de la Conferencia Episcopal Española) voy a exponeros un hilo sobre la iglesia y el estado español que espero que os guste, juventud. Abro hilo:

Muerto Franco, la diplomacia vaticana comenzó a mover ficha para acabar bien colocada en el cambio de la dictadura a la democracia en que podían salir partidos que se opusieran a esta favorable relación, por lo que en 1976 comenzó la revisión del Concordato de 1953.

Firma del Concordato en 1953

El 3 de enero de 1979 se promulgó un acuerdo que dura hasta nuestros días. Un acuerdo que el Psoe siempre promete acabar con él y cada vez que gobierna se olvida de lo dicho, pero ¿qué dicen estos acuerdos?

Reestructuración del Concordato en 1979

Los acuerdos en sí son 4: 

1) Acuerdo de asuntos jurídicos.
2) Acuerdo de enseñanza y asuntos culturales.
 3) Acuerdo en materia de FFAA.
4) Acuerdo en materia económica.

Perdonad la turra inicial, pero es necesaria para luego detenernos en lo que nos estamos tragando.

En materia jurídica el art. IV garantiza asistencia religiosa en cárceles, hospitales, orfanatos (tanto públicos como privados) que, sorpresa, hoy financia el estado, o sea, vosotr@s juventud, entre otros.

Los art. VII y VIII marcan que las dudas de estos acuerdos se tienen que resolver conjuntamente. Quizás es que cuando quiere derogarlos, el PSOE lleva a Bono a hablar con su amigo cardenal.

Atención, que el siguiente mejora todo: el acuerdo sobre enseñanza y cultura. Comienza en el Art. I hablando de que la enseñanza en los colegios públicos debe ser respetuosa con la ética Cristiana... Y no bajará el nivel.

Los artículos siguientes tratan de la enseñanza religiosa en los centros. Os expongo: -contrata la iglesia -despide la iglesia -pone el contenido la Iglesia. Adivinad quién paga esto... ¡efectivamente!: el estado, o sea, vosotr@s jóvenes, entre otros.

En el art. XVI pone que el estado velará por qué se respete la libertad religiosa que, más allá de las ofensas a diversos credos, que yo he podido oir en la COPE, se refiere a que vele por el derecho de no ofender a la iglesia.

Voy al acuerdo de las Fuerzas Armadas y el servicio militar. De lo segundo poco hay que decir, por suerte no existe el servicio militar. Sobre las Fuerzas Armadas, cabe empezar porque la iglesia tiene un arzobispo y un clero castrense en los diversos cuerpos del ejército, con sueldo de oficiales pagados por tod@s.

El arzobispo es elegido por el jefe del estado, como Franco hacía anteriormente con los obispos, hasta que el reciente acuerdo lo dejó solo en el castrense. Lo interesante es que los curas se equiparan a los oficiales, con ascensos y privilegios y también con sueldo estatal. 

En cuanto al acuerdo económico, la Iglesia puede recibir de sus fieles dinero como desee (art.I) y el estado se compromete a colaborar en el sostenimiento religioso (art.II). Si no hay renta (cito literal) saldrá de los presupuestos generales una “adecuada dotación”.

Curioso leer hoy que la iglesia dará los pasos necesarios para su autofinanciación. Pasos que aún no se han visto. Lo cierto es que hoy la Conferencia Episcopal recibe hoy sobre 251 millones de € gracias a una estructura predemocrática que se prometió abolir.

Los arts. III -V son una retahila de exenciones de impuestos como de donaciones, sucesiones, el IBI también... porque ya lo dijo Jesús: "Dad al César lo que es...” bueno, esa ya no nos sirve, Jesús dijo muchas cosas y hace mucho... demasiado quizás.

Solo concluir con una reflexión: se habla de una reforma de la constitución, aún a pesar de la negativa del partido franquista por superar la constitución del 78 dirigida por un falangista como Suárez, pero ¿y estos acuerdos?

Adolfo Suárez

Estos acuerdos estaban arcaicos desde el momento en que queremos considerarnos una democracia, por mucho que el PP, para conservar el voto conservador católico (que no creyente) los defiende para que los obispos le defiendan en Cope y Trece hasta el día de hoy.

La renovación de Carlos Herrera es un ejemplo de lo expuesto: cadena de obispos al rescate de un gobierno que se hunde; un gobierno corrupto conteniendo unos acuerdos llenos de privilegios para un episcopado que perdió la hegemonía y la lógica hace tiempo.

FUENTE:  Tremending

14.01.2018

LA INUTILIDAD DEL REY

¿Para qué sirve el rey?

Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia

(Felipe VI , rey de España)

Las funciones que le asigna la Constitución son meramente representativas. Todos sus actos deben ser refrendados por el Gobierno y es políticamente irresponsable. 

Además, anualmente se le asigna una cantidad de dinero con cargo a los Presupuestos del Estado para los gastos de la Casa Real, de la que puede disponer libremente y no tiene obligación de rendir cuentas a la Hacienda pública, como debemos hacer el resto de ciudadanos.

La única forma de desmitificar la figura del rey, de ponerlo al nivel de los demás ciudadanos, es la burla, la caricatura, la risa, el humor. 

Mientras el rey y su familia sigan por encima del resto de los ciudadanos, protegidos por los medios y por el Gobierno de turno, la monarquía tendrá asegurada su supervivencia, con sus privilegiadas condiciones de vida. 

Resulta difícil intentar romper esa barrera cuando cualquier iniciativa de colocar a los miembros de la familia real al nivel del resto de los mortales es inmediatamente frenado por medio de la censura o por la Fiscalía del Estado contra los que se atreven a sobrepasar los límites.

FUENTE: Texto extraído del “Panfleto contra la monarquía”
 Autor J. L. Rodríguez García
La Esfera de los Libros

¿Cómo qué para que sirve? 

Pues ni más ni menos que para generarle gastos monumentales a los bolsillos de sus súbditos, que lo mantienen "a cuerpo de rey" (y de paso a toda su parentela y adláteres) porque ni arbitra, ni moderada, ni la madre que parió a Paneke.

No obstante, siempre habrá quien defienda la institución monárquica, tal vez porque siguen creyendo a pies juntillas aquello de "por la gracia de dios".
 

PRIVILEGIOS INTACTOS

Citizen Plof

UNA IGLESIA INCRUSTADA EN EL ESTADO

La Constitución asegura la "aconfesionalidad" del Estado, condición que se contradice en su propio texto al obligar al rey a jurar su cargo, así como en numerosos aspectos de la práctica política donde la Iglesia católica goza de privilegios

Rafael Catalá

Rafael Catalá jura como ministro de Justicia, posando la siniestra sobre una biblia y la diestra sobre un ejemplar de la Constitución de 1978. Entre los dos textos un crucifijo que guarda el acto, nexo de unión entre ellos, elemento central de la composición.

Corría el 4 de noviembre de 2016 y Catalá se convirtió en el primer ministro en jurar su cargo ante el nuevo rey Felipe VI. Su padre, Juan Carlos de Borbón, fue criticado durante años por la presencia del crucifijo tanto en la jura como en la promesa del cargo de los nuevos presidentes y ministros del Gobierno. La Casa Real, encargada de organizar este acto protocolario, siempre lo mantuvo.

También lo hizo Felipe VI en su primera jura. No obstante, tomó nota al recibir la misma crítica: atento en su misión de "renovar" la Corona, en los siguientes actos el crucifijo fue desplazado a la derecha de la escena y situado por detrás de la biblia. Pero el crucifijo no se eliminó: tanto María Dolores de Cospedal como Soraya Sáenz de Santamaría, las únicas que prometieron su cargo en el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo tuvieron presente. Una muestra de la dificultad de la democracia española para independizarse de la supervisión de la Iglesia católica.

"El crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de España", solía repetir cuando se le preguntaba sobre la cuestión Antonio María Rouco Varela, arzobispo del Madrid entre 1994 y 2014 y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) durante cuatro legislaturas. Para otros observadores, como el teólogo Juan José Tamayo, la omnipresencia de este elemento religioso es un ejemplo de que "la democracia española es rehén de la jerarquía católica". 

Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III, denuncia que "desde la Transición lo que han hecho los diferentes partidos que en el Gobierno ha sido dotar a la Iglesia cada vez de más privilegios esperando una rentabilidad en apoyo político".

Estos privilegios, símbolo de que la Iglesia católica sigue incrustada en el Estado, se dejan notar en varias áreas, empezando por la propia Monarquía. 

Monarquía

El artículo 16.3 de la constitución establece la aconfesionalidad del Estado, estipulando que ninguna religión podrá tener carácter estatal. Sin embargo, el artículo 61 del texto contradice directamente este precepto, al establecer que el rey debe jurar su cargo. No se contempla la fórmula de la promesa, y tampoco para el príncipe heredero o los regentes del reino.

"El hecho de que el Jefe del Estado esté obligado a prestar juramento puede parecer un tema menor. No lo es en absoluto", asegura Luis Villameriel, ex secretario general técnico del Ministerio de Justicia: "El hecho de que constitucionalmente esté obligado a manifestar públicamente que posee creencias religiosas significa que la Corona sigue vinculada a la religión, lo cual es incompatible con la aconfesionalidad del Estado". 

Casilla de la renta

La Iglesia católica recibe directamente 250 millones de euros al año, tal y como reconoce la propia Conferencia Episcopal en su memoria de actividades, gracias a la donación que el Estado le facilita vía declaración de la renta. Esta cifra duplica el coste para las arcas públicas del sistema de partidos, sextuplica los recursos que reciben los agentes sociales y supera la cuantía de partidas estratégicas como el espionaje o las ayudas a sectores en crisis. 

La situación es una herencia del concordato firmado por el dictador Francisco Franco y la Santa Sede en 1953, reformado en 1979 para adaptarlo a la "aconfesionalidad" del Estado. En el nuevo acuerdo, el Estado se comprometía a financiar a la Iglesia hasta 1986, y esta, a "lograr por sí misma, en esos 7 años, los recursos suficientes para la atención de sus necesidades", lo que nunca cumplió. El Gobierno de Zapatero aumentó un 35% la asignación, que pasó del 0,52% al 0,7%.

Fiscalidad

Gracias a esos acuerdos con el Vaticano, la Iglesia está exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de todo edificio o suelo destinado al culto. Según denuncia Europa Laica, "la realidad es que la Iglesia católica no paga de ninguno de sus bienes, aunque sean suculentos negocios, alquileres..."

Solo gracias a la exención del IBI, la jerarquía católica deja de pagar al Estado 700 millones de euros anuales. La organización  Europa Laica cifra el trasvase en unos 11.000 millones de euros al año.

Educación

Más de 1.400.000 alumnos acuden a uno de los 2.600 centros de enseñanza de ideario católico, un 32% del total. España supera en 22 puntos la media europea en este sentido, donde el 90% de los estudiantes acuden a colegios e institutos públicos. A su vez hay más de 25.000 profesores imparten clase de religión católica a 3,5 millones de estudiantes, una asignatura evaluable y cuya nota cuenta para las ayudas y premios basados en el rendimiento académico.

El peso de la educación católica en la escuela pública fue una de las principales motivaciones de la Marea Verde y la huelga educativa convocada el pasado jueves 8 de marzo. "Lo que se conoce como colegios concertados son en realidad centros privados sostenidos con fondos públicos", denuncia Agustín Moreno, portavoz de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.

"La educación pública debe ser laica, que respete todas las creencias pero que no dote de ningún privilegio a ninguna de ellas", continúa Moreno, profesor en un instituto público de Vallecas (Madrid): "La religión no debe distorsionar el horario escolar, ni la organización del centro, ni el rendimiento académico de los alumnos". 

En la formación universitaria, cabe destacar la presencia de capillas y capellanes pagados con dinero público en la inmensa mayoría de centros. Además, las Universidades privadas propiedad de congregaciones religiosas –como el CEU San Pablo (Asociación de Propagandistas), la Universidad de Navarra (Opus Dei), Deusto (jesuitas) o las pontificias de Comillas y Salamanca– reciben también subvenciones y ayudas de ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

Sanidad y servicios sociales

"Para analizar lo que pasa en Sanidad es importante tener en cuenta lo que pasa en el mundo de la Educación”, avanza Carmen Esbrí, de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca, denunciando que las congregaciones religiosas también han ido ocupando nuevos espacios de los que antes se encargaba el Estado en Sanidad y servicios sociales.

El incremento llega al 15% en el área asistencial, según la memoria de la CEE en el último año analizado (2014). Ese año fueron atendidas 4,7 millones de personas en alguno de los 9.000 centros de la Iglesia. 1,2 millones de ellas en alguna de las 961 instituciones sanitarias de su propiedad, de las que 68 son complejos hospitalarios. Sin embargo, el mayor negocio lo encuentra la Iglesia en las casas para ancianos, enfermos crónicos o personas con discapacidad, donde cuenta con 841 centros.

Cabe recordar que todos ellos son centros privados que reciben subvenciones y ayudas públicas por realizar estas labores. Para Carmen Esbrí, esto supone una "dejación de funciones por parte de los gobiernos que han controlado España en los últimos tiempos, que han olvidado que este es un país aconfesional y han permitido y aprovechado la intromisión de una determinada religión que no tiene por qué estar involucrada de esta manera en el espacio público".

Policía y Ejército

En lo que va de siglo, el Ministerio del Interior ha concedido cinco medallas policiales a vírgenes y cristos, en todos los casos bajo gobiernos del PP. En 2015 la condecorada fue la imagen de la Amargura de Granada, antes fueron las de María Santísima del Amor de Málaga (2014), la del Amor y la Soledad de Fuengirola (2001), el Cristo Caído de Valdepeñas (2001) y la virgen de Lledó (2000).

Aunque el elemento de Seguridad del Estado donde más patente es la presencia de la Iglesia es el Ejército. La Carta Magna se autoafirma como "aconfesional", pero las Fuerzas Armadas, a las que encarga "garantizar la soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional", no lo son en absoluto. 

El Ministerio de Defensa tiene directamente integrado en su organigrama oficial un arzobispado castrense. El arzobispo no tiene formación militar, pese a lo cual se le otorga el rango de general de división (general de dos estrellas) cuando accede al cargo, jerarquía que los soldados deben respetar como si se tratara de un militar de carrera. Los sacerdotes castrenses a servicio del arzobispo no tienen obligaciones de servicio, pese a lo cual ascienden de rango como si las tuvieran.

 

Nuevo equipo de gobierno de monseñor Del Río, arzobispo castrense

Pero eso no es todo, puesto que hay numerosos puntos donde la liturgia católica se hace una con la milicia. Cada Ejército (Tierra, Aire, Armada) tiene una patrona, y a cada una se la honra con una fiesta oficial que sirve a su vez para conmemorar a toda la fuerza.

FUENTE: publico.es

Carlos del CastilloP

17/03/2017

¿Hasta 1986?...  

Y han pasado ya 31 años, como quien no quiere la cosa.

Ahora multipliquen y digan algo bonito.
 

LA TRAMA DE LAS PUERTAS GIRATORIAS

Al menos 58 ex altos cargos políticos trabajan ahora para el Ibex

Casi la mitad están en el sector energético. Solo los que pertenecen a los consejos de administración de las grandes empresas y bancos se embolsaron más de 18 millones de euros en 2016

Paneles informativos en el patio de negociación de la Bolsa de Madrid. EFE/Sergio Barrenechea

La polémica sobre las llamadas puertas giratorias se ha reavivado con la reciente denuncia por Unidos Podemos de una “trama” de relaciones entre políticos y empresarios, cuyo fin primordial es preservar sus “privilegios” a costa de “la mayor parte de la población”.

José Folgado

Red Eléctrica es la compañía que más antiguos políticos acoge (siete), empezando por su presidente, José Folgado, que fue dos veces secretario de Estado con José María Aznar y alcalde del municipio madrileño de Tres Cantos por el. El último incorporado a la cípula de REE es el hasta hace unos meses director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, cuyo nombramiento reavivó la polémica sobre el paso de la política al mundo de la gran empresa.

Arsenio Fernández Mesa

Sólo uno de los siete expolíticos de la eléctrica está vinculado al PSOE, Ángeles Amador, ministra de Sanidad en la última etapa de Felipe González. Tres no son consejeros, aunque ocupan puestos de alta dirección, lo que exime de dar cuenta de sus remuneraciones en los informes de gobierno corporativo entregados preceptivamente a la CNMV.

Ángeles Amador

De las 35 compañías del Ibex, 22 tienen contratado a algún ex alto cargo, casi siempre procedente de la Administración central, y en menor medida del ámbito autonómico. El sector con mayor presencia de antiguos políticos es el energético, que acoge a 26; es decir, casi la mitad del total. Dentro de él, Enagás (como Red Eléctrica) también siete, de los que seis tuvieron relación con el PP y uno con el PSOE. Antonio Hernández Mancha, que presidió Alianza Popular después de Manuel Fraga, y Ana Palacio, titular de la cartera de Exteriores con Aznar, están acomodados en su consejo.

Antonio Hernández Mancha

El segundo sector por número de ex altos cargos en sus filas, aunque a mucha distancia, es el bancario, que está sometido a regulación, igual que el energético. Destaca aquí el Santander, con cuatro, uno de ellos el mejor pagado de todo el Ibex: Matías Rodríguez Inciarte, ministro de la Presidencia bajo el mandato de Leopoldo Calvo Sotelo y que en 2015 se embolsó 5,3 millones de euros. Junto a él se sientan en el consejo de la principal entidad financiera de España dos históricos dirigentes del PP, Abel Matutes e Isabel Tocino, además de Juan Miguel Villar Mir, que fue titular de Hacienda en el primer Gobierno de la monarquía, y Guillermo de la Dehesa, secretario de Estado de Economía con Felipe González.

Matías Rodríguez Inciarte

Las grandes constructoras tampoco se privan de tener a su servicio a ex políticos, con independencia de que al frente de algunas haya quienes lo fueron antes de dedicarse en exclusiva a su carrera empresarial, como Florentino Pérez (ACS), que militó en UCD y en los años ochenta fue uno de los promotores del Partido Reformista. ACS, Ferrovial, Acciona y OHL, cuentan en conjunto con seis antiguos altos cargos, entre los que figuran Josep Piqué, que también fue ministro con Aznar, y Miquel Roca, portavoz de CiU en el Congreso durante años y ahora abogado de la infanta Elena.

Florentino Pérez

De los 18,2 millones de euros que las sociedades del Ibex se gastan en pagar a los políticos retirados pertenecientes a sus consejos de administración, un 39,5% (en concreto, 7,2 millones) lo ponen las vinculadas al sector de la energía. Por detrás está la banca, con 6,2 millones, si bien esta cifra se encuentra muy condicionada por la cuantiosa retribución de Rodríguez Inciarte, que es el ex alto cargo mejor pagado de todo el Ibex, a mucha distancia de los demás. El segundo lugar lo ocupa Josu Jon Imaz, presidente del PNV entre 2004 y 2008 y hoy primer ejecutivo de Repsol, con un salario de tres millones de euros en 2015.

Josu Jon Imaz

FUENTE: publico.es

Vicente Clavero

Madrid - 17/03/2017

COMENTARIOS

Azimuth
Empresas públicas expoliadas al patrimonio de todos los españoles por unos ladrones que luego son recompensados con un sueldo de mamandurrio vitalicio.

Catalamod66
Con Felipe pusieron las bases, con Aznar lo perfeccionaron. En España manda el IBEX.

Nork
Donde más parásitos hay es en Energia.... Con tanto "experto" asesorándoles en trucos para extraer el máximo de plusvalías de los bolsillos de los currelas, no es casualidad que sea España el pais donde más han subido las facturas energéticas de toda Europa.

Julio
La mayoría de ellos trabaja una hora al mes y luego acusan de vagos a los demás, y abogan por imponerles un sueldo de 600 euros y doce horas de jornada laboral.