LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO EN ANDALUCÍA

Los pactos del PP con Cs y Vox supondrán la transferencia de millones de euros públicos a la Iglesia Católica y a las farmacéuticas

La liquidación del modelo de subasta de medicamentos, que ha supuesto un importante ahorro en la factura sanitaria de Andalucía, la Comunidad más poblada, y la ampliación de la enseñanza concertada ampliarán las posibilidades de negocio del sector privado a costa de la sanidad y la educación públicas

De izquierda a derecha: Juan Marín (Cs), Juanma Moreno Bonilla (PP) y Francisco Serrano (Vox)

Los acuerdos que el PP ha firmado con Ciudadanos y con el partido de ultraderecha Vox en Andalucía para hacer presidente a Juanma Moreno, de ejecutarse a lo largo de los próximos cuatro años en toda su extensión, implicarán una importante transferencia del presupuesto público, que ahora se gasta en los institutos, centros de salud y hospitales públicos de Andalucía, a manos privadas.

Si Moreno cumple los pactos e impulsa a fondo dos de las reformas que tiene firmadas tanto con Vox como con Ciudadanos, liquidar la subasta de medicamentos y concertar el bachillerato, las empresas farmacéuticas y la Iglesia recibirán millones de euros públicos que en este momento no reciben. El presupuesto de la Junta en Educación y Sanidad ascendió el año pasado a más de 15.000 millones de euros.

Pese a la tan cacareada "recuperación económica",

uno de cada tres andaluces es pobre

El modelo que emerge del "Pacto de la Navidad" entre PP y Ciudadanos es profundamente conservador en lo social, y profundamente liberal en lo económico. Rezuma confianza en los emprendedores, prevé bajos impuestos, y promete adelgazar la administración pública. Es pronto para asegurar nada y ningún detalle han dado PP y Ciudadanos, que formarán un gobierno de coalición la próxima semana, del cómo, del cuándo y hasta dónde van a ejecutar sus acuerdos.

Pero de la lectura de los documentos se extrae que se producirá una merma en el Estado social que existe en Andalucía, con graves y evidentes deterioros en los últimos tiempos, después de 36 años de Ejecutivos de corte más o menos socialdemócrata.

Es imposible, por tanto, saber en este momento la factura final que le acabará pagando el Gobierno de Andalucía a las compañías farmacéuticas en los próximos años, pero existen cifras que pueden dar una orientación del negocio que estas han perdido en estos años, y que, según ha defendido hasta ahora la administración socialista, ha evitado mayores problemas en la sanidad pública.

Así, la subasta de medicamentos, según los cálculos de la Consejería de Salud, ha permitido ahorrar al Sistema Andaluz de Salud hasta 568 millones de euros entre 2012 (cuando la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la sazón consejera de Salud, implantó el modelo con el objetivo de hacer más eficiente el gasto en farmacia) y 2018.

Esta medida, desde que Montero la puso en marcha, con José Antonio Griñán (PSOE) como presidente, ha estado en el disparadero y ha recibido en este tiempo fuertes críticas de los farmacéuticos, de las empresas y del PP, que la rechazó desde el primer minuto al entender que provocaba desabastecimientos, algo que siempre ha negado la Junta de Andalucía. La subasta fue de hecho recurrida ante el Constitucional por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero esa vía fracasó, porque el tribunal legitimó su uso.

Concertar el bachillerato

Además de las empresas farmacéuticas y las farmacias, la Iglesia católica y las empresas educativas también recibirán una fuerte inyección de dinero público si Moreno ejecuta su programa hasta el final.

Con Ciudadanos ha pactado proteger con fondos públicos "los dos modelos educativos", el público y el concertado y habilitar "progresivamente la implantación del bachillerato concertado y la extensión del Bachillerato Internacional en Andalucía". Luego, con Vox añadió también la previsión de mimar la que llaman educación diferenciada, la que segrega por sexos, y que el PSOE hasta ahora ha tratado por todos los medios de mantener fuera del sistema público. Pero en este tema, perdieron los socialistas.

El gran negocio de las farmacéuticas

¿El Sistema vela por nuestra salud o trafica con ella?

El Tribunal Constitucional terminó por concluir que la educación diferenciada puede recibir dinero público como "el resto de centros educativos" porque si no, "cercenaría de raíz, no solo el derecho de los padres a elegir centro docente, sino también el derecho de creación de centros docentes". En Sevilla hay seis colegios que segregan.

Para encontrar una referencia del amplio margen que tiene el Gobierno sustentado por la triple alianza de PP, Ciudadanos y Vox, para aumentar el dinero público que hoy recibe la Iglesia católica por los conciertos, se puede acudir al informe "Sistema estatal de indicadores de la educación 2018", que edita el Ministerio de Educación y que se puede consultar aquí. Ahí se lee que el gasto público en educación se elevó en toda España a 46.597,8 millones de euros para el año 2015. De ellos, 5.915,9 millones de euros se dedicaron a financiar la enseñanza privada concertada, lo que representa un 14,1% del gasto público total en educación.

En Andalucía la educación es hoy eminentemente pública. En ese año -el último en que se puede hacer la comparación entre CCAA- fue la cuarta comunidad que menos fondos transfirió a la escuela concertada, que, en su amplia mayoría, gestiona la Iglesia católica: un 10% -746 millones de euros- cuatro puntos menos que la media española. Solo Castilla-La Mancha (9,1 %), Canarias (8,1%) y Extremadura (8%), dedicaron hace tres años menos presupuesto a los conciertos. Las comunidades que más dinero transfieren a la Iglesia fueron: País Vasco (24,4%), la Comunidad Foral de Navarra (21,1%) y Madrid (19,6%).

Por tanto, los márgenes que tiene Moreno para ampliar el negocio de la Iglesia católica y de otros operadores minoritarios en el ámbito de la educación, es muy amplio. Por ejemplo, si PP, Ciudadanos y Vox decidieran elevar en 4 puntos el gasto en conciertos y, con ello, situarse en la media española, la transferencia de lo público a lo privado aumentaría por este concepto en Andalucía unos 300 millones de euros anuales, si se toman como referencia las cifras brutas del año 2015. Cada punto de aumento equivaldría por tanto a más de 70 millones.

Si a esto se le añade el concierto del bachillerato, tal y como tiene firmado el PP, las cifras de negocio crecen todavía más. Sirva como referencia un estudio que elaboró en el año 2012 el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y que estimó el coste de concertar el Bachillerato para las arcas del Estado en unos 250 millones de euros. Casi el 20% de los alumnos y alumnas en España que estudian Bachillerato lo hacen  en Andalucía, por lo que se puede estimar que entonces, de haberse concertado en aquel año, le hubiera costado a la Junta unos 50 millones.

FUENTE: publico.es
Raúl Bocanegra
Sevilla - 10/01/2019

Este ciudadano nunca ha comprendido por qué el Estado tiene que subvencionar centros privados. Es más, entiendo que mientras sigamos con esa dinámica, nunca nos quitaremos de arriba la rémora eclesiástica, esa que lleva siglos nutriéndose de nuestro sacrificio y de nuestros impuestos y cuadriculando mentes según su conveniencia.

Un dato reciente apunta que la Iglesia Católica controla 

el 64%  de los presupuestos de los conciertos educativos.

NEGOCIAR CON LA SANTA POR SI CEDE

Con el Vaticano se negocia a cañonazos

Llamar profanación a pintarrajear la lápida de Franco es, cuando menos, exagerado. Para que haya profanación siempre ha de haber un pico y una pala y ha de desaparecer algo de las tumbas, empezando por las propias lápidas, que Cela convirtió en La Colmena en mesas de café; el fiambre, ya sea para venderlo a la ciencia, hacer Frankensteins en noches de tormenta o pedir un rescate a la familia; e, incluso, partes del finado, preferentemente los dientes de oro que siempre se vendieron bien al peso para hacer sortijas. Lo del artista Enrique Tenreiro no ha pasado de ser un graffiti inocente con el que, según ha explicado, pretendía promover la reconciliación entre españoles. Siempre se podrá ver sacrilegio en el color rojo de la pintura pero no en la supuesta paloma que, dibujada con tantas prisas, se da un aire al aguilucho de la vieja bandera.

Es verdad que las sepulturas de los dictadores son muy golosas para los profanadores. Nada de esto pasaría con la de Franco si hubiéramos podido imitar a los italianos, que metieron a Mussolini en una tumba sin nombre después de ser fusilado y colgado cabeza abajo; o a los argentinos, cuyas protestas impidieron que Videla yaciera en el panteón familiar y que, al parecer, reposa en un cementerio privado de Buenos Aires bajo una identidad falsa. Desde los egipcios se sabe que levantar pirámides para enaltecer a los tiranos atrae a los saqueadores más que la miel a las moscas.

Benito Mussolini

(1883 - 1945)

En busca de una solución para la momia de Franco, al que su familia quiere inhumar en la catedral de la Almudena cuando abandone el Valle de los Caídos, la vicepresidenta Carmen Calvo viajó a Roma para buscar complicidades y lo que consiguió fue darse de bruces con la diplomacia vaticana o hacer el ridículo, que tanto monta.

Carmen Calvo saludando al secretario de Estado del Papa, Pietro Parolin

Para negociar con la Santa Sede hay que hacerlo a cañonazos, como hizo Enrique de Guzmán, embajador de Felipe II y conde de Olivares, al que el Papa Sixto V quiso prohibir que llamara a sus criados con una campana por considerar que era éste un privilegio cardenalicio. Tras fracasar en sus audiencias, el conde optó por métodos más expeditivos y sustituyó las campanas por disparos de cañón. Poco después, y ante los estruendos que hacían temblar la ciudad, el Pontífice accedió a que el embajador y sus sucesores usaran la campana para comunicarse con el servicio.

El Gobierno tiene en su mano cañones suficientes en esta disputa, más allá de actuar contra las inmatriculaciones o acabar con los privilegios fiscales de la Iglesia, que no han de ser objetos de negociación alguna como seguramente pretende la Curia. Ni siquiera sería necesario aplicar de manera un tanto extraña la Ley de Memoria Histórica, que es la opción que ahora mismo se baraja. Bastaría con hacer cumplir el propio Derecho Canónico, que desde el Concilio Vaticano II prohíbe enterrar cadáveres en iglesias, a no ser que se trate del Papa, cardenales u obispos, y ya de paso acabar con el negocio de la venta de nichos en ‘suelo sagrado’ con el que la Iglesia hace caja con nuestros ricos más distinguidos.

Tumbas en el interior de los templos

Aunque finalmente le saliera el tiro por la culata, un Ejecutivo que planeaba acabar con el veto del Senado al techo de gasto con una enmienda a la ley de violencia de género no debería tener muchas dificultades para modificar la ley general de Sanidad o la normativa aplicable a este caso y prohibir la inhumación en lugares públicos, por muy embalsamados que estén los cadáveres. Un anuncio en este sentido sería suficiente para que los doctores que tiene la Iglesia, que no son sordos, escucharan el estallido del cañón y se avinieran al campanilleo.

FUENTE: publico.es

Tierra de nadie

Juan Carlos Escudier

01/11/2018

UNA RELACIÓN PRIVILEGIADA

La “privilegiada” relación entre la Iglesia y el Estado, explicada en un hilo de Twitter

La cúpula eclesiástica española reunida con Mariano Rajoy

La Iglesia y el estado español tienen, a pesar de la separación de poderes, una relación interesada y favorecedora; o eso ha querido explicar el tuitero @FiloPolitics. Esta semana, la cuenta que habla de actualidad y política, sin dejar de lado el sentido del humor, ha abierto un hilo donde ha detallado a la "juventud" la relación entre ambas instituciones.

Filosofía Perdida@FiloPolitics

Debido a la reciente renovación de Carlos Herrera con la COPE (cadena de radio de la Conferencia Episcopal Española) voy a exponeros un hilo sobre la iglesia y el estado español que espero que os guste, juventud. Abro hilo:

Muerto Franco, la diplomacia vaticana comenzó a mover ficha para acabar bien colocada en el cambio de la dictadura a la democracia en que podían salir partidos que se opusieran a esta favorable relación, por lo que en 1976 comenzó la revisión del Concordato de 1953.

Firma del Concordato en 1953

El 3 de enero de 1979 se promulgó un acuerdo que dura hasta nuestros días. Un acuerdo que el Psoe siempre promete acabar con él y cada vez que gobierna se olvida de lo dicho, pero ¿qué dicen estos acuerdos?

Reestructuración del Concordato en 1979

Los acuerdos en sí son 4: 

1) Acuerdo de asuntos jurídicos.
2) Acuerdo de enseñanza y asuntos culturales.
 3) Acuerdo en materia de FFAA.
4) Acuerdo en materia económica.

Perdonad la turra inicial, pero es necesaria para luego detenernos en lo que nos estamos tragando.

En materia jurídica el art. IV garantiza asistencia religiosa en cárceles, hospitales, orfanatos (tanto públicos como privados) que, sorpresa, hoy financia el estado, o sea, vosotr@s juventud, entre otros.

Los art. VII y VIII marcan que las dudas de estos acuerdos se tienen que resolver conjuntamente. Quizás es que cuando quiere derogarlos, el PSOE lleva a Bono a hablar con su amigo cardenal.

Atención, que el siguiente mejora todo: el acuerdo sobre enseñanza y cultura. Comienza en el Art. I hablando de que la enseñanza en los colegios públicos debe ser respetuosa con la ética Cristiana... Y no bajará el nivel.

Los artículos siguientes tratan de la enseñanza religiosa en los centros. Os expongo: -contrata la iglesia -despide la iglesia -pone el contenido la Iglesia. Adivinad quién paga esto... ¡efectivamente!: el estado, o sea, vosotr@s jóvenes, entre otros.

En el art. XVI pone que el estado velará por qué se respete la libertad religiosa que, más allá de las ofensas a diversos credos, que yo he podido oir en la COPE, se refiere a que vele por el derecho de no ofender a la iglesia.

Voy al acuerdo de las Fuerzas Armadas y el servicio militar. De lo segundo poco hay que decir, por suerte no existe el servicio militar. Sobre las Fuerzas Armadas, cabe empezar porque la iglesia tiene un arzobispo y un clero castrense en los diversos cuerpos del ejército, con sueldo de oficiales pagados por tod@s.

El arzobispo es elegido por el jefe del estado, como Franco hacía anteriormente con los obispos, hasta que el reciente acuerdo lo dejó solo en el castrense. Lo interesante es que los curas se equiparan a los oficiales, con ascensos y privilegios y también con sueldo estatal. 

En cuanto al acuerdo económico, la Iglesia puede recibir de sus fieles dinero como desee (art.I) y el estado se compromete a colaborar en el sostenimiento religioso (art.II). Si no hay renta (cito literal) saldrá de los presupuestos generales una “adecuada dotación”.

Curioso leer hoy que la iglesia dará los pasos necesarios para su autofinanciación. Pasos que aún no se han visto. Lo cierto es que hoy la Conferencia Episcopal recibe hoy sobre 251 millones de € gracias a una estructura predemocrática que se prometió abolir.

Los arts. III -V son una retahila de exenciones de impuestos como de donaciones, sucesiones, el IBI también... porque ya lo dijo Jesús: "Dad al César lo que es...” bueno, esa ya no nos sirve, Jesús dijo muchas cosas y hace mucho... demasiado quizás.

Solo concluir con una reflexión: se habla de una reforma de la constitución, aún a pesar de la negativa del partido franquista por superar la constitución del 78 dirigida por un falangista como Suárez, pero ¿y estos acuerdos?

Adolfo Suárez

Estos acuerdos estaban arcaicos desde el momento en que queremos considerarnos una democracia, por mucho que el PP, para conservar el voto conservador católico (que no creyente) los defiende para que los obispos le defiendan en Cope y Trece hasta el día de hoy.

La renovación de Carlos Herrera es un ejemplo de lo expuesto: cadena de obispos al rescate de un gobierno que se hunde; un gobierno corrupto conteniendo unos acuerdos llenos de privilegios para un episcopado que perdió la hegemonía y la lógica hace tiempo.

FUENTE:  Tremending

14.01.2018

LAS PREBENDAS ECLESIÁTICAS

La Iglesia Católica le cuesta al Estado Español 249 millones de euros al año

Un penitente de la hermandad "Numeraria del Rosario" espera el comienzo de la procesión 

del Santo Entierro de Compostela, durante la pasada semana santa. MIGUEL RIOPA / AFP

El mantenimiento de la Iglesia Católica le cuesta al Estado casi el doble que el de los partidos políticos y hasta seis veces más que el de los agentes sociales. Y más que la suma de ambos conceptos. Es uno de los peajes de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre España y la Santa Sede, que vuelven a ser cuestionados desde algunas instituciones.

Los datos de la Intervención General del Estado revelan cómo entre 2007 y 2013 las subvenciones y transferencias de la Administración central a la principal entidad religiosa que opera en el país ascendieron a 1.566 millones de euros (2,6 billones de las antiguas pesetas), mientras que la cuantía de los fondos destinados a los partidos políticos fue de 815 y la asignada a organizaciones sindicales y empresariales se quedó en 277.

A ver si averiguan a quiénes afectan los recortes

Los 249 millones que recibió la Iglesia Católica en 2013, último ejercicio cuyas cuentas auditadas por los interventores estatales están disponibles, superan claramente, sin incluir los 25 de Cáritas, a las ayudas estatales a sectores en crisis como el naval, el pesquero y el agroalimentario, que sumaron 124. Y rebasan también el importe de las transferencias para financiar las labores de espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que recibe 204, los 157 del Consejo Superior de Deportes o los 237 de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (Enesa).

Los acuerdos con la Santa Sede, conocidos como "el concordato", fueron cuatro: uno sobre asuntos jurídicos, que reconoce la autonomía de funcionamiento a la Iglesia y la personalidad civil a sus organismos; otro sobre enseñanza, que recoge la obligación de incluir la religión entre las “disciplinas fundamentales” de los planes de estudios y habilita a los obispos para designar a los maestros; uno más, sobre la presencia clerical en las Fuerzas Armadas, y, por último, el referente a los asuntos económicos, que calificaba “de especial importancia” la “revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica”.

Este preveía que la aportación voluntaria de los contribuyentes vía casilla del IRPF sustituyera, tres años después de su entrada en vigor, como única vía de financiación a “la adecuada dotación a la Iglesia Católica” que, “con carácter global y único” y “actualizada anualmente”, el Gobierno de Adolfo Suárez acordó realizar vía Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el Estado sigue efectuando una cuantiosa aportación anual más de tres décadas después de que en diciembre de 1982 concluyera ese plazo.

El complejo sistema de subvenciones, ayudas, transferencias y exenciones de impuestos hace que entidades como Europa Laica cifren en 11.000 millones anuales el dinero que la Iglesia Católica recibe de los tres escalones de la Administración, el grueso de ellos en aportaciones autonómicas y municipales para centros de enseñanza y sanitarios, además de para conservar su patrimonio. Esta particular relación jurídica y económica entre un Estado formalmente aconfesional y la principal confesión religiosa que opera en su territorio ha sido en muchas ocasiones objeto de críticas y de reclamaciones de revisión, a las que algunas instituciones aragonesas se han sumado recientemente y por vez primera.

Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, mediante una iniciativa de Cha que obtuvo el apoyo de Zaragoza en Común (ZeC), PSOE y C’s y la única oposición del PP, ha acordado reclamar la revisión de la parte económica de esos acuerdos “al efecto de generar unas relaciones económicas entre el estado y la Santa Sede más equilibradas y acordes a la realidad actual”.

Esas bonificaciones —a las que se suman 2,2 millones de fundaciones, dos más de colegios religiosos y casi uno por los inmuebles de interés cultural hasta superar los nueve millones— tienen entre sus principales beneficiarios al arzobispado de Zaragoza, que se ahorra unos 600.000 euros anuales como propietario de 150 edificios exentos cuyo valor catastral ronda los 90 millones.

La resolución aboga también por modificar la Ley de Haciendas Locales para eliminar esos beneficios fiscales a las confesiones religiosas y por determinar, a nivel local, qué edificios cuyos propietarios están actualmente exentos de pagar el IBI podrían tener que hacerlo “por tratarse de bienes afectos a actividades económicas no exentas del Impuesto de Sociedades”.

FUENTE: publico.es

Eduardo Bayona

Zaragoza - 03/10/2016

EL PÁNICO DEL PODER

Por qué el (verdadero) poder tiene miedo a que Podemos entre en el gobierno.

Una de las argumentaciones políticas más inverosímiles sobre mayorías parlamentarias fue la que ofreció este lunes Pedro Sánchez al Comité Federal del PSOE: “…ya nos gustaría a nosotros poder formar un gobierno de izquierda, pero que la suma no da, que desgraciadamente los escaños de la izquierda en el Congreso de los Diputados no son más que los escaños de la derecha…” (161 diputados, frente a los 163 que reúnen PP y C’s). En consecuencia, ha dedicado todos sus esfuerzos a cerrar un pacto con la menor de esas fuerzas de la derecha, y así ahora suma… 130 escaños.

Algo asombroso para quien tiene un doctorado en Economía y Empresa: para construir una mayoría prefiere a los 40 diputados de Ciudadanos que a los 71 de Podemos+IU(UP). Y, como le gustaría “un gobierno de izquierda”, cierra unos acuerdos con ese partido derechista que son considerados inaceptables por todas las formaciones izquierdistas. Y lo hace “discretamente” al margen de esas últimas y mientras está negociando con ellas un “Gobierno de progreso”. Tan “discretamente” que su cumbre bilateral con Albert Rivera para cerrar su pacto se celebraba en secreto y simultáneamente a la negociación “a cuatro” del PSOE con el resto de la izquierda en la que él había declinado participar. Sin duda, por problemas de agenda.

Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos)

Aunque lo más curioso es que ese viraje socialista hacia la derecha minoritaria se produce cuando Sánchez ya sabe que en el otro lado del espectro político tiene asegurada la investidura en segunda votación: 167 votos a favor (PSOE, Podemos, Compromís, IU y PNV) y 163 en contra (PP y C’s), con la abstención o ausencia de ERC y DiL. Eso es lo que quedó claro en su reunión con Pablo Iglesias, pero poco después el secretario general socialista se vio obligado a renunciar a eso que dice que le “gustaría” tanto.

Es un secreto a voces que son presiones internas y externas las que le fuerzan a buscar una alianza contra-natura (que le pregunten al PSC) con Ciudadanos, pero son fundamentalmente los poderes económicos los que le obligan a ello, porque está claro, como explica el profesor Vicenç Navarro, que C’s es la expresión política del Ibex-35, su doctrina es aún más neoliberal que la del PP y el tema económico es el obstáculo central para la formación de un Gobierno de izquierdas. Y el famoso obstáculo del referéndum soberanista en Catalunya no es más que una excusa del PSOE y de las derechas para que no se establezca ese Gobierno de izquierdas.

Por mucho que Sánchez insista ahora en que el programa de gobierno pactado con Ciudadanos es “progresista y de cambio”, no sólo es que no convenza a Podemos de ello sino que esa tesis es rechazada de plano tanto por los otros partidos de las izquierdas como por los sindicatos, las mareas y los movimientos cívicos y sociales. Además, pretender que votar contra ese pacto PSOE-C’s es apoyar a Rajoy es un sofisma: como hago una inferencia falsa –que si no se aprueba esa investidura de Sánchez se le entregará el poder a Rajoy– llego a una conclusión viciada.

Para empezar, el anunciado fracaso de la investidura del líder socialista se produce porque tras su pacto con Rivera se queda sólo con el apoyo de Ciudadanos y el voto en contra de todos los demás, cuando en la otra alternativa contaba con los votos de varias formaciones (Podemos, Compromís, IU y PNV) y la abstención de otras dos (ERC y DiL). Pero el escollo insuperable de esa opción consistía en que había que dejar a Podemos entrar en el Gobierno –demanda comprensible cuando está casi igualado con el PSOE en número de votos– y eso es anatema para los poderes fácticos en España y en Europa: ni la Troika ni las grandes corporaciones y entidades financieras van a permitir que llegue al Ejecutivo de la cuarta potencia europea un movimiento dispuesto a tirar de la manta del expolio de fondos públicos y a acabar de golpe con las destructivas políticas de austeridad económica.

Nada más comprobarse el auge de Iglesias con los resultados de las elecciones europeas de 2014, el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, proclamó: “Necesitamos un Podemos de derechas”. De ahí surgió la operación Ciudadanos. Ahora, es el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, el que proclama que es preciso pactar un acuerdo de gobierno PP-PSOE junto al “sentido común de Ciudadanos” para impedir “la presencia de Podemos” en un Ejecutivo.

En cuanto a las presiones internas para que Sánchez impida la entrada de Iglesias en un Gobierno de cambio –en las que incluso participan barones del PSOE que al mismo tiempo pactan con Podemos sus presupuestos autonómicos–, las más notorias son las de Susana Díaz, hasta el punto de que en los mentideros socialistas andaluces se afirma que "la sultana" llegó a transmitir a Rajoy, a través de altos ejecutivos del Ibex-35, la oferta de poner a “sus” 22 diputados del PSOE-A al servicio de una Gran Coalición con C’s, sólo para frenar a Podemos.

Sea o no cierto, lo innegable es que el ascenso de Podemos causa auténtico pánico entre las tradicionales clases dirigentes, sobre todo donde puedan levantarse alfombras que tapan corruptelas y cosas peores… una vez visto el efecto del ascenso de los movimientos del cambio en las comunidades y ayuntamientos donde está aflorando el lodazal de la corrupción enquistada durante décadas de gobiernos impunes. Y la pretensión de Iglesias de llegar, a través de la vicepresidencia, a conocer los monstruos que se esconden en las alcantarillas del espionaje y de Interior –jamás saneadas tras el fin de la dictadura–, provocó reacciones horrorizadas. ¿Qué será lo que hay ahí que no se puede saber?

En cualquier caso, el empeño de Sánchez en dejar en evidencia a Iglesias en una investidura en la que supuestamente debería darle un cheque en blanco para que gobierne mediante pactos de “centroderecha” –como él mismo define ahora su alianza con Rivera– corresponde a una evidencia demoscópica que la serie de los últimos sondeos dejan bien clara: unas nuevas elecciones pintan muy mal para los dos grandes del bipartidismo.

Porque, y ya para terminar, el sofisma de que no apoyar el acuerdo PSOE-C’s es darle el poder a Rajoy falla también por la aritmética electoral (y no sólo la parlamentaria). En vista de todos estos órdagos, lo más probable es que vayamos a unas nuevas elecciones en las que el PP puede llegar a perder más de un millón de votos –según la última encuesta de Invymark para La Sexta–, el PSOE se quedará estancado en su nivel electoral más bajo de la democracia y Podemos seguirá subiendo para empatar con los socialistas. Entonces sí que no quedaría más remedio que hacer un Gobierno de coalición PSOE-Podemos.

Como eso causa pavor a los que de verdad mandan en España y en Europa, las presiones para que se alcance una Gran Coalición –siempre excluyendo a Podemos del poder– van a ser frenéticas. Incluidas las que busquen descabalgar de La Moncloa al propio Rajoy, a quien (según Sigma-2) el 72% de los electores piden que dimita por la corrupción y al que el 48% de los propios votantes del PP no quieren como candidato a la Presidencia.

Es precisamente Rajoy el que tiene muy poco futuro político en 2016.

FUENTE: publico.es
El tablero global
Carlos Enrique Bayo
29/02/2016

Está más claro que el agua que las clases dirigentes intentarán, por todos los medios, que Podemos no llegue al gobierno, no vaya a ser que se les ocurra obligarlos a repartir entre los más pobres, algo de esas inmensas fortunas que tanto les ha costado rapiñar amasar. 

¡Faltaba más!

CON LA QUE ESTÁ CAYENDO

El PP de Toledo destina más de 1.100.000€ al mantenimiento de edificios católicos

EL ARZOBISPO AGRADECE "PROFUNDAMENTE" ESTE ACUERDO

En plena crisis económica, la Diputación y el Arzobispado de Toledo han firmado un nuevo convenio para la reparación y mejora de edificios católicos en la provincia toledana y afectará a más de una veintena de templos.

Arturo García-Tizón (PP) y Braulio Rodríguez (Arzobispo de Toledo)

El presidente de la Diputación toledana y militantes del PP, Arturo García-Tizón, y el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, han firmado este miércoles el convenio y han destacado en rueda de prensa que esperan que el acuerdo "continúe y pueda seguir con normalidad", unas declaraciones en relación a que el Partido Popular pueda perder la diputación de esta provincia, puesto que no obtuvo mayoría en las elecciones del pasado 24 de mayo.

Asimismo, ha comentado que las obras en estos edificios contarán con un presupuesto total de 2.771.922 euros, que se divide en "los 213.000 euros que aporta la Diputación más 1,1 millones de euros del Arzobispado y 1,4 millones de las parroquias". También ha apuntado que el convenio no afecta a Toledo ni a Talavera de la Reina.

Inauguración de la campana gorda de la catedral en 2011

El arzobispo ha agradecido "profundamente" a la Diputación que estos acuerdos "sigan adelante", comentando que "los templos necesitan esta ayuda, que enseguida se convierte en obras". También ha recalcado que para él es "una grata sorpresa ver que haya continuidad en las ayudas a bienes inmuebles". 

"Es muy importante de cara a estos templos que tienen tanto valor para los católicos", ha continuado.

Por su parte, García-Tizón ha destacado que, durante esta legislatura, los distintos convenios para reparaciones de templos han tenido un importe superior a 1.100.000 euros y ha hecho hincapié en que la Iglesia "aparte de su labor pastoral, tiene también una importancia cultural, histórica y artística que es necesario conservar".

 Reinauguración sacristía de la catedral tras su restauración en 2014

En este sentido, ha manifestado su intención de que "en el futuro se siga colaborando con el Arzobispado", recordando que la Institución provincial actualmente mantiene acuerdos con "no sólo en este campo, sino en otros como Cáritas o el Cabildo de la Catedral".

FUENTE:  periodicoclm.es  
03 de Junio de 2015

Me parece bien que se colabore económicamente en el mantenimiento de los monumentos artísticos nacionales, pero si son propiedad privada de la iglesia y ya recauda por ellos dinero a espuertas, ¿por qué ...oño, (¡con la que está cayendo!) han de desviarse fondos públicos para obras eclesiásticas, en lugar de echarles un capote a los parados, desahuciados, maltratados y demás ...ados?

PALABRAS DE PEDRO SÁNCHEZ

Pedro Sánchez, sobre Podemos: 

"Si apuestan por la estabilidad, el PSOE podrá entenderse con ellos"

Apostar por la estabilidad quiere decir dejar las cosas más o menos como están: que no se muevan mucho para que no se caigan.

Pero lo que gran parte de la ciudadanía reclama, es el derrumbe de esta corrupta mamocracia monárquica, sustentada por el PSOE y el PP... ("Dame la manita, Pepe Luí")

¿Qué es lo que pretende?... ¿seguir con la misma matraca 40 años más? 

        Vamos... ¡no me jodan! 

 

EL CONCORDATO

Siete lustros de los acuerdos con la Santa Sede

El Concordato franquista de 1953 (no derogado) entre España y la Santa Sede se sustituyó por unos Acuerdos sobre materias concretas, con la “intención” de actualizarlo a los “nuevos tiempos”, pero con el fin de tratar de perpetuar los históricos privilegios de los que ha gozado la iglesia.

 

En los últimos meses vengo observando cómo católicos, generalmente vinculados al OPUS, que forman parte del importante entramado de seglares que la iglesia católica oficial, utiliza -a modo de poderosísimos lobbys- en la enseñanza, la política, la jurisprudencia, la economía, la cultura, etc. tratan de justificar, una y otra vez, en diversos medios de comunicación, la legitimidad de los actuales Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976 y 1979. Y ello sucede, aun más, desde que el líder del actual y todavía principal partido de la oposición ha expresado su propósito de denunciar dichos Acuerdos, aunque no es la primera vez que desde la dirección del PSOE se lanzan estos mensajes, que luego, hasta le fecha, ha sido “papel mojado”.

Los voceros de la iglesia oficial (“voceros”, con todo el respeto), insisten en que esos Acuerdos forman parte de unos determinados “acuerdos no escritos” de la Transición y que en septiembre de 1979 fueron respaldados por un importante número de diputados. 

 Advierten los “portavoces” del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Española que, hasta ahora, los temas en discusión entre la iglesia y el Estado español se han ido resolviendo, sin necesidad de abrir un proceso de revisión amplia de los mismos. El último acuerdo fue hecho por el Gobierno de Zapatero, al ampliar la subvención directa (vía IRPF) a la iglesia y adaptar la LOE a los nuevos intereses del empresariado católico y de las personas que imparten religión, dándoles garantías de estabilidad laboral. Suelen aludir en sus argumentos al Tribunal Constitucional (por supuesto, de forma muy interesada), dando a conocer algunas sentencias parciales, que no cuestionan la constitucionalidad o no de aspectos relacionados con los Acuerdos.

Estos argumentos son muy fáciles de rebatir, si acudimos al fondo de la cuestión, que estos “voceros” no plantean, evidentemente. Tiene que ver con que estos Acuerdos son claramente confesionales, cuyo objetivo principal es el de privilegiar a una determinada corporación religiosa (la católica), vulnerándose, con ello, al menos dos principios constitucionales: el de igualdad ante la Ley y el de no confesionalidad del Estado.

Otra cuestión muy importante es que (en mi opinión, erróneamente) se le dan carácter de internacionalidad, cuando la Santa Sede o la ciudad del Vaticano es un “Estado ficción”, además, de que no se atienen a lo que dispone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1980). Pero es que, entre otros argumentos jurídicos y políticos, el origen de ese “Estado” proviene de los Acuerdos de Letrán de 1929, firmados por Benito Mussolini y el papado de Pío XI. Con muy graves dudas sobre la legitimidad de esa firma.

El Concordato franquista de 1953 (no derogado) entre España y la Santa Sede se sustituyó por unos Acuerdos sobre materias concretas, con la “intención” de actualizarlo a los “nuevos tiempos”, pero con el fin de tratar de perpetuar los históricos privilegios de los que ha gozado la iglesia católica. Han pasado siete lustros y la sociedad española ha cambiado profundamente. También la situación política lo está haciendo de forma muy acelerada. Ya no hay una mayoría católica, como el mismo preámbulo daba como argumento para la firma. La sociedad se ha secularizado de manera mayoritaria, sobre todo entre los más jóvenes e irrumpen nuevos modos de religiosidad y de religiones.

¿Tienen hoy sentido estos Acuerdos en un Estado social, democrático, plural, muy secularizado y de Derecho? No.

Antes lo indicábamos, desde la política institucional se les da la consideración de “internacionales”, cuando no lo son. Son unos Acuerdos entre un Estado soberano y una organización religiosa y nada más. Y, por ello, su derogación, denuncia o anulación es cuestión de voluntad política, exclusivamente.

La Constitución española (aun en su calculada ambigüedad en la cuestión que nos ocupa) proclama el derecho de libertad de conciencia (y por lo tanto religiosa) y establece un sistema de garantías eficaz, de su ejercicio individual y colectivo, tanto de los indivi­duos como de los grupos en los que se integran. Y otra cuestión transversalmente relevante: España, como Estado formalmente democrático, ha ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de Roma y diversos convenios y Tratados de la Infancia y se somete a los correspondientes controles jurisdiccionales internacionales, mientras que el Vaticano ni ha firmado, ni se somete a esos “controles”. ¿Entonces?
 

España, como Estado social, no tiene necesidad de firmar Acuerdos de ese rango con ninguna confesión religiosa, ya que está obligado a fomentar la libertad de culto, la libertad de conciencia (y por lo tanto de religión) y está legitimado para llegar a acuerdos de cooperación con todo tipo de entidades sociales (incluidas las religiosas) siempre en el bien común y general y, por supuesto, sin otorgar privilegios a unas, sobre otras.

¿Se verían afectados los derechos de libertad de conciencia y de libertad religio­sa de los católicos españoles si desaparecieran los Acuerdos vigentes y la Iglesia católi­ca se sometiera, sin más, al Derecho común para todos? Evidentemente, no. Sin embargo, el problema y la cuestión es otra: Lo que quiere la iglesia católica oficial (junto al papado de Roma) y los políticos cómplices, es conservar (y si pueden, aumentar) los privilegios jurídicos, políticos, simbólicos, tributarios, en materia de Enseñanza y servicios sociales y, por supuesto, económicos. ¿Cómo van a renunciar a los más de diez mil millones de euros que anualmente reciben del Estado, vía directa e indirecta? ¿Como van a renunciar a usurpar bienes públicos y privados, por la vía de la ley de inmatriculaciones? ¿Cómo van a renunciar a mantener delegados diocesanos en todos los centros escolares haciendo proselitismo religioso en las aulas y en los claustros? ¿Cómo van a renunciar a las capillas en espacios públicos, a los capellanes…? ¿Cómo van a renunciar a que el Estado les financie el culto y el clero, vía impuesto del IRPF? ¿Cómo van a renunciar a la exención tributaria del impuesto de bienes inmuebles y de otros impuestos?… Para eso mantienen los Acuerdos… como coartada política y religiosa, en un Estado que ya no es el de 1979.

Los Acuerdos con la Santa Sede son un gran obstáculo para una adecuación de nuestro ordenamiento jurídico y político a la normalidad de una sociedad secularizada y para una definitiva laicidad de las instituciones del Estado.

En estos 35 años ha habido mucha complicidad con estos Acuerdos y no sólo por parte de la derecha política. La cuestión no ha estado (realmente) en las agendas políticas, ni tampoco en las agendas de muchos movimientos sociales y sindicales. Hace unos días, el nuevo líder del PSOE, proclamó que si gobierna algún día (?) los iba a denunciar. Sin embargo en una reciente e importante entrevista (El País 3.8.14) sorprendentemente ni lo ha mencionado. Espero que no estemos ante una “renovada farsa” electoralista.

Las intenciones de voto están evolucionando de forma muy acelerada. Se avecinan tiempos de profundos cambios, que pueden propiciar la posibilidad de anular los Acuerdos. Aunque, no obstante, no nos tranquiliza que en un amplio espectro político prime la retórica, cuando se trata de la cuestión religiosa. 

 Tiempo al tiempo.

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FUENTE: nuevatribuna.es 

Francisco Delgado (Presidente de Europa Laica)

27 Agosto 2014