UNA RELACIÓN PRIVILEGIADA

La “privilegiada” relación entre la Iglesia y el Estado, explicada en un hilo de Twitter

La cúpula eclesiástica española reunida con Mariano Rajoy

La Iglesia y el estado español tienen, a pesar de la separación de poderes, una relación interesada y favorecedora; o eso ha querido explicar el tuitero @FiloPolitics. Esta semana, la cuenta que habla de actualidad y política, sin dejar de lado el sentido del humor, ha abierto un hilo donde ha detallado a la "juventud" la relación entre ambas instituciones.

Filosofía Perdida@FiloPolitics

Debido a la reciente renovación de Carlos Herrera con la COPE (cadena de radio de la Conferencia Episcopal Española) voy a exponeros un hilo sobre la iglesia y el estado español que espero que os guste, juventud. Abro hilo:

Muerto Franco, la diplomacia vaticana comenzó a mover ficha para acabar bien colocada en el cambio de la dictadura a la democracia en que podían salir partidos que se opusieran a esta favorable relación, por lo que en 1976 comenzó la revisión del Concordato de 1953.

Firma del Concordato en 1953

El 3 de enero de 1979 se promulgó un acuerdo que dura hasta nuestros días. Un acuerdo que el Psoe siempre promete acabar con él y cada vez que gobierna se olvida de lo dicho, pero ¿qué dicen estos acuerdos?

Reestructuración del Concordato en 1979

Los acuerdos en sí son 4: 

1) Acuerdo de asuntos jurídicos.
2) Acuerdo de enseñanza y asuntos culturales.
 3) Acuerdo en materia de FFAA.
4) Acuerdo en materia económica.

Perdonad la turra inicial, pero es necesaria para luego detenernos en lo que nos estamos tragando.

En materia jurídica el art. IV garantiza asistencia religiosa en cárceles, hospitales, orfanatos (tanto públicos como privados) que, sorpresa, hoy financia el estado, o sea, vosotr@s juventud, entre otros.

Los art. VII y VIII marcan que las dudas de estos acuerdos se tienen que resolver conjuntamente. Quizás es que cuando quiere derogarlos, el PSOE lleva a Bono a hablar con su amigo cardenal.

Atención, que el siguiente mejora todo: el acuerdo sobre enseñanza y cultura. Comienza en el Art. I hablando de que la enseñanza en los colegios públicos debe ser respetuosa con la ética Cristiana... Y no bajará el nivel.

Los artículos siguientes tratan de la enseñanza religiosa en los centros. Os expongo: -contrata la iglesia -despide la iglesia -pone el contenido la Iglesia. Adivinad quién paga esto... ¡efectivamente!: el estado, o sea, vosotr@s jóvenes, entre otros.

En el art. XVI pone que el estado velará por qué se respete la libertad religiosa que, más allá de las ofensas a diversos credos, que yo he podido oir en la COPE, se refiere a que vele por el derecho de no ofender a la iglesia.

Voy al acuerdo de las Fuerzas Armadas y el servicio militar. De lo segundo poco hay que decir, por suerte no existe el servicio militar. Sobre las Fuerzas Armadas, cabe empezar porque la iglesia tiene un arzobispo y un clero castrense en los diversos cuerpos del ejército, con sueldo de oficiales pagados por tod@s.

El arzobispo es elegido por el jefe del estado, como Franco hacía anteriormente con los obispos, hasta que el reciente acuerdo lo dejó solo en el castrense. Lo interesante es que los curas se equiparan a los oficiales, con ascensos y privilegios y también con sueldo estatal. 

En cuanto al acuerdo económico, la Iglesia puede recibir de sus fieles dinero como desee (art.I) y el estado se compromete a colaborar en el sostenimiento religioso (art.II). Si no hay renta (cito literal) saldrá de los presupuestos generales una “adecuada dotación”.

Curioso leer hoy que la iglesia dará los pasos necesarios para su autofinanciación. Pasos que aún no se han visto. Lo cierto es que hoy la Conferencia Episcopal recibe hoy sobre 251 millones de € gracias a una estructura predemocrática que se prometió abolir.

Los arts. III -V son una retahila de exenciones de impuestos como de donaciones, sucesiones, el IBI también... porque ya lo dijo Jesús: "Dad al César lo que es...” bueno, esa ya no nos sirve, Jesús dijo muchas cosas y hace mucho... demasiado quizás.

Solo concluir con una reflexión: se habla de una reforma de la constitución, aún a pesar de la negativa del partido franquista por superar la constitución del 78 dirigida por un falangista como Suárez, pero ¿y estos acuerdos?

Adolfo Suárez

Estos acuerdos estaban arcaicos desde el momento en que queremos considerarnos una democracia, por mucho que el PP, para conservar el voto conservador católico (que no creyente) los defiende para que los obispos le defiendan en Cope y Trece hasta el día de hoy.

La renovación de Carlos Herrera es un ejemplo de lo expuesto: cadena de obispos al rescate de un gobierno que se hunde; un gobierno corrupto conteniendo unos acuerdos llenos de privilegios para un episcopado que perdió la hegemonía y la lógica hace tiempo.

FUENTE:  Tremending

14.01.2018

LAS PREBENDAS ECLESIÁTICAS

La Iglesia Católica le cuesta al Estado Español 249 millones de euros al año

Un penitente de la hermandad "Numeraria del Rosario" espera el comienzo de la procesión 

del Santo Entierro de Compostela, durante la pasada semana santa. MIGUEL RIOPA / AFP

El mantenimiento de la Iglesia Católica le cuesta al Estado casi el doble que el de los partidos políticos y hasta seis veces más que el de los agentes sociales. Y más que la suma de ambos conceptos. Es uno de los peajes de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre España y la Santa Sede, que vuelven a ser cuestionados desde algunas instituciones.

Los datos de la Intervención General del Estado revelan cómo entre 2007 y 2013 las subvenciones y transferencias de la Administración central a la principal entidad religiosa que opera en el país ascendieron a 1.566 millones de euros (2,6 billones de las antiguas pesetas), mientras que la cuantía de los fondos destinados a los partidos políticos fue de 815 y la asignada a organizaciones sindicales y empresariales se quedó en 277.

A ver si averiguan a quiénes afectan los recortes

Los 249 millones que recibió la Iglesia Católica en 2013, último ejercicio cuyas cuentas auditadas por los interventores estatales están disponibles, superan claramente, sin incluir los 25 de Cáritas, a las ayudas estatales a sectores en crisis como el naval, el pesquero y el agroalimentario, que sumaron 124. Y rebasan también el importe de las transferencias para financiar las labores de espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que recibe 204, los 157 del Consejo Superior de Deportes o los 237 de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (Enesa).

Los acuerdos con la Santa Sede, conocidos como "el concordato", fueron cuatro: uno sobre asuntos jurídicos, que reconoce la autonomía de funcionamiento a la Iglesia y la personalidad civil a sus organismos; otro sobre enseñanza, que recoge la obligación de incluir la religión entre las “disciplinas fundamentales” de los planes de estudios y habilita a los obispos para designar a los maestros; uno más, sobre la presencia clerical en las Fuerzas Armadas, y, por último, el referente a los asuntos económicos, que calificaba “de especial importancia” la “revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica”.

Este preveía que la aportación voluntaria de los contribuyentes vía casilla del IRPF sustituyera, tres años después de su entrada en vigor, como única vía de financiación a “la adecuada dotación a la Iglesia Católica” que, “con carácter global y único” y “actualizada anualmente”, el Gobierno de Adolfo Suárez acordó realizar vía Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el Estado sigue efectuando una cuantiosa aportación anual más de tres décadas después de que en diciembre de 1982 concluyera ese plazo.

El complejo sistema de subvenciones, ayudas, transferencias y exenciones de impuestos hace que entidades como Europa Laica cifren en 11.000 millones anuales el dinero que la Iglesia Católica recibe de los tres escalones de la Administración, el grueso de ellos en aportaciones autonómicas y municipales para centros de enseñanza y sanitarios, además de para conservar su patrimonio. Esta particular relación jurídica y económica entre un Estado formalmente aconfesional y la principal confesión religiosa que opera en su territorio ha sido en muchas ocasiones objeto de críticas y de reclamaciones de revisión, a las que algunas instituciones aragonesas se han sumado recientemente y por vez primera.

Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, mediante una iniciativa de Cha que obtuvo el apoyo de Zaragoza en Común (ZeC), PSOE y C’s y la única oposición del PP, ha acordado reclamar la revisión de la parte económica de esos acuerdos “al efecto de generar unas relaciones económicas entre el estado y la Santa Sede más equilibradas y acordes a la realidad actual”.

Esas bonificaciones —a las que se suman 2,2 millones de fundaciones, dos más de colegios religiosos y casi uno por los inmuebles de interés cultural hasta superar los nueve millones— tienen entre sus principales beneficiarios al arzobispado de Zaragoza, que se ahorra unos 600.000 euros anuales como propietario de 150 edificios exentos cuyo valor catastral ronda los 90 millones.

La resolución aboga también por modificar la Ley de Haciendas Locales para eliminar esos beneficios fiscales a las confesiones religiosas y por determinar, a nivel local, qué edificios cuyos propietarios están actualmente exentos de pagar el IBI podrían tener que hacerlo “por tratarse de bienes afectos a actividades económicas no exentas del Impuesto de Sociedades”.

FUENTE: publico.es

Eduardo Bayona

Zaragoza - 03/10/2016

11.000 MILLONES DE EUROS ANUALES

Europa Laica denuncia que el Estado español destina 11.000 millones al año a la Iglesia católica, el 1% del PIB

La organización calcula que 4.920 millones proceden de aportaciones para financiar centros de enseñanza y profesores de religión, mientras que 2.000 millones son para obra social. La Iglesia también se ahorra otros 2.000 millones gracias a exenciones y bonificaciones tributarias.

El cardenal Ricardo Blázquez (izquierda), sucesor de Rouco Varela  (derecha)

al frente de la Conferencia Episcopal. / EFE

En una rueda de prensa para dar a conocer el Informe La Religión, un negocio muy rentable. Opacidad y financiación de la Iglesia católica, Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, ha lamentado que, a pesar de que el 65% de los declarantes no marca la casilla de la Iglesia católica en la declaración de la renta, ésta sigue recibiendo una cuantiosa financiación por parte del Estado.

Según sus cálculos, esta cantidad asciende a más de 11.000 millones de euros anuales, de los que 4.920 millones son a través de aportaciones para financiar centros de enseñanzas y profesores de religión, 2.000 millones para obra social y asistencial y otros 2.000 millones a través de exenciones y bonificaciones tributarias como el ahorro del pago del IBI (impuesto de bienes inmuebles).

Francisco Delgado

También recibe 900 millones de euros en subvenciones a 57 complejos hospitalarios que dependen de las comunidades autónomas, 600 millones para el mantenimiento del patrimonio en poder de la Iglesia, 300 millones en subvenciones y gastos de diversos eventos religiosos y unos 250 millones en la asignación vía IRPF.

De esta última partida, el responsable de Comunicación de Europa Laica, Juan José Picó, ha asegurado que sólo entre un 15 y un 16% se destina a labor asistencial y el 70% va a pagar los sueldos del clero y su seguridad social, por lo que ha calificado de "mentira" el argumento de la CEE de que esta cantidad es una manera de resarcir a la Iglesia por todo lo que hace por la sociedad.

Juan José Picó

Europa Laica ha subrayado que a esto habría que sumar los beneficios patrimoniales y financieros, donaciones de suelo público y las usurpaciones de bienes rústicos y urbanos por la vía de las inmatriculaciones, que no se pueden cuantificar. Así, en función de este cálculo, Europa Laica denuncia que a cada persona residente en España, sea católica o no, le corresponde una cuota indirecta a la Iglesia de unos 240 euros al año.

Así, la propuesta de Europa Laica es la de eliminar tanto la casilla de la Iglesia como la de otros fines de interés social, ya que ésta sirve de "coartada" para mantener la de la Iglesia y porque entienden que los fines sociales deben depender de los presupuestos generales del Estado. En este sentido, ha alertado, además, de que a través de esta casilla reciben financiación muchas fundaciones que no son de carácter religioso ni social, como la Fundación Francisco Franco y otras organizaciones vinculadas a partidos políticos.

Seguro que a los chicos de Rouco no les afecta la Crisis

Delgado ha recordado que en la pasada campaña de la declaración de la renta, el 30% de los contribuyentes dejaron en blanco tanto la casilla de la Iglesia como la de otros fines sociales, de manera que el dinero revierte en los presupuestos del Estado, "la hucha común" con la que se financian educación, sanidad o servicios sociales.

Durante la rueda de prensa, el presidente de Europa Laica ha insistido en que se deben modificar los acuerdos con la Santa Sede e instar al pago del IBI a todas aquellas instituciones -incluida la Iglesia y las fundaciones de partidos políticos- que actualmente están exentas. Además, ha informado de que está en marcha la creación de una Red de Municipios por un Estado Laico, del que ya forman parte 15 ayuntamientos y que Delgado confía llegar al centenar después del verano.

FUENTE: publico.es

Agencia EFE

Madrid - 21/04/2016

Me parece bien que cada cual crea en lo que le dé la gana, pero que se lo pague de su propio bolsillo, no del ajeno.

¡Ah!... Existe incluso un grupo de católicos (Cristianos de Base) que propugna la autofinanciación religiosa, es decir, que la Iglesia se mantenga exclusivamente de las cuotas de sus fieles. 

Asombradito estoy de su lógica y su coherencia. Así que aquí les dejo parte de sus razonamientos:

“POR LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA” 

La Constitución establece que España es un estado aconfesional (“ninguna religión tendrá carácter estatal”, Art.16.3) y por tanto laico, en el que los ciudadanos tenemos libertad de conciencia y de religión. Todas las confesiones religiosas y doctrinas filosóficas,  además de la católica, son legales.

Sin embargo los derechos y oportunidades reales de unos y otros no se parecen en nada. La Iglesia Católica, por razones históricas y de número de fieles, goza de gran influencia social y política, así como de enormes privilegios económicos y culturales. En virtud de los Acuerdos firmados por el Estado español con la Santa Sede en 1979, apenas unos días después de ser aprobada la Constitución, la Iglesia Católica se beneficia de subvenciones directas del Estado, así como de multitud de exenciones fiscales (impuestos que deja de pagar). En 2009, la cuantía de estos beneficios económicos se estima en  algo más de 6.800 millones de euros. Esta cifra, que se detrae de las arcas públicas, sería suficiente para atender a más de seiscientos mil parados al año.

En contraste con ello, los católicos sólo aportan al sostenimiento de la Iglesia, a través del IRPF, una pequeña cantidad, que en 2009 se cifró en 252 millones de euros. Pero este dinero ni siquiera es aportación de los católicos añadida a sus impuestos como ciudadanos, sino una cantidad que se detrae de los impuestos generales pagados por todos y con los que el Estado hace frente a las necesidades generales. De modo que, en realidad, en España los católicos no aportamos nada propio a la Iglesia Católica a través de la Declaración de la Renta. 

Esta situación causa escándalo y provoca indignación en muchos ciudadanos pertenecientes a otras confesiones religiosas o simplemente ‘no creyentes’, por el tratamiento discriminatorio que implica y por la negación de Estado laico que la Constitución establece. 

Como creyentes en Jesús de Nazaret, todos los cristianos deberíamos sentirnos avergonzados de que nuestra Iglesia tenga que recurrir a la protección del Estado para financiarse, hipotecando su libertad y autonomía. Ese no era el modelo de las primeras comunidades cristianas, donde “todos los bienes los ponían en común” y… “no había pobres entre ellos “. Es decir, las primeras comunidades no se apoyaban más que en su propia generosidad y en el trabajo personal para cubrir las necesidades de todos. 

Así que resulta ineludible preguntarse:   

¿No sería mucho más ejemplar, y conveniente para la libertad de la Iglesia, que los clérigos vivieran de su propio trabajo y que los propios fieles sostuvieran las necesidades económicas de la Iglesia Católica?

FUENTE: 

Comisión de Laicidad de Cristianos de Base de Madrid

Madrid,  Abril de 2010

EL CONCORDATO

Siete lustros de los acuerdos con la Santa Sede

El Concordato franquista de 1953 (no derogado) entre España y la Santa Sede se sustituyó por unos Acuerdos sobre materias concretas, con la “intención” de actualizarlo a los “nuevos tiempos”, pero con el fin de tratar de perpetuar los históricos privilegios de los que ha gozado la iglesia.

 

En los últimos meses vengo observando cómo católicos, generalmente vinculados al OPUS, que forman parte del importante entramado de seglares que la iglesia católica oficial, utiliza -a modo de poderosísimos lobbys- en la enseñanza, la política, la jurisprudencia, la economía, la cultura, etc. tratan de justificar, una y otra vez, en diversos medios de comunicación, la legitimidad de los actuales Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976 y 1979. Y ello sucede, aun más, desde que el líder del actual y todavía principal partido de la oposición ha expresado su propósito de denunciar dichos Acuerdos, aunque no es la primera vez que desde la dirección del PSOE se lanzan estos mensajes, que luego, hasta le fecha, ha sido “papel mojado”.

Los voceros de la iglesia oficial (“voceros”, con todo el respeto), insisten en que esos Acuerdos forman parte de unos determinados “acuerdos no escritos” de la Transición y que en septiembre de 1979 fueron respaldados por un importante número de diputados. 

 Advierten los “portavoces” del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Española que, hasta ahora, los temas en discusión entre la iglesia y el Estado español se han ido resolviendo, sin necesidad de abrir un proceso de revisión amplia de los mismos. El último acuerdo fue hecho por el Gobierno de Zapatero, al ampliar la subvención directa (vía IRPF) a la iglesia y adaptar la LOE a los nuevos intereses del empresariado católico y de las personas que imparten religión, dándoles garantías de estabilidad laboral. Suelen aludir en sus argumentos al Tribunal Constitucional (por supuesto, de forma muy interesada), dando a conocer algunas sentencias parciales, que no cuestionan la constitucionalidad o no de aspectos relacionados con los Acuerdos.

Estos argumentos son muy fáciles de rebatir, si acudimos al fondo de la cuestión, que estos “voceros” no plantean, evidentemente. Tiene que ver con que estos Acuerdos son claramente confesionales, cuyo objetivo principal es el de privilegiar a una determinada corporación religiosa (la católica), vulnerándose, con ello, al menos dos principios constitucionales: el de igualdad ante la Ley y el de no confesionalidad del Estado.

Otra cuestión muy importante es que (en mi opinión, erróneamente) se le dan carácter de internacionalidad, cuando la Santa Sede o la ciudad del Vaticano es un “Estado ficción”, además, de que no se atienen a lo que dispone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1980). Pero es que, entre otros argumentos jurídicos y políticos, el origen de ese “Estado” proviene de los Acuerdos de Letrán de 1929, firmados por Benito Mussolini y el papado de Pío XI. Con muy graves dudas sobre la legitimidad de esa firma.

El Concordato franquista de 1953 (no derogado) entre España y la Santa Sede se sustituyó por unos Acuerdos sobre materias concretas, con la “intención” de actualizarlo a los “nuevos tiempos”, pero con el fin de tratar de perpetuar los históricos privilegios de los que ha gozado la iglesia católica. Han pasado siete lustros y la sociedad española ha cambiado profundamente. También la situación política lo está haciendo de forma muy acelerada. Ya no hay una mayoría católica, como el mismo preámbulo daba como argumento para la firma. La sociedad se ha secularizado de manera mayoritaria, sobre todo entre los más jóvenes e irrumpen nuevos modos de religiosidad y de religiones.

¿Tienen hoy sentido estos Acuerdos en un Estado social, democrático, plural, muy secularizado y de Derecho? No.

Antes lo indicábamos, desde la política institucional se les da la consideración de “internacionales”, cuando no lo son. Son unos Acuerdos entre un Estado soberano y una organización religiosa y nada más. Y, por ello, su derogación, denuncia o anulación es cuestión de voluntad política, exclusivamente.

La Constitución española (aun en su calculada ambigüedad en la cuestión que nos ocupa) proclama el derecho de libertad de conciencia (y por lo tanto religiosa) y establece un sistema de garantías eficaz, de su ejercicio individual y colectivo, tanto de los indivi­duos como de los grupos en los que se integran. Y otra cuestión transversalmente relevante: España, como Estado formalmente democrático, ha ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de Roma y diversos convenios y Tratados de la Infancia y se somete a los correspondientes controles jurisdiccionales internacionales, mientras que el Vaticano ni ha firmado, ni se somete a esos “controles”. ¿Entonces?
 

España, como Estado social, no tiene necesidad de firmar Acuerdos de ese rango con ninguna confesión religiosa, ya que está obligado a fomentar la libertad de culto, la libertad de conciencia (y por lo tanto de religión) y está legitimado para llegar a acuerdos de cooperación con todo tipo de entidades sociales (incluidas las religiosas) siempre en el bien común y general y, por supuesto, sin otorgar privilegios a unas, sobre otras.

¿Se verían afectados los derechos de libertad de conciencia y de libertad religio­sa de los católicos españoles si desaparecieran los Acuerdos vigentes y la Iglesia católi­ca se sometiera, sin más, al Derecho común para todos? Evidentemente, no. Sin embargo, el problema y la cuestión es otra: Lo que quiere la iglesia católica oficial (junto al papado de Roma) y los políticos cómplices, es conservar (y si pueden, aumentar) los privilegios jurídicos, políticos, simbólicos, tributarios, en materia de Enseñanza y servicios sociales y, por supuesto, económicos. ¿Cómo van a renunciar a los más de diez mil millones de euros que anualmente reciben del Estado, vía directa e indirecta? ¿Como van a renunciar a usurpar bienes públicos y privados, por la vía de la ley de inmatriculaciones? ¿Cómo van a renunciar a mantener delegados diocesanos en todos los centros escolares haciendo proselitismo religioso en las aulas y en los claustros? ¿Cómo van a renunciar a las capillas en espacios públicos, a los capellanes…? ¿Cómo van a renunciar a que el Estado les financie el culto y el clero, vía impuesto del IRPF? ¿Cómo van a renunciar a la exención tributaria del impuesto de bienes inmuebles y de otros impuestos?… Para eso mantienen los Acuerdos… como coartada política y religiosa, en un Estado que ya no es el de 1979.

Los Acuerdos con la Santa Sede son un gran obstáculo para una adecuación de nuestro ordenamiento jurídico y político a la normalidad de una sociedad secularizada y para una definitiva laicidad de las instituciones del Estado.

En estos 35 años ha habido mucha complicidad con estos Acuerdos y no sólo por parte de la derecha política. La cuestión no ha estado (realmente) en las agendas políticas, ni tampoco en las agendas de muchos movimientos sociales y sindicales. Hace unos días, el nuevo líder del PSOE, proclamó que si gobierna algún día (?) los iba a denunciar. Sin embargo en una reciente e importante entrevista (El País 3.8.14) sorprendentemente ni lo ha mencionado. Espero que no estemos ante una “renovada farsa” electoralista.

Las intenciones de voto están evolucionando de forma muy acelerada. Se avecinan tiempos de profundos cambios, que pueden propiciar la posibilidad de anular los Acuerdos. Aunque, no obstante, no nos tranquiliza que en un amplio espectro político prime la retórica, cuando se trata de la cuestión religiosa. 

 Tiempo al tiempo.

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FUENTE: nuevatribuna.es 

Francisco Delgado (Presidente de Europa Laica)

27 Agosto 2014