Un penitente de la hermandad "Numeraria del Rosario" espera el comienzo de la procesión
del Santo Entierro de Compostela, durante la pasada semana santa. MIGUEL RIOPA / AFP
El mantenimiento de la Iglesia Católica le cuesta al Estado casi el doble que el de los partidos políticos y hasta seis veces más que el de los agentes sociales. Y más que la suma de ambos conceptos. Es uno de los peajes de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre España y la Santa Sede, que vuelven a ser cuestionados desde algunas instituciones.
Los datos de la Intervención General del Estado revelan cómo entre 2007 y 2013 las subvenciones y transferencias de la Administración central a la principal entidad religiosa que opera en el país ascendieron a 1.566 millones de euros (2,6 billones de las antiguas pesetas), mientras que la cuantía de los fondos destinados a los partidos políticos fue de 815 y la asignada a organizaciones sindicales y empresariales se quedó en 277.
A ver si averiguan a quiénes afectan los recortes
Los 249 millones que recibió la Iglesia Católica en 2013, último ejercicio cuyas cuentas auditadas por los interventores estatales están disponibles, superan claramente, sin incluir los 25 de Cáritas, a las ayudas estatales a sectores en crisis como el naval, el pesquero y el agroalimentario, que sumaron 124. Y rebasan también el importe de las transferencias para financiar las labores de espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que recibe 204, los 157 del Consejo Superior de Deportes o los 237 de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (Enesa).
Los acuerdos con la Santa Sede, conocidos como "el concordato", fueron cuatro: uno sobre asuntos jurídicos, que reconoce la autonomía de funcionamiento a la Iglesia y la personalidad civil a sus organismos; otro sobre enseñanza, que recoge la obligación de incluir la religión entre las “disciplinas fundamentales” de los planes de estudios y habilita a los obispos para designar a los maestros; uno más, sobre la presencia clerical en las Fuerzas Armadas, y, por último, el referente a los asuntos económicos, que calificaba “de especial importancia” la “revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica”.
Los acuerdos con la Santa Sede, conocidos como "el concordato", fueron cuatro: uno sobre asuntos jurídicos, que reconoce la autonomía de funcionamiento a la Iglesia y la personalidad civil a sus organismos; otro sobre enseñanza, que recoge la obligación de incluir la religión entre las “disciplinas fundamentales” de los planes de estudios y habilita a los obispos para designar a los maestros; uno más, sobre la presencia clerical en las Fuerzas Armadas, y, por último, el referente a los asuntos económicos, que calificaba “de especial importancia” la “revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica”.
Este preveía que la aportación voluntaria de los contribuyentes vía casilla del IRPF sustituyera, tres años después de su entrada en vigor, como única vía de financiación a “la adecuada dotación a la Iglesia Católica” que, “con carácter global y único” y “actualizada anualmente”, el Gobierno de Adolfo Suárez acordó realizar vía Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, el Estado sigue efectuando una cuantiosa aportación anual más de tres décadas después de que en diciembre de 1982 concluyera ese plazo.
Sin embargo, el Estado sigue efectuando una cuantiosa aportación anual más de tres décadas después de que en diciembre de 1982 concluyera ese plazo.
Por su parte, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, mediante una iniciativa de Cha que obtuvo el apoyo de Zaragoza en Común (ZeC), PSOE y C’s y la única oposición del PP, ha acordado reclamar la revisión de la parte económica de esos acuerdos “al efecto de generar unas relaciones económicas entre el estado y la Santa Sede más equilibradas y acordes a la realidad actual”.
Esas bonificaciones —a las que se suman 2,2 millones de fundaciones, dos más de colegios religiosos y casi uno por los inmuebles de interés cultural hasta superar los nueve millones— tienen entre sus principales beneficiarios al arzobispado de Zaragoza, que se ahorra unos 600.000 euros anuales como propietario de 150 edificios exentos cuyo valor catastral ronda los 90 millones.
La resolución aboga también por modificar la Ley de Haciendas Locales para eliminar esos beneficios fiscales a las confesiones religiosas y por determinar, a nivel local, qué edificios cuyos propietarios están actualmente exentos de pagar el IBI podrían tener que hacerlo “por tratarse de bienes afectos a actividades económicas no exentas del Impuesto de Sociedades”.
Eduardo Bayona
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