Rafael Catalá jura como ministro de Justicia, posando la siniestra sobre una biblia y la diestra sobre un ejemplar de la Constitución de 1978. Entre los dos textos un crucifijo que guarda el acto, nexo de unión entre ellos, elemento central de la composición.
Corría el 4 de noviembre de 2016 y Catalá se convirtió en el primer ministro en jurar su cargo ante el nuevo rey Felipe VI. Su padre, Juan Carlos de Borbón, fue criticado durante años por la presencia del crucifijo tanto en la jura como en la promesa del cargo de los nuevos presidentes y ministros del Gobierno. La Casa Real, encargada de organizar este acto protocolario, siempre lo mantuvo.
También lo hizo Felipe VI en su primera jura. No obstante, tomó nota al recibir la misma crítica: atento en su misión de "renovar" la Corona, en los siguientes actos el crucifijo fue desplazado a la derecha de la escena y situado por detrás de la biblia. Pero el crucifijo no se eliminó: tanto María Dolores de Cospedal como Soraya Sáenz de Santamaría, las únicas que prometieron su cargo en el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo tuvieron presente. Una muestra de la dificultad de la democracia española para independizarse de la supervisión de la Iglesia católica.
"El crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de España", solía repetir cuando se le preguntaba sobre la cuestión Antonio María Rouco Varela, arzobispo del Madrid entre 1994 y 2014 y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) durante cuatro legislaturas. Para otros observadores, como el teólogo Juan José Tamayo, la omnipresencia de este elemento religioso es un ejemplo de que "la democracia española es rehén de la jerarquía católica".
Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III, denuncia que "desde la Transición lo que han hecho los diferentes partidos que en el Gobierno ha sido dotar a la Iglesia cada vez de más privilegios esperando una rentabilidad en apoyo político".
Estos privilegios, símbolo de que la Iglesia católica sigue incrustada en el Estado, se dejan notar en varias áreas, empezando por la propia Monarquía.
Monarquía
"El hecho de que el Jefe del Estado esté obligado a prestar juramento puede parecer un tema menor. No lo es en absoluto", asegura Luis Villameriel, ex secretario general técnico del Ministerio de Justicia: "El hecho de que constitucionalmente esté obligado a manifestar públicamente que posee creencias religiosas significa que la Corona sigue vinculada a la religión, lo cual es incompatible con la aconfesionalidad del Estado".
Casilla de la renta
La Iglesia católica recibe directamente 250 millones de euros al año, tal y como reconoce la propia Conferencia Episcopal en su memoria de actividades, gracias a la donación que el Estado le facilita vía declaración de la renta. Esta cifra duplica el coste para las arcas públicas del sistema de partidos, sextuplica los recursos que reciben los agentes sociales y supera la cuantía de partidas estratégicas como el espionaje o las ayudas a sectores en crisis.
La situación es una herencia del concordato firmado por el dictador Francisco Franco y la Santa Sede en 1953, reformado en 1979 para adaptarlo a la "aconfesionalidad" del Estado. En el nuevo acuerdo, el Estado se comprometía a financiar a la Iglesia hasta 1986, y esta, a "lograr por sí misma, en esos 7 años, los recursos suficientes para la atención de sus necesidades", lo que nunca cumplió. El Gobierno de Zapatero aumentó un 35% la asignación, que pasó del 0,52% al 0,7%.
Fiscalidad
Gracias a esos acuerdos con el Vaticano, la Iglesia está exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de todo edificio o suelo destinado al culto. Según denuncia Europa Laica, "la realidad es que la Iglesia católica no paga de ninguno de sus bienes, aunque sean suculentos negocios, alquileres..."
Solo gracias a la exención del IBI, la jerarquía católica deja de pagar al Estado 700 millones de euros anuales. La organización Europa Laica cifra el trasvase en unos 11.000 millones de euros al año.
Educación
Más de 1.400.000 alumnos acuden a uno de los 2.600 centros de enseñanza de ideario católico, un 32% del total. España supera en 22 puntos la media europea en este sentido, donde el 90% de los estudiantes acuden a colegios e institutos públicos. A su vez hay más de 25.000 profesores imparten clase de religión católica a 3,5 millones de estudiantes, una asignatura evaluable y cuya nota cuenta para las ayudas y premios basados en el rendimiento académico.
El peso de la educación católica en la escuela pública fue una de las principales motivaciones de la Marea Verde y la huelga educativa convocada el pasado jueves 8 de marzo. "Lo que se conoce como colegios concertados son en realidad centros privados sostenidos con fondos públicos", denuncia Agustín Moreno, portavoz de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.
"La educación pública debe ser laica, que respete todas las creencias pero que no dote de ningún privilegio a ninguna de ellas", continúa Moreno, profesor en un instituto público de Vallecas (Madrid): "La religión no debe distorsionar el horario escolar, ni la organización del centro, ni el rendimiento académico de los alumnos".
En la formación universitaria, cabe destacar la presencia de capillas y capellanes pagados con dinero público en la inmensa mayoría de centros. Además, las Universidades privadas propiedad de congregaciones religiosas –como el CEU San Pablo (Asociación de Propagandistas), la Universidad de Navarra (Opus Dei), Deusto (jesuitas) o las pontificias de Comillas y Salamanca– reciben también subvenciones y ayudas de ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Sanidad y servicios sociales
"Para analizar lo que pasa en Sanidad es importante tener en cuenta lo que pasa en el mundo de la Educación”, avanza Carmen Esbrí, de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca, denunciando que las congregaciones religiosas también han ido ocupando nuevos espacios de los que antes se encargaba el Estado en Sanidad y servicios sociales.
El incremento llega al 15% en el área asistencial, según la memoria de la CEE en el último año analizado (2014). Ese año fueron atendidas 4,7 millones de personas en alguno de los 9.000 centros de la Iglesia. 1,2 millones de ellas en alguna de las 961 instituciones sanitarias de su propiedad, de las que 68 son complejos hospitalarios. Sin embargo, el mayor negocio lo encuentra la Iglesia en las casas para ancianos, enfermos crónicos o personas con discapacidad, donde cuenta con 841 centros.
Cabe recordar que todos ellos son centros privados que reciben subvenciones y ayudas públicas por realizar estas labores. Para Carmen Esbrí, esto supone una "dejación de funciones por parte de los gobiernos que han controlado España en los últimos tiempos, que han olvidado que este es un país aconfesional y han permitido y aprovechado la intromisión de una determinada religión que no tiene por qué estar involucrada de esta manera en el espacio público".
Policía y Ejército
En lo que va de siglo, el Ministerio del Interior ha concedido cinco medallas policiales a vírgenes y cristos, en todos los casos bajo gobiernos del PP. En 2015 la condecorada fue la imagen de la Amargura de Granada, antes fueron las de María Santísima del Amor de Málaga (2014), la del Amor y la Soledad de Fuengirola (2001), el Cristo Caído de Valdepeñas (2001) y la virgen de Lledó (2000).
Aunque el elemento de Seguridad del Estado donde más patente es la presencia de la Iglesia es el Ejército. La Carta Magna se autoafirma como "aconfesional", pero las Fuerzas Armadas, a las que encarga "garantizar la soberanía e independencia de España, su integridad territorial y el ordenamiento constitucional", no lo son en absoluto.
El Ministerio de Defensa tiene directamente integrado en su organigrama oficial un arzobispado castrense. El arzobispo no tiene formación militar, pese a lo cual se le otorga el rango de general de división (general de dos estrellas) cuando accede al cargo, jerarquía que los soldados deben respetar como si se tratara de un militar de carrera. Los sacerdotes castrenses a servicio del arzobispo no tienen obligaciones de servicio, pese a lo cual ascienden de rango como si las tuvieran.
El Ministerio de Defensa tiene directamente integrado en su organigrama oficial un arzobispado castrense. El arzobispo no tiene formación militar, pese a lo cual se le otorga el rango de general de división (general de dos estrellas) cuando accede al cargo, jerarquía que los soldados deben respetar como si se tratara de un militar de carrera. Los sacerdotes castrenses a servicio del arzobispo no tienen obligaciones de servicio, pese a lo cual ascienden de rango como si las tuvieran.
Nuevo equipo de gobierno de monseñor Del Río, arzobispo castrense
Pero eso no es todo, puesto que hay numerosos puntos donde la liturgia católica se hace una con la milicia. Cada Ejército (Tierra, Aire, Armada) tiene una patrona, y a cada una se la honra con una fiesta oficial que sirve a su vez para conmemorar a toda la fuerza.
FUENTE: publico.es
Carlos del CastilloP
17/03/2017
¿Hasta 1986?...
Y han pasado ya 31 años, como quien no quiere la cosa.
Ahora multipliquen y digan algo bonito.
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