El CETA* ha llegado al Congreso en un tiempo récord. La entrada en vigor de parte del polémico tratado de libre comercio entre Canadá y la UE está prevista para los meses de abril o mayo de este año.
Manifestantes durante las protestas en Estrasburgo
en contra del acuerdo entre la UE y Canadá (CETA), Francia / AFP
El Gobierno de Rajoy ha logrado llevar el polémico CETA al Congreso de los Diputados en un tiempo récord. Este lunes, el Ejecutivo del PP ha trasladado formalmente los más de 1.600 folios que componen el acuerdo comercial entre Canadá y la UE a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.
Sin embargo, uno de los documentos entregados en este marco, firmado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, detalla que el Ejecutivo pidió al Consejo de Estado que se pronunciase sobre si necesariamente debía contar con las Cortes Generales (Congreso y Senado) para la aprobación del CETA, o si por el contrario podía saltarse a estas cámaras para darle luz verde. La respuesta de este órgano de carácter consultivo, emitida el 9 de febrero de 2017 -sólo seis días después de la ratificación del acuerdo en el Europarlamento- no dejaba lugar a interpretaciones:
Sede del Parlamento Europeo
"Que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del Acuerdo Económico y Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016, requiere la previa autorización de las Cortes Generales", reza el documento que hoy desvela Público.
El debate sobre si el Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA, en inglés) invadía las competencias de los 28 o únicamente tocaba las competencias de la UE, levantó una considerable polvareda en Bruselas hace casi un año. Se saldó con la decisión -a regañadientes- de la Comision Europea, que negocia en nombre de los 28, de permitir que el CETA fuera considerado un tratado mixto, estableciendo que su su entrada en vigor requiera de la aprobación de los 28 Parlamentos nacionales y de una docena de cámaras territoriales.
No obstante, el tratado establece que parte de sus cláusulas pueden empezar a funcionar inmediatamente, de forma provisional, y el documento entregado por el Gobierno en sede parlamentaria plantea que esta implementación provisional previsiblemente comenzará en abril o mayo de este mismo año, antes de que las cámaras españolas -controladas mayoritariamente por PP y PSOE, ambos favorables al acuerdo- se pronuncien sobre el CETA.
"El Congreso de los Diputados debe aprender de la experiencia de Valonia", asegura a este diario Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y portavoz de la Campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, que engloba a cerca de 350 organizaciones sociales, medioambientales y sindicales. El activista explica que el Parlamento regional valón dedicó 18 meses a analizar el contenido del criticado acuerdo: "200 horas de debates y comparecencias, invitaciones a asociaciones empresariales, campesinas, ecologistas, de consumidores o al Gobierno canadiense, entre otros actores. El trabajo democrático realizado ha sido impresionante", destaca.
Por su parte, afirma que "pase lo que pase" la Campaña seguirá movilizándose para intentar impedir la ratificación del acuerdo". "E, incluso, si no lo paramos en España -continúa-, seguiremos luchando, codo a codo con los movimientos sociales en otros países donde hay muchas posibilidades de parar el CETA, como en Austria, Holanda, Alemania o Francia", zanja.
* CETA.- Comprehensive Economic and Trade Agreement (Acuerdo Integral de Economía y Comercio)
FUENTE: publico.es
Alejandro López de Miguel
Bruselas - 28/03/2017
Alejandro López de Miguel
Bruselas - 28/03/2017
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