Ramón Moreno
19/abr/2012
Hace décadas que España practica un indisimulado neocolonialismo en América Latina, sobre todo, en sus antiguas "provincias", donde multinacionales españolas de diversos sectores (banca, seguros, telefonía, hidrocarburos, etcétera) se han posicionado en varios países latinoamericanos en los que actúan como si estuvieran en tiempos del imperio. Con esas ínfulas y la acendrada españolidad de ese Gobierno del Partido Popular con su mayoría absoluta, se ha llegado a los extremos de tirantez política en el que ha desembocado la pretensión argentina (ya consumada, como luego veremos) de nacionalizar el 51% de la petrolera YPF, filial de Repsol.
Tal ha sido la confrontación verbal entre ministros españoles y autoridades argentinas que el grave asunto trascendió el ámbito bilateral hispano-argentino, trasladándose hasta la misma Cumbre de las Américas, celebrada la semana pasada en Colombia, donde el problema de YPF y el contencioso anglo-argentino por la soberanía de las islas Malvinas fueron los temas estrella. Hasta tal punto que el presidente de EEUU, Barack Obama, se desmarcó claramente del asunto Repsol-YPF y no se pronunció sobre las islas Falkland para el Reino Unido, con quien se posicionaría de facto. Recuérdese que la guerra de las Malvinas se produjo con el Gobierno conservador de Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, que tuvo todo el apoyo de la Administración republicana del presidente Ronald Reagan.
El primero en pronunciarse sobre ese "affaire" fue el ministro español de Industria, Energía y Turismo, el canario españolista José Manuel Soria, que está hecho un "gallito" (que por ser de Telde se cree la reencarnación de León y Castillo), quien advirtió de que "un gesto de hostilidad contra empresas españolas será interpretado como un gesto hacia España, y traerá consigo consecuencias". A las "contundentes" declaraciones de Soria correspondió toda una ofensiva diplomática del ministerio español de Asuntos Exteriores, cuyo titular, García Margallo, advirtió nuevamente al Gobierno de Buenos Aires que podía acabar convirtiéndose en un "apestado internacional"; al tiempo que lograba que Bruselas se posicionara del lado español, lógico, y pidiera a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que respetase "las inversiones extranjeras en su país".
Pero ¿qué es YPF y qué peso específico tiene en la economía argentina? En una breve aproximación a esta petrolera, vemos que es una de las mayores empresas argentinas, buque insignia del mercado de hidrocarburos, y una marca emblemática que el imaginario popular asocia al pasado esplendoroso del país, lo que explica su importancia estratégica para la Casa Rosada.
YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) fue fundada en 1922, quince años después del descubrimiento de petróleo en Argentina, y fue una de las empresas pioneras en el mundo como petrolera estatal, inspirando la creación de otras grandes del sector, como la brasileña Petrobas. En 1989 comenzó su proceso de privatización bajo el Gobierno de Menem, transformándose en sociedad anónima. El sector privado tenía en 1998 el 75% de las acciones de la compañía, manteniendo el Estado argentino la acción de oro, y en 1999 Repsol compró casi la totalidad del accionariado público y privado, controlando más del 97% de YPF. En 2007, el grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, afín al entonces presidente Néstor Kirchner, esposo de la actual mandataria, ya fallecido, compró el 14,9% de YPF a Repsol y en mayo de 2011 adquirió un 10% adicional.
Esta petrolera, participada por Repsol en un 57,43%, es el primer contribuyente neto a la hacienda argentina, el mayor productor de hidrocarburos del país y uno de los principales empleadores, con una plantilla de 13.500 trabajadores. El Gobierno de Fernández de Kirchner responsabiliza a la empresa de la bajada en la producción por falta de inversión, aunque YPF sostiene que en 2011 realizó inversiones récord por 13.300 millones de pesos (3.022,7 millones de dólares), un 50% más que en 2010. El pasado año YPF anunció el descubrimiento de hidrocarburos en el yacimiento de Vaca Muerta, al oeste del país, donde ya ha producido más de 700.000 barriles, lo que disparó los recelos de la presidenta argentina. Pese a que la compañía poseía a comienzos de este año derechos sobre 26 bloques exploratorios y 91 áreas de explotación, en las últimas semanas ha perdido una quincena de licencias en seis provincias.
Y nada más terminar la VI Cumbre de las Américas, y como "donde las dan las toman", a las 16, hora canaria, del pasado lunes, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner cumplió su amenaza y remitió al Congreso de su país un proyecto de ley que declara de "interés público nacional" la empresa y contempla la expropiación del 51% de YPF, propiedad de la petrolera Repsol. Téngase en cuenta que YPF aporta la mitad de toda la producción de hidrocarburos de Repsol, lo que supone un duro varapalo para los intereses neocoloniales españoles en la zona. Porque aquí llueve sobre mojado; recuérdese la cuestión de Aerolíneas Argentinas, la compañía de bandera del país, adquirida por Viajes Marsans, que, como se sabe, fue a la quiebra recientemente sin haberse despejado el futuro de esa compañía de aviación.
Inmediatamente, y temiendo además por el futuro de las cuatrocientas empresas españolas que operan en Argentina, el Ejecutivo español se reunió en gabinete de crisis y se convocó una multitudinaria rueda de prensa en la que comparecieron los ministros de AA.EE., García Margallo, e Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que tacharon la decisión del Gobierno argentino de "hostil, unilateral y arbitraria", advirtiendo de que España tomará "medidas claras y contundentes", que se irían anunciando en días siguientes.
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