Son 19 y la mayoría fueron ministros, comisarios de policía, capitanes, coroneles del Ejército y jefes de la Guardia Civil durante el franquismo. Sobre todos ellos pesan hoy acusaciones de tortura y homicidio perpetrados durante la Guerra Civil y el régimen franquista (1936-1977), pero el gobierno de España parece estar dispuesto a hacer todo lo posible para evitar que tengan que comparecer ante los tribunales…
España, tras cuatro décadas de democracia, no sólo no ha juzgado a los responsables de las muertes provocadas por el golpe de estado y la represión franquista escudándose en la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, sino que bajo el amparo del ahora gobernante Partido Popular (PP), que todavía cuenta con cuadros franquistas entre sus filas, les ha otorgado posiciones de poder y reconocimientos por su labor profesional.
Fue precisamente el ejecutivo del PP el que se negó a extraditar a parte de estos 19 investigados para que fueran llevados ante los tribunales argentinos, donde se instruye la única causa abierta contra el franquismo en el mundo.
De nada sirvió, que, en 2015, la ONU instara a España a extraditar a los “responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas”. El ejecutivo mantuvo que la ley otorga a España la competencia para enjuiciar a sus propios ciudadanos, que la materia investigada había prescrito y que buena parte de los supuestos delitos penales no eran considerados como tales cuando se llevaron a cabo.
Publicado por Red Express
Autora del artículo: María Altamira
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